STC6883-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6883-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-00507-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 13 de abril de 2021 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Diana Marilyn Vargas Cruz le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado y a la Fiscal\u00eda Diecinueve Seccional Adscrita a la Direcci\u00f3n Nacional de Anticorrupci\u00f3n, todos de Santa Marta; extensiva a las partes e intervinientes en el juicio n\u00famero 2018-00285. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 se ordene al Tribunal \u00abi) res[olver] de plano y confirme la inembargabilidad del inmueble objeto de este amparo; ii) como se supone confirmado lo resuelto por el a-quo, de acuerdo a lo expresado en la motivaci\u00f3n de la sentencia, que revoque esa parte y decrete el desembargo del bien inmueble (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios de convicci\u00f3n adosados se extrae que, en el proceso ejecutivo promovido contra el entonces Instituto de Seguros Sociales n\u00b0 2007-284, la promotora logr\u00f3 el pago del t\u00edtulo judicial No. 442100000262423 por el valor de mil ochocientos ochenta y seis millones de pesos ($1.886.000.000), por tal raz\u00f3n le fue imputado el delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
En la causa penal objeto de examen se decret\u00f3 medida cautelar sobre el inmueble con n\u00famero de matr\u00edcula 080-53812 donde habita la gestora con su familia, sin tener en cuenta, seg\u00fan aquella, que est\u00e1 constituido como patrimonio de familia, raz\u00f3n por la que dijo actuar como agente oficiosa de sus hijos menores de edad. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta la conden\u00f3 a la pena de 64 meses de prisi\u00f3n y multa de $1.263.620.000 al hallarla responsable del delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado por la cuant\u00eda en calidad de interviniente\u00bb; de igual manera la castig\u00f3 con el reconocimiento de perjuicios materiales a favor del Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena por valor de $1.886.000.000, y al resolver sobre el desembargo solicitado, estableci\u00f3 que para acceder al mismo deb\u00eda garantizar el pago de los perjuicios mediante p\u00f3liza por valor de $2.000.000.000 (25 feb. 2019). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la Fiscal\u00eda, la defensa y la parte civil representada por el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS, y el Tribunal modific\u00f3 la condena por perjuicios materiales estableci\u00e9ndola en $3.068.879.553, y para el pago de los mismos le brind\u00f3 la posibilidad de garantizarlos mediante p\u00f3liza por la suma de $3.100.000.000. <\/p>\n
Con este escenario, la inconforme acus\u00f3 a los funcionarios de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por indebida valoraci\u00f3n probatoria ya que el inmueble al estar gravado como patrimonio de familia era inembargable, y, adem\u00e1s, que en su caso se aplic\u00f3 de manera indebida el art\u00edculo 61 de la Ley 600 de 2000, cuando lo correcto para resolver la solicitud de desembargo eran las reglas del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Tribunal de Santa Marta defendi\u00f3 su prove\u00eddo, alleg\u00f3 copia de la resoluci\u00f3n criticada e inform\u00f3 que contra \u00e9sta no se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, estando habilitada para ello. El Juzgado Primero Penal del Circuito hizo el recuento de lo rituado en el proceso 2018-00285 y puntualiz\u00f3 que la regla adecuada para resolver el levantamiento de la medida cautelar era la contenida en el art\u00edculo 61 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el auxilio por subsidiariedad, pues la inconforme no acudi\u00f3 al \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, sin que sea admisible que use la acci\u00f3n constitucional como un mecanismo supletorio al medio de defensa que no utiliz\u00f3. <\/p>\n
4. La promotora replic\u00f3 lo as\u00ed resuelto porque, en su opini\u00f3n, el a quo dio prevalencia a cuestiones procesales y no a las sustanciales, sin valorar que los directos afectados con la medida son sus hijos, quienes no acudieron al remedio extraordinario al \u00abno ser partes en el proceso penal\u00bb e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Revisado el plenario, pronto se advierte que el ruego no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado al observarse la falta de subsidiariedad que impide el estudio de fondo de lo planteado. <\/p>\n
Ello, porque si la gestora entiende que las determinaciones reprochadas no se encontraban ajustadas a la ley y por ello constituyen una v\u00eda de hecho, estaba habilitada para interponer el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra la sentencia del Tribunal censurado, herramienta dispuesta por el legislador para plantear sus discrepancias en ese proceso y de la que no hizo uso, sin que sean de recibo las excusas planteadas en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Sala, sobre el tema ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (CSJ STC8267-2016, STC12867-2018, citada en STC119-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite supralegal se irrogue la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural y que no se adelant\u00f3 porque la quejosa se abstuvo de utilizar el recurso extraordinario aludido. <\/p>\n
Ahora, el panorama no muta porque se quieran involucrar los derechos de los hijos de la petente, puesto que el resguardo continuar\u00eda siendo improcedente en la medida en que, de un lado, por aquellos no ser parte en el juicio penal no est\u00e1n legitimados para confrontar las decisiones que all\u00e1 se adoptaron; y del otro, no se observa que la petici\u00f3n en los t\u00e9rminos aqu\u00ed formulados all\u00e1 sido llevada a los jueces de esa causa. Todo lo cual es muestra suficiente de la falta de inter\u00e9s y subsidiariedad en su caso. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en CSJ STC3752-2021 reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Significa lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso (\u2026), vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Por consiguiente, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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