STC6887-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6887-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-00844-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 5 de mayo de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por la Constructora Villa Celeste LTDA contra la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2014-188507. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora solicit\u00f3 dejar sin efecto el Auto n\u00ba 38216 de 16 de abril de 2019 al desconocer el principio de cosa juzgada. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor No. 2014-188507, la Superintendencia dict\u00f3 providencia el 2 de diciembre de 2016, ordenando a la Constructora Villa Celestes Ltda. reintegrar al Conjunto Cerrado Villa Celeste II la suma de $851.710 por concepto de aclaraci\u00f3n y modificaci\u00f3n de los coeficientes de la propiedad horizontal y realizar la adecuaci\u00f3n de los andenes para garantizar el acceso a los diferentes espacios del conjunto, lo cual deb\u00eda acreditarse dentro de los 5 d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino otorgado. Mediante Auto n\u00ba 65495 de 26 de junio de 2018, la Superintendencia declar\u00f3 el incumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas y le exigi\u00f3 el pago de $61.718.118 a favor de la entidad. <\/p>\n
Dijo que, en comunicado de 29 de junio de 2018, rindi\u00f3 las explicaciones respectivas e inform\u00f3 que hab\u00eda realizado un desembolso por $2.007.103 a favor del Complejo, por esta raz\u00f3n pidi\u00f3 que no se le sancionara. El 21 de febrero de 2019, se orden\u00f3 el archivo de las actuaciones (n\u00ba16388). El 16 de abril de 2019 en Auto n\u00ba 38216, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunci\u00f3 sobre el prove\u00eddo 65495 y rafirm\u00f3 la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Ante ello, la Constructora present\u00f3 solicitud de nulidad por violaci\u00f3n de la cosa juzgada, la cual fue rechazada por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
A juicio de la accionada, \u00aben el presente asunto, adem\u00e1s de haberse solicitado, era obligaci\u00f3n de la jefe de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales reconocer la existencia de cosa juzgada en la actuaci\u00f3n y como consecuencia de ello, decretarlo as\u00ed y revocar la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. <\/p>\n
2. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es improcedente porque \u00abva dirigida contra una providencia judicial en firme (\u2026) la imposici\u00f3n de la multa a cargo del accionante se encuentra conforme a derecho, teniendo en cuenta que al momento de su expedici\u00f3n, no obraba memorial alguno que acreditara el cumplimiento de lo ordenado\u00bb raz\u00f3n por la cual no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. Carmen Elena Arenas Guti\u00e9rrez, apoderada judicial del Conjunto Cerrado Villa Celeste II \u2013 Propiedad Horizontal, solicit\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
3. El Tribunal desestim\u00f3 el amparo solicitado, toda vez que \u00abel tutelante ha tenido a su disposici\u00f3n todos los mecanismos de defensa judicial para intervenir al interior del proceso y controvertir la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el funcionario convocado el 16 de abril de 2019, sin embargo, lo que se observa es que el interesado desatendi\u00f3 la carga legal que le correspond\u00eda y desaprovech\u00f3 la herramienta que ten\u00eda a su alcance (\u2026) el amparo no puede prosperar, dado que su finalidad no es la de servir como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
4. El promotor impugn\u00f3, sin formular reparo concreto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se advierte que lo pretendido no puede prosperar, en raz\u00f3n a que no se cumpli\u00f3 con la inmediatez que se requiere en este tr\u00e1mite, puesto que, el prove\u00eddo atacado data del 16 de abril de 2019, mientras que esta acci\u00f3n de amparo fue radicada el 29 de abril de 2021, lo cual denota que han transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os entre una actuaci\u00f3n y otra. <\/p>\n
\u201cha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, conforme a la cual la \u00abtutela\u00bb debe ejercerse en un plazo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la aparente trasgresi\u00f3n, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb establecido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad que la misma no se convierta en un componente de incertidumbre jur\u00eddica\u201d. (STC3455-2020, STC7277-2020). <\/p>\n
Por lo expuesto, es claro que la oportunidad para hacer uso de este mecanismo ya expir\u00f3. Sobre todo, porque al revisar el escrito de tutela, no se logr\u00f3 vislumbrar ning\u00fan motivo que justificara la inactividad del actor en la presentaci\u00f3n de este medio de defensa. As\u00ed, en CSJ STC283312-2021, se dijo: <\/p>\n
\u201cDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se ratificar\u00e1 el veredicto examinado, en la medida en que se irrespet\u00f3 el presupuesto temporal que impera en esta materia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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