STC6994-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6994-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01753-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gilberto Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso coercitivo que promovi\u00f3 contra Rafael Antonio Romero Herrera, Luis Eduardo Ramos Villalobos e Inversiones Gr\u00e1ficas Digitales S.A.S., con radicado No. 2019-00080-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, \u00abno ejecutar el auto de 18 de mayo de 2021, durante el t\u00e9rmino que dure el estudio de la presente acci\u00f3n de tutela [y] se ordene reconocer los intereses pactados y desconocidos por las accionadas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, aduce en compendio que para la venta de 50 parqueaderos que hizo el 2 de abril de 2012 a Inversiones Gr\u00e1ficas Digitales S.A.S., la compradora a trav\u00e9s de su representante legal Rafael Antonio Romero Herrera y Luis Eduardo Ramos Villalobos, firmaron a favor de Sandra Dufay Gonz\u00e1lez un pagar\u00e9 por $200\u00b4000.000.oo con vencimiento el 1\u00ba. de febrero de 2013, cuyo pago garantizaron con hipoteca a favor de \u00e9sta sobre los bienes vendidos, por lo que los inmuebles fueron entregados el 25 de abril de 2012, y el d\u00eda 28 siguiente Sandra Dufay Gonz\u00e1lez le endos\u00f3 el t\u00edtulo valor. <\/p>\n
Sostiene que el 16 de enero de 2017 acord\u00f3 mediante acta suscrita con los deudores, que al d\u00eda siguiente \u00e9l levantar\u00eda la hipoteca y ellos le entregar\u00edan un cheque de gerencia por $190\u00b4000.000,oo con que cubrir\u00edan la mayor\u00eda del capital adeudado; no obstante, si bien se le entreg\u00f3 esa suma, faltaron $10\u00b4000.000 del precio de venta, y Luis Eduardo Ramos no le pag\u00f3 los intereses sobre el total del mismo, que se acord\u00f3 se calcular\u00edan a una tasa del 2.78% mensual desde abril de 2015 al 16 de enero de 2017, motivo por el cual promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n referida, la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
Narra que tras agotarse el tr\u00e1mite legal de rigor, el 23 de marzo de 2019 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n s\u00f3lo por el saldo de capital, es decir, $10\u00b4000.000,oo mas no por los intereses sobre el capital inicial adeudado ($200\u00b4000.000,oo), bajo el argumento que en la aludida acta se hab\u00eda acordado que era sobre la suma de $190\u00b4000.000.oo se subsum\u00edan esos r\u00e9ditos, lo cual, dice, no es cierto, por lo que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, pero fue confirmada el 3 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Finalmente asegura, que para procurar el cobro de los intereses, present\u00f3 una demanda acumulada ante el a quo, quien la inadmiti\u00f3 argumentando la existencia de cosa juzgada, por lo que mediante auto del 18 de mayo pasado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y la devoluci\u00f3n de los dineros sobrantes a los ejecutados, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 2 de junio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3, que all\u00ed curs\u00f3 la referida ejecuci\u00f3n, en la cual se dict\u00f3 sentencia de primera instancia el 23 de agosto de 2019, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 \u00edntegramente el 3 de noviembre de 2020 el Superior, por lo que al estarse a lo resuelto por \u00e9ste, el 25 de marzo de los corrientes neg\u00f3 el mandamiento de pago que el aqu\u00ed interesado solicit\u00f3 mediante demanda acumulada, decisi\u00f3n que \u00e9ste no atac\u00f3 a trav\u00e9s de ning\u00fan recurso. <\/p>\n
b). La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, pidi\u00f3 denegar la salvaguarda por incumplir con el requisito de la inmediatez, ya que han transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde que emiti\u00f3 la precitada providencia, y, en todo caso, porque lo decidido no result\u00f3 de su arbitrio. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como requisito de procedibilidad a cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Gilberto Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, i) la sentencia emitida el 3 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con que se mantuvo la decisi\u00f3n tomada el 23 de agosto de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, de seguir adelante parcialmente con la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 contra Rafael Antonio Romero Herrera y otros; y, ii) el auto del 25 de marzo de 2021 del prenombrado estrado, con que se le neg\u00f3 la ejecuci\u00f3n acumulada que solicit\u00f3 dentro del mismo decurso, pues en su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia f\u00e1ctico al desconocer que los deudores se hab\u00edan obligado a pagar los intereses de mora solicitados en la demanda principal, y despu\u00e9s en la acumulada. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada respecto de lo fallado dentro del precitado litigio por los estrados accionados, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Se observa que la sentencia que agot\u00f3 la segunda instancia al interior de la ejecuci\u00f3n endilgada, data del 3 de noviembre de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 27 de mayo del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, una vez revisado el contenido del preanotado fallo, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 consider\u00f3, que ameritaba seguir adelante con el cobro en la forma que lo dispuso el juez cognoscente, esto es, sin incluir los intereses de mora reclamados en la demanda, porque si bien \u00abel apelante aboba que la jueza a quo determin\u00f3 que del periodo comprendido entre el 02\/02\/2013 al 17\/01\/2017, los intereses de mora se entend\u00edan satisfechos, toda vez que el acreedor recibi\u00f3 $190\u00b4000.000 por concepto de capital y ninguna manifestaci\u00f3n en contrario efectu\u00f3, por lo que se presum\u00eda que el pacto no reconoc\u00eda la existencia de ellos\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa inconformidad, se precis\u00f3 que \u00abpese a que, en efecto, en el pagar\u00e9 base del cobro se acord\u00f3 la fluctuaci\u00f3n de intereses moratorios y la obligaci\u00f3n se tornaba exigible el 01\/02\/2013, se podr\u00eda inferir que hubo causaci\u00f3n de los mismos; sin embargo y en contra de la tesis del recurrente, en el instante en que se efectu\u00f3 el pago de $190\u00b4000.000 con el prop\u00f3sito de \u201ccancelar el capital\u201d no se dej\u00f3 ninguna adenda u observaci\u00f3n en torno al pago de intereses moratorios, por lo que el entendimiento dado por el a quo de no calificar como confesi\u00f3n el contenido del hecho 8 de la demanda porque fue expresado por quien no le es adverso el hecho, es correcto; adem\u00e1s que se acompasa con el contenido del art. 1653 del C.C. \u201c(\u2026) si se deben capital e intereses, el pago se imputar\u00e1 primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute el capital (\u2026) Si el acreedor otorga carta de pago del capital, sin mencionar los intereses, se presumen \u00e9stos pagados\u201d. <\/p>\n
En el hecho sexto de la demanda, el hoy recurrente cit\u00f3 el acta suscrita por las parte para ajustar el pago de la deuda, en la que se expresa que con los $190\u00b4000.000 que recib\u00eda el hoy ejecutante, se cancelaba el capital de la deuda pendiente; de modo que, el acreedor, seg\u00fan su propio dicho, consinti\u00f3 en que tal pago refer\u00eda al capital de la deuda sin hacer menci\u00f3n alguna a intereses, aspecto que se ratifica con el levantamiento de la hipoteca antes mencionada en el que se indic\u00f3 que fueron saldadas todas las obligaciones que ocasionaron el gravamen real (fls. 73 a 79). <\/p>\n
Por \u00faltimo, si bien el mencionado art\u00edculo habla de una \u201ccarta de pago\u201d, su acertada interpretaci\u00f3n no puede limitarse a que solo tendr\u00e1n validez los documentos que as\u00ed se titulen, sino todo acto que permita determinar que el acreedor dio pro v\u00e1lida la liberaci\u00f3n de todo o parte del cr\u00e9dito y en el sub examine, as\u00ed se logr\u00f3 verificar por lo que tampoco tendr\u00e1 \u00e9xito el reparo\u00bb. <\/p>\n
De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de los medios de prueba y el razonable entendimiento de la normativa sustancial y procesal aplicable, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y la valoraci\u00f3n probatoria realizados por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso de manera fundada los motivos por los cuales no era viable continuar con el cobro de los intereses reclamados en la demanda, al haberse constatado su inexigibilidad, pues \u00e9sta s\u00f3lo se soport\u00f3 en $10.000.00,oo y aqu\u00e9llos en el monto inicial de capital por el que se realiz\u00f3 el negocio $200.000.000,oo, postura que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, de cara a la segunda inconformidad expuesta por el promotor de la tutela, atinente a que el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 debi\u00f3 librar el mandamiento de pago que solicit\u00f3 mediante demanda acumulada, para procurar el cobro de los tantas veces mencionados intereses de mora, no cabe duda para la Sala que lo pretendido est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque el aqu\u00ed interesado ha debido atacar el auto del 25 de marzo de 2021, con que el mentado estrado neg\u00f3 emitir la orden de apremio acumulada, mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, conforme lo autorizan los art\u00edculos 318 y el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 321, ambos del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismos id\u00f3neos para exponer la inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria, postura sobre la cual la Sala ha reiterado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC306-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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