STC7041-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7041-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00088-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 14 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo de Jes\u00fas Arias Pe\u00f1a contra los Juzgados Civil del Circuito y Primero Civil Municipal ambos de Sevilla, Valle del Cauca, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de respeto a la dignidad humana, a la \u00absolidaridad social\u00bb, a la \u00abbuena fe\u00bb, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, a la \u00ablegalidad\u00bb, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la \u00abprotecci\u00f3n especial a la propiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias en el marco del proceso de deslinde y amojonamiento que Jorge Alberto Maya Pareja promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2015-00197-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para que se \u00abREVOQUEN LAS SENTENCIAS DICTADAS (\u2026) [EL] 21 DE MARZO DE 2019 (\u2026) [Y LA] ADIADA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019\u00bb, y, que como consecuencia de ello, por una parte, \u00abPROFIERAN EN DERECHO, LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN CONGRUENTES JUR\u00cdDICAMENTE\u00bb; y por la otra, se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de Sevilla, \u00abresolver de fondo y en forma clara, apropiada, completa, oportuna, congruente y verificable, [su] PETICI\u00d3N datada 20 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que acredit\u00f3, que mediante escritura p\u00fablica del 1\u00ba de marzo de 2007, adquiri\u00f3 \u00abel derecho de dominio y la posesi\u00f3n sobre unas mejoras consistentes en una (1) casa de habitaci\u00f3n de dos plantas dotada de servicios de agua y energ\u00eda, sanitario y ba\u00f1o, con cultivos de caf\u00e9, pl\u00e1tano, banano, \u00e1rboles frutales\u00bb, y respecto del predio del demandante \u00abno [se] presenta[n] problemas de linderos en ninguno de sus costados con los colindantes\u00bb, pues adem\u00e1s, el derecho de dominio que \u00e9ste alega \u00abnace con posterioridad a la posesi\u00f3n ejercida y probada (\u2026) sobre el predio de catorce metros de frente por veintid\u00f3s metros de centro (14 X 22 MTS)\u00bb, el Juzgado Civil del Circuito de Sevilla, en desconocimiento del art\u00edculo 762 del C.C. y que el juicio comenz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirm\u00f3 lo decidido por el Juez Primero Civil Municipal de la citada ciudad que neg\u00f3 su oposici\u00f3n a la diligencia de deslinde, para acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Indica que en la anterior determinaci\u00f3n, no solo se interpretaron err\u00f3neamente los hechos expuestos, sino que se realiz\u00f3 un \u00abANALISIS INCOMPLETO DE LA CONTESTACI\u00d3N DE LA DEMANDA\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se descartaron los testimonios que daban cuenta sobre \u00abla posesi\u00f3n del terreno reclamado durante m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os, con el aditamento de la posesi\u00f3n ejercida por espacio de veinti\u00fan (21) a\u00f1os por parte\u00bb de sus predecesores. <\/p>\n
Se\u00f1ala de otra parte, que aunque solicit\u00f3 un \u00abINFORME VERIFICABLE CON EL ACERVO PROBATORIO INHERENTE, RESPECTO AL TR\u00c1MITE Y DECISIONES ADOPTADAS\u00bb, y que se \u00abindique y relacione los soportes documentales aportados al Proceso por parte del se\u00f1or MAYA PAREJA, para sustentar su reclamaci\u00f3n, desconociendo de contera la posesi\u00f3n material ejercida por parte del Demandado desde el d\u00eda 03 de marzo de 2007\u00bb, el Despacho del conocimiento limit\u00f3 su actuaci\u00f3n a remitirle copia del proceso, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, vulneran los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Civil del Circuito de Sevilla precis\u00f3, que \u00abtiene plena conciencia de haber obrado de manera ajustada a derecho, revisando las pruebas y alegatos de ambas partes. La no conformidad con una decisi\u00f3n de segunda instancia, no implica que la misma sea por tanto arbitraria o inconstitucional\u00bb. <\/p>\n
b. El Juez Primero Civil Municipal de la misma localidad, despu\u00e9s de pronunciarse frente a cada uno de los reparos expuestos por el actor, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de aqu\u00e9l, pues las decisiones que se profirieron en el proceso criticado se apoyaron en las normas aplicables para tal asunto; a m\u00e1s que frente al requerimiento de aqu\u00e9l, emiti\u00f3 las respuestas correspondientes en diciembre de 2020 y marzo de 2021. <\/p>\n
c. El se\u00f1or Jorge Alberto Maya Pareja indic\u00f3, que el juicio aludido \u00abfue adelantado respetando el debido proceso, agotando todas las etapas procesales previstas y dando continua oportunidad a las partes para que present\u00e1ramos y defendi\u00e9ramos nuestros argumentos, solicit\u00e1ramos, aport\u00e1ramos y practic\u00e1ramos todos los medios de prueba, interpusi\u00e9ramos los recursos previstos y aleg\u00e1ramos las causales de nulidad que oportunamente identific\u00e1ramos\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues \u00abla sentencia de segunda instancia que se censura data del 5 de septiembre de 2019, es decir, que se encuentra ampliamente superado el t\u00e9rmino de seis meses, que por la jurisprudencia ha sido considerado como el ‘plazo razonable, para cuestionar providencias judiciales por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en punto de las sentencias que le fueron desfavorables; adem\u00e1s agreg\u00f3, que no actu\u00f3 con la prontitud necesaria porque pese a que dentro del proceso estuvo representado por apoderado judicial, \u00e9ste no le inform\u00f3 respecto de las sentencias acusadas; y, en raz\u00f3n de la pandemia declarada por el Gobierno Nacional, se suspendieron los t\u00e9rminos procesales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, teniendo en cuenta que se incumple con el presupuesto de la prontitud que gobierna esta acci\u00f3n especial\u00edsima, toda vez que la determinaci\u00f3n que dej\u00f3 en firme la decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa al actora, es decir, la que resolvi\u00f3 de fondo la problem\u00e1tica suscitada, data del 5 de septiembre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 3 de mayo de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin que puedan aceptarse los argumentos relacionados, por una parte, con la falta de enteramiento de dichas decisiones, pues era responsabilidad de profesional del derecho designado por el tutelante y de \u00e9l mismo, estar al tanto de las determinaciones judiciales en las que se discut\u00edan sus intereses; y por la otra, con la situaci\u00f3n generada por el virus Covid-19 y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales en raz\u00f3n del Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico declarado por el Gobierno Nacional, pues t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor, de conformidad con numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus siempre estuvieron excepcionadas de la aludida par\u00e1lisis en los tr\u00e1mite judiciales1; luego entonces, nada obstaba para que el inconforme acudiera al amparo en un t\u00e9rmino razonable, a fin de exponer sus quejas frente al proceso de verbal ahora cuestionado. <\/p>\n
3.1. Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron aproximadamente 20 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9l solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
3.2. Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
4. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo. <\/p>\n
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