STC7038-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7038-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00209-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 21 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nortesantandereana de Gas SA ESP (NORGAS) contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito de tutela, se extracta que son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 7 de julio de 2016, NORGAS suscribi\u00f3 con Red Eagle SAS contrato de suministro y pacto accesorio de comodato de gas licuado de petr\u00f3leo, en virtud del cual NORGAS entreg\u00f3 a Red Eagle un tanque estacionario de almacenamiento con capacidad de quince mil galones y una estaci\u00f3n de descarga de gas licuado de petr\u00f3leo de cisterna a tanque de almacenamiento con bomba de 2 pulgadas. <\/p>\n
2.2. En el a\u00f1o 2009, Implot SAS promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Red Eagle SAS, tr\u00e1mite en el que decret\u00f3 el embargo \u00abde las instalaciones de propiedad de la ejecutada donde se encontraban instalados los bienes de propiedad de NORGAS\u00bb, cautela que le ha impedido a dicha entidad \u00abretirar [sus] bienes\u2026 de las instalaciones de la ejecutada\u00bb. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 la gestora del amparo que, el 2 de septiembre de 2020, solicit\u00f3 al juzgado accionado \u00abque autorizara el retiro los bienes de su propiedad que se encontraban secuestrados en el marco del proceso ejecutivo singular mencionado\u00bb, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 13 de enero de 2021, el 3 de febrero de 2021, el 24 de febrero de 2021 y el 3 de marzo de 2021, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de amparo hubiese recibido respuesta. <\/p>\n
2.4. De otro lado, destac\u00f3 que \u00ablos bienes aqu\u00ed mencionados fueron indebidamente embargados, puesto que el tanque estacionario y estaci\u00f3n de descarga de cisterna son de propiedad de NORGAS y no de Red Eagle SAS, por lo tanto, estos no se pueden disponer de ellos de forma alguna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn destac\u00f3 que, con providencia del 15 de marzo de 2021, con miras a dar respuesta a la petici\u00f3n de la promotora, requiri\u00f3 al secuestre designado en el proceso cuestionado para que informara si los bienes a los que alude la NORGAS se encuentran incluidos dentro de los bienes que fueron puestos en custodia y cuidado con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares en este asunto. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n del accionante hace parte de un asunto rituado por normas de car\u00e1cter procesal donde se pueden ver afectados derechos de las partes del proceso y no de car\u00e1cter administrativo, por lo que no es viable\u2026 apelar al derecho de petici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 23 constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que ese despacho \u00abse tarda en emitir pronunciamientos en los m\u00faltiples asuntos a cargo, debido a que se estaban resolviendo procesos presentados con anterioridad, acumulados en su mayor\u00eda por razones de la congesti\u00f3n y retraso a que se han visto avocados nuestros despachos de ejecuci\u00f3n, por la Pandemia que aqueja a la humanidad\u00bb; y que esa sede judicial \u00absolo cuenta con un sustanciador y una escribiente como empleados de planta\u2026, posee una carga laboral de m\u00e1s de 2.300 procesos activos, las funciones de Juez Constitucional y todo lo relacionado con la pandemia de conocimiento p\u00fablico producida por el virus COVID-19\u00bb, circunstancias que impidieron que \u00ablograra resolver las solicitudes realizadas con la misma prontitud a la que se encontraban acostumbrados los usuarios de la justicia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal, tras encontrar justificada la demora en que ha incurrido el estrado accionado en resolver la petici\u00f3n que se pregona insatisfecha, neg\u00f3 el resguardo al considerar que: <\/p>\n
\u2026 previo a presentarse la presente acci\u00f3n constitucional, que se dio el siete de mayo del a\u00f1o que avanza, [el estrado convocado] hab\u00eda procedido a dar tr\u00e1mite a las peticiones de la accionante, relacionadas con la autorizaci\u00f3n de la entrega de unos bienes, que fueron incluidos en el secuestro realizado al interior del aludido proceso ejecutivo, ya que alega son de su propiedad; situaci\u00f3n que conlleva a la negaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n de tutela, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora esgrimi\u00f3 que \u00ablos tr\u00e1mites realizados por [el] juzgado [accionado] no constituyen una respuesta de fondo que cumpla con los requisitos constitucionales y legales para proteger el derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb; y que: <\/p>\n
\u2026el derecho de petici\u00f3n incoado no busca impulsar un asunto judicial, la accionante ni siquiera hace parte del proceso, sino que busca la resoluci\u00f3n de una petici\u00f3n, que no ha sido resuelta de fondo vulnerando dicho derecho fundamental y en caso de no ser resuelta vulnerar\u00eda adem\u00e1s el derecho de propiedad que tiene\u2026 sobre los bienes secuestrados inadecuadamente y generar\u00eda perjuicios econ\u00f3micos para esta compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que la queja de la actora se circunscribe a que la sede judicial acusada no ha dado respuesta \u00abde fondo\u00bb a la solicitud que elev\u00f3 el pasado 2 de septiembre, enfilada a obtener la entrega de unos bienes, al parecer, indebidamente cautelados. <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. (CSJ STC, 20 y 31 Mar. 2000. Rad. Nos. 4822 y 4867, reiterada, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, descendiendo al caso sub examine, se advierte que el resguardo estaba llamado a fracasar, toda vez que no se evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n de la promotora del resguardo, por cuanto su solicitud no estaba dirigida a que se le resolvieran asuntos puramente administrativos, sino por el contrario se circunscrib\u00eda a cuestiones propias de una ejecuci\u00f3n tramitada ante el estrado enjuiciado, teniendo en cuenta que, en esencia, lo pretendido por la tutelante es que se levanten las cautelas que, en apariencia, afectan ciertos bienes de su propiedad. <\/p>\n
3. Lo consignado resulta suficiente para despachar la impugnaci\u00f3n formulada e imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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