STC6879-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6879-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Floriberto Cardona P\u00e9rez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, el Departamento de Antioquia \u2013F\u00e1brica de Licores y Alcoholes de Antioquia y las partes e intervinientes del proceso laboral de radicado 05360 31 05 002 2011 00102 00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la vida en condiciones dignas, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la asociaci\u00f3n sindical y la negociaci\u00f3n colectiva, as\u00ed como al principio de favorabilidad en \u00abla interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El actor se\u00f1al\u00f3 que naci\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 1957 y que se vincul\u00f3 como trabajador oficial a la F\u00e1brica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en el cargo de ayudante de veh\u00edculo el 3 de mayo de 19891; el 19 de noviembre de 2009 se afili\u00f3 al Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia -SINTRADEPARTAMENTO y, por ende, se benefici\u00f3 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo celebrada entre aqu\u00e9l y la entidad territorial. Agreg\u00f3 que \u00abcumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios que exige la norma convencional, el 3 de mayo de 2009 estando al servicio\u00bb2 y los 50 a\u00f1os de edad el 1\u00b0 de agosto de 20073. <\/p>\n
2.2. El 9 de diciembre de 20094 present\u00f3 reclamaci\u00f3n al empleador, solicitando el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, \u00abla cual le fue negada aduci\u00e9ndole que no era trabajador oficial sino empleado p\u00fablico de carrera por lo cual no se le aplicaba la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb5. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Departamento de Antioquia \u2013F\u00e1brica de Licores y Alcoholes de Antioquia y, por esa v\u00eda, solicit\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, debidamente indexada, de conformidad con lo previsto en \u00ab[\u2026] las convenciones colectivas del 9 de diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1978 se acord\u00f3 en la cl\u00e1usula duod\u00e9cima (que es el art\u00edculo 96 de la recopilaci\u00f3n de normas convencionales) y en la s\u00e9ptima (que es el art\u00edculo 99 de la recopilaci\u00f3n de normas convencionales y laudos arbitrales), el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al cumplir 20 a\u00f1os de servicios y 50 de edad, con el 80% del promedio mensual de los salarios devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio\u00bb6. <\/p>\n
2.4. El 15 de julio de 2011, el Juzgado 2\u00ba Laboral del Circuito de Itag\u00fc\u00ed absolvi\u00f3 a la demandada y lo conden\u00f3 en costas, al considerar que ten\u00eda la calidad de \u00abempleado p\u00fablico, sin derecho a beneficiarse de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb7, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 26 de marzo de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la alzada, confirmando la sentencia de primer grado, porque estim\u00f3 que \u00abel oficio del demandante no era un trabajador oficial y que aunque estaba en la organizaci\u00f3n sindical, no pod\u00eda ser beneficiario de las disposiciones convencionales por ser un empleado p\u00fablico\u00bb8. <\/p>\n
2.6. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el vencido en el proceso present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. El 19 de mayo de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n N. 2 de la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal, puesto que, si bien estim\u00f3 que aqu\u00e9l err\u00f3 al considerar que \u00e9l no ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador oficial, \u00abno se le pod\u00eda aplicar la convenci\u00f3n al actor porque hab\u00eda cumplido los requisitos para la pensi\u00f3n antes de afiliarse al sindicato, lo que pugna contra la seguridad jur\u00eddica pues el trabajador ni siquiera ten\u00eda una expectativa leg\u00edtima\u00bb9. <\/p>\n
2.8. Advirti\u00f3 que la Sala 2 de Descongesti\u00f3n Laboral \u00abcometi\u00f3 un error sustancial al no dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales (art\u00edculo 53 CP) y de igualdad (art\u00edculo 13 CP)\u00bb 10, e interpret\u00f3 de manera restrictiva la convenci\u00f3n colectiva cuya aplicaci\u00f3n demanda, toda vez que \u00ab[\u2026] escogi\u00f3 la m\u00e1s desfavorable para definir las pretensiones de la demanda y desconoci\u00f3 as\u00ed el precedente constitucional de la SU 241 de 2015, SU 113 de 2018 y SU 267 de 2019 que obliga a aplicar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador como principio constitucional\u00bb11. Igualmente, asegur\u00f3 que en sentencia SL5350 del 2 de diciembre de 201912, se determin\u00f3 que las convenciones colectivas pueden aplicarse a quienes se afilien a estas con posterioridad al cumplimiento de los requisitos convencionales. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas, que se deje sin efecto \u00abla sentencia SL 2031-2020 Radicaci\u00f3n 71958 proferida el 19 de mayo de 2020 [\u2026]\u00bb y que, en su lugar, \u00abse ordene a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral proceda a dictar nueva sentencia de casaci\u00f3n siguiendo los lineamientos expuestos en el fallo emitido por el juez constitucional en esta acci\u00f3n de tutela [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n proferida al interior del proceso. Enfatiz\u00f3 que el fallo controvertido se ajust\u00f3 al precedente judicial que reg\u00eda el asunto objeto de debate. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n de Antioquia se opuso a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. Resalt\u00f3 que el principio de favorabilidad laboral es procedente siempre que, debido a la coexistencia de normas al momento de causarse el derecho, concurra alguna duda sobre la disposici\u00f3n aplicable, pero no para establecer si la afiliaci\u00f3n a una organizaci\u00f3n sindical tiene efectos retroactivos, como ocurre en este caso. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que no se cumpl\u00eda el requisito de inmediatez ni el de ser un asunto de relevancia constitucional. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Municipal de Itag\u00fc\u00ed argument\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, por ello, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn remiti\u00f3 copia digital de la sentencia STP1963-2021 proferida por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al advertir que la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala accionada \u00abse encuentra ajustada a la normativa pertinente y la jurisprudencia aplicable\u00bb, dado que se \u00ab[\u2026] reiter\u00f3 la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente contenida, entre otras, en la decisi\u00f3n CSJ SL4705-2019, en la que se dilucid\u00f3 si procede o no el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, \u201ccuando el trabajador, al momento de la afiliaci\u00f3n al sindicato, ten\u00eda cumplidos los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos para \u00e9sta\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, frente a la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto que en la sentencia SL5350-2019 del 3 de diciembre de 2019 se reconoci\u00f3 el derecho colectivo reclamado en favor de un trabajador en sus mismas circunstancias, precis\u00f3 \u00abque la independencia judicial faculta a los jueces a dirimir las controversias puestas a su consideraci\u00f3n de conformidad con la interpretaci\u00f3n de la normativa pertinente\u00bb y que, \u00aben el caso examinado [\u2026], la decisi\u00f3n favorable a la que aludi\u00f3, adem\u00e1s de ser \u00fanica, fue proferida por la Sala 4 de Descongesti\u00f3n, siendo que la Sala 2 hom\u00f3loga, como qued\u00f3 visto, no est\u00e1 obligada a acoger sus posturas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, al no existir vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, no era procedente el amparo instaurado. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es cierto que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Permanente haya elaborado la tesis que trae la sentencia del proceso ordinario para negar el derecho a mi poderdante. Esa elaboraci\u00f3n es construcci\u00f3n de una Sala Laboral de Descongesti\u00f3n de la Corte Suprema\u00bb y que, \u00abaunque fuera una tesis reiterada de dicho \u00f3rgano PERMANENTE de cierre en la jurisdicci\u00f3n laboral, debi\u00f3 el juez constitucional analizarlo a la luz de la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias SU 241 de 2015 (30 de abril) reiterado en la SU-113-18 (8 de noviembre) y SU 267-19 (12 de junio), sobre la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en la aplicaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la sentencia de tutela que se impugna \u00abhizo prevalecer la autonom\u00eda judicial y no el principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las fuentes formales del derecho (convenci\u00f3n colectiva). Pero desde el punto de vista constitucional, el juez debe acoger la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador, cuando sobre una disposici\u00f3n convencional haya dos alternativas de interpretaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que \u00abHay m\u00e1s de una interpretaci\u00f3n sobre la norma convencional, una restrictiva, aplicada por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y otra amplia, fundamentada en el precedente constitucional. Debi\u00f3 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral aplicar la m\u00e1s favorable y que es razonable, es decir que la citada norma convencional no exige que los requisitos de edad y tiempo se cumplan despu\u00e9s de la afiliaci\u00f3n al sindicato, o en otras palabras, que no est\u00e9n cumplido (sic) al momento de afiliarse al sindicato\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que los precedentes constitucionales han venido siendo aplicados en casos similares al suyo, pues en \u00abvarios procesos ordinarios tramitados por algunos trabajadores en contra del Depto de Antioquia se debati\u00f3 sobre la misma cl\u00e1usula duod\u00e9cima convencional. Y los jueces ordinarios le hicieron decir a esa norma convencional que la edad deb\u00eda cumplirla estando vigente el v\u00ednculo laboral. En este caso [\u2026], se le hizo decir a la misma cl\u00e1usula convencional que los requisitos de edad y tiempo ten\u00edan que ser cumplidos antes de ingresar a la organizaci\u00f3n sindical. Es decir en esos procesos los falladores adicionaron a esa cl\u00e1usula convencional, unos condicionamientos que la misma no ten\u00eda, para no reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, solicit\u00f3 que se revoque la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales, los cuales le fueron desconocidos por la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, cuando sean amenazados o vulnerados por la \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb de las autoridades o de los particulares, en aquellos eventos previstos en la ley, no siendo una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb. Lo anterior, bajo los supuestos de que el afectado concurra en un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n
2. Al respecto, se encuentra que uno de los defectos constitutivos de causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales es el desconocimiento del precedente, el cual fue definido por la Corte Constitucional, en el prove\u00eddo CC SU354-2017, como \u00abla sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo que ata\u00f1e al precedente constitucional, el Tribunal de cierre en esta materia precis\u00f3, en sentencia CC SU068-2018, que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 su precedente posee fuerza vinculante para todos los operadores jur\u00eddicos, entre ellos, los jueces. Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima, mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia… <\/p>\n
Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho considera que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
Desde esos \u00e1mbitos doctrinarios, la obligatoriedad de los precedentes se sustenta en los siguientes argumentos: 1) el lenguaje natural que se encuentra en las normas est\u00e1 lleno de ambig\u00fcedad \u2013m\u00faltiples significados- y de vaguedad \u2013indeterminaci\u00f3n en los conceptos- que afectan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho. Esas problem\u00e1ticas s\u00f3lo ser\u00e1n solucionadas a trav\u00e9s de un proceso hermen\u00e9utico plasmado en las sentencias, al solucionar los casos que se someten a la jurisdicci\u00f3n. Los jueces crean reglas individuales derivadas de la lectura del ordenamiento jur\u00eddico, prescripciones que vinculan a otras autoridades; 2) las providencias tienen la funci\u00f3n de armonizar las diversas normas que regulan un caso y que establecen consecuencias jur\u00eddicas contrapuestas; y 3) desarrolla los principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, por ejemplo, la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso sub examine, el actor pretende que se deje sin efectos \u00abla sentencia SL 2031-2020 Radicaci\u00f3n 71958 proferida el 19 de mayo de 2020 [\u2026]\u00bb y, en su lugar, se ordene a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral proceda a dictar nuevo fallo de casaci\u00f3n, puesto que, en su sentir, dicha autoridad judicial \u00abcometi\u00f3 un error sustancial al no dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales (art\u00edculo 53 CP) y de igualdad (art\u00edculo 13 CP)\u00bb, e interpret\u00f3 de manera restrictiva la convenci\u00f3n colectiva cuya aplicaci\u00f3n reclama, toda vez que \u00ab[\u2026] escogi\u00f3 la m\u00e1s desfavorable para definir las pretensiones de la demanda y desconoci\u00f3 as\u00ed el precedente constitucional de la SU 241 de 2015, SU 113 de 2018 y SU 267 de 2019 que obliga a aplicar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador como principio constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.1. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL2031-2020 de 19 de mayo de 202013, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido y, a pesar de indicar que era claro que el demandante ostentaba \u00abla condici\u00f3n de trabajador oficial, conforme a los art\u00edculos 233 y 304 del Decreto 1222 de 1986, en concordancia con el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 3135 de 1968, pues no se encuentra demostrado en el plenario, que ejerza labores catalogadas de manera expresa como de empleado p\u00fablico, en un empleo de direcci\u00f3n y confianza\u00bb, dispuso no casar la sentencia de 26 de marzo de 2015, emitida por el ad quem, confirmatoria de la de primer grado, puesto que \u00abel actor cumpli\u00f3 los cincuenta (50) a\u00f1os de edad el 1\u00b0 de agosto de 2007 y lleg\u00f3 a los 20 de servicio en la entidad de licores el 3 de mayo de 2009, con antelaci\u00f3n a la fecha en que ingres\u00f3 a la organizaci\u00f3n sindical que firm\u00f3 el convenio colectivo del que emana aquella prerrogativa, pues a ella se afili\u00f3, como antes se dijo, el 19 de noviembre de 2009, esto es, seis meses despu\u00e9s de avenirse, te\u00f3ricamente, a los supuestos de hecho de la norma extralegal, lo cual devela que pretende beneficiarse abusivamente de un derecho, respecto del cual nunca tuvo una leg\u00edtima expectativa, antes de su ingreso a SINTRADEPARTAMENTO, pues los supuestos de hecho del precepto convencional que ha procurado le ampare, los cumpli\u00f3 antes de este \u00faltimo acto jur\u00eddico\u00bb, situaci\u00f3n que hab\u00eda sido ya estudiada por la Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL4705-2019, a la cual se remiti\u00f3. <\/p>\n
3.2. De otro lado, se resalta que en la providencia rebatida de la Sala Laboral se estableci\u00f3 que no era motivo de discusi\u00f3n que \u00ab[\u2026] el demandante presta sus servicios para la f\u00e1brica de licores desde el 3 de mayo de 1989 [\u2026]; que naci\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 1957, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes de 2007 [\u2026] y que es miembro de la organizaci\u00f3n sindical \u00abSINTRADEPARTAMENTO\u00bb, desde el 19 de noviembre de 2009 [\u2026]\u00bb; asimismo, que las normas convencionales en las que sustent\u00f3 su pretensi\u00f3n pensional se\u00f1alan: <\/p>\n
PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N: <\/p>\n
DUOD\u00c9CIMA. – El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad (Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1970-1972). <\/p>\n
Art\u00edculo 96. PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N <\/p>\n
El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad (Recopilaci\u00f3n de Normas Convencionales y Laudos Arbitrales Vigentes 1945-2002) <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, se encuentra que esta Sala de Casaci\u00f3n, en sentencias STC12516-2019 y STC12517-2019, ambas de septiembre de dicha anualidad, as\u00ed como en la providencia emitida en el proceso con radicado n\u00b0. 11001-02-04-000-2019-02237-01 de 28 de abril de 2020 y en el fallo STC6902-2020 del 4 de septiembre del mismo a\u00f1o, estudi\u00f3 unos casos en los que se discut\u00eda el alcance que deb\u00eda otorgarse a la \u00abcl\u00e1usula de una Convenci\u00f3n Colectiva\u00bb que reconoc\u00eda a favor de los \u00abtrabajadores\u00bb \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb, en los cuales se accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada y se orden\u00f3 a la autoridad jurisdiccional acusada dejar sin efecto el fallo proferido en el litigio y emitir uno nuevo, a trav\u00e9s del cual se resolviera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed como en la STC12516-2019, la Sala destac\u00f3 la existencia de defectos sustantivo y procedimental en los procesos relacionados con el Departamento de Antioquia, con base en la SU267-2019, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab\u2026si se admite la interpretaci\u00f3n del Departamento de Antioquia como la \u00fanica forma de entender el texto convencional, ser\u00eda posible que un trabajador que ya cuente con 20 a\u00f1os de servicio pueda ser despedido con anterioridad a que cumpla 50 a\u00f1os de edad para as\u00ed, evitar que acceda a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. Escenario que permite recordar que, en el presente caso, el se\u00f1or Le\u00f3n Dar\u00edo Metaute Salazar, despu\u00e9s de 26 a\u00f1os de trabajo para este ente territorial fue despedido a la edad de 47 a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala Plena evidencia que la interpretaci\u00f3n del actor es totalmente coherente y razonable, por lo que, al menos existen dos formas de interpretar el texto convencional, una a favor del trabajador y otra en su contra. Este punto da lugar a examinar el segundo argumento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para negar las pretensiones del demandante\u2026 <\/p>\n
Por estas razones, la Sala Plena recuerda que, justamente, en aquellos casos en los que existe un conflicto entre dos posibles formas de entender o interpretar una convenci\u00f3n colectiva, es que el constituyente fij\u00f3 el art\u00edculo 53 Superior, el cual establece como uno de sus principios m\u00ednimos fundamentales el escoger la \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. <\/p>\n
Este enunciado abarca el principio de favorabilidad en su sentido amplio o el denominado in dubio pro operario, locuci\u00f3n latina que indica el camino que debe seguir todo operador judicial en caso de duda, a saber, la escogencia de la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para el trabajador. De esta manera, se constitucionaliz\u00f3 un consenso relativo a la regulaci\u00f3n del mundo del trabajo en condiciones dignas, a trav\u00e9s de un ordenamiento jur\u00eddico que protegiera efectivamente a la parte m\u00e1s d\u00e9bil en el contrato de trabajo. <\/p>\n
Conforme a todo lo anterior, teniendo en cuenta los ac\u00e1pites abordados a lo largo de la sentencia y siguiendo de cerca las ya referidas sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n considera que la providencia dictada el 24 de enero de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurri\u00f3 en los siguientes defectos: <\/p>\n
i) Sustantivo. Tal como se refiri\u00f3 con anterioridad, este defecto se caracteriza por \u201cla existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las disposiciones jur\u00eddicas al caso sometido al conocimiento del juez\u201d. <\/p>\n
Al respecto, se resalta que la ya citada sentencia SU-241 de 2015 concluy\u00f3 que exist\u00eda un defecto sustantivo cuando se inaplicaba el principio de favorabilidad para resolver un asunto, por lo cual, concluy\u00f3 que \u201cse configura una v\u00eda de hecho judicial cuando las autoridades judiciales niegan beneficios convencionales a los trabajadores al dar sentido a las convenciones colectivas de trabajo como pruebas y no como normas susceptibles de ser interpretadas con base en el principio de favorabilidad (art. 53 C.P.)\u201d. <\/p>\n
Estas consideraciones resultan perfectamente aplicables al presente caso, por cuanto la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no s\u00f3lo realiz\u00f3 una err\u00f3nea hermen\u00e9utica jur\u00eddica al asumir equivocadamente que exist\u00eda un sentido un\u00edvoco de interpretar la convenci\u00f3n colectiva (en contra del trabajador), sino que excluy\u00f3 el principio de favorabilidad como par\u00e1metro v\u00e1lido para solucionar el caso. <\/p>\n
(ii) Desconocimiento del precedente. Tal como se ha argumentado, la sentencia bajo examen ignor\u00f3 la existencia de un lineamiento constitucional claro sobre la naturaleza jur\u00eddica de las convenciones colectivas y la obligaci\u00f3n de interpretarlas conforme al art\u00edculo 53 Superior, tanto as\u00ed, que ni siquiera hizo referencia alguna a la sentencia SU-241 de 2015. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reiter\u00f3 sus razonamientos respecto a las convenciones colectivas como simples medios probatorios, tesis que ya hab\u00eda sido rebatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, al determinar que \u00e9stas son aut\u00e9nticas fuentes de Derecho y, por ende, los conflictos interpretativos que susciten deben ser resueltos conforme al principio de favorabilidad. <\/p>\n
Por lo tanto, se resalta que tambi\u00e9n se configur\u00f3 este defecto frente a la decisi\u00f3n adoptada el 24 de enero de 2018 por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) (CC SU-267\/19)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en la providencia STC6902-2020, la Sala expuso: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] El tema de la ex\u00e9gesis de las Convenciones Colectivas no ha sido pac\u00edfico en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que inicialmente y por varios a\u00f1os, fundado en que aquellas eran simplemente medios de convicci\u00f3n, sostuvo que cualquiera de los \u00abalcances\u00bb viables que el juzgador acogiera al examinar una \u00abcl\u00e1usula convencional\u00bb no ten\u00eda la virtualidad de destruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1n dotadas las sentencias judiciales. De all\u00ed, que con independencia de la hermen\u00e9utica que se aceptara, la Corporaci\u00f3n la respetaba, absteni\u00e9ndose de casar el veredicto de segundo grado (CJS 9 mar. 2005, rad. 24962, SC 4 jul. 2012, rad. 39112, SL12944-2014, entre otras), <\/p>\n
Sin embargo, esa postura fue revaluada por la Corte Constitucional mediante fallos de unificaci\u00f3n, estableciendo que dichos pactos tienen el car\u00e1cter de normas y, por ende, al presentarse dos alternativas posibles de interpretaci\u00f3n, el juez debe inclinarse por la m\u00e1s beneficiosa al trabajador, en aplicaci\u00f3n de los principios de favorabilidad, pro operario y del \u00abderecho al debido proceso\u00bb (SU-1185 de 2001, SU-241 de 2015, SU113 de 2018, SU-267 de 2019 y SU-445 de 2019). <\/p>\n
Tal precisi\u00f3n surgi\u00f3 a ra\u00edz de la discusi\u00f3n que se gener\u00f3 en casos donde se debati\u00f3 el alcance que deb\u00eda otorgarse a la \u00abcl\u00e1usula de una Convenci\u00f3n Colectiva\u00bb en la que se reconoc\u00eda a favor de los \u00abtrabajadores\u00bb \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb, previo cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicios y edad. <\/p>\n
Una de las \u00abConvenciones Colectivas\u00bb analizadas fue la celebrada entre el Departamento de Antioquia y su Sindicato, la cual sirve de sustento a los pedimentos de los quejosos. <\/p>\n
Es as\u00ed como en la sentencia SU267-2019 acot\u00f3, <\/p>\n
Frente al primer argumento, la Sala Plena de la Corte Constitucional pone en duda la existencia de una \u00fanica forma de interpretar la se\u00f1alada cl\u00e1usula duod\u00e9cima, al detenerse a examinar las diversas formas que se utilizan para referirse a los trabajadores del Departamento de Antioquia. Con el fin de ilustrar este punto se vuelve a traer a colaci\u00f3n su texto literal: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N: <\/p>\n
<\/p>\n
El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0. Igualmente reconocer\u00e1 pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio mensual de los salarios devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio al trabajador amparado por esta Convenci\u00f3n que cumpla o haya cumplido cincuenta (50) a\u00f1os de edad y que labore treinta (30) a\u00f1os o m\u00e1s, continuos o discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00b0. A los trabajadores que estando vinculados cumplan sesenta (60) a\u00f1os de edad y m\u00e1s de quince (15) de servicios continuos o discontinuos sin llegar a veinte (20) y deseen retirarse, el Gobierno Departamental les reconocer\u00e1 una pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual devengado durante el \u00faltimo a\u00f1o, siempre y cuando los servicios hubiesen sido prestados exclusivamente al Departamento de Antioquia y en actividades regidas por contrato de trabajo con la Administraci\u00f3n Departamental\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Como puede evidenciarse, el texto base del art\u00edculo establece que el Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u201ca todos sus trabajadores\u201d que cumplan 20 a\u00f1os de trabajo y 50 a\u00f1os de edad. Por otra parte, el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula reconoce otro tipo de pensi\u00f3n \u201cal trabajador amparado por esta Convenci\u00f3n\u201d que cumpla 50 a\u00f1os de edad y haya laborado 30 a\u00f1os o m\u00e1s; y, finalmente, el par\u00e1grafo segundo avala otra prestaci\u00f3n \u201ca los trabajadores que estando vinculados\u201d cumplan 60 a\u00f1os de edad y m\u00e1s de 15 a\u00f1os de trabajo, sin llegar a 20. <\/p>\n
Este aspecto llama especialmente la atenci\u00f3n debido a que la cr\u00edtica de la Corte Suprema de Justicia a la interpretaci\u00f3n del demandante, es que la convenci\u00f3n debi\u00f3 utilizar expresamente las palabras \u201cextrabajadores\u201d o \u201ctrabajadores que hubiesen desempe\u00f1ado\u201d, para que se entendiera posible que funcionarios desvinculados pod\u00edan acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, el texto bajo estudio s\u00ed realiza una diferenciaci\u00f3n precisa entre tres posibles pensiones, una de las cuales est\u00e1 destinada espec\u00edficamente \u201ca los trabajadores que estando vinculados\u201d cumplan ciertos requisitos. Con lo cual, una sencilla interpretaci\u00f3n a contrario podr\u00eda dar lugar a concluir que las otras dos modalidades de pensi\u00f3n (art\u00edculo base y par\u00e1grafo 1\u00b0) no requieren estar vinculados al momento de cumplir la edad exigida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala Plena evidencia que la interpretaci\u00f3n del actor es totalmente coherente y razonable, por lo que, al menos existen dos formas de interpretar el texto convencional, una a favor del trabajador y otra en su contra. Este punto da lugar a examinar el segundo argumento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para negar las pretensiones del demandante (\u2026). <\/p>\n
Postura que reiter\u00f3 en la SU445-2019, al esgrimir, que <\/p>\n
Es claro que la Corte no analiz\u00f3 la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n con un m\u00ednimo detalle. En especial, no se tuvo en cuenta que la Sala del Tribunal Superior de Medell\u00edn dio por sentado que \u2018literalmente\u2019 la Convenci\u00f3n Colectiva exclu\u00eda a los trabajadores que no segu\u00edan vinculados, cuando, en realidad, literalmente el texto habla de \u2018todos sus trabajadores\u2019 sin hacer distinci\u00f3n entre los que siguen vinculados y los que no. Tambi\u00e9n es claro que no se considera en modo alguno el deber de interpretar el texto de acuerdo con el principio de favorabilidad. Finalmente, tampoco se hace referencia a la existencia del precedente constitucional y, consecuentemente, no se dan razones de por qu\u00e9 s\u00ed se podr\u00eda apartar en esta ocasi\u00f3n de aquel precedente fijado en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-241 de 2015 y reiterado posteriormente. As\u00ed pues, es claro que la Sentencia cuestionada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurri\u00f3 en dos violaciones al derecho al debido proceso, dej\u00f3 de aplicar el principio de favorabilidad laboral y el precedente jurisprudencial constitucional pues (i) simplemente no consider\u00f3 el que existe y, por tanto, (ii) no se dan razones por las cuales se considera que la soluci\u00f3n para el caso concreto deba ser otra. Es decir, ni se sigue el precedente, ni se dan razones suficientes para apartarse del mismo. En esta oportunidad, se insiste, es de vital importancia para el Sistema Jur\u00eddico que la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de cierre de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria cumpla su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de jurisprudencia atendiendo a los par\u00e1metros constitucionales y derivados del bloque de constitucionalidad, en especial los derechos fundamentales constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, de forma similar a como ocurri\u00f3 en las sentencias SU-241 de 2015, SU-113 de 2018 y SU-267 de 2019, las respectivas Salas del Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia incurrieron en dos violaciones a los derechos fundamentales de los accionantes. Dejaron de aplicar el principio de favorabilidad a las normas convencionales de las cuales depend\u00eda el derecho pensional del accionante y de atender a la jurisprudencia constitucional aplicable, pues no se sigui\u00f3 ni se tom\u00f3 distancia con base en una justificaci\u00f3n suficiente. En tal medida, se revocar\u00e1n las decisiones judiciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se dejar\u00e1 en firme la sentencia del Juez de primera instancia que reconoci\u00f3 el derecho pensional convencional del accionante, tal como se estableci\u00f3 en la sentencia SU-241 de 2015, la cual se reitera en esta ocasi\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Lo que impone, entonces, remediar el yerro cometido, a fin de que la situaci\u00f3n de los precursores sea definida a la luz del \u00abprecedente constitucional\u00bb que rige la controversia que plantearon al Departamento de Antioquia, sin que pueda defenderse la razonabilidad de lo confutado, arguyendo que no se \u00abno se tiene competencia para variar la jurisprudencia actual imperante de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y mucho menos para dar aplicaci\u00f3n a la l\u00ednea jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional en materia laboral y de seguridad social\u00bb, ya que como lo ha dicho la Sala <\/p>\n
[\u2026] el criterio del Alto Tribunal Constitucional debe ser aplicado, pues se refiere a garant\u00edas imprescriptibles que imponen una interpretaci\u00f3n favorable para los trabajadores, sin que sea dable restringirlas, analizando, \u00fanicamente, los criterios jurisprudenciales vigentes, pues un Estado Constitucional pugna por la progresividad de las prerrogativas sustanciales (STC 28 abr. 2020, rad. 2019-02237-01)\u00bb. <\/p>\n
Y, en la sentencia emitida en el proceso con radicado n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-02237-01 de 28 de abril de 2020, en la que la Sala confirm\u00f3 el amparo otorgado por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al estimar que se demostr\u00f3 un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el tema, sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Establecidas las cuestiones precedentes, corresponde confirmar la determinaci\u00f3n impugnada, al avizorar esta Corporaci\u00f3n que el fallo a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 la prerrogativa reclamada por la promotora, es contrario a la actual jurisprudencia constitucional y al principio de favorabilidad para el trabajador, establecido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en donde se determina que, en materia laboral, se debe aplicar como presupuesto fundamental, en caso de duda, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de las fuentes formales del derecho. <\/p>\n
Esta Sala, en sede de tutela, ante reclamos similares ha enfatizado la trascendencia del principio arriba mencionado, como valor preponderante y criterio orientador para el juez laboral en la resoluci\u00f3n de los juicios (\u2026) <\/p>\n
5. Bajo tal par\u00e1metro, no era dable para la Sala de Descongesti\u00f3n atacada, apartarse de las motivaciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia de unificaci\u00f3n rese\u00f1ada, donde se estableci\u00f3 el deber del Tribunal de casaci\u00f3n de velar porque la hermen\u00e9utica aplicada a los convenios laborales, sea la m\u00e1s favorable para el trabajador. <\/p>\n
6. Cabe resaltar, la accionante en su escrito, censura a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, aduciendo que la misma se rebel\u00f3 en contra de los m\u00faltiples precedentes de la Corte Constitucional, entre ellos, el contenido en la sentencia SU-113 de 2018, SU-241 de 2015 (\u2026). <\/p>\n
7. Bajo las anteriores premisas, se tiene que la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n especializada de esta Corporaci\u00f3n, no armoniza con la anotada l\u00ednea jurisprudencial que sobre la tem\u00e1tica la Corte Constitucional ha decantado, configur\u00e1ndose as\u00ed una de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
8. En consecuencia, as\u00ed como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, corresponde dejar sin efecto el fallo a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 la pensi\u00f3n convencional reclamada por la aqu\u00ed promotora, por cuanto es contrario a la jurisprudencia constitucional imperante sobre la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, en materia de pensiones, adem\u00e1s de re\u00f1ir abiertamente en la postura adoptada en la citada sentencia SU-267 de 2019\u00bb. <\/p>\n
5. Ahora, analizada la cl\u00e1usula duod\u00e9cima contenida en la convenci\u00f3n colectiva, se evidencia que, en efecto, esta solo consagra como requisitos cumplir los 20 a\u00f1os de servicio y los 50 a\u00f1os de edad, adem\u00e1s la misma hace referencia a todos sus trabajadores, sin especificar si ingresan al sindicato antes o despu\u00e9s de haber satisfecho el tiempo de servicio y la edad. Igualmente, la cl\u00e1usula que define su aplicaci\u00f3n tampoco consagra dicha exigencia. <\/p>\n
Incluso, en un caso similar, la Sala de Casaci\u00f3n de Laboral de Descongesti\u00f3n, por sentencia SL5350-2019, estim\u00f3 posible la citada interpretaci\u00f3n e indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl requisito de la edad, esto es, los 50 a\u00f1os, los cumpli\u00f3 el 8 de enero de 2008 (f.\u00b0 55) y los 20 de servicio a cargo de la entidad los satisfizo el 18 de abril de 2009 (f.\u00b0 116), por lo que la limitante consagrada en el par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 1 de 2005 no tiene aplicaci\u00f3n en el sub lite. <\/p>\n
Ahora bien, a pesar de que el demandante se afili\u00f3 a Sintradepartamento tiempo despu\u00e9s de cumplir con los requisitos convencionales, el art\u00edculo 1 de la Recopilaci\u00f3n de Normas Convencionales y Laudos Arbitrales Vigentes, se\u00f1ala que los beneficios se aplican a todos los trabajadores oficiales, incluyendo otras dependencias que en el futuro puedan crearse. <\/p>\n
Art\u00edculo 1. CAMPO DE APLICACI\u00d3N <\/p>\n
Las decisiones de esta (sic) Laudo se aplicar\u00e1n a todos los trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia vinculados a las Secretar\u00edas de: Obras P\u00fablicas, Desarrollo de la Comunidad, Agricultura, Servicios Administrativos, Departamento Administrativo de Valorizaci\u00f3n y otras dependencias que en futuro puedan crearse, cuyo objetivo sea la construcci\u00f3n y el sostenimiento de obras p\u00fablicas (Laudo Arbitral del 31 de agosto de 1993). <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la F\u00e1brica de Licores de Antioquia, era un organismo adscrito a la Secretar\u00eda de Hacienda departamental, y de conformidad con el fallo del Consejo de Estado, esta en realidad es una empresa industrial y comercial del Estado, sin que a\u00fan se determine si hace parte a alguna dependencia, pues no se ha expedido la ordenanza que as\u00ed lo clarifique. Los beneficios convencionales son aplicables a todos los trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia…\u00bb (subraya de la Sala). <\/p>\n
Lo anterior evidencia que el asunto genera interpretaciones plausibles, en cuyo caso se debe dar prevalencia a aquella que favorezca al trabajador. <\/p>\n
Igualmente, se precisa que el art\u00edculo 470 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se\u00f1ala que \u00ablas convenciones colectivas entre patronos y sindicatos cuyo n\u00famero de afiliados no exceda del l\u00edmite indicado en el art\u00edculo siguiente, solamente son aplicables a los miembros del organismo sindical que las haya celebrado, y a quienes adhieran a ellas o ingresen posteriormente al sindicato\u00bb; a su vez, el numeral primero del art\u00edculo 471 de la misma normatividad indica que \u00abcuando en la convenci\u00f3n colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convenci\u00f3n se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, toda vez que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n desconoci\u00f3 el \u00abprecedente\u00bb de la Corte Constitucional, sobre la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador de la cl\u00e1usula de la Convenci\u00f3n Colectiva que reconoce la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional y que fue invocada por el se\u00f1or Cardona P\u00e9rez, el resguardo suplicado debe abrirse paso. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n rogada; en consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la autoridad jurisdiccional acusada dejar sin efecto la sentencia proferida en el litigio materia de este amparo y emitir una nueva, a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con observancia de lo previsto en esta providencia y en los precedentes rese\u00f1ados, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho pensional reclamado, deber\u00e1 observarse la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es con esta decisi\u00f3n que la prestaci\u00f3n puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas y, en su lugar, CONCEDER la salvaguarda incoada por Floriberto Cardona P\u00e9rez. <\/p>\n
SEGUNDO. En consecuencia, se ordena a la Sala de Descongesti\u00f3n accionada que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efectos la sentencia CSJ SL2031-2019 de 19 de mayo de 2020 y que emita una nueva dentro de los veinte (20) d\u00edas posteriores, a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes rese\u00f1ados, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es con esta decisi\u00f3n que la prestaci\u00f3n puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-22, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201canexos_17_12_2020 13_08_28.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-9, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201cdemanda_17_12_2020 13_08_39.pdf\u201d. Circunstancia que fue aceptada como cierta por el Departamento de Antioquia en \u201cmemorial contestaci\u00f3n tutela 114511 Floriberto Cardona.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-9, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201cdemanda_17_12_2020 13_08_39.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-22, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201canexos_17_12_2020 13_08_28.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-9, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201cdemanda_17_12_2020 13_08_39.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-9, Subcarpeta 1 anexos y escritos archivo \u201cdemanda_17_12_2020 13_08_39.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Fijada en edicto del 10 de julio de 2020. <\/p>\n
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STC6879-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6879-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00035-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54785","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54785\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}