STC6827-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6827-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jaime Velazco Ariza promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2001-00686-00 y en el incidente de desacato No.2020-00266-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene al Tribunal accionado revocar el auto calendado el 28 de enero de 2021 y que, en su lugar, d\u00e9 inicio al incidente de desacato que instaur\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga, \u00aborden\u00e1ndole que sirva proceder a adicionar el NUMERAL TERCERO del auto de fecha 3 de noviembre de 2020, d\u00e1ndole estricto cumplimiento a la parte MOTIVA Y RESOLUTIVA de la tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n adujo que fue demandado en un proceso ejecutivo instaurado por el Banco Colpatria (2001-0686-00). Indic\u00f3 que la obligaci\u00f3n ejecutada no hab\u00eda sido reestructurada y aunque en dicho tr\u00e1mite elev\u00f3 las solicitudes y recursos pertinentes, aquellos no fueron pr\u00f3speros. <\/p>\n
En vista de lo anterior, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela de la cual conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, que en sentencia STC8568-2020 dispuso: \u00ab(…) ORDENA al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto el prove\u00eddo de 20 de mayo de 2020, dictado en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado n\u00ba 018-2001-00686 y resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ejecutado contra el auto del 22 de octubre de 2019 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esa misma ciudad, para lo cual tendr\u00e1 en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, para dar cumplimiento a la orden constitucional, dispuso: i) dejar sin valor y efecto el auto proferido el 20 de mayo de 2020 dictado por el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, ii) revocar el prove\u00eddo objeto de apelaci\u00f3n de fecha 22 de octubre de 2019, iii) decretar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y iv) ordenar que, por conducto del Juzgado que deba dictar la sentencia, si hubiere lugar a ello, establezca la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, respetando y aplicando a cabalidad la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000. <\/p>\n
A juicio del censor, la decisi\u00f3n descrita vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso y desconoci\u00f3 la orden de tutela que en sus considerandos \u00abatribuy\u00f3 la FALTA DE T\u00cdTULO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO\u00bb, por lo que no hab\u00eda lugar a emitir orden de reestructuraci\u00f3n alguna, raz\u00f3n por la cual, promovi\u00f3 incidente de desacato ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, autoridad que dispuso no dar apertura al incidente (28 enero 2021). <\/p>\n
Considera que la orden de no dar apertura al tr\u00e1mite incidental desconoce que el tema de la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no fue objeto de debate en la acci\u00f3n de tutela referida y que al ordenar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga desbord\u00f3 lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Acot\u00f3 que lo que debi\u00f3 ordenar el Juzgado aludido fue la terminaci\u00f3n del proceso o la inadmisi\u00f3n de la demanda con el fin que se aportara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y de no allegarse en tiempo, proceder con el rechazo del libelo. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal de Bucaramanga adujo que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna del actor. Inform\u00f3 que mediante auto del 28 de enero de 2021, decidi\u00f3 abstenerse de abrir el incidente de desacato gestado por Jaime Velasco Ariza, respecto de la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2020. Precis\u00f3 que en dicha decisi\u00f3n resolvi\u00f3 declarar que el incidentado no hab\u00eda incurrido en desacato frente a la aludida decisi\u00f3n de tutela, toda vez que el funcionario accionado decret\u00f3 la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n en el proceso ejecutivo hipotecario, en raz\u00f3n a que no estaba acreditada la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Jos\u00e9 Noe Barrera S\u00e1enz adujo ser interviniente en el incidente de desacato y sobre el asunto precis\u00f3 que \u00ab[e]l Despacho, en ese entonces, a mi cargo, no incumpli\u00f3 lo ordenado en la sentencia de tutela STC8568-2020 del 15 de octubre de 2020, proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, puesto que de conformidad con lo all\u00ed expuesto, se dej\u00f3 sin efecto la providencia del 20 de mayo de 2020 y se resolvi\u00f3 nuevamente el recurso con decisi\u00f3n del 3 de noviembre de 2020. Como puede verse en el citado auto del 3 de noviembre de 2020, se expusieron los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales para decidir el recurso y llegar a la conclusi\u00f3n plasmada. Sobre lo cual, desde ahora, debo resaltar que esta decisi\u00f3n se profiri\u00f3 bajo el Principio Constitucional de la Buena Fe y con el pleno convencimiento que de esa manera se cumpl\u00eda con lo ordenado por la Corte Suprema\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n proferida por la Magistratura fustigada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan el incidente de desacato, de las probanzas obrantes en el plenario y de lo ordenado por esta Sala en la sentencia de tutela STC8568-2020 del 15 de octubre de 2020. <\/p>\n
La lectura del escrito introductorio permite colegir que el gestor se duele del auto que dispuso no dar apertura al incidente de desacato que promovi\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga (28 de enero 2021), pues a su juicio la autoridad referida no dio cumplimiento a la orden constitucional contenida en la sentencia en comento. <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite sancionatorio, se advierte que el Tribunal accionado s\u00ed confront\u00f3 lo decidido por el Juzgado referido y lo ordenado por esta Sala en el prove\u00eddo STC8568-2020. Sobre el particular consign\u00f3: <\/p>\n
De manera que, al abordar el examen del caso que nos ocupa en esta oportunidad, importa recordar que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de octubre de 2020, Magistrado ponente doctor LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, resguard\u00f3 el derecho esencial al debido proceso dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Jaime Velazco Ariza, ordenando al Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga proceder de la forma atr\u00e1s rese\u00f1ada, anotando que: <\/p>\n
\u201cAl revisar el caso puesto a consideraci\u00f3n de la Sala, se advierte que a pesar de que el se\u00f1or Velasco Ariza invoc\u00f3 la falta de reestructuraci\u00f3n al apelar la providencia que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el juzgador convocado se limit\u00f3 a resaltar que dicho mecanismo no era el adecuado para discutir la legalidad de la orden de pago, la cual estim\u00f3 inmodificable, en virtud de la firmeza de la sentencia de segunda instancia con la cual se aval\u00f3 la continuidad de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con tal motivaci\u00f3n, el fallador encartado termin\u00f3 aplicando un efecto preclusivo en contra del ejecutado, pese a que, en materia de reestructuraci\u00f3n, el precedente consolidado de esta Sala es enf\u00e1tico en precisar que, dada la naturaleza especial del proceso ejecutivo (cuyo objeto no se agota con la sentencia, sino con la efectiva recaudaci\u00f3n de la deuda), dicho aspecto cabe dilucidarlo, incluso, despu\u00e9s de haberse avalado la continuidad del compulsivo, siempre y cuando no se haya registrado el remate del inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria (o eventualmente despu\u00e9s de ese momento, si es que el adjudicatario fue el mismo extremo ejecutante). <\/p>\n
\u201cEn ese sentido, la Sala ha expuesto que, \u201cpor ser un proceso ejecutivo hipotecario, que efectivamente no termina con la ejecutoria de la sentencia, para el cotejo de la oportunidad temporal en la interposici\u00f3n de la tutela, debe atenderse al hecho de que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, que es la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes del remate, y que mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, el accionante debe agotar los medios procesales para que cese la posible vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales, como ac\u00e1 ocurri\u00f3, pues la \u00faltima actuaci\u00f3n realizada, a efectos de exponer la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, se dio el 24 de abril de 2014. En cuanto al requisito de subsidiariedad, encuentra la Sala que tambi\u00e9n fue atendido, porque pese a que no se expuso el reclamo mediante las excepciones de m\u00e9rito, lo cierto es que el ejecutado ha hecho uso dentro del proceso de otros mecanismos de defensa judicial, tales como el de la objeci\u00f3n al cr\u00e9dito y el incidente de nulidad, en los que plante\u00f3 la imposibilidad de continuar con el cobro, en tanto que no exist\u00eda t\u00edtulo exigible para ello. Lo que demuestra que tal como lo requiere la jurisprudencia, el deudor ha actuado con un m\u00ednimo de diligencia, en especial cuando la controversia no ha trascendido a terceros, porque la almoneda no se ha llevado a cabo\u201d (STC8751-2014, 4 jul.)\u2026\u201d. <\/p>\n
En obedecimiento del mandato \u00ednsito en el fallo antes referido, el funcionario judicial competente por interlocutorio del 3 de noviembre de 2020 decidi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: Dejar sin valor y efecto el auto proferido por este Despacho, el 20 de mayo de 2020 mediante el cual se hab\u00eda confirmado el auto del 22 de octubre de 2019 dictado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga; de conformidad con lo ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela STC8568-2020 del 15 de octubre de 2020. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR el auto objeto de apelaci\u00f3n, esto es, el proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, el d\u00eda 22 de octubre de 2019. <\/p>\n
TERCERO: Decretar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n dentro del presente proceso ejecutivo hipotecario. Es decir, las dictadas el 29 de julio de 2011 por el juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga, y la dictada el 31 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
CUARTO: Ordenar que por medio del Juzgado que deba dictar nueva sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, si hay lugar a ello, ordene una debida reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, para que se vuelva a proferir la sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n con las modificaciones al mandamiento de pago, si constitucional, legal y jurisprudencialmente, debe replantearse. Enfat\u00edcese, respetando y aplicando a cabalidad la Ley 546 de 1999 y C-955 de 2000, entre otras que tengan absoluta relaci\u00f3n con lo aqu\u00ed debatido; para lo cual, el Juzgado que deba proferir la nueva sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n u otra decisi\u00f3n que considere, deber\u00e1 otorgar plazos razonables y realizar los requerimientos necesarios para logar en el menor tiempo posible la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, para continuar o decidir con lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
QUINTO: Sin costas por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
SEXTO: Devolver las diligencias al Juzgado de origen.\u201d\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese adem\u00e1s que para establecer si hubo un cumplimiento efectivo de la orden de tutela, el Tribunal valor\u00f3 las razones expuestas en el auto proferido por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga (13 de noviembre de 2020). En este punto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior respaldado en las argumentaciones que siguen: <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, es de relievar que en el presente proceso se echa de menos la pluricitada reestructuraci\u00f3n, lo cual impide que se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n tal como se decret\u00f3 en la sentencia que qued\u00f3 debidamente ejecutoriada de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, por cuanto de conformidad con los par\u00e1metros establecidos por la Corte Suprema, sobre el tan renombrado tema, la ausencia de restructuraci\u00f3n impide continuar con la ejecuci\u00f3n. Pues basta con mirar el proceso ejecutivo antes de proferirse el mandamiento ejecutivo as\u00ed como con posterioridad al mismo, para concluir que el cr\u00e9dito no fue reestructurado. Raz\u00f3n por la que de conformidad con Principios Constitucionales, considera el Despacho que es razonable, dilucidar el presente caso bajo los par\u00e1metros de lo justo para cada una de las partes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De los anteriores postulados y Principios Constitucionales se debe mirar que efectivamente el demandado, desde que contest\u00f3 la demanda ha buscado que se haga justica con la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de su cr\u00e9dito hipotecario, cuya deuda de conformidad con la Ley 546 de 1999 y C-955 de 2000, no desconoce, incluso, en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. Lo cual bajo los principios de un marco jur\u00eddico social justo (pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n), orden JUSTO del art\u00edculo 2 ib\u00eddem, buena fe del 83, prevalencia del derecho sustancial del 228 y equidad del 230 constitucional; es dable traerlos como criterios orientadores para considerar que el acreedor no tenga por qu\u00e9 sufrir las consecuencias tan dr\u00e1sticas de la declaratoria de terminaci\u00f3n del proceso, ni, la parte demandada no tener derecho a que se le garanticen sus derechos a la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Pues t\u00e9ngase en cuenta que de los diferentes tr\u00e1mites, se infiere razonablemente, que el demandado hizo uso de un cr\u00e9dito hipotecario, y, a su vez que tiene una deuda con el acreedor, lo cual no se discute. Entonces, si tal situaci\u00f3n fue y es as\u00ed, bajo los anteriores Principios constitucionales, en especial lo justo, buena fe y equidad; lo acertado, razonable y conveniente, es llegar a la conclusi\u00f3n de que para garantizar los citados derechos del deudor, esto es, que se reliquide y se reestructure el cr\u00e9dito de conformidad con la ley 546 de 1999 y C-955 de 2000, entre otras, se debe dejar sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n, para que con una debida reliquidaci\u00f3n y constancia de reestructuraci\u00f3n, se vuelva a proferir la sentencia con las modificaciones al mandamiento de pago, si constitucional, legal y jurisprudencialmente, debe replantearse. Enfat\u00edcese, respetando y aplicando a cabalidad la Ley 546 de 1999 y C-955 de 2000, entre otras que tengan absoluta relaci\u00f3n con lo aqu\u00ed debatido. Para ello, el Juzgado que deba proferir la nueva sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, deber\u00e1 otorgar plazos razonables y realizar los requerimientos necesarios para logar en el menor tiempo posible la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, para continuar con lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Siguiendo esa l\u00ednea, refulge claro que los argumentos enarbolados por la recurrente edifican, por as\u00ed decirlo, el control de legalidad que reclama de oficio por parte de este Despacho, al atacarse la providencia dictada el 22 de octubre de 2019, por cuanto su linaje es estrictamente sustancial. <\/p>\n
En consecuencia, del an\u00e1lisis detenido de la respuesta al requerimiento que el Tribunal hizo en la actual especie al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCI\u00d3N CIVIL DEL CIRCUTO DE BUCARAMANGA se determina, con plena certeza que, la orden impartida en la sentencia del 15 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia fue cumplida de modo adecuado por el titular de ese despacho. <\/p>\n
Deviene, entonces, que la Corporaci\u00f3n concluye que no hay lugar a dar apertura al incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que aunque la Magistratura no ahond\u00f3 en argumentos para evidenciar el cumplimiento de la orden constitucional, ello no es trascendental porque lo cierto es que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado mencionado s\u00ed se ajusta a lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n. En efecto, en la Sentencia de tutela STC8568-2020 esta Sala le orden\u00f3 \u00abal Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto el prove\u00eddo de 20 de mayo de 2020, dictado en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado n\u00ba 018-2001-00686 y resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ejecutado contra el auto del 22 de octubre de 2019 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esa misma ciudad, para lo cual tendr\u00e1 en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo\u00bb (15 de octubre de 2020); mandato que tuvo origen en que, en el tr\u00e1mite coercitivo promovido contra el aqu\u00ed actor, se advirti\u00f3 la usencia de reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado y aunque el afectado promovi\u00f3 solicitud de nulidad en la que aleg\u00f3 dicha circunstancia, su pedimento fue negado en primera instancia y confirmado por el Juzgado 2\u00ba Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga. <\/p>\n
En concreto, lo que se le orden\u00f3 a la \u00faltima autoridad mencionada fue que dejara sin valor y efecto el auto que decidi\u00f3 la alzada y que emitiera un nuevo pronunciamiento ajustado a las reglas que la jurisprudencia ha fijado sobre reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito. Dest\u00e1quese que en la orden constitucional, en aras de garantizar la independencia judicial, \u00fanicamente se le indicaron al Juzgador los par\u00e1metros que deb\u00eda tener el contenido de su decisi\u00f3n para decidir la alzada de la nulidad elevada por el aqu\u00ed accionante, enmarc\u00e1ndolos en la necesidad de verificar la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria cobrada. <\/p>\n
Para cumplir con ese fin, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en el auto de 13 de noviembre de 2020, expuso los raciocinios transcritos por el Tribunal, lo cuales gravitaron sobre la necesidad de garantizar los derechos del deudor, provocando que se reliquide y se reestructure el cr\u00e9dito de conformidad con la ley 546 de 1999 y C-955 de 2000. Consecuencialmente la autoridad judicial orden\u00f3: i) dejar sin valor y efecto el auto proferido el 20 de mayo de 2020 dictado por el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, ii) revocar el auto objeto de apelaci\u00f3n de fecha 22 de octubre de 2019, iii) decretar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n y iv) \u00abOrdenar que por medio del Juzgado que deba dictar nueva sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, si hay lugar a ello, ordene una debida reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, para que se vuelva a proferir la sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n con las modificaciones al mandamiento de pago, si constitucional, legal y jurisprudencialmente, debe replantearse. Enfat\u00edcese, respetando y aplicando a cabalidad la Ley 546 de 1999 y C-955 de 2000, entre otras que tengan absoluta relaci\u00f3n con lo aqu\u00ed debatido; para lo cual, el Juzgado que deba proferir la nueva sentencia o auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n u otra decisi\u00f3n que considere, deber\u00e1 otorgar plazos razonables y realizar los requerimientos necesarios para logar en el menor tiempo posible la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, para continuar o decidir con lo que en derecho corresponda\u00bb (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
N\u00f3tese que la \u00faltima orden referida no solo dispuso que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a la Ley 546 de 1999 y el fallo C-955 de 2000 con el fin que se emita la sentencia a la que haya lugar, sino que tambi\u00e9n habilit\u00f3 al juzgado de primera instancia para que, de ser necesario, modifique el mandamiento de pago, directrices estas que permiten colegir el cumplimento de la orden constitucional a la que se ha hecho alusi\u00f3n, sin que hubiera lugar a dar apertura al tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el precursor no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa Corporaci\u00f3n, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018, STC14267-2018, STC5689-2021 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Jaime Velazco Ariza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2001-00686-00 y en el incidente de desacato No.2020-00266-00. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6827-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6827-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Jaime Velazco Ariza promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}