STC6998-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6998-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01791-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Saulo Arboleda G\u00f3mez le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo N\u00ba 15273. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abdoble conformidad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00abtomar las medidas necesarias para que a la brevedad posible pueda interponer [la impugnaci\u00f3n especial y] obtener una revisi\u00f3n de su sentencia condenatoria (\u2026), en cumplimiento al art\u00edculo 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que en sentencia de \u00fanica instancia dictada por la Colegiatura enjuiciada (25 oct. 2000), fue condenado, en calidad de ex Ministro, a la pena principal de 54 meses de prisi\u00f3n y multa de 15 S.M.M.L.V., como autor del delito de \u201cinter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos\u201d, raz\u00f3n por la cual el 27 de enero de 2021 pidi\u00f3 se le concediera el \u201cderecho\u201d a \u201cimpugnar\u201d dicho veredicto, en virtud de la \u201c(\u2026) recomendaci\u00f3n efectuada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en los t\u00e9rminos del informe 326\/20 (\u2026)\u201d; no obstante, la Corporaci\u00f3n cuestionada lo neg\u00f3 por \u201cimprocedente\u201d (3 mar.) y mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n al solventar el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 frente a la misma (5 may.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en su caso, \u201c(\u2026) jam\u00e1s cont\u00f3 con el recurso de apelaci\u00f3n y\/o el derecho a la doble conformidad (\u2026)\u201d por tratarse de un juicio de \u201c\u00fanica instancia\u201d, de manera que disiente de los par\u00e1metros establecidos por la Corte Constitucional, acopiados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal para otorgar el referido privilegio, cuando son \u201cest\u00e1ndares\u201d que no reflejan el \u201calcance\u201d previsto en el instrumento internacional, en \u201csentido estricto y vinculante para el Estado Colombiano\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, refulge ostensible que el ruego tuitivo no puede salir avante, porque el prove\u00eddo expedido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (5 may. 2021), mediante el cual ratific\u00f3 la negativa de restringirle al quejoso la posibilidad de recurrir la directiva que lo conden\u00f3 en \u201c\u00fanica instancia\u201d, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, precis\u00f3 que la \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d anhelada por Saulo Arboleda G\u00f3mez, era \u201cabiertamente inadmisible\u201d toda vez que, en el precedente establecido por la Corte Constitucional, unificado en la Sentencia SU 146 de 2020, \u201cfij\u00f3 los l\u00edmites temporales [para que] oper[e] la mencionada prerrogativa\u201d y, all\u00ed, determin\u00f3 que \u201cno son procedentes las impugnaciones promovidas contra las condenas de \u00fanica instancia proferidas antes del 30 de enero de 2014\u201d. De manera que, <\/p>\n
\u00absolo a partir de ese momento es posible afirmar que en el sistema regional vinculado por la Convenci\u00f3n Interamericana de derechos Humanos existe una verdadera posici\u00f3n de derecho que se adscribe al art\u00edculo 8.2.h. de la Convenci\u00f3n, seg\u00fan la cual se exige un mecanismo amplio e integral como garant\u00eda del bien fundamental a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 entonces, que acceder a lo suplicado por el procesado, implicaba per se \u201cdesconocer\u201d lo cavilado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n \u201cconstitucional\u201d, quien, \u201ccon apoyo en los instrumentos convencionales, legales y jurisprudenciales, suficientemente explicados en el respectivo pronunciamiento\u201d, fij\u00f3 los \u201cpar\u00e1metros\u201d para ejercer de forma ampl\u00eda el \u201cderecho a la defensa y contradicci\u00f3n\u201d frente a la \u201ccondena\u201d, a trav\u00e9s de un recurso ordinario, sencillo y eficaz como lo es la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d. <\/p>\n
Aunado a ello, reliev\u00f3 que el minucioso estudio realizado por la Corte Constitucional \u201cconstituye un imperativo para las autoridades judiciales\u201d, por cuanto, de un lado, es la encargada de \u201csalvaguardar la supremac\u00eda e integridad de la Constituci\u00f3n\u201d y, de otro, tiene \u201cnaturaleza erga omnes\u201d. <\/p>\n
2.- Bajo ese entendimiento, ning\u00fan desatino puede atribu\u00edrsele al censurado auto, pues no solo se ajusta a las directrices, sino que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos que sosten\u00edan el especial remedio que intent\u00f3 el ex Ministro a la luz de los lineamientos \u201cjurisprudenciales\u201d existentes sobre la materia. <\/p>\n
Al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de los mandatos ya se\u00f1alados, avalada por el contexto particular que revelaba el paginario e incluso por lo que ha establecido esta Magistratura, en casos de similares contornos, donde advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Sala mirando la cuesti\u00f3n, ha venido persistentemente otorgando amparos sin discriminar aforados y no aforados, salvo algunas excepciones, con apoyo en la C-792 de 2014, decisi\u00f3n que compeli\u00f3 la expedici\u00f3n del Acto Legislativo n\u00ba 1 de enero 18 de 2018. La Corte constitucional, en el asunto Arias Leiva, lo hace ahora, desde el caso del 30 de enero de 2014, de Liakat Ali Alibux vs. Suriname. <\/p>\n
\u201cLa Sala, en coherencia con el ordenamiento Nacional, considera prudente dar eficacia a la vigencia de la garant\u00eda desde la fecha cuando se dict\u00f3 la sentencia C-792 de 2104, por cuanto, al analizar diferentes decisiones de la Corte Interamericana, hubo casos anteriores al de Liakat Ali Alibux, donde el mismo organismo protegi\u00f3 la garant\u00eda en cuesti\u00f3n, los cuales corresponden a fechas anteriores a la seleccionada por la Corte Constitucional local. <\/p>\n
\u201cJustamente, cual atr\u00e1s se record\u00f3, hubo un precedente interamericano, con m\u00e1s de una d\u00e9cada de antelaci\u00f3n, consistente en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que se decidi\u00f3 el 2 de julio de 2004, posteriormente, hubo algunos otros. Luego, en esas condiciones, la data 30 de enero de 2014 del caso Liakat, aunque justificada en el pensamiento de la hom\u00f3loga constitucional, deviene casual y deleznable en la b\u00fasqueda de un criterio estable para esta Sala, porque bien podr\u00eda haber sido otro juicio diferente, el baremo para la aplicaci\u00f3n de la doble conformidad jur\u00eddica (\u2026)\u201d,(STC1008-2021). <\/p>\n
En otras palabras, si se atendiera a la fecha definida por esta Sala para conceder asuntos de este linaje, ocurrir\u00eda cosa semejante, comoquiera que \u00absean aforados o no, (\u2026) considera prudente aplicar la garant\u00eda desde la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), y no desde el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), data del caso interamericano Liakat Al\u00ed Alibux\u00bb (STC1008-2021). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
3.- Ergo, surge inviable el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela solicitada por Saulo Arboleda G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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