STC7013-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7013-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Diana Maritza Casta\u00f1o L\u00f3pez le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, extensiva a los participantes en el consecutivo n\u00b0 2018-00035. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La querellante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, \u00abse ordene al accionado seguir adelante con las etapas procesales pendientes para poder lograr de este modo una decisi\u00f3n de fondo que ponga fin al proceso jurisdiccional que se adelanta en dicha judicatura\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de ello, se\u00f1al\u00f3 que el estrado censurado \u00abmantiene una dilaci\u00f3n injustificada\u00bb en el tr\u00e1mite del juicio de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa interpuesto contra Pablo Alexander Pel\u00e1ez Rodr\u00edguez, toda vez que \u00abdesde que se tuvo por notificado por aviso al demandado el 18 de diciembre de 2019 el asunto se estac\u00f3 y pese a que ha radicado escritos de impulso el 26 de febrero de 2020, 22 de enero y 25 de marzo de 2021, no ha encontrado soluci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En su criterio \u00abtal demora\u00bb afecta sus prerrogativas esenciales, pues \u00abla no resoluci\u00f3n en forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por parte de este genera violaci\u00f3n al debido proceso, m\u00e1xime que, en este caso, la judicatura accionada no ha dado curso alguno durante un periodo de casi 12 meses a las solicitudes rogadas, generando as\u00ed una par\u00e1lisis absoluta del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello se opuso al ruego, con cimiento en que \u00abla sentencia T-052 de 2018 atendiendo el principio del plazo razonable y acceso a la administraci\u00f3n de justicia en caso de mora injustificada dentro de un tr\u00e1mite judicial, mismo que desarroll\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se fij\u00f3 las medidas para determinar la razonabilidad del plazo; como es la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, requisitos que han sido reiterados en las sentencias T-230 de 2013 y T-186 de 2017, [olvidando] el apoderado de la accionante, que en los despachos judiciales se tramitan asuntos que tienen prelaci\u00f3n constitucional, como lo son los habeas corpus, acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento, adem\u00e1s que en algunos procesos judiciales existe prelaci\u00f3n legal como en los procesos ejecutivos con medidas cautelares (\u2026) el proceso objeto de esta acci\u00f3n constitucional no tiene ninguna de esas prelaciones, adem\u00e1s existen otros asuntos, m\u00e1s antiguos que el proceso de la accionante, por lo tanto debe continuar en la fila para darle tr\u00e1mite, no puede pretender la accionante, que se le d\u00e9 tr\u00e1mite preferente a su asunto, porque ha formulado una acci\u00f3n de tutela para tal fin\u00bb. <\/p>\n
De igual modo indic\u00f3 que \u00abla accionante dispone de otros medios de defensa judicial como son la vigilancia judicial administrativa contemplada en el Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aunado a que no se indic\u00f3 qu\u00e9 perjuicio irremediable se le causar\u00eda a la actora en caso de que no prosperara el amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a-quo concedi\u00f3 el amparo tras cavilar que \u00abno se avizora factor objetivo que de manera invencible le impidiera al juzgado atender sus deberes en debida forma, as\u00ed que, al no tener un origen justificado la tardanza en la que incurre el deprecado para adoptar la decisi\u00f3n subsiguiente en el desarrollo del proceso, se tiene por configurada la injustificada mora judicial, pues, en cabeza del juez pesa el deber de dirigir el proceso y velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, salvo que existan motivos que lo excusen y en este caso no se acreditaron\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a emitir la providencia que en derecho corresponda para la continuidad del proceso, con plena garant\u00eda de lo previsto en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico, para lo cual, si no lo ha hecho, deber\u00e1 la autoridad proceder previamente a organizar en debida forma los asuntos a su cargo\u00bb. <\/p>\n
El funcionario recriminado replic\u00f3 el veredicto con los mismos argumentos de su contestaci\u00f3n y agreg\u00f3 que \u00abel Tribunal no analiz\u00f3 la idoneidad y eficacia de la vigilancia judicial administrativa y no se analiz\u00f3 el posible perjuicio irremediable a que se ver\u00eda avocada la accionante (\u2026) se acude a la sentencia de unificaci\u00f3n 333 del 2020 MP Alberto Rojas R\u00edos, pero resulta, que esa sentencia hace alusi\u00f3n a una acci\u00f3n de tutela en contra de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz o Justicia Transicional, clase de justicia, que no es objeto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en la especialidad civil\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, se advierte con relativa facilidad que la determinaci\u00f3n de primera instancia debe ratificarse porque ninguno de los reparos del recurrente tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, en el plenario aparece acreditado que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello admiti\u00f3 la demanda presentada por la quejosa (19 feb. 2018), la cual se notific\u00f3 por aviso al extremo pasivo el 18 de diciembre de 2019 y despu\u00e9s de esta \u00faltima actuaci\u00f3n, ning\u00fan tr\u00e1mite ha surtido pese a que la actora en tres ocasiones pidi\u00f3 el impulso procesal (26 feb. 2020, 22 en. y 25 mar. 2021), sin obtener resultado alguno. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, num. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. De suerte que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada STC11505-2020). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, del sub examine emerge un evidente retraso, en la medida que pas\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y cinco meses sin que el despacho cognoscente haya siquiera explicado la raz\u00f3n de la espera, en detrimento de las expectativas de Casta\u00f1o L\u00f3pez quien ha demandado atenci\u00f3n a su caso en tres oportunidades sin respuesta alguna, adem\u00e1s de que la controversia (resoluci\u00f3n de contrato) no reviste un alto grado de complejidad para justificar el tiempo excesivo en inercia en el que ha permanecido el dossier, no siendo de recibo lo expuesto por el juez reprochado, en el sentido que la tutelante cuenta con la posibilidad de acudir a la vigilancia judicial administrativa, pues, olvida que al no impulsar debidamente el juicio a su cargo, tal proceder constituye una irregularidad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda, m\u00e1xime que \u00abla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u00bb (CC T-30\/05). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se advierte \u00abtraspi\u00e9\u00bb alguno del fallador constitucional de primer grado al referir en su providencia la sentencia SU-333 de 2020, puesto que all\u00ed se reiter\u00f3 el precedente supralegal contenido en las T-230 de 2013, SU-394 de 2016 y T-186 de 2017, en las cuales se explic\u00f3 que \u00abse presenta una mora judicial injustificada, si la misma i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; ii) no existe un motivo razonable que justifique la tardanza como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y iii) la misma es imputable a la falta de cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb, lo que sin duda sucede en este caso, cuyas caracter\u00edsticas particulares muestran una transgresi\u00f3n ius \u2013 fundamental producto del paso del tiempo sin obtener pronunciamiento frente a lo peticionado. <\/p>\n
2.- Corolario de lo expuesto, se impone la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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