STC6777-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00325-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de marzo de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Gilberto Vega Rinc\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, vida, salud, m\u00ednimo vital, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL1245-2019, rad. 69242). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, mientras estuvo vinculado con Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., desempe\u00f1ando el cargo de mec\u00e1nico montador, sufri\u00f3 un accidente de trabajo que le dej\u00f3 como consecuencia una artrosis postraum\u00e1tica de car\u00e1cter progresivo e irreversible, por lo que present\u00f3 demanda para el reconocimiento y pago de la incapacidad y dem\u00e1s prestaciones econ\u00f3micas, la cual fue estimada en primera instancia, pero la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la revoc\u00f3, y, en su lugar, neg\u00f3 el petitum; determinaci\u00f3n que fue avalada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, aspecto que considera irregular. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abla nulidad del fallo de casaci\u00f3n laboral No. SL1245-2019 de la CSJ SL, conforme a lo expuesto en la presente tutela, y en consecuencia CONCECER el reconocimiento y pago de la INCAPACIDAD TEMPORAL No. 1813484 por accidente de trabajo (\u2026), DECRETAR la RESPONSABILIDAD PATRONAL de Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. en la ocurrencia del ACCIDENTE DE TRABAJO No. 828 del 2 de noviembre de 1989 al trabajador JOS\u00c9 GILBERTO VEGA RINC\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El apoderado general de Saludcoop E.P.S. en Liquidaci\u00f3n manifest\u00f3 que \u00abrevisadas las bases de datos de la entidad NO se encontr\u00f3 que [el interesado] hubiese presentado reclamaci\u00f3n oportuna mediante el diligenciamiento y radicaci\u00f3n del formulario correspondiente con los soportes, con los cuales se hubieran hecho parte dentro del Proceso Liquidatorio. De esta forma, la accionante debi\u00f3 haber diligenciado y presentado ante SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACI\u00d3N el formulario de reclamaci\u00f3n de acreencias con anexos respectivos, dentro del t\u00e9rmino establecido (18 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL 18 DE ENERO DE 2016 hasta las 5:00 p.m.), y de esta manera hacerse parte del tr\u00e1mite liquidatorio\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales adujo que \u00aben lo tocante al presupuesto de inmediatez, si bien dentro de la documentaci\u00f3n que allega el accionante referente a su historia cl\u00ednica, solo algunos de dichos diagn\u00f3sticos y procedimientos involucran el periodo posterior a la ejecutoria de la sentencia que se pretende controvertir por v\u00eda de tutela, podr\u00eda eventualmente flexibilizarse dicho requisito en atenci\u00f3n a gravedad y complejidad padecimientos de salud que soporta el accionante, y que no le permiten ejercer su derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones, con otros ciudadanos que no padecen de las afectaciones y limitaciones de salud que describe y acredita el promotor del amparo\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, reliev\u00f3 que \u00aben lo que respecta a los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la tutela contra sentencia, el accionante no lleva a cabo una exposici\u00f3n clara de ninguno de los presupuestos que permitan hacer viable dicho mecanismo excepcional en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la doctrina constitucional (C- 590 de 2005), y por el contrario su escrito de tutela se limita a manifestar las razones jur\u00eddicas, f\u00e1cticas y principalmente probatorias por las que no comparte el fallo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte\u00bb. <\/p>\n
3. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se evidencia que nuestra entidad tenga que atender alguna pretensi\u00f3n al respecto; por lo tanto, en este caso estamos legitimados por pasiva para actuar ya que no somos quienes debamos responder por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos ya que el accionante no reporta ninguna enfermedad no accidente en esta administradora\u00bb. <\/p>\n
4. La Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez precis\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Vega Rinc\u00f3n, cuenta con un expediente radicado en esa entidad el 24 de Abril de 2014, remitido de la Junta Regional de Bogot\u00e1, previo reparto interno entre las salas le correspondi\u00f3 la sala tercera de decisi\u00f3n, quienes estudiaron el caso y lo presentaron en audiencia privada que se llev\u00f3 a cabo el 14 de Agosto de 2014, en esta audiencia se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n se emiti\u00f3 el dictamen y se inform\u00f3 a las partes conforme lo establece el Decreto 1352 de 2013 en concordancia con el Decreto 1072 de 2015\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00abrevisados los hechos y las pretensiones se evidencian que estos est\u00e1n dirigidos a ARL POSITIVA, a fin de que se le reconozca el pago de la indemnizaci\u00f3n por incapacidad permanente parcial, pago de salarios, decretar la responsabilidad patronal, y ordenar la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios pretensiones estas que no hacen parte de las funciones establecidas en esta entidad\u00bb. <\/p>\n
5. Acer\u00edas Paz del R\u00edo dijo que el amparo es improcedente, porque \u00abel se\u00f1or JOS\u00c9 GILBERTO VEGA RINC\u00d3N se encuentra pensionado por Colpensiones por vejez, por lo cual, cuenta con medios econ\u00f3micos para sufragar sus necesidades. As\u00ed mismo, se encuentra afiliado sistema de seguridad social en salud en calidad de cotizante, por lo que tiene acceso a los servicios de salud, si as\u00ed lo requiere. En ning\u00fan momento se le ha vulnerado su m\u00ednimo vital, su dignidad humana, su derecho a la salud, ni tampoco ha sufrido trato discriminatorio de ning\u00fan tipo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que \u00aben el presente asunto tal requisito no se cumple, pues la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que se censura fue proferida el 27 de marzo de 2019 y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta el 1\u00b0 de octubre de 2020, es decir, transcurrieron m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y seis (6) meses de dictada la providencia, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado toda vez que si se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n arbitraria, que atent\u00f3 contra garant\u00edas fundamentales, como se desprende de lo se\u00f1alado en la demanda, lo natural y l\u00f3gico habr\u00eda sido advertir dicha situaci\u00f3n y rechazarla en ese mismo momento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1245-2019, rad. 69242), por mantener en firme el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 27 de marzo de 2019 y la tutela se intent\u00f3 en octubre de 20201, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho prestacional, su presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, tras colegir, entre otros aspectos, que \u00abVega Rinc\u00f3n no tiene derecho al subsidio por las incapacidades temporales que expidi\u00f3 Saludcoop, puesto que la n.\u00ba 18134384 de 23 de agosto de 2006 no cumple con la informaci\u00f3n necesaria para hacerla exigible y la n.\u00ba 11272286 del 19 de julio al 17 de agosto de 2007, si bien tuvo origen en el accidente laboral que ocurri\u00f3 en 1989, se profiri\u00f3 cuando no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales ni ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador de Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A.\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados por el gestor, encaminados uno por la v\u00eda directa (\u00abinfracci\u00f3n de los art\u00edculos 488 y 489 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo (\u2026), porque el Tribunal incurri\u00f3 en error al abstenerse de avocar todos los puntos planteados en el recurso de apelaci\u00f3n por considerar que hab\u00eda operado la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb y otro por la indirecta (\u00abdefecto f\u00e1ctico y error de hecho, al dejar de apreciar las pruebas debidamente decretadas en el proceso\u00bb), el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a las glosas de orden t\u00e9cnico que formulan las opositoras, la Corte advierte que, en efecto, la demanda de casaci\u00f3n contiene algunas imprecisiones; no obstante, pueden darse por superadas, puesto que en el desarrollo del primer cargo es claro que lo que censura el recurrente es la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas relativas a la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que concierne al segundo que se orienta por la v\u00eda de los hechos, si bien en forma inapropiada la proposici\u00f3n jur\u00eddica se enlist\u00f3 en el alcance de la impugnaci\u00f3n, ello no impide su estudio de fondo. De otra parte, la modalidad del ataque corresponde a la aplicaci\u00f3n indebida de las normas cuya violaci\u00f3n invoca la censura y los errores de hecho se identifican a partir de las pruebas cuyo juicio de valor acusa. <\/p>\n
Claro lo anterior, no se discute en el sub lite que: (i) el actor prest\u00f3 servicios a Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. entre el 7 de abril de 1975 y el 15 de julio de 1990; (ii) sufri\u00f3 un accidente de trabajo el 2 de noviembre de 1989, momento para el cual estaba afiliado a la administradora de riesgos laborales del ISS, y (iii) la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez calific\u00f3 tal infortunio como de origen laboral el 28 de noviembre de 2007, dictamen que se notific\u00f3 al actor el 10 de diciembre de la misma anualidad. <\/p>\n
Entonces, debe dilucidar la Sala si el recurrente tiene derecho a las pretensiones que reclama y, en caso afirmativo, si las mismas se encuentran o no afectadas por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, de entrada advierte la Corte que le asiste raz\u00f3n al recurrente en cuanto afirma que el Tribunal incurri\u00f3 en un error al no abordar todos los puntos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, en cuanto omiti\u00f3 tal an\u00e1lisis y, sin m\u00e1s, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, de manera reiterada y pac\u00edfica la Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que para el estudio de dicho medio exceptivo es necesario abordar previamente la existencia del derecho, toda vez que solo puede prescribir \u00ablo que en un tiempo tuvo vida jur\u00eddica\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, pese a encontrar que el cargo era fundado, la autoridad querellada recalc\u00f3 que, \u00abno obstante, en sede de instancia, la Sala no llegar\u00eda a ninguna conclusi\u00f3n diferente a la que arrib\u00f3 el ad quem, aunque por razones distintas, puesto que al actor no le asiste la raz\u00f3n en los derechos pretendidos\u00bb. Por ello, con base en las probanzas adosadas al expediente, reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn lo que concierne a la pretensi\u00f3n de reconocimiento y pago de las incapacidades temporales, la Corte solo se pronunciara respecto de las que se emitieron bajo los n.\u00ba 18134384 de 23 de agosto de 2006 y 11272286 del 19 de julio al 17 de agosto de 2007, puesto que la primera fue la \u00fanica de la cual el recurrente se ocup\u00f3 en su apelaci\u00f3n y, la segunda, fue objeto de pronunciamiento por parte del juez plural. <\/p>\n
Incapacidad n.\u00b018134384 <\/p>\n
La Corte establece que el m\u00e9dico tratante de Saludcoop EPS emiti\u00f3 certificado de incapacidad n.\u00ba 18134384 el 23 de agosto de 2006 (f.\u00ba 204) en el que indic\u00f3: Se remite a la Junta de ortopedia con el fin de confirmar la propuesta de transplante (sic) meniscal. Adem\u00e1s por petici\u00f3n formal en carta personal y bajo sustento legal citado por el paciente en dicha carta con respecto a incapacidad temporal citada en los art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba de la Ley 776 de 2002 y art\u00edculo 38 del Decreto 1295 de 1994. Se expide constancia as\u00ed como se establece que el paciente actualmente presenta una incapacidad temporal para realizar actividades forzadas que impliquen la flexi\u00f3n de la rodilla mayor de 40 grados y por el estado de debilidad de la rodilla actual. Dicha incapacidad comprender\u00eda desde la fecha en que se inici\u00f3 tratamiento m\u00e9dico al paciente (diciembre de 2004) y posteriormente artroscopia en mayo de 2006 hasta el proceso de rehabilitaci\u00f3n posterior a la nueva cirug\u00eda propuesta al paciente consistente en transplante meniscal. <\/p>\n
Frente a dicho documento, Saludcoop EPS en la contestaci\u00f3n de la demanda admiti\u00f3 que lo expidi\u00f3. Adem\u00e1s, el a quo la declar\u00f3 confesa respecto de ese hecho (f.\u00ba 753 a 755). <\/p>\n
A juicio de la Corporaci\u00f3n, dicha incapacidad no contiene la informaci\u00f3n que se requiere para hacerla exigible, toda vez que no estableci\u00f3 per\u00edodo de duraci\u00f3n y su texto no sugiere que a 23 de agosto de 2006, el trabajador se encontraba en imposibilidad de trabajar o de realizar otras actividades. Dicho de otra manera, que para entonces debiera permanecer en reposo para su rehabilitaci\u00f3n o mejor\u00eda. <\/p>\n
En efecto, la normativa que regula el tema de la incapacidad laboral -art\u00edculo 2.\u00ba de la Ley 776 de 2002-, consagra que en ese estado el trabajador est\u00e1 impedido para desempe\u00f1ar su capacidad laboral durante un tiempo determinado, y que dicho lapso se establece en d\u00edas calendario. Sin embargo, el documento objeto de an\u00e1lisis en forma imprecisa se\u00f1ala que la incapacidad \u00abcomprender\u00eda desde (\u2026) diciembre de 2004 y posteriormente (\u2026) en mayo de 2006 hasta el proceso de rehabilitaci\u00f3n posterior a la nueva cirug\u00eda propuesta\u00bb; es decir, se expidi\u00f3 bajo hip\u00f3tesis mas no sobre hechos reales y concretos. <\/p>\n
Ahora, en lo que a la retroactividad de la incapacidad respecta, bien puede acudirse a la Resoluci\u00f3n 2266 de 1998 en la que apoy\u00f3 su apelaci\u00f3n el recurrente; sin embargo, ello no le da viabilidad a su acusaci\u00f3n en la medida que dicha normativa solo permite la retroactividad de la incapacidad en caso de enfermedades diferentes a la que padece el accionante. <\/p>\n
Por otra parte, en la historia cl\u00ednica que se aport\u00f3 al proceso solo existe evidencia de la atenci\u00f3n m\u00e9dica que se le brind\u00f3 al trabajador a prop\u00f3sito del accidente que sufri\u00f3 en 1989, as\u00ed como de la que recibi\u00f3 en el 2006 (f.\u00ba 535 a 552, 560 a 571, 578 a 590, 594 a 597, 602 a 613, 699 a 701, 705, 313 a 407), pero nada consta respecto de su situaci\u00f3n incapacitante en el 2004. <\/p>\n
Para esa anualidad, existe constancia documental de dos actividades m\u00e9dicas de control (f.\u00ba 329 y 399) de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2004 sin registro de incapacidad laboral; adem\u00e1s, la primera corresponde a un examen m\u00e9dico que practic\u00f3 la ARP Seguros Bol\u00edvar relacionada con otro hecho que ocurri\u00f3 el 16 de noviembre de 2004 cuando el accionante se encontraba al servicio de otro empleador, Petrocomercializadora S.A. (f.\u00ba 600). <\/p>\n
Ahora, si bien Saludcoop admiti\u00f3 que emiti\u00f3 el certificado de incapacidad n.\u00ba 18134384 de 23 de agosto de 2006 y fue declarada confesa respecto de ese hecho, tales medios de prueba por s\u00ed mismos, no generan la obligaci\u00f3n de reconocer su pago, porque la misma tiene relaci\u00f3n con un siniestro laboral y esta solo est\u00e1 obligada a reconocer incapacidades de origen com\u00fan. Adem\u00e1s, la Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que la prueba de confesi\u00f3n ficta, puede desvirtuarse a partir de la valoraci\u00f3n de otros medios de convicci\u00f3n (CSJ SL 28398, 6 mar. 2007, CSJ SL 39357, 13 feb. 2013, CSJ SL9156-2015, CSJ SL3865-2017 y CSJ SL1357-2018). <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, tampoco Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. ni Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. deben asumir el pago de la incapacidad que se reclama. Adem\u00e1s, respecto de la empresa empleadora, porque para el 23 de agosto de 2006 ya no se encontraba vigente el contrato de trabajo que la lig\u00f3 con el accionante\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la segunda incapacidad, la colegiatura denunciada destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn cuanto al pago de la incapacidad temporal n.\u00ba 11272286 que se expidi\u00f3 por el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas desde el 19 de julio hasta el 17 de agosto de 2007 (f.\u00ba 218), no es posible endilgarlo a las demandadas porque para entonces, el accionante no ten\u00eda la calidad de afiliado al sistema de riesgos profesionales ni de trabajador de la empresa Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., en raz\u00f3n a que cotizaba como independiente. <\/p>\n
Ello, porque conforme lo adoctrin\u00f3 la Corte en sentencia CSJ SL366-2019, la calificaci\u00f3n de invalidez y el derecho a la prestaci\u00f3n que corresponda, no siempre coincide con la de la ocurrencia del accidente de trabajo, de manera que las prestaciones que deban reconocerse estar\u00e1n a cargo de la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentre afiliado el trabajador a la fecha del dictamen. <\/p>\n
Ahora, destaca la Corporaci\u00f3n que si bien el accionante sufri\u00f3 un accidente en el a\u00f1o 1989, momento para el cual se encontraba afiliado a la administradora de riesgos laborales del ISS, tal circunstancia no implica que esa entidad deba reconocer las prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas que ahora reclama, puesto que para ese momento el accidente no se hab\u00eda calificado como de origen profesional. <\/p>\n
Por otra parte, Saludcoop y Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. tampoco est\u00e1n obligadas a asumir el pago de esta \u00faltima incapacidad. En el primer caso, porque la misma tiene relaci\u00f3n con un siniestro laboral y aquella entidad de seguridad social solo reconoce las de origen com\u00fan; en el segundo, porque como ya se afirm\u00f3, para el momento de su expedici\u00f3n, el actor no se encontraba vinculado laboralmente con dicha compa\u00f1\u00eda y, para los efectos que persigue ninguna incidencia tienen los hechos frente a los que Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. fue declarada confesa\u00bb (Se enfatiza). <\/p>\n
En tal virtud, se\u00f1al\u00f3 que \u00abVega Rinc\u00f3n no tiene derecho al subsidio por las incapacidades temporales que expidi\u00f3 Saludcoop, puesto que la n.\u00ba 18134384 de 23 de agosto de 2006 no cumple con la informaci\u00f3n necesaria para hacerla exigible y la n.\u00ba 11272286 del 19 de julio al 17 de agosto de 2007, si bien tuvo origen en el accidente laboral que ocurri\u00f3 en 1989, tal calificaci\u00f3n se profiri\u00f3 cuando no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales ni ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador de Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A.\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, explic\u00f3 que \u00abrespecto a los argumentos relacionados con el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral, que persigue el actor se tengan como referencia para la contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, constituyen un hecho nuevo que no fue objeto de debate en el proceso, raz\u00f3n por la cual la Corporaci\u00f3n no puede referirse a dicho asunto\u00bb, de modo que la actividad de la Sala se ci\u00f1\u00f3 a verificar si se acredit\u00f3 la culpa patronal, aspecto sobre el cual concluy\u00f3 lo que a continuaci\u00f3n se compendia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien no hay duda [de] que el demandante tuvo un accidente de trabajo el 2 de noviembre de 1989, momento para el cual estaba vinculado laboralmente con Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., no existe medio de convicci\u00f3n alguno que acredite que hubo culpa suficientemente comprobada del empleador en su ocurrencia, a fin de que proceda el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios establecida en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente fue radicada ante la Corte Constitucional, quien, con auto de 1 de octubre de 2020, remiti\u00f3 las diligencias a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para surtir la primera instancia, siendo asignada en esa corporaci\u00f3n el 15 de febrero de 2021. <\/p>\n
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STC6777-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6777-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00325-01 (Aprobado en Sala de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54755","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54755","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54755"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54755\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54755"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54755"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54755"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}