STC6820-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6820-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 19 de abril de 2021, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la tutela promovida por Jos\u00e9 Manuel C\u00e1rdenas Garz\u00f3n, en calidad de representante legal de Frutas y Verduras Don Jos\u00e9 Del Guavio, frente a los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de la mencionada ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un amparo similar a \u00e9ste, impulsado por Joalys Eudaly Torres Gonz\u00e1lez contra Famisanar EPS y la aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2020-0139-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el actor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, en providencia 11 de marzo de 2020, el Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio ampar\u00f3 los derechos de Joalys Eudaly Torres Gonz\u00e1lez y, en consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Segundo: Ordenar al establecimiento de comercio Frutas y Verduras Don Jos\u00e9 del Guavio, representado legalmente por Jos\u00e9 Manuel C\u00e1rdenas Garz\u00f3n, que dentro de las (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, pague a favor de la se\u00f1ora Joalys Eudaly Torrres Gonz\u00e1lez (\u2026) el dinero proveniente de las incapacidades objeto de tutela ya canceladas por la EPS Famisanar desde el 5 de marzo de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tercero: Ordenar al establecimiento de comercio Frutas y Verduras Don Jos\u00e9 del Guavio, que dentro de las (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, pague a favor de la se\u00f1ora Joalys Eudaly Torrres Gonz\u00e1lez (\u2026) el pago de los dos primeros d\u00edas causados en las diversas incapacidades m\u00e9dicas presentadas como pruebas dentro del plenario que abarcan los per\u00edodos entre el 27 de agosto de 2019 y marzo de 2020, as\u00ed como el sueldo y prestaciones laborales de los d\u00edas que labor\u00f3 con normalidad, conforme lo establecido por la ley y la jurisprudencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Refiere que el 16 de diciembre de 2020 se profiri\u00f3 auto \u201cprevio a la apertura del incidente de desacato\u201d, en el cual el mencionado establecimiento de comercio fue requerido para dar cumplimiento al aludido fallo, so pena de imponerle las sanciones del caso. <\/p>\n
Indica que, dentro del respectivo traslado, dio contestaci\u00f3n a dicho requerimiento informando que hab\u00eda celebrado transacci\u00f3n con Torres Gonz\u00e1lez, anexando los soportes de los pagos. <\/p>\n
Afirma que Torres Gonz\u00e1lez desconoci\u00f3 dicho acuerdo y las pruebas anexadas, raz\u00f3n por la cual, el 9 de marzo de 2021, el juzgado dio inicio al tr\u00e1mite del incidente de desacato. <\/p>\n
Manifiesta que el 12 de marzo siguiente, encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino oportuno, alleg\u00f3 respuesta aportando las probanzas para demostrar el cumplimiento de dicho mandato. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 23 de marzo de 2021, el estrado municipal accionado sancion\u00f3 a Jos\u00e9 Manuel C\u00e1rdenas Garz\u00f3n, representante legal de Frutas y Verduras Don Jos\u00e9 Del Guavio, con arresto de 5 d\u00edas y multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; determinaci\u00f3n confirmada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en sede de consulta. <\/p>\n
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3. Pide, en concreto, \u201c(\u2026) declarar la nulidad del fallo de desacato emitido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio y se devuelva la actuaci\u00f3n hasta el acto de apertura para que sea tenida en cuenta la respuesta emitida el (12) de marzo de 2021 (\u2026) [y] compulsar copias a la jueza del Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que confirm\u00f3, en sede de consulta, la sanci\u00f3n impuesta a C\u00e1rdenas Garz\u00f3n, pues \u00e9ste no acredit\u00f3 el cabal cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, aun cuando el incidentado alleg\u00f3 un acuerdo de transacci\u00f3n y unos recibos firmados por la all\u00ed incidentante, \u00e9sta, en el t\u00e9rmino de traslado, manifest\u00f3 que no reconoc\u00eda dichos documentos ni su firma, por lo cual denunciar\u00eda a aqu\u00e9l ante las autoridades competentes; acusaci\u00f3n frente a la cual el tutelado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puso de presente que los soportes adosados por el actor contienen solo las presuntas firmas de las partes, sin presentaci\u00f3n personal, huella o respaldo de un centro de conciliaci\u00f3n o persona autorizada legalmente para celebrar el aludido pacto. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, refiriendo que, previo a imponer la sanci\u00f3n cuestionada, sostuvo comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica con la quejosa, quien insisti\u00f3 en la falsedad de los soportes remitidos por C\u00e1rdenas Garz\u00f3n. <\/p>\n
3. Famisanar EPS pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo tras constatar que en el tr\u00e1mite cuestionado <\/p>\n
\u201c(\u2026) la valoraci\u00f3n de esas pruebas conllev\u00f3 a que los funcionarios judiciales descartaran la validez de ese acuerdo transaccional y tuviesen por no acreditado el cumplimiento de la orden constitucional, entendiendo configurada, respecto de quien deb\u00eda acatarla, la responsabilidad subjetiva, por lo que encontraron procedentes las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el gestor insistiendo en los argumentos expresados en el escrito inicial y se\u00f1alando que \u201c(\u2026) la legalidad de los documentos o la firma [all\u00ed] impuesta en ella no es de resorte del juez constitucional (\u2026) y la misma no se desvirt\u00faa con la simple manifestaci\u00f3n de la accionante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Manuel C\u00e1rdenas Garz\u00f3n, representante legal de Frutas y Verduras Don Jos\u00e9 Del Guavio, cuestiona que el juzgado del circuito convocado haya confirmado la sanci\u00f3n de arresto y multa a \u00e9l impuesta, por el desacato a la sentencia de tutela emitida el 11 de marzo de 2020, por la cual se ampararon los derechos de Joalys Eudaly Torres Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Al respecto, el quejoso alega haber acreditado el cumplimiento de dicho mandato, desde el 12 de marzo de 2021, sin que ninguno de los estrados accionados haya tenido en cuenta sus argumentos ni las pruebas por \u00e9l allegadas. <\/p>\n
2. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Llevadas las anteriores premisas al caso bajo estudio, de entrada, se advierte la viabilidad de la concesi\u00f3n del amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
De entrada, ha de anunciarse que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n emitida en sede de consulta porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n censurada el juzgado del circuito inici\u00f3 precisando que, revisada la actuaci\u00f3n desplegada por el funcionario judicial de primera instancia, la misma se encontraba ajustada a derecho y garantizaba el debido proceso de las partes intervinientes, dando la oportunidad a al incidentado para presentar sus argumentaciones y acreditar la observancia de la aludida orden tutelar. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto las pruebas allegadas por el quejoso, con las cuales \u00e9ste pretend\u00eda demostrar el cumplimiento del fallo constitucional, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En t\u00e9rmino de traslado FRUTAS Y VERDURAS DON JOS\u00c9 DEL GUAVIO a trav\u00e9s de su Representante Legal, alleg\u00f3 respuesta afirmando que hab\u00eda celebrado acuerdo transaccional con la actora, de forma consensuada y que respecto del valor por concepto de incapacidades causadas y adeudadas al 14 de marzo de 2020 fueron transadas; aunado a ello realiz\u00f3 pago adicional por concepto de prima de servicios y se estableci\u00f3 igualmente el pendiente de pago de una incapacidad por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($871.803) M\/CTE, y las incapacidades sobrevinientes que se causaran, por lo que afirm\u00f3 el incidentado que cumpli\u00f3 a cabalidad de acuerdo a lo afirmado, y que no obstante frente al pago de la deuda \u201cdescrito en el numeral 4\u201d, ha intentado hacerlo efectivo a la actora pero que la misma lo ha rechazado\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como consecuencia de la anterior respuesta, el despacho emiti\u00f3 auto de fecha 5 de febrero de 2021, a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 correr traslado a la incidentalista sobre la respuesta y pruebas aportadas por la incidentada, frente a la cual en t\u00e9rmino de traslado, contest\u00f3 la se\u00f1ora JOALYS EUDALY TORRES que desconoc\u00eda el documento y pruebas aportadas por el se\u00f1or JOS\u00c9 MANUEL C\u00c1RDENAS GARZ\u00d3N y que nunca ha recibido dichos dineros citados por el requerido, tachando como falso el mismo y que sus derechos fundamentales segu\u00edan siendo vulnerados ante el incumplimiento del fallo de tutela objeto de tr\u00e1mite, inclusive acudir\u00eda a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para denunciar la \u201cfalsificaci\u00f3n de su firma\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En virtud de lo anterior, el 09 de marzo de 2021, se dio inicio al tr\u00e1mite incidental de desacato en los t\u00e9rminos en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, corri\u00e9ndose traslado por el t\u00e9rmino de tres (03) d\u00edas al se\u00f1or JOS\u00c9 MANUEL C\u00c1RDENAS GARZ\u00d3N en calidad de Representante Legal de FRUTAS Y VERDURAS DON JOS\u00c9 DEL GUAVIO, en aras de que se pronunciara, allegara y solicitara pruebas que justificaran racionalmente su conducta omisiva al cumplimiento del fallo proferido por este Juzgado, aunado a lo anterior le fue puesto de presente la manifestaci\u00f3n de la actora, frente al desconocimiento de dichas pruebas y presuntos pagos realizados, quien pese a ser notificado guard\u00f3 silencio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con base en lo antelado se\u00f1al\u00f3 que, conforme a las pruebas recaudadas, el ahora promotor no demostr\u00f3 haber dado cumplimiento al referido fallo constitucional, a pesar de ser requerido, para tal efecto. <\/p>\n
Sobre el punto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el caso bajo estudio, ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se emiti\u00f3 la orden en el fallo del 20 de marzo de 2020 ordenando el pago de las incapacidades y sueldo y prestaciones sociales all\u00ed reconocidas, sin que el accionado haya dado cumplimiento al mismo, pues no se acredit\u00f3 tal hecho pese a que se present\u00f3 una documentaci\u00f3n en tal sentido la misma fue desconocida por la accionante e incluso lo acus\u00f3 de falsificaci\u00f3n de su firma, hecho sobre el cual el sancionado guard\u00f3 silencio, por lo que sin que se acreditara el real cumplimiento, dichos documentos no tienen ninguna validez en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, no queda otro camino que confirmar la sanci\u00f3n por desacato impuesta en providencia del 23 de marzo de 2021, advirti\u00e9ndose que dicha sanci\u00f3n no impide que, en el evento de continuar con el incumplimiento a la orden constitucional, se le sigan imponiendo sanciones econ\u00f3micas sucesivas e inclusive el arresto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto el estrado accionado debi\u00f3 valorar las pruebas allegadas por el quejoso en el curso de la actuaci\u00f3n censurada, con las cuales \u00e9ste pretend\u00eda acreditar el cumplimiento de la aludida sentencia constitucional. <\/p>\n
Ahora, se pone de presente que, junto al escrito inicial, el aqu\u00ed actor alleg\u00f3 soporte de remisi\u00f3n de mensaje de datos de 12 de marzo de 2021, a los correos electr\u00f3nicos Jcmunicipal01vvc@notificacionesrj.gov.co y rmorenoar@cendoj.ramajudicial.gov.co, en donde informaba dar contestaci\u00f3n al incidente de desacato, anexando los soportes respectivos para, supuestamente, acreditar el cumplimiento del referido fallo tutelar; sin embargo, los estrados accionados no emitieron pronunciamiento alguno sobre el particular ni al interior del decurso cuestionado ni en esta sede constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el juzgador debi\u00f3 decretar los medios de convicci\u00f3n que considerara conducentes, en aras de verificar la veracidad de las graves denuncias se\u00f1aladas por la beneficiaria del fallo constitucional y, de ser el caso, remitir copia de la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigara la comisi\u00f3n de las posibles conductas punibles a las cuales hubiere lugar; empero, se limit\u00f3 a dar cr\u00e9dito a lo informado por aqu\u00e9lla, sin adelantar ninguna gesti\u00f3n al respecto. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar el desobedecimiento manifiesto debidamente probado sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
Reitera la Sala, el desacato no conlleva necesariamente un sistema de responsabilidad objetiva, de modo tal que, en circunstancias como la presente, le compete al juez, analizar la cuesti\u00f3n desde el \u00e1mbito de la responsabilidad subjetiva, escrutando las circunstancias en la cu\u00e1les se halla el obligado, para determinar si en verdad se encuentra con un prop\u00f3sito definido o culposo en sustraerse al cumplimiento de la orden impartida. <\/p>\n
5. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
6. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar otorgar el auxilio implorado y se ordenar\u00e1 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 12 de abril de 2021 y las decisiones que de all\u00ed se desprendan, y, previo esclarecimiento razonable de las aseveraciones de los intervinientes, haciendo uso de las facultades probatorias del caso, defina, de nuevo, el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 12 de abril de 2021 y las decisiones que de all\u00ed se desprendan, y, previo esclarecimiento razonable de las aseveraciones de los intervinientes, haciendo uso de las facultades probatorias del caso, defina, de nuevo, el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
3 \u00cddem. <\/p>\n
4 Corte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6820-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC6820-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 19 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54762","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54762"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54762\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}