STC6805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00604-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 6 de abril de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela instaurada por Jos\u00e9 \u00c9lver Arciniegas Ayala en contra los Juzgados Cuarenta Civil del Circuito y S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d promovido Jorge Alirio Cruz Barrero al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Manifiesta el promotor que adquiri\u00f3 un apartamento ubicado en el \u201cconjunto residencial Alsacia Reservado 3\u201d de esta ciudad; sin embargo, \u201cpor tener problemas en las centrales de riesgo\u201d, ese bien fue \u201ccolocado\u201d a nombre de Jorge Alirio Cruz Barreto, hermano de su expareja sentimental, Nini Yohanna Cruz Barreto. <\/p>\n
Aduce que, \u201cterminada la sociedad patrimonial con su compa\u00f1era\u201d, realizaron un \u201cacuerdo privado\u201d mediante el cual \u00e9l adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del mencionado bien, \u201ccon la promesa de recibir la propiedad del inmueble cuando se acabara de pagar la obligaci\u00f3n que sobre [\u00e9ste reca\u00eda]\u201d. <\/p>\n
Sostiene que, ante el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, fue demandado en el juicio materia de resguardo, asunto que involucraba la restituci\u00f3n del comentado predio. <\/p>\n
Afirma que confiri\u00f3 mandato a un abogado para la defensa de sus intereses; sin embargo, el 9 de febrero de 2021, el Juzgado S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esta ciudad, inici\u00f3 la diligencia de entrega del bien materia de litigio, por tanto, fue en esa oportunidad que se enter\u00f3 de la sentencia proferida en su contra y de la renuncia de su apoderado. <\/p>\n
Asevera que el d\u00eda 15 siguiente, present\u00f3 solicitud de nulidad ante el despacho de conocimiento, alegando la falta de representaci\u00f3n \u201cdurante la etapa de pruebas y antes del fallo\u201d emitido en el comentado decurso, pedimento que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, a\u00fan no ha sido resuelto. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, \u201csuspender la continuaci\u00f3n de la entrega\u201d programada dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El despacho del circuito fustigado se opuso al ruego resaltando la legalidad de todas las actuaciones desplegadas en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 adujo que el tr\u00e1mite adelantado respecto de la comisi\u00f3n asignada en el pleito criticado se encuentra acorde a la normativa vigente. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l amparo no debe prosperar por las siguientes razones\u201d. <\/p>\n
\u201cPrimera, porque si el peticionario buscaba la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega debe tenerse en cuenta que \u00e9sta se cumpli\u00f3 el d\u00eda 1\u00ba del mes de marzo del a\u00f1o en curso, antes de la interposici\u00f3n del amparo; luego, impartir cualquier orden en ese sentido es inocuo. Con otras palabras, el amparo solicitado se torna improcedente pues, en el supuesto de haberse ocasionado alg\u00fan da\u00f1o, aquel se encontrar\u00eda consumado; por ende, la tutela carece de objeto y no hay lugar a dictar alguna orden de protecci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cSegunda, en tanto la acci\u00f3n de tutela \u201cno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El promotor impugn\u00f3 insistiendo que la entrega adelantada en el decurso criticado se realiz\u00f3 dentro de un litigio afectado de nulidad. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte el fracaso del auxilio por carecer del requisito de subsidiariedad, pues el actor acudi\u00f3 a esta senda, cuando la invalidez por \u00e9l alegada dentro del litigio bajo estudio, en la cual adujo los mismos reparos expuestos en esta tutela, no hab\u00eda sido resuelta por el juez cognoscente, es decir, a la fecha de interposici\u00f3n del ruego la nulidad deprecada se encontraba a la espera de una resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado por el interesado. <\/p>\n
En un asunto con similares contornos a los aqu\u00ed expuestos esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Sala advierte ab initio, que, asiste raz\u00f3n al Tribunal de Pereira para no conceder la \u00abtutela\u00bb suplicada al estimarla presurosa y por incuria de Herrera Hoyos, en tanto, para cuando ejerci\u00f3 este excepcional remedio (seg\u00fan acta reparto \u2013secuencia 381- la acci\u00f3n fue presentada el 13 de abril hoga\u00f1o), la providencia objetada llevaba un d\u00eda de expedida (12 abr. 2021) y, por ende, todav\u00eda no hab\u00eda corrido el lapso otorgado para \u00absubsanar la demanda\u00bb, ni para interponer reposici\u00f3n (art. 36 Ley 472\/98) y, en lugar de atender los lineamientos all\u00ed se\u00f1alados o refutar la resoluci\u00f3n, opt\u00f3 por acudir directamente a este sendero extraordinario\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esa manera, al hallarse latente la definici\u00f3n del libelo originario al tiempo de la proposici\u00f3n del resguardo, este se torna \u00abprematuro\u00bb, teniendo en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, revisado el sistema de consulta de la Rama Judicial, se observa que la nulidad alegada por el actor fue rechazada mediante auto de 26 de mayo de 2021, decisi\u00f3n frente a la cual el gestor, si lo considera pertinente, puede ejercer los recursos ordinarios con el fin de refutar los argumentos del juzgado para desestimar su petici\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora, si lo pretendido por el tutelante era impedir la diligencia de entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n, la cual, seg\u00fan la informaci\u00f3n obrante en el plenario, tuvo lugar el 1 de marzo de 2021, cualquier pronunciamiento, sobre el particular, resulta inane, por presentarse un hecho consumado sobre el cual no es posible proveer. <\/p>\n
Respecto de lo aducido, esta Colegiatura ha arg\u00fcido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]nte un hecho consumado, el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide \u201cuna eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Aunado a lo expresado, vale precisar que la orden de entrega en un asunto como el criticado, no revela per se la conculcaci\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, pues, esa actividad se erige como resultado de todo lo acaecido en el litigio; as\u00ed, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales. (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u201d 3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ STC de 21 de mayo de 2021, exp. 66001-22-13-000-2021-00101-01 <\/p>\n
2 CSJ. STC de 21 de noviembre de 2013, exp. 85001-22-08-000-2013-00107-02. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de noviembre de 2006; citada el 6 de febrero de 2013, exp. 2012-01950-01 y el 11 de julio de 2013, exp. 7600022030002013-00180-01, entre otras. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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