STC7033-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7033-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00420-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Margarita y Javier Iv\u00e1n Gallego G\u00f3mez, contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del procedimiento penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con ocasi\u00f3n de las sentencias emitidas en ambas instancias procesales el 14 de noviembre de 2019 y 14 de septiembre de 2020, respectivamente, dentro del proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio seguido en su contra, identificado con el radicado No. 2016-13637-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se ordene revocar las anteriores decisiones, con que se declar\u00f3 extinguido su derecho de dominio sobre un inmueble y varias embarcaciones, y as\u00ed mismo, que se revoque la orden de traspaso de esos bienes a favor del Fondo de Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado \u2013 Frisco- o quien haga sus veces. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aducen en compendio, que luego de surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio dict\u00f3 sentencia el 14 de noviembre de 2019, en que declar\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio de los bienes involucrados, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada el 14 de septiembre de 2020 por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; que a la par se tramita en aquel estrado otro proceso de la misma naturaleza, identificado con el radicado 2019-00017-00, respecto de un automotor y una motocicleta. <\/p>\n
Afirman que en dichas decisiones se incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto y\/o defecto f\u00e1ctico\u00bb, evidenciados en que no se valoraron la totalidad de las pruebas aportadas, pues s\u00f3lo fueron analizadas unas de la fiscal\u00eda que, dicen, no daban cuenta que ellos hubieran incurrido en las actividades il\u00edcitas atribuidas, tales como las versiones de miembros de las FARC \u2013 EP que no los vinculaban con esa organizaci\u00f3n, y en cambio s\u00ed obraban en el expediente los reportes de sus actividades mercantiles, declaraciones de renta y contratos de prestaci\u00f3n de servicios de transporte realizados con sus embarcaciones; as\u00ed mismo, no se valoraron adecuadamente las pruebas que daban cuenta de los ingresos econ\u00f3micos que obtuvieron durante los periodos estudiados, ya que se tuvo en cuenta la informaci\u00f3n ex\u00f3gena reportada a la DIAN, y no su declaraci\u00f3n de renta, ni los facturas y contratos aportados; no se llam\u00f3 a varios de los testigos que rindieron su versi\u00f3n por escrito, para que en estrados se verificara la veracidad de su dicho, con lo cual, aseguran, se incumpli\u00f3 con el principio de inmediaci\u00f3n de la prueba, y en todo caso, de ser v\u00e1lidos dichos medios de convicci\u00f3n, eran de o\u00eddas, y daban cuenta que Margarita le vend\u00eda v\u00edveres, abarrotes y mercanc\u00eda a las FARC EP, sin que ese acto pueda ser catalogado como ilegal, o por el mismo ser considerados integrantes de la organizaci\u00f3n, tanto as\u00ed que, no existe condena al respecto en su contra, a quien de hecho se le cobraba \u00abvacuna\u00bb para dejarla trabajar. <\/p>\n
Finalmente aseguran, que el Tribunal accionado neg\u00f3 la nulidad que solicitaron con sustento en la anotada irregularidad probatoria, y confirm\u00f3 la sentencia de primer grado, pasando por alto las probanzas que daban cuenta del buen nombre comercial que ellos ten\u00edan, situaciones que al haber sido desconocidas en las decisiones cuestionadas, ameritan, en su criterio, la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3, que el 14 de septiembre de 2020 profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del referido decurso, con que mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del 14 de noviembre de 2019 del Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio, donde se afectaron el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-137833 y las embarcaciones denominadas \u00abDoctor Chapat\u00edn\u00bb, \u00abMarco Polo\u00bb, \u00abBella Marly\u00bb, \u00abCosquito\u00bb y \u00abLa Mafer\u00bb, de propiedad de los aqu\u00ed interesados. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en la tutela no se demostraron los defectos atribuidos a su decisi\u00f3n, sino que lo expuesto fue un criterio divergente sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo que impide la procedencia del amparo, al no poder ser utilizado como una tercera instancia. <\/p>\n
b.) La titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio manifest\u00f3, que el fallo que profiri\u00f3 en el proceso del ep\u00edgrafe se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis de los medios de prueba arrimados, incluidos los que los actores alegan que fueron omitidos de valoraci\u00f3n, por lo cual pidi\u00f3 no se acceda a la protecci\u00f3n implorada. Adem\u00e1s inform\u00f3, que el proceso de extinci\u00f3n de dominio identificado con el consecutivo No. 2019-00017, que all\u00ed tambi\u00e9n cursa con vinculaci\u00f3n de los aqu\u00ed inconformes, est\u00e1 en etapa probatoria, por lo que no es posible su revisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
c.) La Fiscal\u00eda 27 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio se\u00f1al\u00f3, que el proceso cuestionado fue conocido por la Fiscal\u00eda 11 de la misma especialidad, a quien le corri\u00f3 traslado de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
d.) El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, tambi\u00e9n pidi\u00f3 denegar el amparo inquirido, toda vez que en los fallos criticados no se incurri\u00f3 en las irregularidades denunciadas por los gestores. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, y para ello, luego de hacer un recuento de las inconformidades expuestas por los actores, precis\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1708 de 2014, que contiene el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, \u00abes posible para la judicatura valorar los testimonios que hayan sido practicados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, incluso si estas personas no declararon despu\u00e9s en la fase del juicio\u00bb, de otro lado, \u00abel dictamen pericial contable cuya valoraci\u00f3n defectuosa es acusada por los actores, s\u00ed contiene un ac\u00e1pite en donde est\u00e1 la relaci\u00f3n de los ingresos de MARGARITA GALLEGO G\u00d3MEZ, y que dichas cifras corresponden a las consignadas en las sentencias acusadas. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el dicho de varios exintegrantes de las FARC, que aseguran que la accionante comerciaba v\u00edveres y combustibles con el Frente 44 de esa organizaci\u00f3n, lo cierto es que en este proceso no se discute si esa actividad particular era l\u00edcita o no, sino el hecho de que los recursos con los cuales esta estructura le pagaba los v\u00edveres -que, por lo dem\u00e1s, parece ser que era con hojas o pasta de coca- ten\u00eda un claro y evidente origen il\u00edcito, y MARGARITA GALLEGO G\u00d3MEZ lo sab\u00eda. <\/p>\n
Los recursos que ella obtuvo como consecuencia de esa actividad, se mezclaron con aquellos que ella hubiera podido percibir de manera l\u00edcita por su actividad comercial, lo que explica el abultado e injustificado aumento de su patrimonio en dicha \u00e9poca, cosa que qued\u00f3 ampliamente demostrada en las sentencias atacadas. <\/p>\n
En cualquier caso, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, un bien puede provenir indirectamente de una actividad il\u00edcita cuando su adquisici\u00f3n es consecuencia mediata del ejercicio de esa actividad, es decir, cuando los bienes objeto de extinci\u00f3n son obtenidos con otros obtenidos directamente por el ejercicio de la actividad il\u00edcita o con su producto. <\/p>\n
Lo que le permiti\u00f3 colegir, entonces, que \u00aben el fondo, lo que los accionantes presentan es una simple discrepancia con respecto a la forma en que se realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n de la totalidad del material probatorio contenido en el expediente; discrepancia que no puede ser tenida como fundamento para revocar las sentencias cuestionadas, en la medida en que la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como una tercera o una cuarta instancia al interior de las cuales se puedan seguir discutiendo asuntos que ya fueron cerrados por medio de pronunciamientos judiciales que se encuentran ejecutoriados. <\/p>\n
Finalmente anot\u00f3, que no proced\u00eda estudiar el proceso identificado con el radicado 500013120001201900017, porque \u00ablos accionantes ni siquiera se\u00f1alaron el pronunciamiento judicial que reprochan, y en atenci\u00f3n a que dicho procedimiento a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, es claro que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes, contrastando los fundamentos de la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, con similares argumentos a los que expusieron en su escrito inicial, para en \u00faltimas, insistir en que las decisiones criticadas fueron resultado de una defectuosa valoraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Margarita y Javier Iv\u00e1n Gallego G\u00f3mez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020 por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 14 de noviembre de 2019 del Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio, con que se declar\u00f3 extinguido dicho derecho que ostentaban aqu\u00e9llos sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 230-137833 y las embarcaciones denominadas \u00abDoctor Chapat\u00edn\u00bb, \u00abMarco Polo\u00bb, \u00abBella Marly\u00bb, \u00abCosquito\u00bb y \u00abLa Mafer\u00bb, pues en su criterio, lo resuelto emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada al Tribunal accionado, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por ser la que cerr\u00f3 el estudio de la tem\u00e1tica discutida por los actores, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invocan los impulsores de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n de segundo grado, el ad quem criticado frente a la nulidad alegada por la aqu\u00ed accionante, con sustento en que el juzgador de primer grado le impuso la carga de propender por la ubicaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de los testigos que solicit\u00f3, consider\u00f3 que \u00abincumpli\u00f3 con el deber de explicar la trascendencia de la incorrecci\u00f3n, que se impone a quien alega con la intenci\u00f3n de desarticular el proceso por una afectaci\u00f3n grave a los privilegios fundamentales de las partes. Adem\u00e1s se trata de una situaci\u00f3n convalidada, por cuanto, ning\u00fan recurso se interpuso contra la providencia del Juez \u2013 del 10 de abril de 2019 -, tampoco se invoc\u00f3 la supuesta irregularidad en el traslado que, entre otras, para el efecto prev\u00e9 el art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, por el contrario, tanto los afectados como sus apoderados guardaron silencio. As\u00ed mismo, debe tenerse en cuenta que en materia de extinci\u00f3n de domino opera la carga din\u00e1mica de la prueba (\u2026) luego, el compromiso aqu\u00ed de hacer comparecer a los testigos, m\u00e1s que al instructor, incumb\u00eda al interesado en su recaudo, de quien no se evidencia haber adelantado gesti\u00f3n alguna, propia, ni ante el juzgado dirigida a lograr el cometido, y, al parecer, tampoco observ\u00f3 que en las entrevistas y un informe del investigador de campo que obran en el expediente, se encontraban datos de direcciones y n\u00fameros telef\u00f3nicos donde pod\u00edan ser ubicados\u00bb, lo anterior \u00abm\u00e1xime cuando la juez de primer grado decret\u00f3 la gran mayor\u00eda de elementos suasorios pedidos por la bancada de la defensa\u00bb. <\/p>\n
En seguida analiz\u00f3 los testimonios recaudados en la etapa de instrucci\u00f3n, de los cuales extrajo que \u00abal un\u00edsono y muy detalladamente destacan que la distinguieron [a la accionante], en los alrededores de la vereda Mucurare, porque se desplazaba en su lancha por el r\u00edo Guaviare desde San Jos\u00e9 hasta Puerto In\u00edrida transportando v\u00edveres, alimentos, remesas, mercanc\u00edas, combustible, maquinaria y otros, que vend\u00eda durante el recorrido en los caser\u00edos y al aludido grupo subversivo, el cual, cuando no pod\u00eda pagarle con dinero lo hac\u00eda con base de coca, a trav\u00e9s de los encargados de negociar dichos elementos, entre estos alias Jhon Edier y Nelson. Se\u00f1alan que era muy popular en la zona, incluso entre los civiles y pr\u00e1cticamente la \u00fanica que, aparte de \u201cGener\u201d, prove\u00eda al frente porque le ten\u00edan confianza y estaba muy comprometida con el mismo; adem\u00e1s, en diversas ocasiones la observaron departiendo con comandantes y miembros de la organizaci\u00f3n, como los que se apodaban Ciro, Tabaco y Jhon Edier, \u00e9ste encargado de las finanzas con quien, por lo general, negociaba provisiones\u00bb. De manera que, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, \u00abindependientemente de que la prenombrada formara parte o no de la guerrilla \u2013siendo reiterado el dicho en el sentido que no lo era-, lo cierto es, que s\u00ed manten\u00eda un v\u00ednculo como apoyo log\u00edstico y de abastecimiento de v\u00edveres y mercanc\u00edas que le retribu\u00edan en efectivo o en especie (base de coca)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Colegiatura hizo un recuento de las declaraciones y testimonios recaudados durante el juicio, y encontr\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de contrariar el dicho de los deponentes inicialmente relacionados \u2013 de cargo-, lo que hacen es corroborar aspectos arg\u00fcidos por estos o se muestran contradictorias entre s\u00ed, ora, no aportan ning\u00fan elemento que contribuya a esclarecer el asunto (\u2026) En suma, las \u00faltimas narraciones juradas, frente a circunstancias que ratifican que Margarita sosten\u00eda lazos comerciales y de amistan con el frente 44 de las Farc, al tiempo que denotan contradicciones y\/o son h\u00edbridas, por ser repetitivas y superficiales, pierden credibilidad, fuerza y eficacia probatorias, por ende, decaen ante las acusatorias, que, se itera, resultan coherentes y no se evidencian ama\u00f1adas o prevalidas del \u00e1nimo de perjudicar a la prenombrada, quien as\u00ed lo reprocha al decir que, con el objeto de obtener beneficios hicieron se\u00f1alamientos en detrimento de sus intereses, afirmaci\u00f3n por dem\u00e1s, carente de respaldo\u00bb. <\/p>\n
En seguida la Corporaci\u00f3n criticada analiz\u00f3 que, \u00abdichas contraprestaciones originaron el ostensible incremento del patrimonio de la afectada\u00bb, postura que sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis del informe rendido por el investigador de campo, que daba cuenta de pagos, movimientos bancarios, compra de embarcaciones, veh\u00edculos e inmuebles, e informaci\u00f3n tributaria suministrada por la DIAN que evidenciaba un aumento r\u00e1pido del patrimonio l\u00edquido, todo lo cual no se lograba justificar con los ingresos acreditados, \u00abpor el contrario, se evidencia un enriquecimiento injustificado e il\u00edcito derivado directa o indirectamente de los servicios que le prestaba al Frente 44 de las Farc, por ende, indebido, en cuanto, es de p\u00fablico conocimiento que estos grupos se valen de extorsiones, secuestros, narcotr\u00e1fico y otras actividades delictivas, con el fin de obtener los recursos para su sostenimiento\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que \u00abno se desconoce, que la implicada pudiera tener otros negocios, incluyendo la venta de v\u00edveres y\/o servicios a personas que habitaban los caser\u00edos rivere\u00f1os, pero es que ello, dentro de la l\u00f3gica y las reglas dela experiencia, constitu\u00eda el ropaje para ocultar o camuflar las ganancias que le dejaban las transacciones que llevaba a cabo con la guerrilla, las cuales, incrementaron cuantiosamente su capital\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el ad quem descart\u00f3 que los condenados pudieran ser considerados como terceros de buena fe, ya que \u00abno lograron acreditar la verdadera condici\u00f3n de adquirente de dos de las barcas, el primero y, acreedora hipotecaria, la segunda, pues, se patentizan situaciones que permite deducir que con estos actos jur\u00eddicos que realizaron con Margarita, pretend\u00eda colaborarle a resguardar sus propiedades de la p\u00e9rdida que avizoraba por el presente proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, inferencia que respald\u00f3 en el an\u00e1lisis de esos negocios, y que le permiti\u00f3 sentenciar que, \u00abla aludida afectada, al enterarse del presente seguimiento a sus propiedades, sobre avisada, en forma inmediata, tras el riesgo de perderlas, busc\u00f3 la manera de despojarse de ellas con el fin de hacer nugatorios los efectos de la acci\u00f3n extintiva de domino realizando esas negociaciones, que dadas las circunstancias se observan ficticias, acolitadas por su hermano y amiga\u00bb <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por los accionantes, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, y el atendible an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad coligi\u00f3 del estudio pormenorizado de los medios de convicci\u00f3n, que la aqu\u00ed accionante deriv\u00f3 buena parte de sus ingresos de proveer v\u00edveres, abarrotes y mercanc\u00edas a un grupo al margen de la ley, y que con el dinero obtenido adquiri\u00f3 varios bienes que no pudo justificar con los ingresos legales que aleg\u00f3, los cuales transfiri\u00f3 en parte al aqu\u00ed accionante Javier Iv\u00e1n Gallego G\u00f3mez, cuando se enter\u00f3 que era investigada por sus actos; de ah\u00ed que, \u00e9ste no pudiera ser considerado un adquirente de buena fe, y por ende, tambi\u00e9n fuera sujeto de la extinci\u00f3n ordenada mediante las referidas decisiones. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura de la autoridad convocada, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia C-740 de 2003. <\/p>\n
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STC7033-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC7033-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00420-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54820","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54820"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54820\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}