STC7029-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7029-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01714-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio Rojas Ortiz contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevoc[ar] la decisi\u00f3n dada dentro de la audiencia del 25-11-2020 a fin de obtener un pronunciamiento ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
2.1. Julio Rojas Ortiz, invocando las causales 2\u00aa y 8\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, promovi\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, dentro del proceso de nulidad de contrato que \u00e9l inco\u00f3 en contra de Pedro Nel Rojas Ochoa, Hernando Lozano Mora, Jorge Augusto Vel\u00e1squez Mej\u00eda, Juan Gabriel Vel\u00e1squez Mej\u00eda, el Banco BBVA Colombia S.A. y Dise\u00f1os Arquitect\u00f3nicos C.J. S.A.S.; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 25 de noviembre de 2020 el colegiado declar\u00f3 infundada la acci\u00f3n invocada, tras encontrar, de un lado, que lo relativo a la causal 2\u00aa, esto es, el documento que fue declarado falso por la autoridad penal, no fue el soporte cardinal del fallo; y, por otra parte, porque lo argumentado por el gestor en la causal 8\u00aa, no fue m\u00e1s que un alegato de instancia, interponiendo su propio criterio respecto del porque no deb\u00eda prosperar la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, habida cuenta de que \u00abdesconocieron la sentencia n\u00b0 2656 de mayo 15 de 1997 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, sin percatarse que dicha sentencia era la base del proceso y por tanto del fallo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que con apoyo en la jurisprudencia, en la demanda de revisi\u00f3n \u00abplante[\u00f3]\u2026 la intemporalidad del derecho de la v\u00edctima\u00bb, es decir, no pod\u00eda declararse la prescripci\u00f3n en el juicio de la nulidad, sin embargo, el Tribunal no efectu\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abla autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil, se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil\u00bb, raz\u00f3n por la que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n ten\u00eda que declararse fundada. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que \u00abcon la demanda no solamente contemplaba la solicitud de nulidad de escrituras sino tambi\u00e9n indemnizaciones, compensaciones, frutos, la reivindicaci\u00f3n del predio, [por lo que] se hac\u00eda necesario insistir en la conciliaci\u00f3n a fin de buscar por esta v\u00eda alguna transacci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que dicha figura ten\u00eda que tenerse en cuenta para el t\u00e9rmino prescriptivo, empero, el Tribunal nada dijo al respecto. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que no pod\u00eda citar el precedente STC20055-2017 pues \u00abse consolid\u00f3 a partir de su vigencia, es decir, a partir del 29 de noviembre de 2017, esto es, dos a\u00f1os despu\u00e9s de la sentencia del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cecilia Martha Prieto Escobar inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir el presupuesto de inmediatez; destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco BBVA Colombia S.A. manifest\u00f3 que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto de inmediatez; anot\u00f3 que el fallo emitido por el Tribunal no luce arbitrario, pues est\u00e1 ajustado a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 copia digital de las actuaciones surtidas en esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n que supuestamente vulner\u00f3 las garant\u00edas de primer grado, fue la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que tramit\u00f3 el Tribunal, que no esa autoridad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la sentencia de 25 de noviembre de 2020 mediante el cual el Tribunal declar\u00f3 infundada la acci\u00f3n de revisi\u00f3n; y la interposici\u00f3n de la tutela el 26 de mayo de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
Total, como la solicitud de resguardo no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la inmediatez que rige en tal materia, menester es desestimarla. <\/p>\n
3. Sin perjuicio de lo anterior y para ahondar en razones, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, comoquiera que el Tribunal criticado, en la prenotada providencia del 25 de noviembre de 2020, luego de citar la causal 2\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso y jurisprudencia1 aplicable al caso concreto, consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026resulta claro que la causal por falsedad documental, no puede abrirse paso, pues basta ver que la sentencia penal que declar\u00f3 sin validez el registro espurio de desembargo efectuado a trav\u00e9s del Oficio N\u00b0 996 del 27 de octubre de 1992, jam\u00e1s fue desconocido para el demandante, ni mucho menos fue el pilar determinante de la decisi\u00f3n judicial censurada. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la demanda misma, las pruebas adosadas y las respectivas replicas presentadas, se vislumbra que la litis siempre estuvo delimitada a la presunta invalidez por ilicitud de la negociaci\u00f3n que celebraron los contendores procesales, de manera que, el hecho mismo de la falsedad que ahora se enarbola para apuntar la referida causal, nunca escap\u00f3 al conocimiento del recurrente en revisi\u00f3n durante el curso del proceso. <\/p>\n
Y no pod\u00eda ser de otra forma, porque precisamente el precepto que habilita la revisi\u00f3n de la sentencia, con acierto brinda protecci\u00f3n a quien en el tr\u00e1mite de las instancias ignoraba la adulteraci\u00f3n del documento. <\/p>\n
Pero la sola declaraci\u00f3n falsaria y el desconocimiento de su existencia no son suficientes para configurar la aludida causal, pues \u201csolamente posee dicha virtualidad la que recae sobre el documento en que precisamente el sentenciador edific\u00f3 su fallo, de suerte tal que constituya la \u00fanica raz\u00f3n o fundamento de la decisi\u00f3n, y, sin la cual, por tanto, \u00e9sta hubiese sido ciertamente diversa (sentencia 342 de 5 de octubre de 1990, no publicada); criterio que reiter\u00f3 en el fallo 022 de 5 de marzo de 2007, expediente n\u00famero 2001-00212-01) (CSJ SC 3 de octubre de 2013, rad. 2010 00801 00, reiterada en SR. 15 de septiembre de 2016)\u201d (CSJ. Sentencia SC402-2019 del 20 de febrero de 2019. Rad. 2013-02015-00). <\/p>\n
De acuerdo con la ratio decidendi de la sentencia dictada por el ad quem al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el aqu\u00ed revisionista, no aparece en ella que el fundamento definitorio o principal de la decisi\u00f3n, hubiese sido la documental declarada falsa por la autoridad penal. En efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, a trav\u00e9s de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015, modific\u00f3 la sentencia apelada al encontrar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad que instaurara en su momento el demandante Julio Rojas Ortiz, de ah\u00ed que el documento falso, en modo alguno fue el soporte cardinal sobre el cual se edific\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 lo relativo a la causal 8\u00b0 de revisi\u00f3n, precisando que: <\/p>\n
\u2026el alegato relacionado con la imposibilidad para el Juzgador de aplicar el fen\u00f3meno prescriptivo en el proceso de nulidad absoluta de contrato -por ser intemporal-, sin duda, no encuadra en los precisos eventos que autorizan la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n con base en la causal invocada. <\/p>\n
Ahora bien, en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es claro que el peticionario tambi\u00e9n le disputa al Juzgador de segundo grado, la conclusi\u00f3n a que este arrib\u00f3 en torno al decreto previo de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de declarativa de nulidad, sin tener en cuenta que este recurso extraordinario no faculta al Tribunal para reexaminar esos puntos de la sentencia por el sendero de la causal octava. <\/p>\n
Justamente, ese tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u2026, su interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, es propio del debate al interior del proceso declarativo, por lo cual le est\u00e1 vedado a esta colegiatura al abrigo del recurso de revisi\u00f3n, entrar a verificar si el juez anduvo acertado en la tarea de apreciar las pruebas o en aplicar debidamente determinadas reglas de derecho para la resoluci\u00f3n del litigio y menos a\u00fan tipificar cualquier error judicial para soportar una supuesta nulidad contenida en el fallo… <\/p>\n
Y es que como se analiz\u00f3 en la Doctrina referenciada en l\u00edneas anteriores, las posibles nulidades que pueden originarse en la sentencia se configurar\u00edan entre otras, cuando \u00e9sta se dict\u00f3 habiendo ya terminado el proceso por desistimiento o transacci\u00f3n, o al condenar en ella a quien no ha figurado como parte o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso, hip\u00f3tesis ninguna de las cuales se ajusta al evento planteado por el revisionista. <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n reprocha el recurrente la errada motivaci\u00f3n de la sentencia, puntualmente en lo que respecta a la valoraci\u00f3n que se tuvo sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad -conciliaci\u00f3n extrajudicial-, pues para el sentenciador no era un asunto conciliable el tema de la nulidad absoluta de los contratos, por lo cual tampoco era exigible la conciliaci\u00f3n previa y como consecuencia, el t\u00e9rmino prescriptivo de la mentada acci\u00f3n ordinaria nunca fue suspendido con ese tr\u00e1mite que adelant\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Sobre los defectos de motivaci\u00f3n de la sentencia como causal de nulidad, se ha dicho: <\/p>\n
\u201c\u2026 el cuestionamiento a la providencia por \u2018deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u2019, no puede obedecer a un replanteamiento de la cuesti\u00f3n litigiosa o un disentimiento de la valoraci\u00f3n probatoria del fallador, sino la demostraci\u00f3n de que la fundamentaci\u00f3n que \u00e9ste brinda es ficticia o supuesta en relaci\u00f3n con el tema que se somete a su estudio, por ser ajena al mismo o abiertamente contraria. <\/p>\n
De tal manera que un razonamiento l\u00f3gico y coherente al desatar el debate, no constituye un desafuero, por el mero hecho de que los aspectos sean de tal envergadura que admitan posiciones divergentes\u201d (CSJ. Sentencia SC12377-2014 del 12 de septiembre de 2014. Rad. 2010-02249-00). <\/p>\n
Pues bien, tampoco por esa v\u00eda se abre paso la anulaci\u00f3n del fallo, ya que la disertaci\u00f3n plasmada por el Juez de segunda instancia, no aparece inventada o artificiosa, por el contrario, encuentra respaldo en la misma ley y en el precedente de esa alta Corporaci\u00f3n Jurisdiccional. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1ala el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, modificada por el art\u00edculo 621 de la Ley 1564 de 2012: \u201cArt\u00edculo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que trate es conciliable, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deber\u00e1 intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepci\u00f3n de los divisorios, los de expropiaci\u00f3n y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citaci\u00f3n de indeterminados\u201d (El resaltado ajeno al texto original). <\/p>\n
Y, frente al entendimiento de la norma en comento, refiri\u00f3 la misma Corte: <\/p>\n
\u201c\u2026un asunto es conciliable cuando es susceptible de transacci\u00f3n, desistimiento, a voces del art\u00edculo 19 ib\u00eddem. <\/p>\n
De cara a las anteriores premisas legales, al edificarse las suplicas de la demanda del asunto que ocupa la atenci\u00f3n del despacho, de manera principal, en una declaratoria de nulidad, sin dubitaci\u00f3n alguna, tal asunto dada su naturaleza no es susceptible de conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n, y por ende, resultaba innecesario el agotamiento del aludido mecanismo de autocomposici\u00f3n como condici\u00f3n de procedibilidad para acudir a la administraci\u00f3n de justicia. As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 este Tribunal, al analizar un caso de parecida ocurrencia, en el cual se precis\u00f3: <\/p>\n
\u2018(\u2026) Trat\u00e1ndose de la solicitud de nulidad (\u2026), es claro que no se trata de un asunto susceptible de transacci\u00f3n o de desistimiento, como que est\u00e1 comprometida la aplicaci\u00f3n de normas de orden p\u00fablico (\u2026). En tal medida, la materia disputada no solo concierne al inter\u00e9s individual de la demandante, sino tambi\u00e9n al inter\u00e9s p\u00fablico, por lo que el acceso a la justicia no se puede supeditar a la conciliaci\u00f3n previa (\u2026)\u2019\u201d (CSJ. Sentencia STC20055-2017 del 29 de noviembre de 2017. Rad. 2017-03201-00). <\/p>\n
Entonces, como en ese caso no era necesaria la conciliaci\u00f3n prejudicial, no es posible predicar la suspensi\u00f3n del c\u00f3mputo del lapso prescriptivo de la acci\u00f3n ordinaria de nulidad, tal como lo concluy\u00f3 la sentencia; dejando en claro, que a pesar de la connotaci\u00f3n de ese asunto, donde se discute la nulidad absoluta contractual, era perfectamente viable para el Juzgador constatar si proced\u00eda o no la prescripci\u00f3n extintiva de conformidad con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil… <\/p>\n
Con todo, aun si en gracia de discusi\u00f3n se considerase que la conciliaci\u00f3n intentada por el accionante suspendi\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva durante el intervalo del tr\u00e1mite conciliatorio, el accionante ni siquiera insinu\u00f3, como tampoco acredit\u00f3 en sede de revisi\u00f3n que luego de reanudarse el t\u00e9rmino legal de prescripci\u00f3n, esta se interrumpiera con la presentaci\u00f3n de la demanda en la forma prevista en el art\u00edculo 94 del C.G.P… <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de lo argumentado por el recurrente en su escrito, realmente lo que se colige es que este pretende reabrir el litigio ya clausurado, al anteponer su criterio personal sobre lo razonado por la judicatura, pues en su parecer el sentenciador en lugar de haber decretado la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n declarativa u ordinaria de nulidad, a toda costa ha debido declarar la nulidad absoluta reclamada, circunstancia que evidentemente no se encuentra enmarcada como un motivo plausible para la revisi\u00f3n de la sentencia, en atenci\u00f3n al principio de taxatividad que gobierna esa materia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las causales de revisi\u00f3n invocadas, concluyendo que, de un lado, lo relativo a la causal 2\u00aa no era procedente, habida cuenta de la sentencia penal, que declar\u00f3 la falsedad de un oficio de inscripci\u00f3n, fue conocida por el actor, adem\u00e1s, no fue ese documento la base cardinal del fallo del Juzgado; y, por otra parte, frente a la causal 8\u00aa lo pretendido es reabrir el litigio ya clausurado, al interponer su criterio personal sobre lo razonado; de ah\u00ed que las causales de revisi\u00f3n hayan sido infundadas. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC7029-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7029-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01714-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio Rojas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}