STC7039-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7039-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00355-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Marino Centeno Reuto contra la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, y, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio penal a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales convocadas, con las sentencias pronunciadas en ambas instancias procesales, en el marco de la causa penal seguida en su contra por el punible de secuestro extorsivo agravado, identificada con el consecutivo \u00ab20-001-60-01073-2008-80116\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto las mentadas decisiones, ante las evidentes \u00abirregularidades que se presentaron en el mismo inicio de proceso, siendo el caso que se adelant\u00f3 en su contra un fraude\u00bb; de manera subsidiaria solicit\u00f3, que \u00abse redosifique el quantum de la sanci\u00f3n que le fue impuesta y se le aplique el mismo sistema de dosificaci\u00f3n punitiva que se emple\u00f3 en el caso que se adelant\u00f3 contra Edgar Orlando Cede\u00f1o Gaviria, a quien se le fij\u00f3 una pena de prisi\u00f3n de 33 a\u00f1os y 6 meses, por el delito de secuestro extorsivo agravado, conforme lo solicit\u00f3 al Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, el cual vigila su condena\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el 16 de febrero de 2010, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar lo conden\u00f3 a la pena principal de 448 meses de prisi\u00f3n, luego de encontrarlo responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, determinaci\u00f3n que apelada, fue mantenida en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en prove\u00eddo adiado 4 de marzo de 2010. <\/p>\n
Comenta que intentado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00abcon fundamento en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004\u00bb, por lo que no cuenta a la fecha con otro mecanismo de defensa judicial a trav\u00e9s del cual se puedan remediar los yerros cometidos por los falladores en ambas instancias dentro del asunto, lo que, asegura, lo habilita para acudir a la presente v\u00eda residual, en procura de la protecci\u00f3n de su derecho a la igualdad, pues por el mismo punible por el que \u00e9l fue condenado otros procesados han recibido una pena privativa de la libertad mucho menor a la que le fue impuesta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Penal de Circuito Especializado de Valledupar, se limit\u00f3 a realizar un recuento de las actuaciones que se adelantaron en desarrollo del juicio penal seguido en contra del aqu\u00ed interesado, sin manifestarse expresamente frente a las pretensiones de aqu\u00e9l. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada puso de presente, que como es el encargado de vigilar el cumplimiento de la condena impuesta al accionante por el delito de secuestro extorsivo agravado, conoci\u00f3 de la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena por \u00e9l invocada, la que fue desestimada en auto del 12 de diciembre de 2016, de conformidad a lo dispuesto en el precepto 38 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, luego de explicar que \u00aben lo que ata\u00f1e al primer pedimento elevado por el actor, se estableci\u00f3, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web para consulta de procesos y jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y de lo informado por la Secretar\u00eda de esta Sala, que \u00c1LVARO MARINO CENTENO REUTO, en m\u00e1s de una oportunidad, ha promovido acciones de tutela contra las mismas partes, por iguales pretensiones, con fundamento en los mismos hechos y los mismos reproches de la presente acci\u00f3n de amparo. De ello dan cuenta las sentencias No. STP-11132 y STP-11753 de 13 y 29 de octubre de 2020, respectivamente, emitidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 y 3, mediante las cuales se declararon improcedentes las demandas presentadas por su gestor CENTENO REUTO, tambi\u00e9n aqu\u00ed accionante. Revisado el contenido de cada uno de estos fallos, se constata que el tutelante demand\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso y libertad, porque, en su sentir, los fallos lo hallaron responsable del delito del secuestro extorsivo de Ram\u00f3n El\u00edas Bayona, a pesar de su inocencia, dado que no existe prueba que demuestre su responsabilidad con el hecho punible, toda vez que el delito fue autor\u00eda de las FARC-EP\u00bb, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, de un lado, por temeridad, pues, \u00abrefulge palmario la triple identidad entre la acci\u00f3n de tutela que ahora convoca la atenci\u00f3n de la Sala con las presentadas por el accionante en pret\u00e9ritas oportunidades. <\/p>\n
En los dos fallos de tutela se le dijo, con argumentos similares, que la acci\u00f3n incumpl\u00eda los presupuestos de inmediatez y subsidiaridad, por el tiempo trascurrido y porque teniendo la oportunidad no propuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para controvertir la decisi\u00f3n y, adem\u00e1s, que ten\u00eda la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n si consideraba que era inocente. Sobre esta \u00faltima opci\u00f3n, es imperioso aclarar que, con ocasi\u00f3n de esta nueva demanda de tutela, se estableci\u00f3 que el actor ya ejerci\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n con fundamento en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, con el fin de obtener la rescisi\u00f3n de los fallos cuestionados, pero la demanda fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2015, por no haberse acreditado los presupuestos m\u00ednimos para su estudio de fondo. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n, de la que ahora se percata la Sala, no se erige en un hecho nuevo que torne procedente esta nueva acci\u00f3n, porque el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad no solo se hizo depender de la posibilidad que el accionante ten\u00eda de intentar acci\u00f3n de revisi\u00f3n, sino de la no interposici\u00f3n en su momento del recurso de casaci\u00f3n. A lo que ahora se agrega que, teniendo la oportunidad de recurrir en reposici\u00f3n el auto que inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n, tampoco lo hizo. <\/p>\n
Importante es recordar que la acci\u00f3n de amparo fue erigida como un mecanismo residual y excepcional para proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados cuando no existen los medios id\u00f3neos de defensa judicial para su resarcimiento o resguardo, no para reemplazar aquellos que, existiendo, se dejaron de utilizar sin raz\u00f3n justificable, como sucedi\u00f3 en el presente caso, en que el accionante pretende hacer uso de esta v\u00eda para revivir oportunidades procesales que no utiliz\u00f3 o que utiliz\u00f3 inadecuadamente. Lo visto conduce a concluir que la nueva acci\u00f3n no contiene elementos novedosos y, por el contrario, que guarda total identidad con las acciones que ya fueron propuestas y decididas. Por tanto, frente a la primera de las pretensiones elevadas por el accionante se declarar\u00e1 la improcedencia del amparo, con fundamento en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo que toca con la pretensi\u00f3n subsidiaria, \u00abreferida a la redosificaci\u00f3n de la pena\u00bb, porque \u00abfrente a la misma, tambi\u00e9n se incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, que vigila la sanci\u00f3n penal, mediante auto de 12 de diciembre de 2016, resolvi\u00f3 la petici\u00f3n que el accionante hiciera por el referido motivo. <\/p>\n
En dicha decisi\u00f3n, se le indic\u00f3 al gestor que la pretensi\u00f3n elevada resultaba improcedente a la luz del art\u00edculo 38 numeral 7\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por cuanto, en su caso, no se estaba frente a un tr\u00e1nsito normativo favorable, que autorizara la reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la pena impuesta. En contra de esta decisi\u00f3n, sin embargo, el accionante no present\u00f3 recurso alguno con el fin de demandar su revocatoria o modificaci\u00f3n, a pesar de tener disponibles los de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que el procedimiento ordinario le dispensaba para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco demuestra que la decisi\u00f3n proferida por el juzgado que vigila su pena incurra en un defecto de cualquier orden, ni la Sala los advierte, pues, aun cuando invoca el derecho fundamental a la igualdad, no cumple con la carga argumentativa de demostrar la violaci\u00f3n de esa prerrogativa. Y de la informaci\u00f3n aportada al expediente no se evidencia que haya sido discriminado en el trato por la autoridad accionada. <\/p>\n
Un argumento m\u00e1s. En este caso, tampoco se cumple el presupuesto de inmediatez, en la medida que desde la fecha en que se profiri\u00f3 la referida decisi\u00f3n (12 de diciembre de 2016) y la de presentaci\u00f3n del presente mecanismo (19 de febrero de 2021), pasaron casi 5 a\u00f1os, sin que se aduzca circunstancia alguna que justifique su inactividad. <\/p>\n
Todas estas situaciones determinan que la petici\u00f3n del accionante no est\u00e9 llamada a prosperar, pues, se insiste, la acci\u00f3n de tutela no fue instituida para suplir la funci\u00f3n del juez natural, ni mucho menos, como tambi\u00e9n se ha precisado a lo largo de esta providencia, para remediar omisiones de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, trayendo a colaci\u00f3n similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el caso sub examine, el se\u00f1or Centeno Reuto se duele, concretamente, de las decisiones condenatorias proferidas en su contra por el il\u00edcito de secuestro extorsivo agravado. <\/p>\n
3. No obstante, revisadas las documentales y los informes presentados a las diligencias, no cabe duda para la Sala del fracaso de lo aqu\u00ed pretendido, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, con anterioridad la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 frente a los mismos hechos, quejas y algunas de las pretensiones elevadas por el aqu\u00ed interesado, en sentencias No. STP-11132 y STP-11753 de 13 y 29 de octubre de 2020, respectivamente, oportunidades en las que se desestim\u00f3 la protecci\u00f3n por improcedente en lo que toca con las determinaciones de primera y segunda instancia a trav\u00e9s de la cuales, en su orden, se zanj\u00f3 la etapa de conocimiento condenando al se\u00f1or \u00c1lvaro Marino a la pena principal de 448 meses de prisi\u00f3n, como autor del delito de secuestro extorsivo agravado, y, se mantuvo inc\u00f3lume tal decisi\u00f3n en v\u00eda de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 la actual demanda constitucional basada en los mismos supuestos f\u00e1cticos, y deprecando que se tutelara su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por cuanto los falladores de ambas instancias procesales, por no efectuar, supuestamente, una debida interpretaci\u00f3n de los medio de convicci\u00f3n recaudados; es evidente, entonces, que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada por esta Corporaci\u00f3n por la Especialidad Penal en anteriores oportunidades, sin que se haya acreditado un motivo expresamente justificado para que la parte accionante acudiera nuevamente a solicitar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, lo que comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que los temas que plantean ya hab\u00edan sido sometidos a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que \u00e9sta se emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC4878-2021). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo que se refiere a la pretensi\u00f3n subsidiaria, esta es, que se ordene al Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada que \u00abredosifique\u00bb la pena que le fue impuesta, tambi\u00e9n se concluye que el amparo resulta improcedente por incumplir con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n que cuestiona es la proferida el 12 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual la aludida autoridad judicial desestim\u00f3 tal ruego, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 9 de octubre de 2020. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir casi cuatro (4) a\u00f1os desde la emisi\u00f3n de tal decisi\u00f3n, t\u00e9rmino que supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC1405-2021). <\/p>\n
3.3. Y en aras de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n inquirida, debe decirse que el accionante, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad de cuestionar la mentada determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que proced\u00eda a voces de los art\u00edculos 176 y subsiguientes del C\u00f3digo Procesal Penal, motivo por el cual, cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito del ruego tuitivo, toda vez que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad alegada por el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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