STC6881-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6881-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-02079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luis Gilberto Mart\u00ednez V\u00e1squez frente a la sentencia de 14 de enero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala de descongesti\u00f3n No 1, extensiva a la Sala de decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes dentro del asunto de radicaci\u00f3n de la Corte 71421. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo pretende que se revoque la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en descongesti\u00f3n No. 1 SL483-2020 (19 febrero 2020), para que en su lugar se disponga el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral para que se condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones- al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan a su favor, a partir del 15 de abril de 2009, los intereses de mora y las costas del proceso. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medell\u00edn, que neg\u00f3 la prosperidad de las pretensiones (11 noviembre 2014). <\/p>\n
En contra de esa decisi\u00f3n las partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue decidido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, salvo en lo referente a las costas, asunto que modific\u00f3 en el sentido de condenar al actor al pago de las mismas (5 febrero 2015). Al resultar adverso a sus intereses, el accionante promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, la Sala de Descongesti\u00f3n No 1 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL483-2020 no cas\u00f3 la providencia del Tribunal (19 febrero 2020). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la autoridad judicial fustigada no aplic\u00f3 la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez sobre la base de la Ley 860 de 2003 cuando en realidad debi\u00f3 aplicar el canon 6\u00ba del Acuerdo 049 de 1990, habida cuenta que, aunque la invalidez se estructur\u00f3 en vigencia de la Ley 860 de 2003, para ese momento ya contaba con 458 semanas de aportes. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adujo que el amparo reclamado no cumple con el requisito de inmediatez, debido a que la decisi\u00f3n controvertida fue emitida el 19 de febrero de 2020, aprobada mediante acta n\u00b0 5 y notificada a las partes por medio de edicto de fecha 27 de febrero de dicha anualidad; sin embargo, la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 7 de diciembre de 2020, esto es, luego de transcurrido poco m\u00e1s de 9 meses de proferida la providencia judicial que se cuestiona, lo que, de entrada, descarta la urgencia e inminencia del amparo pretendido. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se advierte que tampoco se cumplen los requisitos especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n, pues el accionante no demostr\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada incurriera en un defecto de car\u00e1cter f\u00e1ctico o material o que la misma se hubiese proferido sin fundamento alguno. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable (14 enero de 2021). <\/p>\n
4. El promotor impugn\u00f3 la sentencia de primer grado y para tal efecto insisti\u00f3 en que a su caso debe aplicarse el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada advierte la Sala que aunque la sentencia SL483-2020 data del 19 de febrero de 2020 y la acci\u00f3n de tutela fue promovida hasta el 10 de diciembre de 2020, es decir hace m\u00e1s de 9 meses, situaci\u00f3n que tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por falta de inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda cuya protecci\u00f3n se reclama tiene el car\u00e1cter de irrenunciable e imprescriptible. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]ay casos en los no es procedente alegar la inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constituci\u00f3n no ha previsto la caducidad de la acci\u00f3n en el art\u00edculo 86. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, y de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneraci\u00f3n a dicho derecho del se\u00f1or Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negaci\u00f3n al incremento de su mesada pensional por concepto de compa\u00f1era permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso b\u00e1sico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
En consecuencia, como ya se ha se\u00f1alado: \u00abEl car\u00e1cter vitalicio y de tracto sucesivo de la prestaci\u00f3n que torna el derecho imprescriptible, hace que pueda ser reclamado en cualquier tiempo de la vida\u00bb (STC19144-2017). <\/p>\n
2. Confrontada la directriz materia de censura con los lineamientos que la Corte Constitucional ha impartido mediante sentencia de unificaci\u00f3n frente a la \u00abaplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, se advierte, contrario a lo arg\u00fcido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que la salvaguarda suplicada debe prosperar porque aunque a la luz de tales par\u00e1metros se deb\u00eda tener en cuenta el Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de la misma anualidad, a fin de establecer si le asist\u00eda o no la prerrogativa reclamada, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral recriminada desech\u00f3 esa posibilidad. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional expuso en \u00absentencia SU442 de 2016\u00bb: <\/p>\n
\u00ab6.5. Ahora bien, el prop\u00f3sito de este fallo es unificar la doctrina constitucional, en lo que respecta a si las normas aplicables en virtud del principio constitucional de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa son solo las inmediatamente anteriores a las vigentes. Conviene entonces anotar que si bien la inaplicaci\u00f3n parcial de la Ley 860 de 2003, en los t\u00e9rminos expuestos, ha dado lugar a una jurisprudencia consistente, hay una discusi\u00f3n sobre el alcance de este principio que gira en torno a cu\u00e1l norma derogada puede ser aplicada para la resoluci\u00f3n de un caso. M\u00e1s precisamente, se ha discutido en la jurisprudencia constitucional y en la laboral ordinaria si en virtud de ese principio fundamental s\u00f3lo se puede aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003; esto es, la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, o si tambi\u00e9n se puede aplicar otra igualmente anterior, aunque su vigencia no anteceda inmediatamente a la Ley 860 de 2003, como es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
6.6. La pregunta que motiva esta sentencia puede entonces responderse con suficiencia a partir de los fundamentos y caracterizaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Esta \u00faltima se justifica directamente en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n que prev\u00e9: \u201c[l]a ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido). Entre los derechos de los trabajadores est\u00e1 el de no sufrir una defraudaci\u00f3n injustificada de sus expectativas leg\u00edtimamente creadas. Por tanto, por tratarse entonces de un derecho, adem\u00e1s de origen constitucional, ni siquiera la ley puede arrasarlo. No lo puede hacer una ley intempestivamente, ni lo puede hacer una sucesi\u00f3n de reformas legales. La Constituci\u00f3n no predetermina con detalle el modo como deben protegerse, y por tanto el legislador puede prever un r\u00e9gimen de transici\u00f3n dentro de un amplio margen para garantizar estas expectativas leg\u00edtimas. Pero si no lo hace no desparece por ello el derecho a que sean protegidas, y el juez de aplicar la Constituci\u00f3n como norma suprema. En concreto esto supone, para un caso como este, que quien antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones ya cotiz\u00f3 300 semanas o m\u00e1s, como lo exig\u00eda para entonces el Decreto 758 de 1990, se forj\u00f3 la expectativa leg\u00edtima de adquirir su pensi\u00f3n de invalidez, en el evento infortunado del advenimiento del riesgo. Un cambio en esa normatividad estaba entre las competencias del legislador, pero ninguna reforma pod\u00eda anular dicha expectativa leg\u00edtima, y por tanto reformas sucesivas tampoco pod\u00edan hacerlo. Como dijo la Corte en la sentencia T-832a de 2013: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cen lo relativo a la posici\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre la imposibilidad de confrontar reg\u00edmenes jur\u00eddicos que no son inmediatamente sucesivos para efecto de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la Sala Novena de Revisi\u00f3n considera que si bien la protecci\u00f3n de los derechos eventuales tiene l\u00edmites como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional y ordinaria, el argumento acogido por la Sala de Casaci\u00f3n desconocer\u00eda que las mencionadas restricciones est\u00e1n dadas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Para esta Sala de la Corte Constitucional no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir la protecci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas. Una medida tal desconocer\u00eda la necesidad de tomar en consideraci\u00f3n aspectos como la proximidad entre el cambio legislativo que vari\u00f3 los presupuestos de reconocimiento de la garant\u00eda pretendida y el instante en que la persona adquirir\u00eda definitivamente la pensi\u00f3n, la intensidad del esfuerzo econ\u00f3mico desplegado por el afiliado, entre otros elementos indispensables para determinar una protecci\u00f3n razonable y proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los \u00edndices de desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de mecanismos de protecci\u00f3n social supletorios\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
6.7. Por consiguiente, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, las expectativas leg\u00edtimamente contra\u00eddas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 constituyen barreras, que limitan la competencia del legislador para agravar los requisitos ya cumplidos mediante reformas desprovistas de reg\u00edmenes de transici\u00f3n. Este l\u00edmite, de raigambre constitucional, es entonces oponible a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, e incluso por la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
<\/p>\n
6.8. Ahora bien, como se mencion\u00f3, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha opuesto a esta postura esencialmente con tres argumentos: (i) la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la cual se ver\u00eda erosionada si se admiten \u201cobligaciones ilimitadas, no incluidas en los c\u00e1lculos actuariales que imprescindiblemente han de tenerse en cuenta\u201d; (ii) en el principio de legalidad, por cuanto implica darles a normas derogadas efectos \u2018plusultractivos\u2019, toda vez que se aplican m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de la norma derogatoria siguiente, mientras rige la norma subsiguiente; (iii) en la seguridad jur\u00eddica, afectada por la convivencia simult\u00e1nea de normas distintas para una misma situaci\u00f3n. Estos argumentos ya han sido revisados por la Corte Constitucional en diversas sentencias, raz\u00f3n por la cual en este caso la Sala Plena se remite a ellas. Sin perjuicio de lo cual, expone otras complementarias. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6.9.1. Primero, el argumento de la afectaci\u00f3n a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, invocado por la Corte Suprema de Justicia para determinar el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, merece un examen particular: <\/p>\n
<\/p>\n
– Para empezar, la exigencia legal vigente de contar con 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez busca promover \u201cla cultura de la afiliaci\u00f3n a la seguridad social\u201d y \u201ccontrola[r] los fraudes\u201d. Al preverse la necesidad de contar con un n\u00famero determinado de semanas en tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, la legislaci\u00f3n establece un est\u00edmulo para la permanencia en el sistema pensional y la cotizaci\u00f3n regular y efectiva. Este esquema es eficaz para conseguir el objetivo que persigue, por cuanto los afiliados no pueden obtener una pensi\u00f3n de invalidez a menos que observen una continuidad relevante en su relaci\u00f3n con el sistema, y efect\u00faen aportes con cierta regularidad, pues no basta con que se realicen de manera espor\u00e1dica, o de forma continua pero por espacios precarios de tiempo, para reunir 50 semanas en tres a\u00f1os consecutivos. As\u00ed, esta regulaci\u00f3n garantiza una actualizaci\u00f3n de las finanzas del sistema pensional, el cual se nutrir\u00eda entonces de los aportes constantes de los afiliados. Por lo dem\u00e1s, contribuye efectivamente a reducir el fraude a la ley, representado por ejemplo en las pr\u00e1cticas propiciadas por otros esquemas de aseguramiento, consistentes en empezar a cotizar solo tras experimentar una p\u00e9rdida de capacidad laboral invalidante. Desde esta perspectiva, indudablemente, la normatividad actual contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
– Sin embargo, este no es un argumento suficiente para reducir el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficioso. En efecto, seg\u00fan la Ley 860 de 2003 es posible pensionar por invalidez a quien re\u00fane 50 semanas de aportes en la historia laboral, siempre que los aportes se hayan efectuado en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez. Es factible entonces adquirir una pensi\u00f3n de invalidez sin contar con m\u00e1s semanas de cotizaci\u00f3n al sistema general de pensiones. En contraste, admitir una aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que permita estudiar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con base en el Decreto 758 de 1990, implica necesariamente \u2013en casos como este- que ha de haber reunido por lo menos 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Es decir, que la posici\u00f3n de la jurisprudencia constitucional no es indiferente al est\u00e1ndar de sostenibilidad financiera contemplado en la regulaci\u00f3n vigente o en la Ley 100 de 1993 \u2013original-. <\/p>\n
<\/p>\n
– Ciertamente, como se mencion\u00f3, el requisito legal de densidad de cotizaciones actualmente en vigor persigue de forma adecuada fines leg\u00edtimos, como la regularidad en la cotizaci\u00f3n. Aceptar que una pensi\u00f3n se sujete a reglas diferentes, que no garantizan ese fin, puede verse exactamente como una forma de limitar la eficacia del cambio normativo. No obstante, es importante notar que en ciertos casos las discontinuidades en el historial de cotizaci\u00f3n de una persona no son constitutivas ni de fraude a la ley, ni de un prop\u00f3sito deliberado de abstenerse de efectuar aportes constantes, sino de la informalidad ocupacional de la persona o de ciclos econ\u00f3micos de inactividad, lo cual, a su turno, conduce a que las personas experimenten rupturas en la afiliaci\u00f3n y en sus cotizaciones a la seguridad social. <\/p>\n
<\/p>\n
– Por lo dem\u00e1s, en la resoluci\u00f3n de controversias concretas no es suficiente con invocar en abstracto la sostenibilidad financiera del sistema sin observar el historial espec\u00edfico de cotizaciones del afiliado. En un caso como el examinado en esta ocasi\u00f3n, el accionante aspira a obtener la pensi\u00f3n porque cuenta con (i) 72 a\u00f1os y (ii) 653 semanas cotizadas. Para negarle a una persona la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con el alcance definido por la jurisprudencia constitucional, sobre la base de la sostenibilidad financiera del sistema, habr\u00eda que mostrar probada y ciertamente c\u00f3mo es que esta situaci\u00f3n puede menoscabar las finanzas del r\u00e9gimen pensional. Pero, adem\u00e1s, tendr\u00eda que mostrarse que ese objetivo financiero se sobrepone y prevalece frente a otros principios fundamentales que est\u00e1n en juego en un caso concreto como este, como son la seguridad social efectiva, la confianza leg\u00edtima, el m\u00ednimo vital y la solidaridad. <\/p>\n
<\/p>\n
6.9.2. Por otra parte, el principio de legalidad ciertamente supone que las leyes empiecen a regir los hechos posteriores a su entrada en vigencia. No obstante, esta circunstancia no basta para reducir el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Seg\u00fan esta, cuando no hay r\u00e9gimen de transici\u00f3n, las normas bajo las cuales una persona se ha forjado la expectativa leg\u00edtima de obtener su pensi\u00f3n extienden su aplicabilidad m\u00e1s all\u00e1 de su periodo de vigencia, e incluso trascienden la vigencia de las disposiciones que las derogan. Si se limitara la efectividad de este principio \u00fanicamente al periodo de vigencia de la norma siguiente, para hacerla cesar una vez se expida una norma subsiguiente, entonces bastar\u00eda una decisi\u00f3n del legislador de cambiar dos o m\u00e1s veces la regulaci\u00f3n de un mismo asunto, para que desapareciera la protecci\u00f3n constitucional relativa a la confianza leg\u00edtima. Esta consecuencia es contraria a la Constituci\u00f3n pues implica el que una decisi\u00f3n del legislador puede anular una situaci\u00f3n protegida por el orden constitucional, como es la de contar con una expectativa leg\u00edtima de pensionarse, en un contexto jur\u00eddico marcado por la supremac\u00eda constitucional (CP art 4). Por lo cual, sin perjuicio de la importancia de la legalidad y el efecto inmediato de las normas laborales, estos principios deben ceder ante la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, toda vez que la ecuaci\u00f3n contraria resultar\u00eda mucho m\u00e1s gravosa, pues adem\u00e1s de restringir principios de igual raigambre constitucional, comprometer\u00eda los derechos fundamentales a la seguridad social y al m\u00ednimo de vital de sujetos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
6.9.3. Una raz\u00f3n adicional para defender la tesis vigente en la jurisprudencia constitucional es que la ultractividad de una norma m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de la disposici\u00f3n que la deroga \u2013 o \u2018plusultractividad\u2019 de la misma, en palabras de la Corte Suprema de Justicia-, no resulta por s\u00ed misma contraria al entendimiento antes indicado del principio de legalidad, tal como este debe aplicarse a determinados \u00e1mbitos del ordenamiento. En la medida en que una persona haya contra\u00eddo una expectativa leg\u00edtima en materia pensional en vigencia de un esquema normativo, y este se modifique sin reg\u00edmenes de transici\u00f3n, puede seguir produciendo efectos futuros en lo pertinente m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de las normas que lo derogaron. Esto quiz\u00e1s puede suponer una excepci\u00f3n al principio de prospectividad de las reformas, en funci\u00f3n del cual deben entrar a regir las situaciones futuras, pero es en aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, por lo cual se adapta al principio fundamental de supremac\u00eda constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
6.9.4. La coexistencia de esquemas normativos vigentes con otros que ya no lo est\u00e1n pero son aplicables a una situaci\u00f3n concreta, es una situaci\u00f3n perfectamente compatible en ciertos campos con la seguridad jur\u00eddica en contextos de transiciones legislativas sucesivas. En contraste, s\u00ed resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica que un mismo principio constitucional \u2013como es el de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (CP arts. 48, 53 y 83) tenga dos interpretaciones opuestas e incompatibles, y que casos iguales se resuelvan en sentidos irreconciliables, seg\u00fan el ramo de la jurisdicci\u00f3n en el cual se decidan. Por lo mismo, invocar la seguridad jur\u00eddica para apartarse de la jurisprudencia en vigor en torno a los alcances de un principio constitucional, resulta no solo insuficiente sino un contrasentido. Adem\u00e1s, la jurisprudencia de la Corte Constitucional no implica para el operador la carga de efectuar una indagaci\u00f3n hist\u00f3rica de las normas ilimitada en el tiempo, sino contra\u00edda \u00fanicamente a la historia de afiliaci\u00f3n definida del peticionario. Requiere verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en normas anteriores, pero solo en la medida en que a su amparo el beneficiario se haya forjado como una expectativa leg\u00edtima. Lo cual tiene sustento en el hecho de que no se contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para quienes estuvieron afiliados al sistema pensional en la \u00e9poca en la cual reg\u00edan las normas hoy derogadas. <\/p>\n
<\/p>\n
6.9.5. Finalmente, la jurisprudencia constitucional vigente se funda en el principio de solidaridad. En efecto, quienes bajo un esquema normativo cumplieron a cabalidad el requisito de densidad de cotizaciones han observado tambi\u00e9n su deber de solidaridad (CP arts. 1, 48 y 95), aportando un monto relevante de semanas al sistema, que se consideraba suficiente en su momento para financiar su propia pensi\u00f3n. Cuando, por una decisi\u00f3n del legislador, cambia ese mismo requisito, y es en vigencia de una nueva norma que se estructura su invalidez, es no solo por respeto a su confianza leg\u00edtima que el afiliado ha de poder adquirir la pensi\u00f3n con fundamento en el requisito anterior, sino adem\u00e1s porque a nombre propio, o a trav\u00e9s de un tercero, cotiz\u00f3 al sistema de seguridad social en pensiones y contribuy\u00f3 solidariamente a la financiaci\u00f3n de otras prestaciones pensionales. Si se aplicara mec\u00e1nicamente la norma que estaba en vigor para la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, y se negara el reconocimiento de la pensi\u00f3n a partir del estudio de ese \u00fanico aspecto, se desconocer\u00eda no solo la necesidad fundamental de cobertura de su riesgo objetivo de invalidez, sino su derecho a la seguridad social y los principios de solidaridad, igualdad y equidad, pues otros ya se beneficiaron de sus aportes. <\/p>\n
<\/p>\n
6.10. Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contra\u00eddo una expectativa leg\u00edtima, concebida conforme a la jurisprudencia. Por lo dem\u00e1s, una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa admite sujetar la pensi\u00f3n de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa leg\u00edtima, no puede apartarse de esa orientaci\u00f3n en un sentido restrictivo, a menos que se ofrezcan razones poderosas suficientes que muestren que: (i) la nueva posici\u00f3n tiene mejor sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre los principios de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima e igualdad de trato que est\u00e1n a la base del respeto al precedente constitucional, y (iii) est\u00e1 en condiciones de desvirtuar la prohibici\u00f3n de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales, establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Hasta el momento no se han aportado razones de esta naturaleza, por lo cual la jurisprudencia de esta Corte, encargada de garantizar la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, se mantiene y es vinculante para todas las autoridades, incluidas las judiciales\u00bb (CP. Art. 241) (Se destaca por la Sala). <\/p>\n
Y recientemente, en otra providencia, expuso: <\/p>\n
En suma, cuando los afiliados reclamen el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de invalidez ante las respectivas administradoras p\u00fablicas o privadas de fondos de pensiones y\/o ante los jueces correspondientes (ya sea en sede de tutela o en el marco de un proceso laboral), esas entidades y\/o autoridades judiciales, con observancia del precedente vinculante establecido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-442 de 2016, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa previsto en el art\u00edculo 53 Superior y en pro de proteger las expectativas leg\u00edtimas de esos afiliados, deber\u00e1n: (i) identificar todos los reg\u00edmenes normativos (vigentes o derogados) que regulen sus situaciones jur\u00eddicas, y (ii) aplicar el que resulte m\u00e1s favorable para ellos, indistintamente de que sea el inmediatamente anterior al vigente, y siempre y cuando los afiliados observen los presupuestos que exija ese r\u00e9gimen normativo m\u00e1s favorable para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez que soliciten (sentencia T-323 de 2018)(Subrayas de la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
Mientras que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al desatar el remedio extraordinario que el actor impetr\u00f3 contra el veredicto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado de manera reiterada, que la norma que regula el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez es la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la misma; por tanto, si no se controvierte que tal hecho tuvo lugar el 15 de abril de 2009, es acertado concluir que es el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, la disposici\u00f3n que gobierna la prestaci\u00f3n reclamada. Ahora, como el actor no acredita la densidad de cotizaciones prevista en esta normatividad, es dable acudir al r\u00e9gimen inmediatamente anterior en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, frente al cual en sentencia CSJ SL4650-2017, la Corte determin\u00f3 las siguientes caracter\u00edsticas: <\/p>\n
[\u2026] es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicaci\u00f3n general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa leg\u00edtima, no con derecho adquirido, que goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, cual es, la satisfacci\u00f3n de las semanas m\u00ednimas que exige la reglamentaci\u00f3n derogada para acceder a la prestaci\u00f3n que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicaci\u00f3n, necesariamente, es restringida y temporal. Procede cuando se predica la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen inmediatamente anterior al vigente al momento del deceso del causante o de la estructuraci\u00f3n de la invalidez seg\u00fan corresponda, el juez no puede hacer un ejercicio hist\u00f3rico sobre normas que regulan la materia. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, este principio solamente permite acudir al r\u00e9gimen inmediatamente anterior al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez para amparar las expectativas leg\u00edtimas del afiliado a la luz de tal normatividad, lo que significa que el juzgador, en el caso concreto, no puede realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para ubicar la norma anterior que le pueda ser m\u00e1s favorable al solicitante, sino que debe remitirse a aquella que directamente antecede a la vigente al momento del siniestro. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que tal postulado constituye una excepci\u00f3n al principio de retrospectividad de la ley, permitiendo que la disposici\u00f3n derogada permanezca vigente en presencia de una situaci\u00f3n concreta, materializada en una expectativa leg\u00edtima conforme a la ley anterior, que, se insiste, no puede ser cualquiera que hist\u00f3ricamente haya regulado la prestaci\u00f3n pensional, sino la que fue derogada por la ley vigente para el momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez. As\u00ed, la expectativa leg\u00edtima que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pretende amparar, es aquella que ostentaba el asegurado a la luz de la norma inmediatamente anterior y que se ve afectada por el tr\u00e1nsito legislativo hacia la norma vigente al momento de la invalidez. <\/p>\n
De ah\u00ed, que, contrario a lo se\u00f1alado por el recurrente, no es cualquier situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta la que protege este principio constitucional, sino aquella que se ve afectada ante la sucesi\u00f3n inmediata de normas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La posibilidad de acudir al r\u00e9gimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, invocado por la censura, \u00fanicamente opera en los eventos en que la norma vigente a la causaci\u00f3n del derecho es el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, es decir, en los casos en que la invalidez se ha generado mientras \u00e9sta norma estuvo rigiendo, que no es el caso del actor, cuya invalidez se estructur\u00f3 el 15 de abril de 2009, cuando ya hab\u00eda operado el tr\u00e1nsito legislativo a la Ley 860 de 2003, y hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de seis a\u00f1os a la vigencia de la citada ley, con lo cual tampoco se cumple el l\u00edmite de temporalidad establecido jurisprudencialmente, para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito de la Ley 100 de 1993 a la referida Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Ahora, esa discrepancia, referente al r\u00e9gimen legal aplicable, tiene relevancia supralegal en el caso sub examine, ya que Luis Gilberto Mart\u00ednez V\u00e1squez (i) es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, y (ii) aunque no satisface las exigencias de los art\u00edculo 38 y 39 (literal a) de la Ley 100 de 1993 \u2013 antes de la reforma prevista en la ley 860 de 2003-para alcanzar la \u201cpensi\u00f3n de invalidez\u201d, lo cierto es que s\u00ed cumple los requisitos previstos en el Decreto 758 de1990 por medio del cual se aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de la misma anualidad. <\/p>\n
N\u00f3tese que trat\u00e1ndose del texto originario de la Ley 100 de 1993, seg\u00fan el dictamen elaborado por la Junta Nacional de Invalidez, el accionante tiene el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral requerido por el art\u00edculo 38 ejusdem para considerar que se encuentra en \u201cestado de invalidez\u201d, pues \u00e9ste exige un monto igual o superior al 50%, y el peticionario fue calificado con 59.30% con fecha de estructuraci\u00f3n del 15 de abril de 2009 (fl. 17, cuaderno 1); sin embargo, no cumple los requisito del precepto 39 ib\u00eddem habida cuenta que la \u00faltima fecha de cotizaci\u00f3n del solicitante al Sistema de Seguridad Social se dio en el a\u00f1o 2002 (fl. 44 ib\u00eddem), es decir que para la fecha estructuraci\u00f3n de su invalidez no ten\u00eda la calidad de cotizante y dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha aludida no efectu\u00f3 cotizaciones. <\/p>\n
No obstante, el art\u00edculo 6\u00ba Decreto 758 de1990 estipul\u00f3: <\/p>\n
\u00abTendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, las personas que re\u00fanan las siguientes condiciones: a) Ser inv\u00e1lido permanente total o inv\u00e1lido permanente absoluto o gran inv\u00e1lido y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier \u00e9poca, con anterioridad al estado de invalidez\u00bb. (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
El censor cumple con el segundo supuesto de la \u00faltima norma citada, si en cuenta se tiene que en el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto referido se estableci\u00f3 que un \u00abINVALIDO PERMANENTE TOTAL\u00bb es \u00abel afiliado o asegurado que por enfermedad no profesional o por lesi\u00f3n distinta de accidente de trabajo, haya perdido el 50% o m\u00e1s de su capacidad laborativa para desempe\u00f1ar el oficio o profesi\u00f3n para el cual est\u00e1 capacitado y que constituye su actividad habitual y permanente. La cuant\u00eda b\u00e1sica de esta pensi\u00f3n ser\u00e1 del 45 % del salario mensual de base\u00bb y como qued\u00f3 dilucidado l\u00edneas atr\u00e1s el actor fue calificado con el 59.30% de p\u00e9rdida de capacidad laboral por lo que puede ser considerado, en los t\u00e9rminos de la norma, un \u201cinvalido permanente total\u201d; adem\u00e1s, conforme a las piezas adosadas al dossier, cuando se configur\u00f3 su invalidez, en julio 15 de abril 2009, contaba con 457,87 semanas de cotizaci\u00f3n (31 julio 2002), es decir que ten\u00eda m\u00e1s de las 300 semanas de cotizaci\u00f3n exigidas en el literal b) de la norma referida. (fls. 13 y 14, cuaderno 1). <\/p>\n
Lo expuesto descarta la interpretaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral le dio al caso concreto al se\u00f1alar que \u00abLa posibilidad de acudir al r\u00e9gimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, invocado por la censura, \u00fanicamente opera en los eventos en que la norma vigente a la causaci\u00f3n del derecho es el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, es decir, en los casos en que la invalidez se ha generado mientras \u00e9sta norma estuvo rigiendo, que no es el caso del actor, cuya invalidez se estructur\u00f3 el 15 de abril de 2009\u00bb, pues como se vio, tal afirmaci\u00f3n desconoce el postulado constitucional b\u00e1culo de la presente decisi\u00f3n, a partir del cual se ha establecido que trat\u00e1ndose de los casos en los que se reclama el reconocimiento de una pensi\u00f3n de invalidez, corresponde a la autoridad judicial revisar los reg\u00edmenes normativos (vigentes o derogados) que regulen sus situaciones jur\u00eddicas, para as\u00ed \u00abaplicar el que resulte m\u00e1s favorable para ellos, indistintamente de que sea el inmediatamente anterior al vigente, y siempre y cuando los afiliados observen los presupuestos que exija ese r\u00e9gimen normativo m\u00e1s favorable para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez que soliciten\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, atendiendo a que el actor es un \u201csujeto de especial protecci\u00f3n\u201d, que en virtud del \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d es factible aplicar el Decreto 758 de 1990 por medio del cual se aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de la misma anualidad, a efectos de verificar las exigencias para acceder a la \u201cpensi\u00f3n de invalidez\u201d pretendida (art\u00edculos 6\u00ba), y que cumple con ellos, al ser calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual al 59.30% y contar con m\u00e1s de trescientas semanas (300) semanas de cotizaci\u00f3n antes de la fecha de estructuraci\u00f3n de su disminuci\u00f3n, hay lugar a otorgar el ruego suplicado. <\/p>\n
Para tal efecto, se revocar\u00e1 la resoluci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y se dejar\u00e1 sin efecto la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de ordenar a la \u00faltima autoridad judicial mencionada que desate nuevamente el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Luis Gilberto Mart\u00ednez V\u00e1squez contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conforme a las directrices aqu\u00ed expuestas y adopte las decisiones a que haya lugar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y origen anotados y, en su lugar, CONCEDE el auxilio impetrado por Sa\u00fal Santana frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS la sentencia CSJSL483 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (19 de febrero 2020), por medio de la cual se decidi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que Luis Gilberto Mart\u00ednez V\u00e1squez promovi\u00f3 contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn dentro del proceso No.05001-31-05-017-2014-01361-00, y se ORDENA a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en el t\u00e9rmino de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia expida una nueva, teniendo en cuenta las directrices consignadas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002Sentencia T- 217 de 2013. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6881-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6881-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-02079-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luis Gilberto Mart\u00ednez V\u00e1squez frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54787","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54787\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}