STC6997-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6997-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01764-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ronald Floriano Escobar contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la Fiscal\u00eda 53 delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el juicio penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicita el accionante la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb y a los \u00abprincipios de legalidad penal y tipicidad\u00bb, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, con las sentencias pronunciadas en ambas instancias en el marco del procedimiento penal que en su contra se adelant\u00f3 por el delito de prevaricato por acci\u00f3n agravado. <\/p>\n
Por tal motivo pretende, en concreto, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, \u00abdict[ar] sentencia donde se haga la valoraci\u00f3n de la totalidad de la prueba obrante en el proceso, atendiendo los criterios constitucionales y legales predominantes en el an\u00e1lisis para el mecanismo sustitutivo de prisi\u00f3n domiciliaria frente a la determinaci\u00f3n de la condici\u00f3n de madre o padre cabeza de familia, adem\u00e1s del factor subjetivo, valoraciones necesarias para el juicio de ponderaci\u00f3n constitucional – test de proporcionalidad en clave del inter\u00e9s superior de los menores y de esta manera determinar si la providencia del 12 de diciembre de 2013, resulta manifiestamente contraria a la ley o, contrario sensu, el examen jur\u00eddico y probatorio adelantado resulta razonable constitucionalmente atendiendo la integridad de la prueba, lo que permitir\u00eda avizorar leg\u00edtimamente la tipicidad o atipicidad objetiva de la conducta a [\u00e9l] endilgada, como componente del principio de legalidad penal que integra el debido proceso que reclamo vulnerado\u00bb. <\/p>\n
2. Para cimentar tal pedimento, y luego de hacer una copiosa narraci\u00f3n de varios de los hechos acaecidos alrededor del asunto que dirigi\u00f3 como Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad en Descongesti\u00f3n del Distrito Judicial de Villavicencio, luego de ser acusado del punible de prevaricato por acci\u00f3n agravado, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto sub examine, que el 26 de junio de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio dict\u00f3 sentencia condenatoria en su contra, imponi\u00e9ndole la pena principal de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, luego de estimar que la providencia por \u00e9l pronunciada en la calidad antedicha el 12 de diciembre de 2013, y a trav\u00e9s de la cual concedi\u00f3 el beneficio de detenci\u00f3n domiciliaria al procesado Hern\u00e1n Dario Giraldo Gaviria, \u00abera manifiestamente contraria a la ley\u00bb. <\/p>\n
Que as\u00ed las cosas, dice, apel\u00f3 tal decisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que en sentencia del 4 de abril hoga\u00f1o la confirm\u00f3 \u00edntegramente, luego de se\u00f1alar, en \u00faltimas, que \u00abindependientemente que se tenga o no probada la calidad de padre cabeza de familia de HERN\u00c1N DAR\u00cdO GIRALDO GAVIRIA, la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2013 es manifiestamente contraria a la ley porque se desconoci\u00f3 el requisito objetivo establecido en la Ley 750 de 2002 que proscribe la procedencia de la prisi\u00f3n domiciliaria a las madres o padres cabeza de familia condenadas (os) por el delito de homicidio, circunstancia presente en el asunto resuelto por el suscrito\u00bb, argumentaci\u00f3n que, asegura, no se encuentra ajustada a derecho, \u00abporque si bien esa Sala en comienzo consider\u00f3 que era procedente la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n por prisi\u00f3n domiciliaria con fundamento en la Ley 750 de 2002 aun para los delitos all\u00ed excluidos del beneficio, es decir que era viable su otorgamiento sin atender la naturaleza de los delitos endilgados, desde el a\u00f1o 2011 hab\u00eda modificado esta postura jurisprudencial manteniendo de all\u00ed en adelante una posici\u00f3n uniforme, que la prohibici\u00f3n era un requisito legal que no pod\u00eda ser ignorado\u00bb, circunstancias las anteriores por las que acude a la presente v\u00eda excepcional, por no contra con otra mecanismo de defensa. <\/p>\n
3. El 4 de junio de la anualidad que avanza se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Secretaria de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Villavicencio inform\u00f3, que \u00abrevisada la base de datos y la correspondencia recibida de la Secretar\u00eda de los \u00faltimos tres (3) meses, el proceso de la referencia no se ha llegado a esta Corporaci\u00f3n proveniente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, consultado el radicado de la referencia en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, en el link de consulta de procesos\/Sala de Casaci\u00f3n Penal\/Corte Suprema de Justicia, existe una anotaci\u00f3n que dice que el proceso de la referencia fue remitido por correo f\u00edsico a este Tribunal el pasado cuatro (4) de junio hoga\u00f1o. Se insiste, que el proceso no ha sido recibido por esta Secretar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal puso de presente, que como \u00abla tutela hace referencia a ciertos asuntos que deben ser consultados directamente en el proceso, [se] permit[e] remitirlo a esa coordinaci\u00f3n para quien intervino en el tr\u00e1mite del asunto, estudie la posibilidad de emitir concepto\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han adoptado para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En caso objeto de an\u00e1lisis, el se\u00f1or Ronald Floriano Escobar se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n dictada en sede de apelaci\u00f3n el pasado 14 de abril por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual, se confirm\u00f3 el fallo de primer grado condenatorio, pronunciado el 26 de junio de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
3. Sin embargo, para la Corte no hay lugar a conceder la protecci\u00f3n solicitada, comoquiera que en la providencia cuestionada la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, efectu\u00f3 un razonamiento que no amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, por cuanto se soport\u00f3 en una atendible aplicaci\u00f3n de la normatividad adjetiva y sustantiva aplicable al asunto, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Empez\u00f3 el ad quem por abordar el estudio de la nulidad invocada por el abogado defensor, la cual se fund\u00f3 en las supuestas irregularidades ocurridas al momento de conformarse la Sala de Decisi\u00f3n que conoci\u00f3 del asunto en primer grado, frente a lo cual expuso, que sobre esa misma tem\u00e1tica \u00abse ha pronunciado en repetidas oportunidades sobre los casos en que se presenta cambio de juez en el curso del juicio oral y el funcionario judicial que emite el sentido de fallo o dicta la sentencia en primera instancia no es por tanto el mismo que presenci\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas, as\u00ed como su incidencia frente a los principios del debido proceso, inmediaci\u00f3n y juez natural. <\/p>\n
En un primer momento, la jurisprudencia opt\u00f3 por acoger una regla r\u00edgida en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 454 de la Ley 906 de 2004, que propend\u00eda por la repetici\u00f3n de las audiencias, o inclusive, la declaratoria de nulidad como consecuencia del cambio de juez durante alguna de las etapas del juicio. <\/p>\n
Luego, a partir de la decisi\u00f3n SP, de 12 diciembre de 2012, dentro del radicado 38512, la Sala abandon\u00f3 esta interpretaci\u00f3n, para sostener que el principio de inmediaci\u00f3n no es absoluto y que su limitaci\u00f3n o afectaci\u00f3n solo permea de nulidad la actuaci\u00f3n, por v\u00eda excepcional, cuando se demuestran graves afectaciones a las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
Este nuevo enfoque, vigente en la actualidad, precisa que los principios de inmediaci\u00f3n y concentraci\u00f3n se preservan en la medida que se cumplan a cabalidad las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y confrontaci\u00f3n probatoria para las partes e intervinientes, mediante el empleo de los medios tecnol\u00f3gicos que permitan la fiel reproducci\u00f3n de las pruebas practicadas en el juicio\u00bb <\/p>\n
Que, adem\u00e1s, \u00ab[e]n la misma direcci\u00f3n, la Sala ha sostenido que si el contenido objetivo de la prueba documental, testimonial o pericial, puede reproducirse por cualquier medio, sin que resulte indispensable la aprehensi\u00f3n directa de factores circunstanciales ocurridos en la audiencia, cuya observaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n \u00fanicamente pudo ser percibida por el juez que presidi\u00f3 la pr\u00e1ctica probatoria, no se justifica retrotraer la actuaci\u00f3n para que el juez que emite la sentencia sea el mismo ante quien se practique la prueba. <\/p>\n
La decisi\u00f3n en cita tambi\u00e9n reevalu\u00f3 la tesis, seg\u00fan la cual, el cambio de funcionario ante quien se practic\u00f3 la prueba determina una afectaci\u00f3n al principio de juez natural, pues dicho principio \u00abposee una jerarqu\u00eda constitucional mucho mayor al de inmediaci\u00f3n\u00bb, y hace alusi\u00f3n a las calidades de la persona y la competencia previamente establecidas en la ley. <\/p>\n
Sobre el anuncio del sentido del fallo, se precis\u00f3 que vincula al funcionario que lo profiere, puesto que conforma una unidad tem\u00e1tica inescindible con la sentencia. No obstante, cuando un juez distinto de quien anunci\u00f3 el sentido del fallo debe dictar sentencia, estar\u00eda facultado para anular dicho acto, siempre y cuando, luego de valorar aut\u00f3noma y libremente las pruebas, determina su incorrecci\u00f3n sustancial, \u00abde suerte que, para preservar la congruencia y coherencia exigidas de uno y otro acto, se hace necesario dejar el primero sin efectos\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 \u00abque (i) durante la pr\u00e1ctica probatoria la Sala mayoritaria -dos de tres- mantuvo su misma composici\u00f3n, quienes fueron los encargados de anunciar el sentido del fallo condenatorio en este proceso. Adicionalmente, que (ii) la composici\u00f3n de la Sala que anunci\u00f3 el sentido del fallo vari\u00f3 respecto de los magistrados que suscribieron la sentencia de primera instancia, integrada en su mayor\u00eda por conjueces -dos de tres-. <\/p>\n
En cuanto al primer aspecto, los cuestionamientos del recurrente devienen infundados, porque la mayor\u00eda de sus integrantes presenciaron la pr\u00e1ctica probatoria y anunciaron el sentido del fallo condenatorio, sin alteraci\u00f3n significativa en su composici\u00f3n, que exija analizar la presunta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales que se alegan en el recurso. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el segundo, es claro que hubo variaci\u00f3n entre la Sala que anunci\u00f3 el sentido del fallo y la que finalmente profiri\u00f3 la decisi\u00f3n judicial. Pero, aun as\u00ed, esta situaci\u00f3n no constituye por s\u00ed mismo causal de anulaci\u00f3n del proceso, como lo solicita el apoderado de la defensa, puesto que, para su declaraci\u00f3n, se requiere que sea trascendente, es decir, que reporte afectaci\u00f3n real de derechos y garant\u00edas, por desconocimiento manifiesto del principio de inmediaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con los criterios expuestos por la Sala, el principio de inmediaci\u00f3n no es absoluto, se suple en la medida que el nuevo juzgador cuente con las herramientas tecnol\u00f3gicas para examinar directamente la prueba, al igual que con el aseguramiento de las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y confrontaci\u00f3n, y la apreciaci\u00f3n integral del contenido objetivo de la prueba, sin que resulte indispensable la observaci\u00f3n directa de factores circunstanciales ocurridos en la audiencia. <\/p>\n
A la presente actuaci\u00f3n fueron incorporados un total de 46 documentos estipulados por las partes -30 de la Fiscal\u00eda y 16 de la defensa-, lo que convinieron ingresar uno a uno en la audiencia de juicio oral, inclusive, con lecturas de los apartados que para ellos resultaban relevantes de cara a su teor\u00eda del caso. No se present\u00f3 oposici\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con su contenido ni su autenticidad, y obran para consulta en las carpetas del proceso. <\/p>\n
Y en cuanto a los testigos de la defensa que declararon en juicio (Hern\u00e1n Dar\u00edo Giraldo Gaviria, Ricardo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Zambrano, Luz Adriana Berm\u00fadez Chica, y el testimonio del procesado Ronald Floriano Escobar), de los registros de audio y video no se advierte que exista alg\u00fan tipo de irregularidad que impida examinar sus contenidos adecuadamente, o que su pr\u00e1ctica sea incompatible con las herramientas virtuales. Tampoco el recurrente acredit\u00f3 alguna de estas circunstancias. <\/p>\n
Lo que se evidencia en relaci\u00f3n con la prueba documental y testimonial, es que quienes conformaron la Sala de Decisi\u00f3n contaron con las herramientas suficientes y necesarias para conocer y valorar sus contenidos, y que en relaci\u00f3n con ellos se cumplieron las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y confrontaci\u00f3n\u00bb, no sin antes dejar en claro, que \u00abque al momento de conformarse la Sala de Decisi\u00f3n que dict\u00f3 la sentencia de primera instancia, luego de haberse anunciado el sentido del fallo, sus nuevos integrantes estaban habilitados para proferir la sentencia, como ocurri\u00f3, o retrotraer la actuaci\u00f3n a fin de emitir un nuevo sentido de fallo, en los t\u00e9rminos expuestos p\u00e1rrafos atr\u00e1s. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de optar por proferir fallo, acogiendo el sentido ya emitido, se enmarca en el ejercicio de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. El recurrente no alleg\u00f3 informaci\u00f3n que conduzca a concluir lo contrario, y el tiempo transcurrido entre la conformaci\u00f3n de la Sala (28 de agosto de 2018) y cuando fue proferida la sentencia de primera instancia (26 de junio de 2019), se aprecia m\u00e1s que razonable para que hayan adelantado la labor de apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n las pruebas, discutir la decisi\u00f3n y suscribirla\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, ya descendiendo a los reparos efectuados como cimiento de la alzada, y luego de hacer alusi\u00f3n al elemento objetivo de la conducta punible endilgada al quejoso, prevaricato por acci\u00f3n, as\u00ed como a las pruebas recaudadas en primera instancia, advirti\u00f3 que \u00abcuando Floriano Escobar profiri\u00f3 la decisi\u00f3n acusada de prevaricadora, el 12 de diciembre de 2013, no se encontraba vigente la l\u00ednea jurisprudencial que habilitaba la concesi\u00f3n del mecanismo de sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n por la domiciliaria acreditando la sola condici\u00f3n de madre o padre cabeza de familia. Aun as\u00ed, dicha tesis fue un argumento reiterativo durante la pr\u00e1ctica probatoria del juicio oral, incluyendo la declaraci\u00f3n del procesado\u00bb. <\/p>\n
Y que, \u00abdesde la fecha que se registr\u00f3 el cambio de interpretaci\u00f3n (CSJ SP, 22 jun. 2011, rad. 35943), hasta el 12 de diciembre de 2013, cuando el funcionario judicial adopt\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, la Corte ilustr\u00f3 sobre la variaci\u00f3n jurisprudencial en reiterados pronunciamientos, entre otros, en CSJ SP dic. 12 de 2012, rad. 37751; AP dic. 12 de 2012, rad. 39641; AP feb. 20 de 2013, rad. 40399 y AP oct. 9 de 2013, rad. 40895, sin que se prestara o existieran interpretaciones diversas, como lo afirma el recurrente en el recurso. <\/p>\n
Si bien el acusado cit\u00f3 en el referido auto las sentencias de la Corte Constitucional C-318\/08, C-425\/08 y C-904\/08, donde se estudi\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, que regla la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva cuando la persona imputada o acusada es madre o padre cabeza de familia -entre otros casos-, de ninguna manera dejan de lado el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, como la comparecencia del imputado o acusado al proceso, la preservaci\u00f3n de la prueba y la protecci\u00f3n de la comunidad, en especial de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Las referidas disposiciones sobre sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva, distan de las contempladas en la Ley 750 de 2002, que regula espec\u00edficamente la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n en establecimiento carcelario por el lugar de residencia de madres y padres cabeza de familia, que exigen, como ya se dijo, en el marco de la interpretaci\u00f3n jurisprudencial vigente, el concurso de la totalidad de sus requisitos y no solo la referida a la condici\u00f3n familiar, como err\u00f3neamente lo ha venido asegurando la defensa t\u00e9cnica y material en este asunto\u00bb (negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
3.3. Y en punto del elemento subjetivo de la conducta, que refiere a que la decisi\u00f3n reprochada se hubiere adoptado con conocimiento actual y efectivo de los hechos constitutivos de la infracci\u00f3n penal y con voluntad de realizaci\u00f3n, ultim\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que de los medios de convicci\u00f3n recaudados, dable era afirmar, que <\/p>\n
\u00abcualquier interprete, con menor experiencia y cualidades acad\u00e9micas del procesado, entender\u00eda, a partir del contexto de la norma examinada por la Corte Constitucional, la ratio decidendi y la modulaci\u00f3n efectuada, que era imprescindible la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta con sujeci\u00f3n a lo declarado en la sentencia, y que esto no descartaba la exigencia de sujeci\u00f3n a las normas que regulan la procedencia del instituto, es decir, las prohibiciones concretas establecidas por el legislador. <\/p>\n
De lo expuesto resulta concluyente que Floriano Escobar, no obstante conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional, enfoc\u00f3 su an\u00e1lisis en el argumento, descontextualizado, que sustentaba su tesis de que al juez de ejecuci\u00f3n de penas le estaba \u00abvedado\u00bb pronunciarse sobre la gravedad de la conducta, afirmaci\u00f3n a todas luces alejada de la realidad\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, como las deducciones efectuadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la apelaci\u00f3n propuesta por la defensa de Ronald Floriano Escobar, se insiste, son razonables y producto de una respetable interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al asunto, ello impide sostener, entonces, que se haya configurado alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, pues lo cierto es que luego del desarrollo jurisprudencial surgido al respecto, se tiene que para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria por la condici\u00f3n de padre o madre cabeza de familia, resulta obligatorio valorar la naturaleza y gravedad del delito objeto de condena, adem\u00e1s del peligro que el condenado reviste no solo para la sociedad, sino para las personas con las que convivir\u00eda en caso de acceder a tal beneficio, ello, en atenci\u00f3n a la gravedad de la conducta por la que fue procesado, como por ejemplo, la de homicidio, punible del que fue hallado responsable el sujeto a quien el tutelante, en calidad de juez de ejecuci\u00f3n y vigilancia de la pena, concedi\u00f3 tal prerrogativa, en total desconocimiento de lo preceptuado en el canon 1\u00ba de la Ley 750 de 2002. <\/p>\n
Y es que queda claro que lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
De ah\u00ed que, a la saz\u00f3n, no pueda intervenir el juez constitucional para invalidar o modificar lo resuelto, con independencia de si pudiera existir otra postura que lograra tenerse como v\u00e1lida, ello teniendo en cuenta el respecto que debe guardarse por el criterio que adopte la autoridad cognoscente del proceso. <\/p>\n
5. En consecuencia, las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para desestimar el amparo pretendido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC6997-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC6997-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01764-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ronald Floriano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}