STC6888-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6888-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2021-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la acci\u00f3n de tutela que Wilmar Javier Guzm\u00e1n Fagua le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia del Circuito y la Comisar\u00eda Cuarta de Familia, ambos de Tunja, con ocasi\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n con radicado n\u00ba 224-2019, iniciada por Diana Azucena Castellano Gonz\u00e1lez, respecto del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 dejar sin valor y efecto las decisiones de 2 de marzo y 22 de abril de 2021 emitidas por la Comisar\u00eda Cuarta de Familia y el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja, respectivamente. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que la Comisaria Cuarta de Familia de Tunja en el decurso de la referencia dict\u00f3 fallo en su contra e impuso multa de 2 SMMLV (2 mar. 2021), decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja en grado jurisdiccional de consulta (22 abr.). <\/p>\n
Replic\u00f3 que el estrado convocado incurri\u00f3 en defectos procedimental, sustancial y probatorio por cuanto: i) las manifestaciones de Diana Azucena Castellanos Gonz\u00e1lez carecen de sustento demostrativo, ii) analiz\u00f3 la ocurrencia de hechos acecidos el 3 de septiembre de 2020, los cuales son ajenos a ese proceso, puesto que corresponde al episodio de 10 de febrero de 2021 y, iii) dispuso confirmar la sanci\u00f3n impuesta por la Comisaria Tercera de Tunja, entidad que jam\u00e1s tuvo conocimiento del asunto, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n proferida es incongruente e inconsistente entre el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que carece de capacidad econ\u00f3mica para asumir el pago de la sanci\u00f3n pecuniaria, ya que est\u00e1 aportando cuota alimentaria a favor de su hija menor y sus ingresos son insuficientes; luego, de obligarse su pago, afectar\u00eda su propia subsistencia y, por ende, sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja remiti\u00f3 el expediente materia de escrutinio. La Comisaria Cuarta de Familia defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n y enfatiz\u00f3 sobre la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, ya que al actor ha ejercido sus garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa, toda vez que ten\u00eda pleno conocimiento de las consecuencias del incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n a favor de Diana Azucena Castellanos Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
La Procuradora 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, solicit\u00f3 denegar el amparo por improcedente, puesto que no se configura alguno de los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad; sobre todo cuando en las providencias censuradas no se advierte arbitrariedad en la direcci\u00f3n procesal, valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio, ni criterios caprichosos o irrazonables. <\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 el ruego tras considerar razonables las decisiones atacadas, ya que <\/p>\n
(\u2026) La providencia del servidor p\u00fablico administrativo al ser sometida al escrutinio judicial, termina siendo aprobada mediante una decisi\u00f3n donde la motivaci\u00f3n, desde una panor\u00e1mica general, est\u00e1 provista de una mirada con perspectiva de g\u00e9nero, tal y como reiteradamente lo tiene dicho la jurisprudencia. En suma, la medida proferida est\u00e1 debidamente soportada en el fardo probatorio que debe acopiarse en estos casos, es decir, fue razonable, adecuada y proporcional seg\u00fan las circunstancias particulares del caso y acorde con la prueba militante, la que fue valorada en concordancia con el principio de la autonom\u00eda e independencia que le asiste tanto al Comisario de Familia, as\u00ed como al Juez, en quienes recae la competencia para decidir estos asuntos. <\/p>\n
4. Wilmar Javier Guzm\u00e1n Fagua se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos dictados por la Comisar\u00eda Cuarta de Familia (2 mar. 2021) y el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja (22 abr.), el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al \u00faltimo de estos porque zanj\u00f3 con car\u00e1cter definitivo el asunto que se ventila en esta sede superlativa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ruego de Wilmar Javier Guzm\u00e1n Fagua debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmada la providencia opugnada, puesto que los razonamientos del juzgado convocado aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Ciertamente, la autoridad enjuiciada en la decisi\u00f3n atacada empez\u00f3 por hacer en recuento de los antecedentes que originaron el inicio del tr\u00e1mite de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, para lo que anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) con escrito radicado el d\u00eda 12 de mayo de 2020, la se\u00f1ora DIANA AZUCENA CASTELLANOS GONZALEZ denunci\u00f3 el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n por parte del se\u00f1or WILMAR JAVIER GUZMAN FAGUA a ra\u00edz de haberse acercado a su casa, agredirla verbal y psicol\u00f3gicamente, ofenderla con palabras soeces y desobligantes. <\/p>\n
La Comisar\u00eda de conocimiento procedi\u00f3 mediante auto de mayo 12 de 2020 a iniciar el tr\u00e1mite incidental por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n. Se orden\u00f3 citar al agresor reincidente para que rindiera sus descargos y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
En tr\u00e1mite, nuevamente la se\u00f1ora DIANA AZUCENA CASTELLANOS GONZALEZ radica escrito de fecha 24 de julio de 2020 denunciando nuevas agresiones verbales y psicol\u00f3gica impartidas por el se\u00f1or GUZMAN a trav\u00e9s de medios digitales. <\/p>\n
El denunciado fue notificado personalmente de la apertura del tr\u00e1mite incidental y de la fecha de audiencia de fallo. <\/p>\n
En audiencia de agosto tres (3) de dos mil veinte (2020) se escuch\u00f3 la declaraci\u00f3n de DIANA AZUCENA CASTELLANOS GONZALEZ quien reiter\u00f3 los hechos de violencia expuestos en la denuncia. <\/p>\n
Entre tanto, el se\u00f1or WILMAR JAVIER GUZMAN FAGUA rindi\u00f3 descargos sin desvirtuar los actos denunciados. Manifest\u00f3 que los conflictos se han presentado por el pago de las cuotas alimentarias y el r\u00e9gimen de visitas a la menor hija de la pareja. <\/p>\n
Para el 15 de febrero de 2020, estando en suspenso el tr\u00e1mite incidental por la no comparecencia de los involucrados, nuevamente la se\u00f1ora DIANA AZUCENA CASTELLANOS GONZALEZ denuncia malos tratos verbales y f\u00edsicos recibidos de parte del denunciado, retom\u00e1ndose las acciones por presunto incumplimiento, seg\u00fan auto No. 015 de febrero 16 de 2021. <\/p>\n
En audiencia de marzo dos (2) de dos mil veintiuno (2021) la Comisar\u00eda de Conocimiento encontr\u00f3 m\u00e9rito probatorio para declarar el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta mediante providencia No. 200 de fecha septiembre dos (2) de dos mil diecinueve (2019) y en consecuencia le impuso al se\u00f1or WILMAR JAVIER GUZMAN FAGUA, multa equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, pagadera en el plazo de cinco d\u00edas, como se le hab\u00eda advertido en su oportunidad. Se dispuso mantener la orden de protecci\u00f3n, reiterando la necesidad del apoyo policivo permanente a la v\u00edctima. <\/p>\n
El sancionado fue notificado de la resoluci\u00f3n de multa, dej\u00e1ndose constancia. <\/p>\n
Seguidamente, ilustr\u00f3 el marco normativo aplicable en el asunto puesto en consideraci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) Este Juzgado es competente para conocer del tr\u00e1mite de la Consulta, pues de acuerdo con lo dispuesto por el art\u00edculo 12 del decreto reglamentario 652 de 2001, el tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se debe realizar, en lo no regulado, con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el decreto 2591 de 1991, en su art\u00edculo 52 y siguientes, que ordena la consulta de la respectiva sanci\u00f3n. Esto es as\u00ed si se tiene en cuenta que ni el art\u00edculo 7\u00ba ni el 17 de la ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, contempla qu\u00e9 recursos proceden en contra de la providencia o resoluci\u00f3n que imponga las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, sin que esto se encuentre suplido por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 18 de la ley 294, modificado por el art\u00edculo 12 de la ley 575 de 2000, ya que all\u00ed se contemplan son los recursos que proceden contra la providencia que adopta la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
El tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n lo rigen las normas procesales contenidas en el cap\u00edtulo V del Decreto 2591 de 1991, por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001, reglamentario de la Ley 294 de 1996. Es decir, est\u00e1 gobernado por los preceptos que reglamentan el desacato en la tutela. El procedimiento de esa acci\u00f3n constitucional se caracteriza por ser preferente y sumario (art\u00edculo 1, Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
De cara a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el decurso, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Revisadas las diligencias advierte el Juzgado que no cabe duda que los hechos que dan lugar al incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n se encuentran debidamente probados, toda vez que en audiencia de pruebas de agosto tres (03) de 2020 el se\u00f1or GUZMAN FAGUA, al interrog\u00e1rsele sobre los hechos denunciados, dio a entender haber estado presente en el momento y lugar de esos hechos y, por ende, haber tenido contacto verbal con DIANA AZUCENA, todo lo cual indica que hubo conflicto entre ellos o una situaci\u00f3n de malestar e incomodidad en aquella dado el acercamiento agresivo del denunciado al lugar donde ella se encontraba, lo que le estaba prohibido por la Comisar\u00eda de Conocimiento, como medida de protecci\u00f3n, o que de haber sido permitido por aquella, lo hizo de manera airada y desafiante, inmiscuy\u00e9ndose en la vida personal \u2013 privada de la denunciante. <\/p>\n
Luego es claro, que la conducta violenta del se\u00f1or WILMAR JAVIER GUZMAN FAGUA ha sido cont[i]nua, repetida y desmedida. Indic\u00f3 que los conflictos se dan por el pago de la cuota alimentaria que tiene a cargo de su hija y por las visitas establecidas por la Comisar\u00eda. Factores que han motivado el mal trato y comportamiento agresivo de GUZMAN FAGUA, aunado al reproche injustificado y desobligante hacia la vida personal de la denunciante. <\/p>\n
De ah\u00ed que determin\u00f3 que la actuaci\u00f3n realizada por la Comisaria Cuarta de Familia de Tunja, <\/p>\n
(\u2026) imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente por incumplimiento, procedi\u00f3 a citar para o\u00edr los descargos de los implicados, agotado lo cual impuso la sanci\u00f3n objeto de estudio, la cual fue notificada a las partes. <\/p>\n
En criterio de este despacho es acertada la decisi\u00f3n de primera instancia que es objeto de CONSULTA, toda vez que desde el tr\u00e1mite del proceso por VIOLENCIA INTRAFAMILIAR se acredit\u00f3 de manera irrefutable que el se\u00f1or WILMAR JAVIER GUZMAN FAGUA incurri\u00f3 en forma reiterativa en conductas agresivas contra la integridad emocional y f\u00edsica de DIANA AZUCENA CASTELLANOS GONZALEZ, y a pesar que se le conmin\u00f3 a cambiar su comportamiento y abstenerse de cualquier acto de violencia, reincide, con el agravante de que sus conductas violentas generaron en el grupo familiar des\u00f3rdenes emocionales y de comportamiento, razones que justifican la sanci\u00f3n impuesta, y de la cual ya hab\u00eda sido advertido, debiendo asumir las consecuencias de la irracionalidad de sus actos. Esto no s\u00f3lo qued\u00f3 establecido en el proceso aludido sino tambi\u00e9n en el tr\u00e1mite incidental seguido para la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n adoptada no es infundada o arbitraria, toda vez que al margen de que el precursor no comparta las reflexiones y consecuencias que el juzgador dedujo en el prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, aquella premisa f\u00e1ctica no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, puesto que responden a una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia y del material demostrativo recaudado, en tanto estableci\u00f3 y analiz\u00f3 de forma conjunta los escritos de 12 de mayo, 24 de julio de 2020 y del pasado 15 de febrero, presentados por Diana Azucena Castellanos Gonz\u00e1lez, donde denunci\u00f3 el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n por parte del accionante, sumado a la coherente evaluaci\u00f3n de los elementos probatorios que someti\u00f3 a valoraci\u00f3n, luego el estrado observ\u00f3 y sopes\u00f3 los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, algunos de estos incorporados en la audiencia de 3 de agosto de 2020, por ejemplo, el reporte de medicina legal, conversaciones de WhatsApp, videos y los descargos del actor. <\/p>\n
En consecuencia, queda excluida la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional, ya que como ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-2021 entre otras). <\/p>\n
Ahora bien, frente al reparo relacionado con la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que el libelista alude como imposibilidad para sufragar la multa irrogada, tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad por cuanto no obra medio alguno en el dossier que acredite que haya elevado petici\u00f3n ante las autoridades convocadas para obtener una resoluci\u00f3n expresa sobre ese t\u00f3pico, conducta que entra\u00f1a entonces un intento por desde\u00f1ar o eludir el poder decisorio del juzgador cognoscente. <\/p>\n
En ese sentido la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones… que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado en STC3512-2015, 26 mar. 2015). <\/p>\n
Finalmente, respecto a la equivocaci\u00f3n en la denominaci\u00f3n de la Comisar\u00eda en la parte resolutiva del prove\u00eddo atacado, este yerro carece de la trascendencia necesaria para tener eco por cuanto no afecta su validez y eficacia, en tanto constituye un simple lapsus que puede enmendarse de oficio o por petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
En gran s\u00edntesis, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el prove\u00eddo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6888-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC6888-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2021-00052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de mayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}