STC7022-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7022-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00731-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 28 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Var\u00f3n Plata contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida \u00aben condiciones dignas\u00bb, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la seguridad social, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones dictadas dentro del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 frente al Instituto de Seguros Sociales ISS. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abDEJA[NDO] SIN EFECTO la sentencia\u00bb adiada 22 de octubre de 2019, y que, como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de esta Corte, \u00abconfirmar el fallo de primer grado\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que convivi\u00f3 \u00abdurante m\u00e1s de veintisiete (27) a\u00f1os\u00bb con Gloria Stella Chaves G\u00f3mez, quien falleci\u00f3 el 13 de noviembre de 2008, que \u00abdepend\u00eda econ\u00f3micamente\u00bb de ella, que es \u00abuna persona de la tercera edad, pues cuenta con 68 a\u00f1os de edad\u00bb, que \u00abno puede laborar\u00bb, y ,que la causante \u00abcotiz\u00f3 desde el 22 de julio de 1977 hasta el 30 de junio de 2007, un total de 736,59 semanas, de las cuales 624,85 lo fueron antes del 1\u00ba de abril de 1994\u00bb, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Dieciocho Laboral de la misma ciudad, que orden\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente a su favor. <\/p>\n
Indica que, aunque interpuso recurso de casaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues se ten\u00eda que aplicar el principio de \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb para el demandante, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, la Sala de Descongesti\u00f3n criticada no cas\u00f3 el fallo proferido por la citada Corporaci\u00f3n, circunstancia, que asegura, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4. de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte puntualiz\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues no solo, \u00ab[t]rat\u00e1ndose de pensi\u00f3n de sobrevivientes, la norma aplicable en principio, de conformidad con el mandato previsto en el art. 16 del CST, es la que se encuentra vigente al momento del deceso, para el caso, la Ley 797 de 2003, que en su art. 12 exige para dejar causado el derecho, que el asegurado o asegurada, cuenten con 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los 3 a\u00f1os anteriores al deceso. No obstante, en el asunto puesto a consideraci\u00f3n, la asegurada apenas cotiz\u00f3 6 semanas\u00bb, sino que, adem\u00e1s, en la decisi\u00f3n criticada \u00abse pas\u00f3 a analizar otra alternativa, con fundamento jurisprudencial, a partir de lo previsto en el art. 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, para establecer si se caus\u00f3 el derecho; se acudi\u00f3 al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, que permite, ante la existencia de dos normas, una vigente y una ya derogada, aplicar la \u00faltima, por ser m\u00e1s favorable. Sin embargo, una vez verificados los supuestos f\u00e1cticos presentes en el caso concreto, tampoco se pudo considerar la misma, atendiendo a que la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado que dicha aplicaci\u00f3n es posible, si el deceso ocurre entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006 (es decir, solo hasta 3 a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003), estableciendo al respecto lo que se ha denominado una \u00abzona de paso\u00bb (Sentencia CSJ SL4650-2017)\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 ,despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del proceso ordinario confutado, precis\u00f3 que \u00abel procedimiento seguido se ajust\u00f3 a la ley, se garantiz\u00f3 el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa a las partes en litigio, sin que se presentara vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de las mismas tal y como se desprende de las actuaciones adelantadas y referenciadas en el informe secretarial mencionado\u00bb. <\/p>\n
c. El apoderado judicial del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, administrado por la sociedad fiduciaria de desarrollo agropecuario \u2013Fiduagraria S.A., se\u00f1al\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad (ISS) perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
d. La Directora de Acciones Constituciones de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones manifest\u00f3, que el actor \u00abpretende el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes conforme el Decreto 758 de 1990 y en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; sin embargo, la causante (\u2026) falleci\u00f3 el 13 de noviembre de 2008, por fuera del l\u00edmite temporal establecido por la jurisprudencia laboral para la aplicaci\u00f3n del principio mencionado. As\u00ed mismo, no debe olvidarse que, conforme lo ha establecido el precedente de la (\u2026) Corte Suprema de Justicia (\u2026), no es procedente, bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, realizar la b\u00fasqueda indefinida de la normatividad que m\u00e1s le favorezca al solicitante, puesto que dicha posibilidad solo es posible con la legislaci\u00f3n inmediatamente anterior y, considerando que la afiliada falleci\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003 el estudio solo podr\u00eda ser posible con la Ley 100 de 1993 en su texto original\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar, en suma, que \u00abla decisi\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del demandante que, pretende que por v\u00eda de tutela se realice un juicio de valor diferente al efectuado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, convirtiendo la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela y en la que no existi\u00f3 la alegada afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
ONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Luis Eduardo Var\u00f3n Plata est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 22 de octubre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte, por medio del cual se dispuso \u00abNO CASA[R]\u00bb la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que a su vez dej\u00f3 sin valor ni efecto lo decidido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, \u00ababsolv[er] de todas las pretensiones\u00bb al demandado, dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente al Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, pues en su criterio, se incurri\u00f3 los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Sin embargo, extrae la Sala de la revisi\u00f3n del escrito tutelar, las documentales allegadas, y los informes presentados a las presentes diligencias, la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Se incumple con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, pues la determinaci\u00f3n que cerr\u00f3 el debate sobre la solicitud de restituci\u00f3n de tierras elevada por la gestora, data del 22 de octubre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 15 de abril de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin que pueda resultar de recibo el argumento expuesto por la inconforme en relaci\u00f3n a que la mora se ocasiona por sus percances de salud y la tardanza en Juzgado del conocimiento en la expedici\u00f3n de las copias del proceso, pues a m\u00e1s que desde el enteramiento de la decisi\u00f3n critica pod\u00eda acudir a solicitar la protecci\u00f3n rogada sin pre\u00e1mbulo alguno, dichas circunstancias, no tienen la suficiente identidad para pretermitir el aludido requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de dieciocho (18) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo que result\u00f3 contraria a los intereses del actor, sin que \u00e9ste solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir la aplicaci\u00f3n normativa, m\u00e1xime cuando en la decisi\u00f3n confutada, se analizaron los diferentes escenarios favorables para el actor, con el fin de acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a la luz del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin que en ninguno de ellos, cumpliera con los requisitos estipulados en cada uno de los reg\u00edmenes. <\/p>\n
3.2.1. T\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en los hechos, los medios de prueba existentes, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, que permitieron determinar que no hab\u00eda lugar al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente pretendida por el actor, pues advirti\u00f3 el ad quem advirti\u00f3 que \u00abno incurri\u00f3 en una infracci\u00f3n directa de los arts. 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, toda vez que, en efecto, en su decisi\u00f3n, los tuvo en cuenta, simplemente que consider\u00f3 que no eran aplicables al presente evento\u00bb, y en tal orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla disposici\u00f3n legal llamada a gobernar la definici\u00f3n de esa prestaci\u00f3n, es la que se encuentre en vigor para la fecha del deceso del causante\u00bb y ante la \u00abfalta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n trat\u00e1ndose de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, entre los reglamentos que ven\u00edan rigiendo antes y el Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993, se ha acu\u00f1ado jurisprudencialmente, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con fundamento en el art. 53 de la Constituci\u00f3n Nacional; en esa medida, en eventos como el presente, en que la afiliada fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin contar con la densidad de cotizaciones que exige esa norma, es viable que goce de dicha prerrogativa y adquiera el derecho conforme a la normativa anterior – art. 46 de la Ley 100 de 1993, solo si la muerte ocurri\u00f3 entre el 29 de enero de 2003 y la misma fecha de 2006, supuesto que no se configura en este evento, debido a que la se\u00f1ora Chaves G\u00f3mez falleci\u00f3 el 13 de noviembre de 2008; tal postura qued\u00f3 plasmada en la sentencia CSJ SL4650-2017\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, precis\u00f3 que \u00ab[t]ampoco dej\u00f3 la asegurada causado el derecho a la pensi\u00f3n a la luz de lo consagrado en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art. 12 de la Ley 797 de 2003\u00bb, es decir, para el r\u00e9gimen anterior, pues aqu\u00e9lla \u00abbeneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no acredita la densidad de cotizaciones prevista en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, ya que de conformidad con su historia laboral obrante a folios 32 a 38 del cuaderno principal, no cotiz\u00f3 1000 semanas durante toda su vida laboral, ni 500 durante los 20 a\u00f1os anteriores a su deceso, es decir, entre el 13 de noviembre de 1988 y el 13 de noviembre de 2008, pues en este per\u00edodo solo contaba con 217.73 semanas\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7022-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC7022-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00731-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}