STC7036-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7036-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01775-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 F\u00e9lix Posada Colmenares contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse modifique la sentencia [criticada]\u2026 y se recalculen los valores de lucro cesante pasado y futuro\u2026\u00bb y, subsidiariamente, reclam\u00f3 que se ordene al convocado \u00abrecalcular los valores de lucro cesante pasado y futuro, teniendo en cuenta el valor de 1.500.000 que\u2026 devengaba para la fecha del accidente y la \u00faltima y definitiva calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 F\u00e9lix Posada Colmenares promovi\u00f3 acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual contra Alfonso Mesa Sanabria, Mario Fernando Vel\u00e1squez Barrero, Cooperativa Integral de Transportadores Pensilvania y Seguros del Estado SA, con la finalidad que le fueran reparados los da\u00f1os que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 12 de febrero de 2012. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2019, se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes, siendo modificada por el Tribunal criticado con providencia del 24 de julio de 2020, en el sentido de precisar las condenas impuestas a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante pasado\u00bb y \u00ablucro cesante futuro\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 27 de agosto de 2020, el demandante, actuando directamente, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n del prenotado fallo, petici\u00f3n que no se tuvo en cuenta por no ser presentada a trav\u00e9s de procurador judicial y, adem\u00e1s, por extempor\u00e1nea, conforme se reconoci\u00f3 en prove\u00eddo del 8 de marzo de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que \u00abexiste una grave inconsistencia en el valor probatorio dado por el Juzgador al Informe de Polic\u00eda Judicial para accidentes de tr\u00e1nsito A1055082\u00bb, toda vez que se \u00abtiene como plena prueba de la ocurrencia del hecho y de que el se\u00f1or Jos\u00e9 F\u00e9lix Posada Colmenares, se encontraba laborando con un taxi\u00bb, pero no para tener por acreditada su condici\u00f3n de trabajador de la empresa \u00abCity Taxi\u00bb; que se apreciaron err\u00f3neamente los dict\u00e1menes para la calificaci\u00f3n de su p\u00e9rdida de capacidad laboral; y que la liquidaci\u00f3n del lucro cesante, pasado y futuro, se calcul\u00f3 de forma equivocada. <\/p>\n
2.5. Finalmente, destac\u00f3 que \u00abno fue sino hasta marzo del 2021\u00bb, que el Tribunal resolvi\u00f3 sobre la aclaraci\u00f3n que reclam\u00f3; y que su anterior apoderado renunci\u00f3, sin brindarle \u00abning\u00fan tipo de indicaci\u00f3n que le permitiera\u2026 actuar adecuadamente para la defensa de sus intereses, lo cual gener\u00f3 junto con la providencia anteriormente descrita, una demora justificada para la interposici\u00f3n del escrito tutelar\u00bb, toda vez que por la \u00abdisminuci\u00f3n de [su] capacidad econ\u00f3mica\u00bb no pudo contratar oportunamente otro abogado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Luis Enrique Cuevas Valbuena, quien dijo obrar como apoderado de Alfonso Mesa Sanabria, sin que aportara poder que lo facultara para representarlo en el presente asunto, solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. El profesional del derecho Carlos Andr\u00e9s D\u00edaz D\u00edaz, quien dijo fungir como mandatario de Cootranspensilvania, sin que aportara poder que lo facultara para representarla en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que \u00abla queja constitucional no est\u00e1 llamada a prosperar toda vez que no se evidencia que esta entidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya quebrantado los derechos fundamentales de las partes e intervinientes en el juicio que dio pie al enfilamiento del presente reclamo constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, atendiendo que la decisi\u00f3n cuestionada data del 24 de julio de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre dicha data (24 de julio de 2020) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 31 de mayo de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, importante es resaltar que la Sala no encuentra de recibo las justificaciones que adujo el actor para excusar la anotada tardanza, en el sentido de expresar que la ausencia de pronunciamiento sobre la aclaraci\u00f3n que solicit\u00f3 respecto de la sentencia acusada, le imped\u00eda promover el mecanismo constitucional. <\/p>\n
Ello en la medida en que el referido instrumento (aclaraci\u00f3n) resultaba abiertamente improcedente, comoquiera que se present\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino de ejecutoria de la citada providencia, pues el fallo fustigado se notific\u00f3 por estado el 27 de julio de 2020 y la aclaraci\u00f3n fue pedida el 27 de agosto de 2020, es decir, un mes despu\u00e9s. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, en su aparte pertinente, establece que \u00abla aclaraci\u00f3n proceder\u00e1 de oficio o a petici\u00f3n de parte formulada dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia\u00bb (negrillas ajenas al texto), fen\u00f3meno que, en trat\u00e1ndose de providencias proferidas por fuera de audiencia, se configura \u00abtres d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recurso o han vencido los t\u00e9rminos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos\u00bb (art. 302, ib\u00eddem). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que la ausencia de apoderado judicial no constitu\u00eda un obst\u00e1culo insalvable para promover el resguardo, atendiendo que por la informalidad que caracteriza ese mecanismo, puede ser presentado directamente por las personas que se consideren violentadas en sus derechos por las actuaciones de un tercero. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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