STC6835-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC6835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00589-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Diego Alejandro Baracaldo Amaya interpuso contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades convocadas \u00abcorregir (\u2026) la citaci\u00f3n a la prueba de conocimiento a realizarse el pr\u00f3ximo 4 de julio de 2021\u00bb y, en consecuencia, incluir su nombre \u00aben la lista de citaci\u00f3n de la prueba a realizar el 4 de julio del 2021, bien en la misma direcci\u00f3n a la que fu[e] convocado el 25 de marzo de 2021, o en la que por cuestiones de log\u00edstica se defina\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que se inscribi\u00f3 en la convocatoria 27 en virtud del acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, para la vinculaci\u00f3n a los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial, aspirando al empleo de Magistrado de Tribunal Administrativo, aunque, tras publicarse los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, seg\u00fan Resoluci\u00f3n CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, no aparece publicado el suyo, toda vez que por razones m\u00e9dicas previas a la data se\u00f1alada para la prueba -8 diciembre de 2018-, present\u00f3 excusa y solicit\u00f3 nueva fecha, s\u00faplica que fue decidida de forma favorable en Resoluci\u00f3n CJR19-0604 de 20 de febrero de 2019, donde se program\u00f3 y efectu\u00f3 la prueba supletoria el 14 de abril de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por Resoluci\u00f3n CSJ19-0680 de 7 de junio de 2019, publicaron los resultados del examen aleatorio, asign\u00e1ndole el puntaje de \u00ab795,51, de los cuales 238,65 corresponden a los resultados de la prueba de aptitudes y 556,86 a la de conocimientos, no aprobatorio del examen\u00bb; sin embargo, repar\u00f3 que la calificaci\u00f3n obtenida qued\u00f3 afectada porque el contratista del dise\u00f1o, estructuraci\u00f3n, impresi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las pruebas psicot\u00e9cnicas, de conocimientos, competencias y\/o aptitudes cometi\u00f3 errores en su labor generando imprecisiones, seg\u00fan la informaci\u00f3n suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura a trav\u00e9s de su p\u00e1gina web. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, subray\u00f3 que present\u00f3: i) recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el acto administrativo que public\u00f3 su puntuaci\u00f3n y, ii) pidi\u00f3 exhibici\u00f3n de la prueba con su respectivo cuadernillo de respuestas, diligencia practicada el 11 de diciembre de 2019 y de la cual concluy\u00f3 que \u00abhubo un total de 28 preguntas (cinco -5- preguntas de conocimientos espec\u00edficos y veintitr\u00e9s -23- preguntas de conocimientos generales) que aunque fueron calificadas como \u201cerr\u00f3neas\u201d, adolecen de defectos como ambig\u00fcedad, multiplicidad de respuestas y respuestas equivocadas asignadas por la Universidad Nacional\u00bb, por consiguiente, \u00abde haber sido calificadas correctamente o corregirlas mediante el recurso, hubiera superado con creces la prueba de conocimientos\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que s\u00f3lo hasta el 19 de octubre de 2020 la Universidad Nacional a trav\u00e9s de la Unidad de Carrera inform\u00f3 la imposibilidad de atender los remedios exceptivos por cuanto el cronograma estaba suspendido por un fallo de tutela proferido por la Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, del Consejo de Estado; no obstante sin obtener decisi\u00f3n de los recursos ordinarios, mediante resoluci\u00f3n CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020 se corrigi\u00f3 la actuaci\u00f3n contenida en los actos administrativos expedidos durante el procedimiento de la convocatoria. <\/p>\n
Por tanto, el 25 de marzo de 2021 se public\u00f3 la citaci\u00f3n para la presentaci\u00f3n de la prueba el 25 de abril del a\u00f1o en curso; empero, debido a la emergencia sanitaria fue reprogramada, de ah\u00ed que el 9 de abril se emiti\u00f3 un nuevo listado de citaci\u00f3n para el 4 de julio, donde ya no se encuentra convocado, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la correcci\u00f3n e inclusi\u00f3n de su nombre. S\u00faplica denegada el 18 de mayo mediante oficio CONV27DP-2662, por cuanto la resoluci\u00f3n que public\u00f3 los resultados de la prueba supletoria (CJR19-0680 de 7 de junio de 2019), no fue objeto de correcci\u00f3n administrativa, a diferencia de la que public\u00f3 los resultados de la prueba realizada el 2 de diciembre de 2018 (CJR18- 559 de 2018). <\/p>\n
El libelista adujo que esa decisi\u00f3n vulnera sus prerrogativas fundamentales porque el examen aleatorio hace parte de la actuaci\u00f3n administrativa objeto de correcci\u00f3n, luego entonces \u00abadolecen de las mismas irregularidades y por tanto llevan la misma suerte\u00bb, am\u00e9n de desconocer la resoluci\u00f3n que \u00abordena la correcci\u00f3n de la actuaci\u00f3n cuando en su parte resolutiva no hace distinci\u00f3n de la etapa del procedimiento que se corrige o cu\u00e1l es la prueba que se anula, por cuanto menciona que se corrige desde la citaci\u00f3n a las pruebas de conocimientos generales y espec\u00edficos, de aptitudes y psicot\u00e9cnicas, lo cual incluye tanto la prueba original (diciembre 2 de 2018) como la prueba paralela (abril 14 de 2019)\u00bb. Finalmente, indic\u00f3 que acude a esta sede superlativa para evitar un perjuicio irremediable, ya que \u00abla nueva fecha para aplicar las pruebas se realizar\u00e1 en 25 d\u00edas h\u00e1biles (4 de julio del 2021)\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial- se\u00f1al\u00f3 que el resguardo es improcedente por ausencia de vulneraci\u00f3n puesto que la repetici\u00f3n de la prueba dispuesta en la Resoluci\u00f3n CJR20-0202 de 2020 qued\u00f3 decidida con fundamento en los informes t\u00e9cnicos presentados por la Universidad Nacional de Colombia que arrojaron inconsistencias en la prueba aplicada el 2 de diciembre de 2018 y no en las supletorias o paralelas. Por ende, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del accionante no es semejante a los concursantes que presentaron el examen el 2 de diciembre de 2018, debido a que \u00e9sta fue construida de manera diferente. <\/p>\n
La Universidad Nacional de Colombia solicit\u00f3 denegar el auxilio por inexistencia de vulneraci\u00f3n e inform\u00f3 que la correcci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa no contempl\u00f3 la modificaci\u00f3n de los resultados obtenidos por el aspirante mediante resoluci\u00f3n CJR19-0680 (7 jun. 2019), am\u00e9n de atender y aclarar las pretensiones del actor en el acto administrativo CJR20-0202 (27 oct. 2020) y en el oficio CONV27DP-2662 (14 may. 2021). <\/p>\n
A su vez, indic\u00f3 que la citaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de las pruebas escritas, as\u00ed como la participaci\u00f3n en las diferentes etapas del concurso de m\u00e9ritos, previo a su culminaci\u00f3n con los registros de elegibles, s\u00f3lo constituye una expectativa para acceder al cargo, de suerte que no garantiza su aprobaci\u00f3n o ingreso al servicio, como tampoco representa un derecho adquirido que merezca amparo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego incoado por Diego Alejandro Baracaldo Amaya no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por carecer del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el quejoso tiene a su disposici\u00f3n otro mecanismo id\u00f3neo y eficaz para ventilar los reparos aqu\u00ed esgrimidos, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, escenario donde est\u00e1 permitido plantear la controversia que aqu\u00ed propuso, m\u00e1xime cuando est\u00e1 habilitado para solicitar como medida cautelar desde un principio la pretensi\u00f3n que formul\u00f3, conforme lo regula el canon 230, n\u00fam. 3 ibidem. <\/p>\n
Y es que ese contexto resulta \u00fatil de cara a la preservaci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, toda vez que all\u00ed podr\u00e1 suscitar el decreto y pr\u00e1ctica de medidas provisionales para asegurar la vigencia de los derechos de cuyo quebranto se duele. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico esta Sala ha explicado que: <\/p>\n
[e]n el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda (\u2026) en el eventual decurso del proceso contencioso administrativo, el accionante puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un perjuicio irremediable, con sustento en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual: Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas: \u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d. \u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d.\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d. \u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d. \u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (CSJ STC302-2017, citada en CSJ STC8606-2018, CSJ STC4068-2019). <\/p>\n
Por manera que se reitera c\u00f3mo la jurisdicci\u00f3n constitucional no debe arrogarse competencia para emitir pronunciamientos anticipados sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, as\u00ed como tampoco es plausible endilgar vulneraci\u00f3n alguna a la prerrogativa del trabajo, puesto que <\/p>\n
los procesos de selecci\u00f3n no garantizan a los participantes la obtenci\u00f3n del empleo ofertado, pues como se ha indicado, [e]l participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, lo cual por si s\u00f3lo desvirt\u00faa la vulneraci\u00f3n alegada del derecho al trabajo, pues ello constituye una mera expectativa que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete, seg\u00fan la respectiva convocatoria el concursante\u00bb (CSJ STC, 12 abr. 2011, rad. 00279-01; reiterada entre otras en CSJ STC692-2017, CSJ STC435-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, luce oportuno agregar que la aducci\u00f3n de un da\u00f1o irreparable no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un simple enunciado, puesto que el actor no demostr\u00f3 objetivamente la gravedad del efecto de ser excluido, as\u00ed puedan elaborarse conjeturas acerca de la inminencia del perjuicio, aunque en todo caso tambi\u00e9n queda en tela de juicio la impostergabilidad de las medidas reclamadas. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, la Sala ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en CSJ STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, CSJ STC15930-2018, CSJ STC5850-2019). <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para desestimar el ruego elevado por no suplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Alejandro Baracaldo Amaya. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los part\u00edcipes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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