STC6831-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6831-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01690-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Claudia Margarita Gonz\u00e1lez Dangond y Mar\u00eda Claudia Dandong Castro le instauraron a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 2013-00472. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las accionantes pretenden que se ordene a la corporaci\u00f3n cuestionada \u00abprofer[ir] nueva sentencia en la que se interpreten debidamente los art\u00edculos 624 y 625 del C.G.P.\u00bb y se \u00abcompuls[en] copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue si la conducta del profesional del derecho Antonio Rodr\u00edguez Mendoza (\u2026) constituye falta disciplinaria o viola el estatuto de la abogac\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, manifestaron que fueron demandadas en proceso ejecutivo y que la autoridad judicial censurada al resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar (25 julio 2019) \u00abno aplic\u00f3 los efectos del inciso 4 del art\u00edculo 330 del Decreto 1400 de 1970 (C.P.C), vigente los d\u00edas 2 y 10 de diciembre de 2015 en que presenta[ron] [los] (\u2026) incidentes de nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto de mandamiento de pago proferido el 1\u00b0 de noviembre de 2013, tal y como se lo ordenaban las reglas establecidas en los art\u00edculos 624 y 625 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P)\u00bb. Su reproche radica en que de haberse tenido en cuenta la interpretaci\u00f3n adecuada, la obligaci\u00f3n habr\u00eda prescrito. Adem\u00e1s, se doli\u00f3 de que el \u00f3rgano colegiado desbord\u00f3 su competencia, pues no se ci\u00f1\u00f3 en su pronunciamiento a los argumentos expuestos por el apelante. <\/p>\n
Por otra parte, alegaron que su apoderado incumpli\u00f3 sus deberes profesionales \u00abal no (\u2026) interponer la acci\u00f3n de tutela que advirti\u00f3 el 25 de julio de 2019, ni informarnos la necesidad de interponerla durante un tiempo determinado (\u2026) o [una vez fue] denegada la solicitud de nulidad el 6 de julio de 2020\u00bb. Finalmente, indicaron que este tr\u00e1mite solo se promovi\u00f3 hasta ahora por la deficiencia en su defensa t\u00e9cnica y por la \u00abrestricci\u00f3n de la movilidad y distanciamiento social adoptadas por las autoridades administrativas\u00bb con ocasi\u00f3n de la pandemia por COVID-19. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar luego de se\u00f1alar las actuaciones que ha realizado, adujo que las pretensiones del resguardo no se dirigen en contra de sus decisiones. Hasta el momento de la elaboraci\u00f3n del presente proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s informes por parte del accionado y\/o vinculados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, se advierte que lo pretendido no puede prosperar, en raz\u00f3n a que no se cumpli\u00f3 con la inmediatez que se requiere en este tr\u00e1mite, puesto que, el prove\u00eddo atacado data del 25 de julio de 2019, mientras que esta acci\u00f3n de amparo fue radicada el 27 de mayo de 2021, lo cual denota que han transcurrido m\u00e1s de veintid\u00f3s (22) meses entre una actuaci\u00f3n y otra. <\/p>\n
Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es, que debe hacerse uso de ella dentro de un per\u00edodo razonable con posterioridad a la supuesta vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental. En relaci\u00f3n con este requisito, esta corporaci\u00f3n: <\/p>\n
ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, conforme a la cual la \u00abtutela\u00bb debe ejercerse en un plazo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la aparente trasgresi\u00f3n, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb establecido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad que la misma no se convierta en un componente de incertidumbre jur\u00eddica. (STC3455-2020, STC7277-2020). <\/p>\n
Por lo expuesto, es claro que la oportunidad para hacer uso de este mecanismo ya expir\u00f3; no obstante, la suerte no ser\u00eda distinta si se analiza la actuaci\u00f3n que las gestoras adelantaron con posterioridad, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, si en cuenta se tiene que el 6 de julio de 2020 se neg\u00f3 la solicitud de nulidad de la sentencia, y desde entonces, hasta este momento, hay de por medio m\u00e1s de diez (10) meses. <\/p>\n
2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el primer motivo que se expuso para justificar la inactividad de las impulsoras en la presentaci\u00f3n de este amparo, esto es, la deficiencia en su defensa t\u00e9cnica, debe anotarse que la desatinada gesti\u00f3n de los letrados no legitima a las partes para controvertir de manera extempor\u00e1nea las decisiones judiciales adversas ni sirve de excusa de los eventuales descuidos. En otras palabras, <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017, CSJ STC265-2020, CSJ STC STC3173-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Frente a la segunda justificante de la mora, relacionada, seg\u00fan las accionantes, con las dificultades que genera el COVID-19 en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debe indicarse que las mismas no imped\u00edan que las promotoras recurrieran a este escenario dentro del semestre siguiente, verbigracia, a la providencia de 6 de julio de 2020, ya que, como lo ha dicho la Sala en asuntos semejantes, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura, desde que la coyuntura en comento inici\u00f3 en el pa\u00eds, adopt\u00f3 medidas enfiladas para evitar la concurrencia de personas a las \u00absedes judiciales\u00bb, entre ellas, el cierre de \u00e9stas y la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de las actuaciones en curso (Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y subsiguientes), el tr\u00e1mite de las \u00abacciones de tutela\u00bb no se paraliz\u00f3. Dicha Corporaci\u00f3n dispuso que se rituar\u00edan a trav\u00e9s de medios virtuales, previendo una serie de instrumentos para lograr ese cometido, que, desde ese entonces, han permitido la atenci\u00f3n oportuna de tales asuntos (CSJ STC7288-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, respecto a la rogativa de las precursoras atinente a \u00abcompulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura\u00bb recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
(\u2026) si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. (STC1415-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado, en la medida en que se irrespet\u00f3 el presupuesto temporal que impera en esta materia y las razones ofrecidas como justificantes de dicho retraso no lograron su objetivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Claudia Margarita Gonz\u00e1lez Dangond y Mar\u00eda Claudia Dandong Castro contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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