STC6821-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00105-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, con ocasi\u00f3n de varias acciones populares adelantadas por el aqu\u00ed actor a Davivienda S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que act\u00faa como demandante dentro de las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros, 2021-00002, 2021-00003, 2021-00004, 2021-00005, 2021-00006, 2021-00007, 2021-00008, 2021-00009, 2021-00010, 2021-00011, 2021-00012, 2021-00013, 2021-00014, 2021-00015, 2021-00016, 2021-00017, 2021-00018, 2021-00019, 2021-00020, 2021-00021, 2021-00022, 2021-00023, 2021-00024, 2021-00025, 2021-00026, 2021-00027, 2021-00028, 2021-00029, 2021-00030, 2021-00031, 2021-00032, 2021-00034, 2021-00035, 2021-00036, 2021-00037, 2021-00038, 2021-00039, 2021-00040, 2021-00041, 2021-00042, 2021-00043, 2021-00044, 2021-00045, 2021-00046, 2021-00047, 2021-00048, 2021-00049, 2021-00050, 2021-00051, 2021-00052, 2021-00053, 2021-00054, 2021-00055, 2021-00056, 2021-00057, 2021-00058, 2021-00059, 2021-00060, 2021-00061, 2021-00062, 2021-00063, 2021-00064, 2021-00065, 2021-00066, 2021-00067, 2021-00068, 2021-00069, 2021-00070, 2021-00071, 2021-00072, 2021-00073, 2021-00074, 2021-00075, 2021-00076, 2021-00077, 2021-00078, 2021-00079, y 2021-00080, \u201cdonde la juez tutelada se niega a aplicar\u201d los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Aduce que dentro de los referidos litigios \u201cel apoderado de la entidad accionada nunca [le] remiti\u00f3 las respuestas de la acci\u00f3n, auto admisorio, objeciones etc.., desconociendo abiertamente el [canon] 78 del C.G.P, (\u2026) y de paso inaplic[\u00f3] el art. 3 del Decreto Legislativo 806 de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que en los pleitos bajo estudio \u201cno existe celeridad ni mucho menos impulso oficioso\u201d, por parte del despacho convocado. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado criticado: <\/p>\n
\u201ci) aplicar inmediatamente art 78, numeral 14. del C.G.P, y sancionar en (1) s.m.m.l.v. al apoderado de la entidad accionada, por incumplir lo ordenado en dicho art\u00edculo y se ordene que la sanci\u00f3n o multa contra el apoderado sea a [su] favor, de ser legal; ii) aplicar el art 5 y 84 de la Ley 472 de 1998, y de no ser competente se remita a quien en derecho corresponda [su] solicitud; iii) probar en derecho cuando notific\u00f3 [su] acci\u00f3n a la entidad accionada; y iv) se ordene al apoderado de la entidad accionada demostrar en derecho, d\u00eda, mes y a\u00f1o en que contesto la acci\u00f3n y aportar copia de dicha contestaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Remiti\u00f3 el link digital de consulta de las acciones populares radicadas en ese despacho bajo los n\u00fameros 2021-00002 a la 2021-00160. <\/p>\n
Indic\u00f3 que dentro de los asuntos criticados por el gestor, en algunos \u201cse declar\u00f3 la nulidad del auto que admiti\u00f3 la demanda, y en su lugar, se rechaz\u00f3 por falta de competencia, ordenando la remisi\u00f3n\u201d a diferentes juzgados del pa\u00eds. <\/p>\n
Adujo que \u201cel accionante en ning\u00fan momento ha solicitado o requerido la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo referido en la [salvaguarda]\u201d, resaltando que el promotor \u201ctiene saturado al despacho con las numerosas acciones populares y de tutela radicadas de manera continua\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e lo informado por la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia y de las copias arrimadas al proceso, que obran en el link de la carpeta que contiene las acciones populares de la 2021-00002 a la 2021-00160 (\u2026), se tiene que, mediante autos de fecha 25 de enero de 2021, publicados en estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2021-00008, 2021-00010, 2021-00014 y 2021-0031, fueron rechazadas por \u201ccosa juzgada\u201d; adem\u00e1s, en las restantes acciones populares objeto de este amparo, mediante autos de fecha 19 de abril de 2021, publicados en estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, se declar\u00f3 la nulidad de los autos que admitieron las demandas, y en su lugar, se rechazaron por falta de competencia, ordenando su remisi\u00f3n a diferentes juzgados civiles del circuito del pa\u00eds. Tambi\u00e9n que el accionante no ha solicitado o requerido la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos referidos en la tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n se torna improcedente (\u2026) la pretensi\u00f3n del actor relacionada con que se ordene al apoderado del BANCO DAVIVIENDA S.A demostrar cuando contest\u00f3 las demandas y aportar copia de dicha contestaci\u00f3n; pues no prob\u00f3 que dichas solicitudes las hubiese elevado directamente ante dicha entidad; aclarando adem\u00e1s que, como ya se advirti\u00f3, la demanda popular ni siquiera ha sido notificada a la accionada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El censor impugn\u00f3 insistiendo en la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, por parte del juzgado tutelado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte el fracaso del resguardo por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, revisadas las pruebas allegadas a esta sede, se observa que las acciones populares aducidas por el quejoso fueron rechazadas, algunas por falta de competencia y otras por \u201ccosa juzgada\u201d, decisiones, estas \u00faltimas, susceptibles de atacarse mediante reposici\u00f3n, procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19981; empero, el tutelante no hizo uso de esa herramienta, pues ninguna actuaci\u00f3n se encuentra registrada al respecto. <\/p>\n
2. El descuido del quejoso le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Si se pasara por alto el anterior presupuesto, el amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por tratarse de una queja constitucional prematura, pues se halla pendiente de definir, por parte de los jueces civiles del circuito a quienes se remitieron las diligencias del caso -sin estar acreditada la asignaci\u00f3n de \u00e9stas-, si asumen o no su conocimiento, debiendo el actor esperar tal pronunciamiento a efectos de establecer si se admite o no los comentados decursos, o se desate un posible conflicto de competencia. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Ahora, referente a la petici\u00f3n elevada por el quejoso con relaci\u00f3n a la demostraci\u00f3n del momento en el cual se enter\u00f3 a la empresa convocada las acciones populares bajo estudio, y las contestaciones realizadas por aqu\u00e9lla en esos asuntos, el ruego no sale avante, por cuanto, esa actuaci\u00f3n es inexistente. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, los comentados litigios fueron rechazados, sin que se haya notificado a la sociedad all\u00ed fustigada, las demandas incoadas por el actor, por tanto, la actuaci\u00f3n aducida por el petente nunca se ha adelantado; en consecuencia, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, pues el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Colegiatura. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f34 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Recursos de Reposici\u00f3n. Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
2 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
13 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6821-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54763","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54763\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}