STC6822-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6822-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00110-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de abril de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda instaurada por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a Davivienda S.A. con radicado 2021-0085. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que la titular del despacho encausado \u201c(\u2026) se niega a aplicar los art\u00edculos 5\u00ba y 84, Ley 472 y el apoderado del banco accionado desatendi\u00f3 los art\u00edculos 78-14, CGP, y 3\u00ba, D.806\/2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar (i) a la juez cuestionada dar aplicaci\u00f3n a las normas citadas y (ii) al apoderado del banco demandado, demostrar cu\u00e1ndo respondi\u00f3 la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El estrado confutado inform\u00f3 que el 19 de abril de 2021 declar\u00f3 la nulidad del auto admisorio de la demanda en el asunto reprochado y, en su lugar, rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia, ordenando su remisi\u00f3n a los \u201cJuzgados Civiles del Circuito de Guamo\u2013Tolima\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puso de presente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El accionante en ning\u00fan momento ha solicitado o requerido aplicaci\u00f3n del art\u00edculo referido en la tutela, siendo pertinente se\u00f1alar que tiene saturado al Despacho con las numerosas acciones populares y de tutela que de manera continua radica, [precisando que] (\u2026) a la fecha tiene activas en el Despacho 1.421 acciones populares, radicadas en los \u00faltimos tres (3) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Davivienda S.A. se\u00f1al\u00f3 que a la fecha no ha sido notificado de la admisi\u00f3n de la referida acci\u00f3n popular. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal y la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Risaralda-, en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n del asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda reclamada por inobservancia del requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor no ha expuesto las cuestiones aqu\u00ed alegadas, directamente al estrado accionado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Asimismo, la improcedencia reluce tambi\u00e9n del estado actual del proceso, pues, la a quo, se declar\u00f3 incompetente para conocer el juicio y orden\u00f3 remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Neiva, Huila (Cuaderno No.1, carpeta expediente digitalizado). Actualmente est\u00e1 pendiente que el destinatario asuma su conocimiento o el ad quem dirima el conflicto de competencia que eventualmente proponga, actuaciones previas y necesarias para definir el funcionario que conocer\u00e1 el juicio y, a la postre, resolver\u00e1 los cuestionamientos que el interesado llegare a formular en los t\u00e9rminos de esta acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el quejoso, sin esbozar argumentos. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se advierte el fracaso del amparo, por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues, tal como lo puso de presente la juez convocada, el accionante no present\u00f3 ninguna solicitud a ese despacho, reclamando la aplicaci\u00f3n de las normas aqu\u00ed citadas. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)2\u201d. <\/p>\n
2. Con todo, se observa que la queja no se acompasa con la realidad procesal del decurso cuestionado, pues, revisado la actuaci\u00f3n procesal se advierte que, en efecto, mediante prove\u00eddo de 19 de abril de 2021, el juzgado accionado declar\u00f3 la nulidad del auto admisorio de la demanda y, en su lugar, la rechaz\u00f3 por falta de competencia, ordenando su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito Guamo\u2013Tolima -reparto-, sin hallarse acreditado a qui\u00e9n correspondi\u00f3 el decurso. <\/p>\n
Por lo antelado, una vez se defina cu\u00e1l ser\u00e1 la autoridad judicial que definir\u00e1 el asunto, el quejoso podr\u00e1 acudir a dicha sede a formular los cuestionamientos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
Queda en evidencia la conducta del censor en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f33 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
3 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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