STC7045-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7045-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 28 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yohn Fredy de Jes\u00fas Posada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad, a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y libertad, que dice vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse abstengan\u2026 de proferir orden de captura en [su] contra\u2026 hasta que no sea resuelto el caso sub lite por la Honorable Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Yohn Fredy de Jes\u00fas Posada se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb, que el 17 de abril de 2020 el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Medell\u00edn, luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, lo absolvi\u00f3 disponiendo su libertad. <\/p>\n
2.2. El 15 de diciembre siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn revoc\u00f3 el fallo recurrido y, en su lugar, conden\u00f3 al acusado a la pena de 153 meses de prisi\u00f3n, al tiempo que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, disponiendo librar las \u00f3rdenes de captura conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004; determinaci\u00f3n recurrida en impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la orden de captura dispuesta por el Tribunal, pues aquella \u00abs\u00f3lo podr\u00e1 ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuaci\u00f3n procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u00bb, que, para el caso concreto, la condena fue recurrida en impugnaci\u00f3n especial, por lo que no est\u00e1 en firme, sumado que no le fue impuesta medida de aseguramiento. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; indic\u00f3 que \u00absobre los hoy condenados pesaba una Medida de Aseguramiento Privativa de la Libertad, la cual qued\u00f3 sin vigencia temporalmente por la decisi\u00f3n absolutoria de primera instancia proferida el d\u00eda diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020); pese a esto, al emitir fallo condenatorio esta Corporaci\u00f3n acogi\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 450 de la Ley 906\/2004, ya que para el caso, en estricto sentido la privaci\u00f3n de la libertad en esta sede se hace necesaria para el cumplimiento de la pena prisi\u00f3n impuesta, y sobre todo por cuando al dejarse sin efecto la sentencia absolutoria quedaba o retomaba su vigencia la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural proferida en este proceso en contra del accionante y los otros procesados\u00bb; que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta en el caso 2017-01081 es diferente a la ac\u00e1 auscultada, pues el all\u00ed procesado nunca tuvo medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva; remiti\u00f3 copia del fallo criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en esa instancia; refiri\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas del gestor, pues sus decisiones fueron emitidas con apego a la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 113 Judicial II Penal de Medell\u00edn manifest\u00f3 que \u00abla situaci\u00f3n del accionante es la prevista en la salvedad de la norma, es decir, la orden de captura es legal y respeta el debido proceso, en ambas normas procesales, pro tanto es improcedente la tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues el proceso se halla en curso, por lo que es al interior de la actuaci\u00f3n donde debe exponer los que por esta v\u00eda excepcional pretende. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, al margen de lo anterior, \u00abla orden del Tribunal de disponer la captura del actor, no\u2026 se\u00f1ala\u2026 ninguna irregularidad\u2026, puesto que la misma est\u00e1 soportada en lo establecido en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, precepto que habilita la aprehensi\u00f3n cuando la persona ha sido declarada penalmente responsable y se le han negado los subrogados penales, decisi\u00f3n que puede adoptarse al momento de la enunciaci\u00f3n del sentido de fallo y con mayor raz\u00f3n en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que respecto a la aplicaci\u00f3n de lo decidido en un caso con simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica es diferente, pues \u00abcontra e[se] procesado que se trae como referente no se profiri\u00f3 medida de aseguramiento, luego en relaci\u00f3n con el aqu\u00ed accionante no resulta aplicable, en virtud del principio de favorabilidad, lo dispuesto en el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que es viable la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad del inciso segundo del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, pues \u00abno se le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, situaci\u00f3n que hace completamente viable la aplicaci\u00f3n de lo preceptuado en cuento a que \u201csi se niega la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, la captura solo podr\u00e1 ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia\u201d hecho que no ha ocurrido en este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente caso el actor critica la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante la cual revoc\u00f3 la sentencia absolutoria y, en su lugar, lo conden\u00f3 junto con sus compa\u00f1eros de causa, y dispuso librar orden de captura para el cumplimiento inmediato de la pena impuesta; orden de aprehensi\u00f3n que considera excesiva, pues ha debido, por favorabilidad, dar aplicaci\u00f3n al contenido del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al margen del problema jur\u00eddico planteado, como fue destacado por la Sala Hom\u00f3loga Penal, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto que viene resalt\u00e1ndose, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, no es viable la intromisi\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y del estudio de los hechos expuestos por el reclamante, se torna inviable el resguardo invocado, comoquiera que, al consultarse el historial del proceso\u2026, pudo verificarse que actualmente se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya sustentaci\u00f3n fue presentada el 14 de agosto de 2018 y remitido a la Corte Suprema de Justicia el 22 siguiente (ff. 4 y 5, cd. Corte), por lo que ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que involucra incluso las prerrogativas que alega vulneradas el actor en relaci\u00f3n con la falta de defensa t\u00e9cnica y el puntual reparo de no haber sido citado a las audiencias realizadas. <\/p>\n
Y es que el alcance y finalidad del examen que en sede de casaci\u00f3n penal se ejecuta, implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa y un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control, en materia penal, la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb (CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387). <\/p>\n
Y en otro pronunciamiento, esta Sala al resolver una demanda de tutela de perfiles id\u00e9nticos resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710) (Negrillas fuera de texto) (CSJ, STC12182-2018, 19 sep, rad. 2018-01324). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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