STC7040-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7040-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01727-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Enedilton Ariza S\u00e1nchez frente al fallo proferido el 3 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y defensa, as\u00ed como de los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y favorabilidad, presuntamente vulnerados por las sedes encausadas al establecer el monto de su condena con ocasi\u00f3n de la solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas que formul\u00f3. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto\u2026 [l]os autos de los accionados sobre [su] acumulaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb y \u00abconceder[l]e una\u2026 de entre el 30 al 50% en aumento del \u201cotro tanto de las condenas objeto de acumulaci\u00f3n\u2026\u201d[,] quedando as\u00ed una sentencia \u00fanica[,] justa[,] proporcional\u2026[,] adecuada y razonable\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Contra el actor se han proferido tres sentencias, a saber: i) el 14 de agosto de 2015 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medell\u00edn lo conden\u00f3 a 220 meses de prisi\u00f3n por el punible de trata de personas, agravado; ii) el 26 de julio de 2016 el estrado hom\u00f3logo Once del mismo lugar le impuso 104.5 meses de retenci\u00f3n intramural por aquel delito y por el de falsedad material en documento p\u00fablico; y iii) el 13 de febrero de 2018 el despacho Quince de la misma categor\u00eda y ciudad le impuso 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los injustos de trata de personas agravado, acceso carnal violento y falsedad material en documento p\u00fablico. <\/p>\n
2.2. Luego, ante petici\u00f3n del quejoso, el 30 de diciembre de 2019 el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las condenas, estableciendo un quantum punitivo definitivo de 30 a\u00f1os, 1 mes y 18 d\u00edas; decisi\u00f3n que, recurrida por el procesado, el 31 de enero de 2020 la mantuvo el a-quo y el 29 de abril siguiente la confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el accionante critic\u00f3 que las autoridades judiciales enjuiciadas incurrieron en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, deficiente motivaci\u00f3n y claro desconocimiento de los precedentes sobre la materia, comoquiera que al estimar la pena definitiva a descontar no tuvieron en cuenta que las dos condenas a acumular fueron producto de preacuerdos en los que se le sancion\u00f3 bajo la modalidad de c\u00f3mplice, as\u00ed como que es una persona de 56 a\u00f1os de edad, con estudios profesionales, comportamiento ejemplar al interior del penal y padre de 3 menores. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que al efectuarse la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica sobre la pena m\u00e1s grave e incrementarla \u00aben otro tanto\u00bb, de acuerdo con los restantes delitos por los que se le sancion\u00f3, se acumul\u00f3 una suma que, en su concepto, se muestra injusta y constituye un castigo extremo e irracional. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que \u00ab[l]a actuaci\u00f3n adelantada fue respetuosa del debido proceso[,] tal y como se constata en la providencia que ahora se censura por v\u00eda de tutela, apreci\u00e1ndose que se quiere emplear la misma como una instancia m\u00e1s para controvertir lo all\u00ed decidido, \u2026providencia [que] fue ampliamente fundamentada, y por ende, lejos de constituir una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, pues la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas se realiz\u00f3 atendiendo precisamente los estrictos requisitos se\u00f1alados en la ley, brind\u00e1ndosele la oportunidad de interponer los recursos de ley[,] de los cuales hizo uso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00ablos pronunciamientos objeto de reproche estuvieron precedidos de un an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada, y la interpretaci\u00f3n de la normativa pertinente. Las autoridades de primera y segunda instancia procedieron a la aplicaci\u00f3n de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas conforme lo regula el art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004, en virtud del cual determinaron cu\u00e1l era la sanci\u00f3n punitiva que reportaba mayor gravedad para luego hacer los incrementos correspondientes y sin que superara la suma aritm\u00e9tica\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 haber demostrado que con las decisiones fustigadas los falladores incurrieron en carencia de motivaci\u00f3n, desconocimiento de los precedentes constitucionales y ordinarios sobre la materia, en especial, insisti\u00f3, porque se pas\u00f3 por alto que las dos \u00faltimas condenas, objeto de la acumulaci\u00f3n, se produjeron mediante \u00abpreacuerdos donde se pact\u00f3 la graduaci\u00f3n de la conducta punible de AUTOR a C\u00d3MPLICE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo de 29 de abril de 2020, para resolver la apelaci\u00f3n propuesta por el censor frente a la decisi\u00f3n de 30 de diciembre de 2019, mediante la cual el a-quo se pronunci\u00f3 sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas cuestionada. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n -por ser aqu\u00e9lla mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la autoridad ordinaria-, se observa que dicha Colegiatura recapitul\u00f3 que la censura del recurrente reca\u00eda sobre \u00abel monto de la pena fijada por el ente acusador como producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, al considerar que es excesiva\u00bb, frente a lo cual hall\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n por cuanto, tras citar algunos apartes de pronunciamientos de la Sala especializada en lo penal de esta Corte respecto a la \u00abdosificaci\u00f3n punitiva\u00bb (CSJ AP1902-2015, 16 abr., rad. 45507; y AP5285-2017, 16 ag., rad. 47953), advirti\u00f3 que: <\/p>\n
En este caso, el juez de penas explic\u00f3 que, a fin de conservar la proporcionalidad, y teniendo en cuenta el da\u00f1o causado, la permanencia en el tiempo, la lesi\u00f3n en varias ocasiones de los bienes jur\u00eddicamente protegidos y la proclividad al delito, impone una sanci\u00f3n de 30 a\u00f1os, 1 mes y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n, esto es, hizo un incremento del 66% por cada una de las otras condenas sobre la pena mayor. <\/p>\n
Lo que resulta razonable y proporcional, pues n\u00f3tese que no sobrepasa la suma aritm\u00e9tica de las penas impuestas en ambas sentencias, justific\u00f3 su determinaci\u00f3n, y adem\u00e1s de eso, una vez eligi\u00f3 la pena m\u00e1s grave que es la fijada para el delito de trata de personas agravado, decidi\u00f3 que por los punibles de trata de personas agravado y falsedad material en documento p\u00fablico que ten\u00eda una pena de 104.5 meses -8 a\u00f1os 8 meses 15 d\u00edas-, aumentar\u00eda 5 a\u00f1os, 8 meses, 18 d\u00edas; y, por los delitos de trata de personas agravado, acceso carnal violento, y falsedad material en documento p\u00fablico que comportaba una sanci\u00f3n de 108 meses -9 a\u00f1os-, incrementar\u00eda 72 meses -6 a\u00f1os-. <\/p>\n
Lo cual se acompasa con la gravedad de los delitos endilgados, pues n\u00f3tese que inicialmente fue condenado\u2026 porque capt\u00f3 una menor 11 a\u00f1os de edad, facilit\u00f3 su desplazamiento a otra ciudad para explotarla sexualmente con la falsa creencia de que se llenar\u00eda de dinero; lo que, seg\u00fan la sentencia, denota el da\u00f1o real causado y esa gravedad que deriva precisamente de la insensibilidad que mostr\u00f3 el acusado con la menor. <\/p>\n
Conductas que se repitieron en los dem\u00e1s procesos adelantados en los Juzgados Once y Quince Penal del Circuito, donde acept\u00f3 la comisi\u00f3n de los delitos de trata de personas agravado, acceso carnal violento, y falsedad material en documento p\u00fablico; destac\u00e1ndose que en uno de ellos, igualmente con enga\u00f1os a una menor de 15 a\u00f1os de edad, la desplaz\u00f3 a un establecimiento denominado \u201cGrill y Residencias Playboy La Mansi\u00f3n\u201d, ubicado en el Municipio de Apartad\u00f3, donde la violent\u00f3 sexualmente y la oblig\u00f3 a ejercer la prostituci\u00f3n. <\/p>\n
Todo lo cual, encaja en la argumentaci\u00f3n del ente ejecutor para fijar la pena acumulativa, misma que no carece de motivaci\u00f3n como plantea el recurrente, pues su proclividad al delito, no procede de la calidad de c\u00f3mplice que le fue adjudicada dada la negociaci\u00f3n que celebr\u00f3, sino de la permanencia en el tiempo de su actividad delictiva, del n\u00famero de delitos cometidos y de los bienes jur\u00eddicos vulnerados, que tal y como se explic\u00f3 en precedencia, son muy graves, m\u00e1xime cuando las v\u00edctimas son menores de edad. <\/p>\n
Por ende, no se trat\u00f3 solamente de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, sino que conforme a las sentencias emitidas en contra del se\u00f1or Arias S\u00e1nchez, el juez de penas, apoyado en la gravedad de las conductas, impuso la pena en cuesti\u00f3n, lo cual, conforme a la jurisprudencia en cita, no merece reparo alguno. <\/p>\n
Seguidamente, de forma expresa, desech\u00f3 por injustificada la reiterada alegaci\u00f3n del censor en cuanto a que el quantum de la acumulaci\u00f3n impuesto deb\u00eda ser inferior por la condici\u00f3n de c\u00f3mplice, que no de autor, en la cual se le conden\u00f3 en los dos \u00faltimos asuntos; con tal fin, acertadamente y con apoyo en precedente de esta Corte (CSJ AP1902-2015, 16 abr., rad. 45507), argument\u00f3: <\/p>\n
\u2026que no se hubiese tenido en cuenta que, en dos de esas actuaciones, fue condenado en virtud de preacuerdos, en los que se le degrad\u00f3 su participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice, no tiene fundamento alguno, dado que ese aspecto fue agotado en la dosificaci\u00f3n de la pena de cada uno de esos punibles en los fallos correspondientes, sin que tal circunstancia deba ser asumida nuevamente en la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas que opera con relaci\u00f3n a sanciones completamente dosificadas; as\u00ed lo ha explicado la Alta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c\u2026 Asimismo, se ha precisado que cumplidos los presupuestos para la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, el mismo texto por integraci\u00f3n normativa para efectos de dosificar la pena, remite al art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal que regula el concurso de conductas punibles, l\u00f3gicamente en su parte pertinente, por cuanto la suma jur\u00eddica no habr\u00e1 de hacerse sobre las conductas punibles individualmente imputadas al condenado en los procesos objeto de acumulaci\u00f3n, sino sobre las penas dosificadas en la forma y t\u00e9rminos en que se haya dispuesto en las sentencias\u2026\u201d (se destac\u00f3). <\/p>\n
Bajo tales disquisiciones asegur\u00f3 no encontrar que \u00abdeba imponerse una pena inferior, y tampoco que el condenado le sobrevenga una situaci\u00f3n m\u00e1s gravosa; por el contrario, conforme a los delitos cometidos, al contexto en que acaecieron, y a los bienes jur\u00eddicos vulnerados, la pena fijada resulta acorde y ajustada a la realidad f\u00e1ctica y al fin del instituto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb; de donde \u00abning\u00fan reparo merece la decisi\u00f3n apelada, estando llamada a su confirmaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala observa que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor, muy a pesar de sus alegaciones, es una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpret\u00f3 las normas (especialmente el canon 460 de la Ley 906 de 2004) y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, concluyendo, contrario a lo aducido por \u00e9l, que deb\u00eda ratificar la determinaci\u00f3n de fijarle \u00abuna pena definitiva acumulada de treinta (30) a\u00f1os, un (1) mes y dieciocho (18) d\u00edas\u00bb, haciendo \u00e9nfasis en que la condici\u00f3n de c\u00f3mplice por la cual se le conden\u00f3 en las dos \u00faltimas actuaciones ya hab\u00eda sido valorada en cada uno de esos asuntos al momento de dosificar la pena a imponerle, por lo que no s\u00f3lo era injustificada sino improcedente su pretensi\u00f3n que ese supuesto fuera nuevamente sopesado como un factor adicional para establecer el quantum definitivo de la acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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