STC6829-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6829-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00817-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 5 de mayo de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por L\u00eda Vilma Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en litigio n\u00ba 2011-00575. <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y otros \u00abpor conexidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de una pertenencia que formul\u00f3 se evidenciaron sendas \u00abfalencias\u00bb del abogado que la representaba judicialmente, destacando no haber diligenciado comunicaciones dirigidas a las entidades que el juzgado orden\u00f3 vincular para integrar adecuadamente la litis. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 24 de noviembre de 2020 el querellado \u00abdecreta el desistimiento [t\u00e1cito] y declara terminado el proceso declarativo de pertenencia (\u2026), y para hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la demandante que ostenta calidad de vulnerabilidad por encontrarse dentro de la poblaci\u00f3n de adulto mayor, tambi\u00e9n fue condenada en costas\u00bb, y \u00absumado a la innegable ausencia de defensa t\u00e9cnica, el auto anterior qued\u00f3 en firme toda vez que el abogado (\u2026) no interpuso ni sustent\u00f3 recurso alguno dentro de la ejecutoria de la providencia\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abel d\u00eda 09 de marzo de 2021 el Juzgado (\u2026) celebr\u00f3 audiencia virtual que dio inicio a la audiencia de alegaciones y juzgamiento (\u2026) y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de [reivindicaci\u00f3n que su contraparte propuso v\u00eda reconvenci\u00f3n]\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual su apoderado judicial \u00abinterpuso de manera escueta el recurso de apelaci\u00f3n, haciendo afirmaciones que carecen de material probatorio y que evidencian a\u00fan m\u00e1s la carencia de defensa t\u00e9cnica de la [actora]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene al juzgado acusado \u00abque anule toda la actuaci\u00f3n de la unidad jur\u00eddica referenciada con el radicado No. 11001310301820110057500 y, en consecuencia, se retrotraiga las actuaciones hasta la admisi\u00f3n de la demanda, subsanando la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales conculcados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el \u00ab24 de noviembre de 2020, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n principal de pertenencia que hab\u00eda sido adelantada por intermedio de apoderado judicial, disponiendo a su vez, el desglose de los documentos allegados, el levantamiento de la medida cautelar de la inscripci\u00f3n de la demanda, condenando en costas a la parte activa. Del mismo modo, se fij\u00f3 fecha de audiencia dentro de la demanda de reconvenci\u00f3n para el d\u00eda 9 de marzo de 2021, a las 2:30 p.m, [data en la que] se profiri\u00f3 el fallo que en derecho correspond\u00eda (\u2026), decisi\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n por el apoderado de la parte demandada en la demanda de reconvenci\u00f3n [que] se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo y se est\u00e1 remitiendo al Tribunal (\u2026) para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3, de cara a lo pretendido con esta acci\u00f3n, que \u00abno existe incidente de nulidad presentado por la parte interesada\u00bb, y pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo \u00abpor no superar el requisito de subsidiariedad\u00bb, porque contra la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la pertenencia, \u00abno se present\u00f3 recurso alguno y frente a la sentencia que resolvi\u00f3 la demanda reivindicatoria, est\u00e1 por desatarse la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Ismael Ernesto Miranda Hern\u00e1ndez y Ruth Z\u00e1rate, demandantes en el reivindicatorio, actuando a trav\u00e9s de su mandatario judicial, manifestaron que contrario a lo aseverado en esta demanda, durante el tr\u00e1mite procesal \u00abla demandante siempre estuvo representada por su apoderado judicial [y] pretende achacar al juez de instancia la negligencia con la que actu\u00f3 el apoderado de la demandante en el proceso\u00bb, no obstante, observ\u00f3 que \u00abcontest\u00f3 oportunamente la demanda de reconvenci\u00f3n oponi\u00e9ndose a las pretensiones y solicitando pruebas, present\u00f3 excepciones, particip\u00f3 y ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n en las pruebas testimoniales (\u2026), alleg\u00f3 documentales y en general conoci\u00f3, tuvo acceso al proceso y particip\u00f3 en \u00e9l en cada una de sus etapas sin que se observe yerro alguno por parte del administrador de justicia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n criticaron que se empleara esta acci\u00f3n por el hecho de que la sentencia fue adversa a sus aspiraciones, y agreg\u00f3 que la actora alega ser adulta mayor, pero omite se\u00f1alar que \u00abes profesional y que durante todo el tr\u00e1mite del proceso ha vivido en el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n y ha recibido por concepto de arrendamientos una suma aproximada a los $180\u00b4000.000. Contrario sensu, [ello] tienen 59 y 55 a\u00f1os de edad, y su hija Ang\u00e9lica Tatiana (heredera del inmueble) goza de especial protecci\u00f3n ya que padece de retardo mental, no son profesionales, no tienen vivienda propia y los m\u00e1s importante, son los herederos leg\u00edtimos a quienes se les adjudic\u00f3 mediante testamento el inmueble reivindicado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio al advertir que no cumple el requisito de la subsidiariedad, porque \u00abal momento de acudirse a la queja, estaba pendiente de resoluci\u00f3n el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el fallo [del 9 de marzo de 2021] y, en ese sentido, resulta presuroso invocar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de manera definitiva por la autoridad correspondiente\u00bb. Tambi\u00e9n, porque \u00abla discordia propuesta por la quejosa debi\u00f3 ventilarse en los estadios procesales correspondientes, utilizando los medios creados con ese objetivo, pues en el caso concreto, se advierte que la promotora no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n ni el de alzada contra la providencia que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el proceso de usucapi\u00f3n\u00bb, que \u00aben ese punto, comporta destacar que aunque la tutelante aduzca una inadecuada defensa t\u00e9cnica\u00bb, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n no abre paso al auxilio. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, reprochando que el tribunal hubiera omitido analizar que su queja estaba enfilada a atacar la \u00abcarencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, pues esa fue la causa \u00abque desencaden\u00f3 en una violaci\u00f3n al debido proceso y, de contera, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia con miras a obtener la tutela judicial efectiva [y que] dentro del ac\u00e1pite de hechos se extracta igualmente y de manea significativa, que las falencias originarias de la nulidad constitucional que aqu\u00ed se predica, tambi\u00e9n ocurrieron por parte del despacho judicial dentro de toda la unidad procesal\u00bb. De otro lado, dijo que \u00abno puede supeditarse la decisi\u00f3n que se tome en segunda instancia con ocasi\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del proceso reivindicatorio, a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues el vicio de nulidad constitucional se origin\u00f3 en el proceso de pertenencia que hoy se encuentra totalmente concluido por el desistimiento t\u00e1cito (\u2026) debido a la negligencia del abogado y a la ausencia de los deberes y poderes del juez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por la demandante, al terminar por desistimiento t\u00e1cito el proceso de pertenencia n\u00b0 2011-00575, pese a la supuesta \u00abcarencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb de la ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC9566-2020, 4 nov. 2020, rad. 00414-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Aunque la querellante aduzca en sede de impugnaci\u00f3n que la queja constitucional no se enfila contra el prove\u00eddo del 24 de noviembre de 2020, mediante el cual se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso de pertenencia por desistimiento t\u00e1cito, lo cierto es que tal decisi\u00f3n es la motivaci\u00f3n principal del auxilio. <\/p>\n
Ciertamente, el impedimento de procedibilidad gen\u00e9rico que es objeto de actual estudio, emerge porque al considerar que la declaraci\u00f3n de la figura jur\u00eddica contemplada en el canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso, vulneraba las garant\u00edas derivadas del debido proceso, no las plante\u00f3 ante el juez de la causa a trav\u00e9s del mecanismo id\u00f3neo que la ley previ\u00f3 para controvertir adecuada y oportunamente la referida decisi\u00f3n, dado que contra esta proced\u00eda tanto el recurso de reposici\u00f3n como el de apelaci\u00f3n (art\u00edculo 321-7 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, esto es, cuando sin mediar motivo que amerite justificar el requisito de la subsidiariedad, la actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que el instrumento no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
3.2. De la falta de defensa t\u00e9cnica y de la responsabilidad del apoderado judicial. <\/p>\n
En concordancia con lo antedicho, en raz\u00f3n a que la querellante enfatiza que durante el curso del litigio fue evidente la \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, porque en su sentir, su apoderado judicial falt\u00f3 a \u00aba su deber de diligencia y cuidado frente al proceso que le fue encomendado\u00bb, la Sala reitera que el comportamiento incurioso de la actora y con ello la improcedencia de la tutela, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales exculpaciones, pues al contar con un abogado que la representa en el juicio, no es atribuible al accionado que dicho abogado no hubiera adelanta do las gestiones que, a su juicio, legal o convencionalmente le correspond\u00eda realizar. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos jur\u00eddicos, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
Cabe precisar que independientemente de que una parte confiera poder a un abogado para atender un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, citada en STC6017-2021, 27 may. 2021, rad. 01508-00, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC8229-2020, 7 oct. 2020, rad. 00427-01). <\/p>\n
3.2. De la invocaci\u00f3n prematura. <\/p>\n
Sobre esa modalidad de subsidiariedad, es preciso se\u00f1alar que tambi\u00e9n constituye un impedimento para la decisi\u00f3n de fondo en este caso, pues el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo del 9 de marzo de 2021 que declar\u00f3 la reivindicaci\u00f3n, est\u00e1 pendiente de ser resuelto. <\/p>\n
N\u00f3tese que al realizar la consulta en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, el 28 de mayo de 2020 aparece la notificaci\u00f3n por estado (E-89) del prove\u00eddo dictado el 27 de mayo del mismo a\u00f1o, mediante la cual la colegiatura de segundo grado admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n a que refiere la actuaci\u00f3n, como puede verificarse a trav\u00e9s del siguiente enlace: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil\/125. <\/p>\n
En las condiciones descritas, mientras no se pronuncie de fondo el juez a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del asunto sean tra\u00eddos a definici\u00f3n en sede adicional de tutela, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC11349-2020, 10 dic. 2020, rad. 00467-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo sentado en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, precisando que no se cumple la exigencia de la subsidiariedad tanto en la modalidad de incuria como de prematura, aclarando respecto de la primera, que no es excusable por la falta de responsabilidad que eventualmente pudo tener su apoderado judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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