STC6792-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6792-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto a la sentencia dictada el 4 de marzo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la salvaguarda promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado frente la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela incoada por Nilson Estupi\u00f1\u00e1n Arboleda contra la Presidencia de la Rep\u00fablica y otros, radicada bajo el n\u00ba 2021-00007. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad impulsora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito genitor y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Nilson Estupi\u00f1\u00e1n Arboleda, en representaci\u00f3n de la Red de Derechos Humanos del Pac\u00edfico Nari\u00f1ense -REDHPANA-, interpuso acci\u00f3n de tutela contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos a la \u201cconsulta previa\u201d, vida, integridad personal, salud, m\u00ednimo vital, debido proceso y paz. <\/p>\n
El conocimiento de dicho asunto correspondi\u00f3 a la Magistrada Blanca Lidia Arellano Moreno, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, quien, mediante auto de 13 de enero de 2021 admiti\u00f3 el auxilio y decret\u00f3 como medida provisional suspender los efectos de la Resoluci\u00f3n 0001 de 10 de marzo de 2020, proferida por la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior. <\/p>\n
El 15 de enero postrero, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado se pronunci\u00f3 sobre el amparo y solicit\u00f3 el levantamiento de la medida provisional dispuesta, en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 7 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 18 de enero de 2021, la falladora cognoscente declar\u00f3 la improcedencia del levantamiento de la medida, tras argumentar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para el efecto es indispensable aclarar que conforme a los t\u00e9rminos de la solicitud de levantamiento de la medida provisional, constituye en su contenido material una impugnaci\u00f3n del auto que la decret\u00f3, lo cual no resulta procedente en el procedimiento que se sigue en el tr\u00e1mite constitucional, como as\u00ed se establece en el art. 7 del Decreto 2591 de 1991, que regula lo concerniente a las medidas provisionales, y que en ninguno de sus apartes incluye la procedencia de recursos en contra del auto que las resuelve, como tampoco el decreto en general lo establece para alguna otra decisi\u00f3n de tr\u00e1mite, pues \u00fanicamente se habilita el recurso de impugnaci\u00f3n contra el fallo emitido en primera instancia, y el mecanismo de insistencia ante la Corte Constitucional en caso de no ser seleccionado el asunto para revisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, no es factible en este momento resolver la solicitud de levantamiento de la medida provisional decretada, como quiera que la misma es una determinaci\u00f3n transitoria hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acci\u00f3n constitucional de manera colegiada en el t\u00e9rmino previsto por la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 20 de enero ulterior, la magistrada fustigada, en aplicaci\u00f3n a lo estipulado en el art\u00edculo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de 20151, se separ\u00f3 del conocimiento de la acci\u00f3n constitucional y la remiti\u00f3 al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto; sin embargo, dicho estrado, el d\u00eda 25 siguiente, resolvi\u00f3 repeler tal competencia, al considerar no cumplida la triple identidad de sujeto pasivo, causa y objeto que exige el aludido precepto, entre la tutela enviada y la conocida en su momento por ese despacho. <\/p>\n
El 28 de enero postrero, la autoridad aqu\u00ed querellada propuso un \u201caparente conflicto negativo de competencia\u201d; en consecuencia, envi\u00f3 el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para dirimir el asunto. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, la Agencia promotora interpuso recurso de reposici\u00f3n e insisti\u00f3 en el levantamiento de la medida provisional decretada, aduciendo la inexistencia de riesgos constitutivos de amenaza contra las prerrogativas de los all\u00e1 accionantes. <\/p>\n
Ante la ausencia de respuesta, el 5 de febrero de 2021, la entidad actora reiter\u00f3 su petici\u00f3n; no obstante, mediante auto de la misma data, la magistratura conculcada inform\u00f3 la imposibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo sobre lo exigido, dado que su competencia se encontraba suspendida, por cuanto las actuaciones hab\u00edan sido enviadas al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En sentir de la entidad querellante, la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 sus prerrogativas fundamentales al: (i) proponer un inexistente conflicto negativo de competencia, (ii) no desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto y (iii) no resolver la solicitud de levantamiento de la medida provisional. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al despacho de la Magistrada Blanca Lidia Arellano Moreno, integrante de la Sala Penal del Tribunal superior del Distrito Judicial de Pasto, que, de manera inmediata, reasuma el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2021-00007, desistiendo del tr\u00e1mite de conflicto de competencia y, en su lugar, profiera sentencia. <\/p>\n
En adici\u00f3n, solicita disponer que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejerza una vigilancia especial sobre el tr\u00e1mite de la salvaguarda cuestionada. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados2 <\/p>\n
1. La juzgadora acusada, tras rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el resguardo objeto de censura, defendi\u00f3 su proceder e indic\u00f3 que, ante la divergencia de criterios entre autoridades judiciales, necesariamente debe ser un tercero quien dirima la disputa, determinando as\u00ed cu\u00e1l es la encargada de definir el asunto objeto de estudio, escenario jur\u00eddico que no resulta extra\u00f1o a cualquier tr\u00e1mite, incluyendo el de tutela. <\/p>\n
En adici\u00f3n, inform\u00f3 que el 22 de febrero de 2021, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, comunic\u00f3 que el 19 de febrero, remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional, para que ese \u00f3rgano sea el encargado de dirimir el conflicto suscitado entre jurisdicciones. <\/p>\n
2. Nilson Estupi\u00f1an Arboleda, representante legal de la REDHPANA, organizaci\u00f3n constituida por Consejos Comunitarios y Resguardos ind\u00edgenas del Pacifico Nari\u00f1ense promotor de la acci\u00f3n de tutela aqu\u00ed reprochada, deprec\u00f3 la improsperidad del auxilio impetrado contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, al no cumplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que el proceder de la magistrada confutada respecto al planteamiento del conflicto de competencia es l\u00f3gico y coherente, contrario a las aseveraciones de la entidad aqu\u00ed actora; adem\u00e1s consider\u00f3 que la medida provisional decretada no constituye un perjuicio irremediable frente a los intereses de la Naci\u00f3n, al contrario, representa la \u00fanica posibilidad de justicia, ante el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos de sustituci\u00f3n voluntaria de cultivos il\u00edcitos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 exhortar a la Agencia Nacional de Defensa a fin de \u201crespetar el principio de separaci\u00f3n de poderes, el de independencia judicial y a no ejercer presiones en contra de la administraci\u00f3n de justicia, con la finalidad de retomar las aspersiones a\u00e9reas con glifosato\u201d. <\/p>\n
3. La Directora Jur\u00eddica del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social indic\u00f3 que la judicatura fustigada lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, al no continuar con la resoluci\u00f3n del asunto y proponer un conflicto de competencia \u201cdejando en el limbo una actividad l\u00edcita como la que ejecuta el estado Colombiano en la lucha contra los cultivos il\u00edcitos\u201d. <\/p>\n
4. El Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto rese\u00f1\u00f3 las actuaciones surtidas al interior de la tutela n\u00ba 2021-0007 y asever\u00f3 que comunic\u00f3 a todas las partes cada una de las determinaciones adoptadas por el despacho de la Magistrada querellada. <\/p>\n
5. El apoderado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013ANLA- coadyuv\u00f3 las pretensiones incoadas en la presente salvaguarda, tras considerar quebrantadas las garant\u00edas, por parte de la colegiatura fustigada, al no haber emitido un fallo en el t\u00e9rmino improrrogable y perentorio establecido en el Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s de la conducta omisiva al no resolver el recurso de reposici\u00f3n impetrado por la entidad actora. <\/p>\n
6. La Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o, acot\u00f3 que, a su juicio, el proceder de la falladora convocada no era arbitrario ni vulnerador de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
7. El Director de Pol\u00edtica de Drogas y Actividades Relacionadas y Secretario T\u00e9cnico del Consejo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto no ha proferido ninguna decisi\u00f3n ni ha incurrido en omisi\u00f3n alguna relacionada con la reanudaci\u00f3n o no del Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos. <\/p>\n
8. La Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio del Interior, tras relatar los antecedentes de la tutela, anot\u00f3 que la autoridad accionada, al superar el t\u00e9rmino contemplado en el Decreto 2591 de 1991, ocasion\u00f3 una mora judicial por irrazonabiidad del plazo e injustificaci\u00f3n de la tardanza en la definici\u00f3n del asunto. Asimismo, solicit\u00f3 acceder a las pretensiones de la entidad impulsora. <\/p>\n
9. El Director de Asuntos Legales de Ministerio de Defensa, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n del auxilio aqu\u00ed presentado, aduciendo que las decisiones emitidas por la querellada han conducido a la dilaci\u00f3n de la salvaguarda, impidiendo proseguir con la actuaci\u00f3n administrativa por parte de la Polic\u00eda Nacional en la lucha contra las drogas. <\/p>\n
10. La Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional deprec\u00f3 el amparo de los derechos implorados, ante la dilaci\u00f3n infundada en la definici\u00f3n de la tutela en cuesti\u00f3n, por parte de la Sala Penal accionada, desconociendo los principios de celeridad y sumariedad propios de este tipo de acciones. <\/p>\n
11. La Procuradora Ambiental y Agraria para el Valle del Cauca suplic\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto los hechos expuestos en el escrito introductor no son responsabilidad de esa autoridad. <\/p>\n
13. El Presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial indic\u00f3 que corresponde a la Corte Constitucional dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las diferentes jurisdicciones, por lo cual inform\u00f3 que, mediante oficio SJRYGG 3497 de 19 de febrero de 2021, remiti\u00f3 las actuaciones de la salvaguarda objeto de censura ante dicho \u00f3rgano. <\/p>\n
14. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, remiti\u00f3 el expediente digital contentivo de la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00ba 2020-00051, en la cual se pretendi\u00f3, por parte de la Sala Penal acusada, la acumulaci\u00f3n de la salvaguarda n\u00ba 2021-00007. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n invocada, tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De las respuestas allegadas al expediente, se advierte que efectivamente al evidenciar la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la remisi\u00f3n que le hiciera la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Pasto, de un presunto conflicto de competencia procedi\u00f3 a enviarlo el 19 de febrero de 2021, a fin de que sea la Corte Constitucional la Corporaci\u00f3n que examine y resuelva lo propuesto por la Sala accionada\u201d. <\/p>\n
\u201cEn atenci\u00f3n a tal eventualidad, podemos concluir que si bien la acci\u00f3n de tutela excepcionalmente es procedente frente a actuaciones irregularidades surtidas por el juez en otros tr\u00e1mites constitucionales antes de la emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente, en este caso no podr\u00eda la Sala entrar a resolver el problema jur\u00eddico planteado frente a la conducta de la Magistrada accionada, en remitir el expediente de tutela frente a un aparente conflicto de competencia, en tanto que ahora es la Corte Constitucional quien deber\u00e1 resolver el planteamiento hecho por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto y decidir si es esa Corporaci\u00f3n quien deber\u00e1 resolver o no la tutela y si realmente, se est\u00e1 frente a un conflicto o no de competencia negativa entre jurisdicciones (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, en lo referente al levantamiento de la medida provisional solicitada por la inicialista, determin\u00f3 que, en caso de ser el tribunal fustigado el competente para continuar conociendo el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, ser\u00e1 dentro de esa actuaci\u00f3n donde se deba elevar la inconformidad en relaci\u00f3n a ese aspecto en particular, bien sea impugnando la sentencia de ser desfavorable a sus intereses o insistiendo en la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, \u201cpor lo que deber\u00e1 esperar el aqu\u00ed demandante el resultado del mismo y no anticipar el an\u00e1lisis del caso a trav\u00e9s de una acci\u00f3n residual\u201d. <\/p>\n
Con todo, el juzgador constitucional de primer grado hall\u00f3 pertinente exhortar a la magistrada acusada, <\/p>\n
\u201c(\u2026) a fin de que no incurra en actuaciones como las que se evidenciaron en el presente tr\u00e1mite constitucional, al remitir un conflicto negativo de competencia en tutela a una autoridad diferente a la competente, pues con ello ocasion\u00f3 una tardanza desafortunada que en estos escenarios debe evitarse, m\u00e1xime cuando se trata de garantizar derechos fundamentales de una de las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Fue promovida por la entidad accionante, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
En adici\u00f3n, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]on esta impugnaci\u00f3n, lo que se pretende es que el juez de 2\u00aa instancia corrija el yerro en el que incurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 y simple y llanamente le ordene al Tribunal Superior de Pasto \u2013 Sala Penal que, en su sabidur\u00eda, resuelva la acci\u00f3n de tutela que ha ocasionado la paralizaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se debe adelantar para que el Consejo Nacional de Estupefacientes tome alguna decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con el programa de erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos a trav\u00e9s del mecanismo de aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Delanteramente, se observa que en el caso, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales la Agencia Nacional de Defensa endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues su queja se fund\u00f3 en la falta de definici\u00f3n oportuna de la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00ba 2021-00007, tramitada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto; no obstante, revisado el \u201csistema de consulta de procesos\u201d de la rama judicial, se evidencia que, luego de ser definido el conflicto de competencia suscitado, la colegiatura fustigada, el 20 de mayo de 2021, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, administrar justicia constitucional sobre ese aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Al margen de lo anterior, se mantendr\u00e1 la orden de exhortaci\u00f3n efectuada por el a quo constitucional a la Magistrada Blanca Lidia Arellano Moreno, pues le corresponde abstenerse, en lo sucesivo, de generar actuaciones que generen dilaci\u00f3n o desconocimiento de la prelaci\u00f3n de t\u00e9rminos en tr\u00e1mites como el cuestionado. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cART\u00cdCULO 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o de un particular se asignar\u00e1n, todas, al despacho judicial que, seg\u00fan las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas\u201d. <\/p>\n
2 \u0002 De lo referido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el fallo de primera instancia. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
4 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6792-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6792-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00315-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto a la sentencia dictada el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}