STC6815-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6815-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00802-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Constructora Silma Ltda., en reorganizaci\u00f3n, frente al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d adelantado por Agropecuaria Vargas Vallejo y C\u00cdA S. en C. a Bingos Codere S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La censora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se tramit\u00f3 el juicio materia de resguardo, asunto en el cual la sociedad all\u00ed demandada aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, por cuanto la tenencia del inmueble objeto de ese litigio se encontraba en cabeza de la Constructora Silma Ltda., en reorganizaci\u00f3n, dada la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento efectuado a favor de \u00e9sta \u00faltima. <\/p>\n
Ese pleito fue zanjado en sentencia de 24 de marzo de 2021, mediante la cual se orden\u00f3 a la aqu\u00ed tutelante \u201chacer entrega\u201d del bien inmiscuido, decisi\u00f3n por ella recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Arguye la promotora que la alzada fue denegada por tratarse de un caso de \u201c\u00fanica instancia\u201d aun cuando la jurisprudencia de esta Corte <\/p>\n
\u201c(\u2026) ha sostenido que [esa] limitante (\u2026) es aplicable \u00fanicamente para las partes del convenio, a saber, de manera exclusiva y excluyente para el arrendador y el arrendatario, ello en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, circunstancia de la que se debe destacar que (\u2026) no ostenta condici\u00f3n alguna, ni como arrendataria y menos como suscriptora primigenia del contrato (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que impetr\u00f3 recurso de queja frente a la desestimaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, remedio concedido en el efecto devolutivo. <\/p>\n
Esgrime que el juzgado fustigado incurri\u00f3 en \u201cdefecto org\u00e1nico, sustantivo y f\u00e1ctico\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) profiri\u00f3 un fallo desbordando el objeto y causa invocada en la demanda, pues (\u2026) para que se le ordenara la entrega del inmueble, deb\u00eda venc\u00e9rsele en un escenario propio de un proceso de restituci\u00f3n de tenencia; ii) dio prelaci\u00f3n al tenor contractual de manera parcial (\u2026), desconociendo que el legislador Nacional regl\u00f3 de manera expresa lo atinente a la instituci\u00f3n de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento comercial y sus efectos; y iii) no obra sustento probatorio alguno que le permitiera fundar, a la accionada, la validez de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201cdejar sin ning\u00fan valor ni efecto\u201d el fallo emitido en el comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego, resaltando la legalidad de su proceder e indicando que en ning\u00fan momento ha vulnerado derechos fundamentales a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, tras evidenciar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e encuentra acreditado que, en audiencia de 24 de marzo de 2021, el Juzgado accionado concedi\u00f3, en favor de la sociedad aqu\u00ed accionante, un recurso de queja interpuesto en contra de la negativa de conceder, a su vez, el de apelaci\u00f3n formulado en contra de la sentencia dictada en aqu\u00e9lla ocasi\u00f3n, por lo que, prontamente se concluye (\u2026), contrario a lo afirmado por la promotora del ruego, no se han agotado la totalidad de los recursos que el legislador ha puesto a su alcance para controvertir la decisi\u00f3n que se\u00f1ala transgresora de sus derechos fundamentales, lo cual se traduce en el incumplimiento de uno de los requisitos generales de procedencia de este tipo de acciones. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso la tutelante, insistiendo en los mismos argumentos de disenso expuestos en el escrito tutelar e indicando que el recurso de queja se encuentra en mora de ser tramitado ante el ad quem, por tanto, se emerge \u201cen evidente la inminencia, gravedad y urgencia de llamar a prosperar el amparo deprecado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El resguardo se concreta en establecer si se menoscabaron los derechos supralegales de Constructora Silma Ltda. en reorganizaci\u00f3n, con la sentencia proferida en el litigio subex\u00e1mine, pues, en sentir de la censora, se incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico, sustantivo y f\u00e1ctico, susceptible de subsanar por esta senda. <\/p>\n
3. Es palmario el fracaso del reclamo, por tratarse de un auxilio constitucional prematuro, por cuanto, de las pruebas aportadas a este ruego, se evidencia que la apelaci\u00f3n incoada contra el fallo criticado, a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, pues frente a la negativa del juzgado a conceder ese recurso, la aqu\u00ed interesada impetr\u00f3 queja, la cual cursa ante el superior funcional del despacho fustigado1. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de la definici\u00f3n de tal remedio, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado frente a la actuaci\u00f3n reprochada en tutela. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
4. Por otro lado, la censura elevada en el escrito impugnatorio con relaci\u00f3n a la mora en el tr\u00e1mite del memorado recurso de queja constituye un suceso nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo, pues, de materializarse la entrega ordenada en el caso bajo estudio, \u00e9sta tendr\u00eda fuente en la Ley y en el procedimiento surtido por el juez competente. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se precisa, la entrega dispuesta en un proceso judicial, no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable, pues (\u2026) ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
\u201cNo obstante, en el caso concreto, como ese acto a\u00fan no se ha cumplido, pueden los peticionarios exponer las circunstancias aqu\u00ed comentadas, sobre todo las relacionadas con los sujetos de especial protecci\u00f3n que habitan la heredad a fin de evitar la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas al ser retirados del predio, manifestaciones frente a las cuales el juzgador de conocimiento deber\u00e1 disponer lo necesario (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de noviembre de 2006; citada el 6 de febrero de 2013, exp. 2012-01950-01 y el 11 de julio de 2013, exp. 7600022030002013-00180-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC 6442-2019. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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