STC6826-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6826-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2021-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal el 19 de mayo de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Aurelio Ram\u00edrez Escobar contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Yopal y las partes e intervinientes en los juicios ejecutivos radicados n\u00ba 2019-00176 y 2020-00043. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Luis Alexis Garc\u00eda Barrera con el fin de cobrar dos t\u00edtulos valores cada uno por valor de \u00ab$100\u2019000.000.\u00bb juicio radicado n\u00ba 2019-176 que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal. En dicho asunto se dispuso el embargo del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 470-119707 de la oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 15 de octubre de 2020 se enter\u00f3 que la cautela decretada en su proceso fue cancelada por la Oficina de Registro, con fundamento en orden emitida por el mismo Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, que dio prelaci\u00f3n al embargo dispuesto en el compulsivo hipotecario radicado 2020-00043 (que curs\u00f3 tambi\u00e9n en ese despacho) iniciado por el Banco de Bogot\u00e1 contra el mismo deudor. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, su apoderado solicit\u00f3 al estrado embargo de remanentes dentro del hipotecario 2020-00043 de conformidad con el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso y requiri\u00f3 se le informara si, la oficina de Registro comunic\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar de su proceso. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en el coercitivo donde es ejecutante la entidad financiera, el 9 de octubre de 2020 el despacho profiri\u00f3 auto dando por terminada la ejecuci\u00f3n, y ordenando levantar medidas cautelares, contra el que interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, ambos desestimados. <\/p>\n
Sostiene que, los referidos medios de impugnaci\u00f3n \u00absuspendieron los t\u00e9rminos de ejecutoria del auto que termina el proceso 2020-00043 motivo por el cual no se pod\u00eda surtir la terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que el 22 de enero de 2021 el juzgado accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de embargo de remanentes, empero, insiste, el pronunciamiento tard\u00edo desconoci\u00f3 el plazo establecido en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso e hizo que su acci\u00f3n \u00absea irrisoria\u00bb pues \u00abimpuls\u00f3 la insolvencia del [deudor] Luis Alexis Garc\u00eda Barrera, pese a las actuaciones y claras manifestaciones que se impetraron mediante memoriales en el proceso de la referencia y en el proceso donde se solicitaron las medidas cautelares de embargo de remanentes\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, puso de presente al juzgado las se\u00f1aladas irregularidades a trav\u00e9s de memorial fechado el 16 de marzo de 2021, que tuvo respuesta con prove\u00eddo del 23 del mismo mes, en el que precis\u00f3 que, \u00abel proceso 2020-00043 [termin\u00f3] mediante auto de fecha 9 de octubre de 2020 [\u2026] que respecto a la solicitud de remanentes elevada dentro del proceso 2019-176 su radicaci\u00f3n se dio hasta el 15 de octubre de 2020, es decir, posterior a la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso 2020-00043 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el proceder de la agencia judicial convocada constituye v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo y procedimental\u00bb al inaplicar lo previsto en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se revisen \u00ab(\u2026) las decisiones del juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, respecto de la solicitud de decreto de medidas cautelares de embargo de remanentes dentro del proceso 2020-00043 con la plena observancia del art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso de fecha de 15 de octubre de 2020 (\u2026) ordenar al Juzgado [\u2026] que haga efectivo el embargo de remanentes dentro del ejecutivo hipotecario 2020-00043 seguido contra Luis Alexis Garc\u00eda Barrera (\u2026) declarar la nulidad de la terminaci\u00f3n del proceso hipotecario 2020-00043 as\u00ed como la nulidad del oficio 37 del 26 de enero de 2021 emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal en el que ordena el levantamiento de medidas cautelares de dicho proceso (\u2026) consecuencia de lo anterior, ordenar al juzgado [\u2026] que expida a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal, la orden de cancelaci\u00f3n y anulaci\u00f3n de las anotaciones 10 y 11 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 470-119707\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho accionado explic\u00f3 que, en lo que respecta a la queja del actor, el hipotecario 2020-00043 se dio por terminado el 9 de octubre de 2020 con suficiente anterioridad a la solicitud de remanentes que se reclama. Indic\u00f3 que la cautela del compulsivo promovido por el Banco de Bogot\u00e1, por contar con garant\u00eda real, prevalec\u00eda sobre el quirografario del actor; sin embargo, adujo que desconoce por qu\u00e9 no fue comunicada la cancelaci\u00f3n del embargo decretado en ese ejecutivo por parte de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque la decisi\u00f3n de la cautela de embargo de remanentes no se emiti\u00f3 con la premura que ordena la ley, afirm\u00f3 que se debi\u00f3 a las dificultades que ha representado el \u00ab(\u2026) abrupto ingreso a la virtualidad, cierre de sedes judiciales, digitalizaci\u00f3n de procesos y su ingreso a plataformas, han impedido que las decisiones se tomen con la rapidez que se quisiera\u00bb; y apunt\u00f3 que, \u00abde cualquier manera, si la orden cautelar de remanente se hubiera emitido en cualquier fecha diferente a la del pedimento, lo cierto es que, la decisi\u00f3n de terminar el otro proceso, se encontraba debidamente amparada por la Ley, pues al momento de ordenarla nada lo imped\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Yopal, expuso que lo presentando en el FMI No. 470-119707 fue \u00abun caso de prevalencia de embargo, conocida en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 468 del CGP, como concurrencia de embargo, situaci\u00f3n en la cual ante la radicaci\u00f3n de un embargo ordenado en el curso de un proceso ejecutivo para hacer efectiva la garant\u00eda real\u00bb, y acot\u00f3 que, \u00absi se encuentra que sobre el folio de matr\u00edcula inmobiliaria est\u00e1 inscrito un embargo personal, se procede a su cancelaci\u00f3n oficiosa y se inscribe el embargo del proceso hipotecario, sin que tal situaci\u00f3n corresponda a una actuaci\u00f3n irregular\u00bb; apunt\u00f3 que dicho registro lo comunic\u00f3 al juzgado de conocimiento a trav\u00e9s de oficio \u00abORIPYOP No. 4702020EE02313 del 29 de octubre de 2020, remitido a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de fecha 17 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco de Bogot\u00e1, vinculado, destac\u00f3 que el ejecutivo hipotecario contra Luis Alexis Garc\u00eda Barrera finaliz\u00f3 por pago total de las obligaciones, y por ello pidi\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
4. Luis Alexis Garc\u00eda Barrera, ejecutado en el proceso en cuesti\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la demanda tutelar y en concreto a la petici\u00f3n de que se \u00abreviva el ejecutivo 2020-00043, porque se termin\u00f3 por causas legales sin que hubiera incurrido en causal de nulidad insaneable\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abde acuerdo con la asesor\u00eda que se le ha brindado, en un proceso legalmente terminado no caben la inscripci\u00f3n o anotaci\u00f3n de remanentes, pues no es posible revivirlo, so pena de incurrir en nulidad\u00bb. <\/p>\n
5. Patricia Yolanda Garc\u00eda Barrera, inform\u00f3 que el deudor Alexis Garc\u00eda Barrera se comprometi\u00f3 a pagar el cr\u00e9dito con el Banco de Bogot\u00e1 \u00aby as\u00ed otorgarle la escritura p\u00fablica del inmueble a ella\u00bb, lo que finalmente \u00abse protocoliz\u00f3 el 26 de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al considerar que, pese a que existi\u00f3 una desatenci\u00f3n al t\u00e9rmino del art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso por parte del juzgado accionado, dicha situaci\u00f3n no transgredi\u00f3 los derechos fundamentales del actor, \u00ab(\u2026) pues al volver sobre la actuaci\u00f3n surtida al interior del Ejecutivo TH 2020- 00043, se advierte que ese proceso hab\u00eda terminado por pago total de la obligaci\u00f3n desde el 09 de octubre de 2020, sin que para entonces estuviera vigente alguna medida cautelar, como la de embargo de remanente o bienes a desembargar a favor del pleito 2019-00176; cautela que a la luz de lo dispuesto en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 466 del CGP, tan solo se considera consumado a partir de la radicaci\u00f3n del oficio correspondiente, lo cual ocurri\u00f3 el 16 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de perjuicio irremediable alguno por cuanto el gestor no manifest\u00f3 carecer de recursos econ\u00f3micos como para ver afectada \u00absu subsistencia y la de su familia [\u2026] tampoco que \u00e9l y los miembros de su n\u00facleo familiar cuenten con diagn\u00f3sticos m\u00e9dicos que den cuenta de enfermedades psicol\u00f3gicas o f\u00edsicas generadas con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reiterando los argumentos del escrito inicial. Refut\u00f3 la sentencia del tribunal a quo por cuanto, asevera, no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis puntual de los derechos fundamentales aducidos como vulnerados ni sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 588 del C\u00f3digo general ni de la interrupci\u00f3n que sufri\u00f3 el proceso ante la interposici\u00f3n de los recursos frente al prove\u00eddo que dio por concluido el ejecutivo 2020-00043; as\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3 que, como juez de tutela le correspond\u00eda darle protecci\u00f3n al derecho sustancial sobre la estricta ritualidad procesal. <\/p>\n
As\u00ed mismo puntualiz\u00f3 que, s\u00ed existe un perjuicio irremediable pues, la p\u00e9rdida de m\u00e1s de 200 millones de pesos para una persona natural es m\u00e1s que relevante, y con mayor raz\u00f3n \u00aben estos momentos de pandemia mundial [\u2026] sin deslindarnos del problema social que afronta el estado social de derecho por los continuos paros que laceran incluso el derecho a la movilidad\u00bb. Finalmente, adujo que se present\u00f3 una situaci\u00f3n contradictoria en cuanto a lo informado por el despacho accionado y la Oficina de Registro en relaci\u00f3n con la comunicaci\u00f3n de la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la medida cautelar, aspecto que pas\u00f3 por alto el tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas dentro de los ejecutivos radicados n\u00ba 2019-00176 promovido por el quejoso; y, en el 2020-00043 (hipotecario) iniciado por el Banco de Bogot\u00e1, ambos contra Luis Alexis Garc\u00eda Barrera, al no decretar, oportunamente, el embargo de remanentes solicitado por el actor respecto del segundo compulsivo mencionado, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo y procedimental\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 Razonabilidad de las determinaciones cuestionadas. <\/p>\n
Centrar\u00e1 la Sala la atenci\u00f3n en el prove\u00eddo del 23 de marzo del presente a\u00f1o, dictado al interior del compulsivo 2019-000176 a manera de \u00abcontrol de legalidad\u00bb de lo actuado, por cuanto fue el que en \u00faltimas resolvi\u00f3 la controversia suscitada, en la medida en que abord\u00f3 las alegaciones formuladas por el actor que, por intermedio de su apoderado, plante\u00f3 a trav\u00e9s de memorial impetrado el 16 de ese mes y que contrae los reclamos objeto de esta demanda. <\/p>\n
As\u00ed, efectuado el estudio de la queja constitucional, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente y de la decisi\u00f3n mencionada, la Corte establece que habr\u00e1 de confirmarse la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que la decisi\u00f3n recriminada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Al respecto, frente a lo peticionado por el querellante en el referido memorial, en cuanto que, se deje sin valor ni efecto el auto del 9 de octubre de 2020 que dispuso la terminaci\u00f3n del hipotecario 2020-00043, y haga lo mismo respecto del prove\u00eddo del 22 de enero de 2021, para \u00aben su lugar se tome nota del remanente decretado para dicho proceso y a favor del [2019-00176]\u00bb; sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de entrada debe indicarse que no habr\u00eda lugar a resolver el cuestionamiento propuesto por el memorialista, en primera medida, porque el mismo se encuentra encaminado para escudri\u00f1ar el tr\u00e1mite efectuado en proceso ejecutivo hipotecario n\u00ba 2020-00043, es decir, un asunto del cual el memorialista no es parte procesal y que en \u00faltimas deber\u00eda debatirse dentro de dicho proceso; sin embargo, y en gracia de discusi\u00f3n y por ventilarse una presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte del despacho y en aras de clarificar al apoderado la situaci\u00f3n existente, se procede a hacer las precisiones de lo acontecido (\u2026) <\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n suscitada, el despacho efectu\u00f3 la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite procesal del expediente ejecutivo n\u00ba 2020-00043 encontrando que el d\u00eda 29 de septiembre de 2020 la apoderada judicial del extremo demandante [\u2026] present\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que el proceso ingresara al despacho el d\u00eda 30 de septiembre de 2020, y se profiriera decisi\u00f3n en tal sentido el d\u00eda 9 de octubre de 2020 (\u2026) <\/p>\n
De otra parte, y dentro del presente asunto 2019-00176 se pudo observar que la solicitud de medida de embargo de remanente de la cual se duele el memorialista por no ser registrada, fue presentada sino hasta el d\u00eda 15 de octubre de 2020, es decir, con posterioridad a la decisi\u00f3n adoptada dentro del 2020-00043 detallado [\u2026] y de la cual era imposible tomar nota precisamente por dicha situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras dicha rese\u00f1a, explicit\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no existe violaci\u00f3n de derechos fundamentales por error procedimental [\u2026] pues como se puede observar el proceso ejecutivo al cual se dirig\u00eda la medida de remanente ya se encontraba terminado al momento de la mera presentaci\u00f3n de la solicitud de decreto de medida, por lo que era imposible prever su existencia, acl\u00e1rese que, aunque los asuntos se encuentren en el mismo despacho judicial, las decisiones deben decretarse y comunicarse de manera oficial a todas las actuaciones; si bien, y por las razones expuestas en auto de fecha 22 de enero de 2021, esto es, las decisiones judiciales ante la especial situaci\u00f3n de prestaci\u00f3n del servicio de cara a la pandemia [\u2026] tales como la presentaci\u00f3n del servicio por parte de los servidores judiciales desde sus viviendas, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de la virtualidad, vienen dificultando la emisi\u00f3n de las providencias en el tiempo habitualmente ocupado para ello, esto no quiere decir, que tal situaci\u00f3n conllevara a que el despacho actuara con violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de ninguna de las partes aqu\u00ed involucradas, puesto que, bajo cualquier \u00f3ptica, su solicitud se present\u00f3 con posterioridad a la terminaci\u00f3n de dicho proceso, que valga la pena indicar se promovi\u00f3 por voluntad de la parte demandante en dicho asunto y no del demandado como lo sugiere el memorialista. <\/p>\n
Se precisa, de otro lado, al peticionario, desde cuando se entiende embargado un remanente, de conformidad con lo normado por el 3\u00ba de los incisos del art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo el momento de ello aquel en el que se recibe el oficio en el proceso de destino y no otro, por lo que, si al momento de dar terminaci\u00f3n del proceso cuestionado no exist\u00eda, porque en verdad no exist\u00eda orden cautelar comunicada en ese sentido, pues no quedaba m\u00e1s para esa \u00e9poca que atender la terminaci\u00f3n del proceso, claro si con el actuar de los contendientes al entender del peticionario se incurri\u00f3 en un fraude de acreedores, corresponde al mismo formular las acciones pertinentes ante las autoridades competentes, clarificando y reiterando el juzgado, que su proceder se ci\u00f1\u00f3 a las normas legales, debiendo sin reparo de ninguna naturaleza dar conclusi\u00f3n como se requiri\u00f3 a la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso tantas veces citado. <\/p>\n
En cuanto a lo manifestado por el togado, esto es, sobre las fechas de cumplimiento de la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso 2020-00043, debe indicarse que la elaboraci\u00f3n del oficio del desembargo se efectu\u00f3 mucho despu\u00e9s de la ejecutoria del auto de fecha 9 de octubre de 2020, pues sea v\u00e1lido indicar que dicha decisi\u00f3n no fue objeto de reparo, el auto proferido el 22 de enero de 2021 corresponde a un asunto relacionado pero no alterable a dicha decisi\u00f3n, y en \u00faltimas, si bien el oficio en discusi\u00f3n data con anterioridad a la fecha de ejecutoria del auto de 22 de enero de 2021, sea necesario referir que su remisi\u00f3n al ente registral se efectu\u00f3 sino hasta varios d\u00edas posteriores a su ejecutoria, esto es, 01 de febrero de 2021. <\/p>\n
Es as\u00ed que, una vez verificado el devenir procesal, tenemos que no hay lugar a proceder conforme lo requiere el memorialista (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Se colige entonces que, en este evento, al margen de la desatenci\u00f3n al t\u00e9rmino indicado en el canon 588 de la normativa procedimental por parte del despacho accionado, el embargo de remanentes reclamado enf\u00e1ticamente por el gestor del amparo se radic\u00f3 para cuando el ejecutivo al que se dirigi\u00f3, hab\u00eda finiquitado por pago. <\/p>\n
Adem\u00e1s, res\u00e1ltese, los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n discutida hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias recriminadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo; en tal sentido, ha dicho la Sala que la simple discrepancia, \u00ab(\u2026) no descalifica [la] decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Por otro lado, cuando el prop\u00f3sito del tutelante es el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que le fue desfavorable por esta v\u00eda excepcional, se insiste, es una finalidad ajena a este auxilio, que no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que los jueces ordinarios que, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento, asuman frente a determinada situaci\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, con suficiencia ha indicado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a decisiones judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo o una instancia adicional y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC6826-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6826-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2021-00059-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}