STC6779-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6779-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de enero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Freddy Orlando Pineda Cardona a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad, con radicado n\u00b02017-00857-00, adelantado contra el gestor por el delito de \u201cacceso carnal violento\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Leida Mar\u00eda Cifuentes Rend\u00f3n, en su condici\u00f3n de profesional del derecho vinculada al Sistema de Defensor\u00eda P\u00fablica, asumi\u00f3 la representaci\u00f3n del accionante <\/p>\n
Las diligencias fueron remitidas el estrado del circuito confutado, en donde, el 30 de agosto postrero, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
El promotor aduce que el 17 de octubre ulterior, otorg\u00f3 poder a la abogada Olga Giseth \u00c1vila Mart\u00ednez, quien, en esta salvaguarda, asiste al actor. <\/p>\n
El tutelante afirma que el 5 de diciembre de ese a\u00f1o, la precitada togada renunci\u00f3 al mandato conferido por \u201cfalta de comunicaci\u00f3n\u201d y, en consecuencia, la defensa fue reasumida por Leida Mar\u00eda Cifuentes Rend\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, el profesional Diego Gaviria V\u00e9lez del Sistema de Defensor\u00eda P\u00fablica se encarg\u00f3 de asesorar al censor al interior del decurso refutado. <\/p>\n
La audiencia preparatoria y el juicio oral se surti\u00f3 con la participaci\u00f3n de aqu\u00e9l el 22 de junio de 2018. <\/p>\n
El 17 de abril siguiente, el querellante fue detenido, por cuenta de otro proceso penal en la c\u00e1rcel \u201cLa Modelo\u201d de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En audiencia p\u00fablica de 23 de abril de 2019, el juzgado del circuito confutado dict\u00f3 sentencia condenando al gestor a doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n como responsable del delito de \u201cacceso carnal violento\u201d. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el defensor del suplicante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal atacado, corporaci\u00f3n que, en prove\u00eddo de 23 de enero de 2020, ratific\u00f3 la providencia protestada. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el quejoso, sin intermediaci\u00f3n alguna, inco\u00f3, directamente, recurso extraordinario de casaci\u00f3n, alegando no hab\u00e9rsele puesto en conocimiento la realizaci\u00f3n de las audiencias respectivas. <\/p>\n
El 13 de julio de 2020, el colegiado encausado rechaz\u00f3 el referido instrumento por ser extempor\u00e1neo y dada la falta de legitimaci\u00f3n del inicialista; esto \u00faltimo, por cuanto el reclamante no lo present\u00f3 a trav\u00e9s de un abogado, desconociendo as\u00ed la exigencia prevista del art\u00edculo 182 de la Ley 906 de 20041. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el demandante formul\u00f3 reposici\u00f3n, remedio defensivo desestimado el 17 de julio postrero. <\/p>\n
Para el precursor, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, desde la acusaci\u00f3n hasta el juicio oral, no se le enter\u00f3 de la celebraci\u00f3n de las actuaciones al remitirse las comunicaciones a abonados y direcciones f\u00edsicas incorrectas, ello, aun cuando pudo ser notificado a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico o, cuenta de \u201cFacebook\u201d, suministrados para tal efecto. <\/p>\n
Adicionalmente, cuestiona que no se tuviera en cuenta el hecho de su privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto lo actuado a partir de la audiencia preparatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n recriminada destac\u00f3 que los aspectos enarbolados en este auxilio no fueron invocados el formularse la apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 el defensor del actor pues su intervenci\u00f3n se dirigi\u00f3 a enervar la culpabilidad del aqu\u00e9l, establecida por el despacho de primer grado. <\/p>\n
2. El Juzgado Sesenta Penal Municipal de Control de Garant\u00eda de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, el 18 de abril de 2018, impuso al promotor medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, por su presunta autor\u00eda en los delitos de \u201cconcierto para delinquir, en concurso heterog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego, secuestro simple y hurto calificado\u201d. <\/p>\n
3. Leydi Milena Giraldo Cardona, en calidad de v\u00edctima en el ritual cuestionado, se limit\u00f3 a referir el historial del procedimiento criticado. <\/p>\n
4. Diego Gaviria V\u00e9lez manifest\u00f3 que represent\u00f3 al petente a las actuaciones reprochadas sin haber conculcado prerrogativa alguna. <\/p>\n
5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al incumplirse el presupuesto de residualidad, pues los ataques aqu\u00ed expuestos no se adujeron en el proceso; adem\u00e1s, el petente no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda al desatenderse el presupuesto de subsidiariedad, porque los reparos aqu\u00ed alegados no fueron blandidos al formularse la apelaci\u00f3n frente al fallo condenatorio emitido por el a quo y, adem\u00e1s, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, incoado contra la sentencia del ad quem fustigado, fue impetrado de manera extempor\u00e1nea, instrumentos id\u00f3neos, al alcance del actor, empero no utilizados adecuadamente por \u00e9l, para ventilar la queja ahora propuesta. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)3\u201d. <\/p>\n
Se destaca, si el precursor no obr\u00f3 con la debida diligencia para entablar, tempestivamente, el remedio casacional, ello obedeci\u00f3 a su propia incuria, m\u00e1s no una actuaci\u00f3n de los estrados confutados <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]ecu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo; pues, en todo caso, el censor estuvo asistido de un profesional del derecho en las instancias del ritual acusado, al punto que su defensor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n frente a la condena impuesta por el despacho del circuito demandado, con el fin de lograr su absoluci\u00f3n, lo cual, en manera alguna, supuso un estado de desprotecci\u00f3n de \u00e9ste en el decurso criticado, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d5 (negrillas originales). <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 182. Legitimaci\u00f3n. Est\u00e1n legitimados para recurrir en casaci\u00f3n los intervinientes que tengan inter\u00e9s, quienes podr\u00e1n hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio (\u2026). <\/p>\n
2 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4 CSJ. STC17119-2019 de 16 de diciembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-04106-00 <\/p>\n
5 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6779-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6779-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02037-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}