STC6823-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 4 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del juicio de alimentos iniciado por la aqu\u00ed gestora a favor de sus menores hijas, Valentina, Juliana y Mariana1, frente a Pablo, con radicado n\u00b0 2020-0259. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental de \u201cpetici\u00f3n\u201d, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que en el aludido juicio de alimentos el estrado accionado cometi\u00f3 un error en la elaboraci\u00f3n de los oficios de embargo, por cuanto los mismos estaban dirigidos a entidades financieras y no a la caja de retiro militar -CREMIL-, entidad pagadora de la pensi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Refiere que en noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de dichos oficios, sin obtener contestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Afirma que el 15 de marzo de 2021 present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d al juzgado confutado, insistiendo en la necesidad de corregir las referidas comunicaciones, del cual recibi\u00f3 respuesta el mismo d\u00eda, inform\u00e1ndole, proceder\u00edan a efectuar los cambios correspondientes. <\/p>\n
No obstante, indica, solo se ajust\u00f3 el radicado del asunto, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 un nuevo \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d el 26 de marzo siguiente, sin que a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo haya sido atendido su pedimento. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) [dar] respuesta satisfactoria a las peticiones que v[iene] realizando desde [el] 9 de diciembre de 2020, hasta el 15 de marzo de 2021[;] que se ordene el embargo por un 50% de la mesada pensional [y] que [se] corrijan los oficios, los cuales deben [ir] dirigidos al CREMIL (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial demandada inform\u00f3 que, en prove\u00eddo de 21 de abril de 2021, neg\u00f3 la petici\u00f3n de correcci\u00f3n presentada por la tutelante. <\/p>\n
2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Procurador 10 Judicial de Familia II solicit\u00f3 verificar si, en realidad, se daban los presupuestos de la figura del hecho superado para no vulnerar los derechos fundamentales de los menores involucrados. En similar sentido se pronunci\u00f3 la defensora de familia del ICBF \u2013 Regional Bol\u00edvar. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la salvaguarda, tras advertir <\/p>\n
\u201c(\u2026) que en el auto admisorio de la demanda solo decret\u00f3 el embargo y secuestro de los dineros que tuviera el demandado Pablo, en cuentas corrientes, de ahorros, CDT, CDATS, y dem\u00e1s productos bancarios en todos los bancos de esta ciudad y a nivel nacional, sin hacer referencia alguna al embargo de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y mesadas adicionales que recibiera el demandado en su calidad de pensionado de la CAJA DE SUELDOS EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, que entre otras cosas, aparece velada en la demanda\u201d. <\/p>\n
\u201cPuestas as\u00ed las cosas, lo referido en prove\u00eddo de 21 de abril de 2021, no resulta coherente con la realidad procesal, am\u00e9n que no se indicaron las razones por las cuales resultaba procedente la limitaci\u00f3n de embargo, con mayor raz\u00f3n, si se tiene que no obra en el expediente prueba alguna de que las medidas decretadas se hayan efectivizado o consumado, en aras de garantizar el derecho alimentario de los menores involucrados en el asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al estrado accionado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, dejar sin efectos el prove\u00eddo de 21 de abril de 2021 proferido por el juez accionado, en aras de que se pronuncie nuevamente sobre el mismo, atendiendo lo indicado en la parte motiva de la presente providencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
\u201c(\u2026) De la revisi\u00f3n de la demanda en el ac\u00e1pite de las medidas cautelares en los puntos del A, B, y C, no se aprecia que se haya pedido que se ordenara medida de embargo del 50% del salario al Cremil como se en la acci\u00f3n de tutela por la parte actora, sino antes por el contrario a los Bancos y la Restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds como en efecto lo dispuso esta c\u00e9lula judicial en la providencia del 5 de noviembre de 2020 mediante el cual se admite la demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional2. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las llamadas a regular las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Examinadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por la tutelante es obtener respuesta a su memorial presentado el 26 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de los oficios de embargo, con el objeto de que fueran dirigidos a la entidad pagadora del demandado. <\/p>\n
En ese escenario, no hay lugar a revisar la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n sino al debido proceso, por tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se colige la arbitrariedad alegada, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
Si bien se constata que le asiste raz\u00f3n al juzgado accionado en cuanto, en efecto, en el escrito de medidas cautelares, la actora no solicit\u00f3 el embargo de la mesada pensional del demandado, resultando inviable requerir la modificaci\u00f3n de los oficios correspondientes; ciertamente, el prove\u00eddo de 21 de abril de 2021 se limit\u00f3 a se\u00f1alar que no era procedente efectuar dicha correcci\u00f3n, pero no justific\u00f3 las razones por las cuales deven\u00eda inviable acceder al decreto de la cautela reclamada, a sabiendas de que ninguna de las ya decretadas hab\u00eda logrado garantizar el derecho de alimentos de los menores involucrados. <\/p>\n
\u201c(\u2026) adoptar con premura las \u00f3rdenes necesarias para procurar el goce de los derechos fundamentales del infante, m\u00e1s aun, trat\u00e1ndose de los alimentos, ya que estos son indispensables para \u2018el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u2019 (art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013Ley 1098 de 2006-) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Ello significa que los funcionarios judiciales no pueden soslayar que la exigibilidad del derecho de alimentos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, al tratarse de sujetos de especial protecci\u00f3n, es de car\u00e1cter prevalente, pues su desprotecci\u00f3n imposibilita el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de otras de sus prerrogativas. <\/p>\n
De manera que a pesar de no haberse pedido una medida cautelar plausible y con probabilidad de eficacia, pod\u00eda el juzgador decretarla oficiosamente. No debe olvidarse que, en materia de fijaci\u00f3n de cuotas alimentarias, los jueces de familia cuentan con la facultad de fallar extra o ultra petita, en virtud del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso \u201c(\u2026) cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada (\u2026) al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar que se encuentran reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional y por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; disposiciones en donde se consagra que ellos son sujetos de especial protecci\u00f3n y que, por ende, sus prerrogativas son objeto de atenci\u00f3n y ayuda prioritaria por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u201cgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed, que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente \u201csu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u201d; incluso, ha determinado que existe un inter\u00e9s superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos. <\/p>\n
\u201cEs as\u00ed que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que esa especial defensa de los derechos del menor, involucra: \u201ci) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad\u201d; por ello, refiere que, frente a los poderes p\u00fablicos, tal r\u00e9gimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita sus competencias. <\/p>\n
\u201cDe manera que, para \u201cel legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.\u201d, lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues, \u201ctanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos \u201c(\u2026)\u201d5. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, en virtud del numeral primero del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso \u201c(\u2026) Desde la presentaci\u00f3n de la demanda el juez ordenar\u00e1 que se den alimentos provisionales siempre que el demandante acompa\u00f1e prueba siquiera sumaria de la capacidad econ\u00f3mica de demandado (\u2026)\u201d; adem\u00e1s, por remisi\u00f3n expresa del par\u00e1grafo 2\u00ba ib\u00eddem, en materia de alimentos para menores, se aplicar\u00e1 el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, cuyo precepto 129 dispone \u201c(\u2026) el juez fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del v\u00ednculo que origina la obligaci\u00f3n alimentaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al tratarse de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, correspond\u00eda al juzgador accionado, en uso de sus facultades ultra y extrapetita, decretar de oficio la medida cautelar en contra del progenitor demandado. <\/p>\n
4. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Por lo antelado, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n del tribunal en los t\u00e9rminos por \u00e9l dictados, por cuanto as\u00ed se conjura la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
4 CSJ, Sentencia 24 de septiembre de 2010, exp. 11001-22-10-000-2010-00266-01. <\/p>\n
5 CSJ STC10125-2019, jul. 30 de 2019, rad. 2019-02275-00. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC6823-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00232-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}