STC7044-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7044-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por el aqu\u00ed accionado, que obra como demandado en la acci\u00f3n popular identificada con el radicado 2021-00119-00, al no trasladarle en debida forma, los escritos a trav\u00e9s de los cuales ha dado contestaci\u00f3n y se ha pronunciado acerca de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Solicita entonces, que se ordene i) al representante legal de Bancolombia S.A. para asuntos constitucionales, que le \u00abremita a su correo electr\u00f3nico\u00bb, todos los \u00abrecursos, escritos y memoriales que hubiera radicado en la acci\u00f3n popular\u00bb; de otra parte, ii) y a \u00abquien corresponda\u00bb, aplicar lo dispuesto en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del CGP, concedi\u00e9ndole a su favor, el salario m\u00ednimo legal vigente a que alude la norma; y, finalmente, iii) al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que \u00abaporte copia del auto admisorio de la demanda popular para determinar cu\u00e1ndo se le notific\u00f3 a Bancolombia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que \u00abel representante legal de la entidad accionada (\u2026) inaplica [el] art. 78 C\u00f3digo General del Proceso, numeral 14 e igualmente desconoce (\u2026) art. 3\u00b0 Decreto Legislativo 806 de 2020, pues nada [l]e notifica sobre la respuesta dada por \u00e9l a [su] acci\u00f3n popular, lo que vulnera de paso [los] art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n\u00bb, lo que vulnera, dice, las prerrogativas superiores invocadas (ib\u00eddem). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u2013Risaralda, adem\u00e1s de remitir el expediente digital contentivo del tr\u00e1mite constitucional objeto de an\u00e1lisis, hizo hincapi\u00e9 en que el quejoso no solicit\u00f3 en momento alguno la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que ahora reclama; adem\u00e1s, que mediante auto del 21 de abril del a\u00f1o en curso se declar\u00f3 la nulidad del auto mediante el cual se hab\u00eda admitido la acci\u00f3n popular referenciada, y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente para que fuera repartido entre los juzgados civiles del circuito de Cali, frente a lo cual, se formul\u00f3 un recurso horizontal, que no ha sido resuelto a la data. <\/p>\n
b. Por su parte, Bancolombia S.A. aleg\u00f3, en \u00faltimas, que a la fecha no ha dado contestaci\u00f3n a la acciona popular a la que se refiere el accionante. <\/p>\n
c. Finalmente, el abogado Javier Tamayo Jaramillo, a quien el accionante se\u00f1al\u00f3 como \u00abrepresentante legal del Banco Bancolombia en acciones populares\u00bb, indic\u00f3 que no obra como apoderado judicial de la citada entidad bancaria en el marco de la acci\u00f3n popular examinada, por lo que pidi\u00f3 la declaratoria de improcedencia del amparo. <\/p>\n
A SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por dos razones a saber: \u00ab[l]a primera, que en el expediente de la acci\u00f3n popular es inexistente alguna petici\u00f3n del actor tendiente a que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al numeral 14 del art\u00edculo 78 del CGP, adem\u00e1s, tampoco est\u00e1 acreditado que \u00e9l hubiera acudido directamente ante la entidad financiera a solicitarle proceder como aqu\u00ed exige. <\/p>\n
En otras palabras, el accionante, de manera principal, est\u00e1 haciendo uso de esta acci\u00f3n para propiciar las gestiones que de los encartados demanda, dejando de lado el car\u00e1cter eminentemente residual de la acci\u00f3n de tutela. Debiendo dejarse anotado que, en cualquier caso, los reproches frente al banco y el juzgado est\u00e1n fundados en acciones u omisiones inexistentes, si se tiene en cuenta que esa entidad no fue notificada de la admisi\u00f3n de la demanda, admisi\u00f3n que, al fin y al cabo, fue declarada nula. <\/p>\n
Y la segunda que, en la actualidad, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali, y entonces, no se sabe si el despacho que la recibir\u00e1, asumir\u00e1 su conocimiento o propondr\u00e1 un conflicto negativo de competencia; en esos t\u00e9rminos, es claro que esta demanda resulta prematura, comoquiera que antes de tomar cualquier decisi\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de la norma y las sanciones que pone de presente el actor, debe definirse el funcionario que tramitar\u00e1 ese juicio, a quien en todo caso, se le debe elevar la correspondiente solicitud\u00bb. <\/p>\n
El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar las razones de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado, que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto sin duda, la queja va dirigida contra el representante legal para asuntos constitucionales de Bancolombia S.A., y el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u2013Risaralda, por supuestamente no procurar la aplicaci\u00f3n de lo normado en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, que reza a la letra que es deber de las partes y de sus apoderados, \u00ab[e]nviar a las dem\u00e1s partes del proceso despu\u00e9s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o un medio equivalente para la transmisi\u00f3n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se except\u00faa la petici\u00f3n de medidas cautelares. Este deber se cumplir\u00e1 a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente a la presentaci\u00f3n del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuaci\u00f3n, pero la parte afectada podr\u00e1 solicitar al juez la imposici\u00f3n de una multa hasta por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracci\u00f3n\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n popular adelantada por el se\u00f1or Uner Augusto frente a Bancolombia S.A., con radicado No. 2021-00119-00. <\/p>\n
3. Sin embargo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, y las manifestaciones efectuadas por los encartados, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser ratificado, si se tiene en cuenta que al momento de la interposici\u00f3n del amparo, no exist\u00eda de parte de aqu\u00e9llas actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, comoquiera que, lo cierto es, que en desarrollo de la acci\u00f3n popular en comento, Bancolombia SA ni siquiera hab\u00eda sido notificado de la contienda, y mucho menos, presentado alg\u00fan memorial, sumado al hecho que a la fecha el asunto est\u00e1 pendiente de ser remitido a los jueces civiles del circuito de Cali, luego de la declaratoria de nulidad del auto admisorio. <\/p>\n
4. Sobre la inexistencia de vulneraci\u00f3n superior, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (CSJ STC3695-2021). <\/p>\n
5. Ahora, aunque el inconforme tambi\u00e9n pretende que se efect\u00faen una serie de solicitudes a la autoridad judicial convocada, respecto de la aplicaci\u00f3n del num. 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del proceso, y la copia de piezas procesales, cabe precisar, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dicha autoridad, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (CSJ STC4551-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener la sentencia controvertida, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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