STC7050-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7050-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00191-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 20 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Ru\u00edz Berr\u00edo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y Betty Esther Acevedo Figueroa, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena \u00abla revocaci\u00f3n del ACTO JUR\u00cdDICO del REMATE y su INSCRIPCI\u00d3N en el FOLIO de MATR\u00cdCULA INMOBILIARIA #060-39077\u00bb, y, que como consecuencia de ello, se disponga la \u00abentrega [d]el bien inmueble\u00bb en el aludido juicio. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que el 26 de marzo de 2010 a\u00fan no se hab\u00edan registrado las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda y embargo del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 060-39-077, el Despacho convocado no solo, en aquella data practic\u00f3 la diligencia de secuestro del bien, sino que el 19 de octubre de 2011 fij\u00f3 para el 22 de noviembre siguiente, la diligencia de remate del mentado predio. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque las citadas cautelas finalmente se registraron hasta el 12 de enero de 2012, el Juzgado el 25 de abril posterior subast\u00f3 el aludido bien, omitiendo que el certificado de libertad se arrim\u00f3 ese mismo d\u00eda, las publicaciones no se hicieron en un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n, y, el acta no cumpl\u00eda con las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Indica que aunque por las anteriores irregularidades toda la actuaci\u00f3n es nula, la autoridad cognoscente aprob\u00f3 la almoneda, pero sin disponer la entrega del inmueble, determinaci\u00f3n que fue posterior, y, que ocasion\u00f3 que, en \u00faltimas, su madre \u00abfue[ra] despojada del bien inmueble por la adjudicataria (\u2026) usando v\u00edas de hecho en compa\u00f1\u00eda de unos agentes de polic\u00eda y otras personas y sin la presencia de la autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente manifiesta, que aun cuando era clara la \u00abfalta de formalidades para la diligencia de remate\u00bb a voces del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado criticado neg\u00f3 la nulidad invocada y guard\u00f3 silencio respecto del \u00abCONTROL DE LEGALIDAD\u00bb que solicit\u00f3 el pasado 15 de julio, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, quebrantan las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena precis\u00f3, por una parte, que no ha resuelto la petici\u00f3n del actor pues el proceso se encuentra desde el a\u00f1o 2012 en el archivo central de la rama judicial; y por la otra, que \u00abha procedido conforme al ordenamiento jur\u00eddico, sin incurrir en v\u00edas de hecho, m\u00e1s a\u00fan si consideramos que la hoy accionante tuvo, a su disposici\u00f3n todos los instrumentos que la ley procesal le otorga para ejercitar cabalmente su defensa, pero que, por su culpa, no fueron ejercitados adecuadamente\u00bb. <\/p>\n
b. La se\u00f1ora Betty Esther Acevedo Figueroa se\u00f1al\u00f3, en lo fundamental, que el actor y su difunta progenitora est\u00e1n haciendo un uso inadecuado del aparato judicial, pues ya han formulado infructuosamente acciones constitucionales, adem\u00e1s de una demanda ordinaria y una denuncia penal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues las actuaciones censuradas respecto del litigio en cuesti\u00f3n datan de los a\u00f1os 2008 y 2013, y, la nulidad que fue negada del 2019, \u00abmientras que su pretendida salvaguarda es radicada el 09 de abril de 2021, es decir, hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que hace palmaria la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino reconocido jurisprudencialmente para la interposici\u00f3n del resguardo\u00bb; a m\u00e1s que frente a esta \u00faltima actuaci\u00f3n se incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues aunque el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que le result\u00f3 desfavorable, al no sufragar las expensas necesarias para su tr\u00e1mite, se declar\u00f3 desierto el mecanismo. <\/p>\n
De otra parte, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al debido proceso del inconforme en relaci\u00f3n a la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb elevada en el citado juicio, luego de considerar que, \u00abel hecho de que el accionado no haya dado tr\u00e1mite a la solicitud arguyendo la mora en el desarchivo del proceso, contrario a justificar su falta de respuesta, confirma la mora judicial frente a la petici\u00f3n en comento; pues, el juez adem\u00e1s de dispensar justicia, es el director administrativo del despacho, y debe adoptar las mejores pr\u00e1cticas teniendo en cuenta el talento humano con que cuenta, como un medio para garantizar los derechos de los usuarios de la justicia. En ese orden, el juez como director del proceso y del despacho tiene el deber de intervenir para la pronta resoluci\u00f3n del proceso o las solicitudes que se le platean con relaci\u00f3n a los mismos, lo que incluye los mandatos necesarios para lograr el desarchivo de los expedientes a efectos de resolver las peticiones de los usuarios\u00bb. Por lo anterior, orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de 48 horas contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, \u00abadopte y comunique las \u00f3rdenes necesarias para que se efect\u00fae el desarchivo del expediente con n\u00famero de radicaci\u00f3n 13001310300220080064400, y as\u00ed poder resolver la petici\u00f3n del tutelante, para lo cual se le concede el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas contados de la misma manera.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela de cara a las actuaciones relacionadas con la almoneda y la ilicitud de la diligencia de remate. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, y tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional instaurada por el se\u00f1or Ru\u00edz Berr\u00edo, la Corte evidencia que lo solicitado, esto es, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena dejar sin efecto el prove\u00eddo adiado 28 de mayo de 2012, mediante el cual se aprob\u00f3 la almoneda practicada al interior del proceso divisorio que Eduvigis Berr\u00edo de Ru\u00edz (q.e.p.d.), y Francisco Juan y Juan Manuel Berr\u00edo, promovieron frente a Jairo, Romero Berr\u00edo y otros, debe desestimarse por existir cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
3. Ciertamente, aunque la queja actual se dirige contra el aludido Juzgado, advirtiendo que \u00e9ste no se hab\u00eda pronunciado respecto del control de legalidad que solicit\u00f3 de cara a la subasta practicada en el marco del juicio referido en l\u00edneas anteriores, observa la Corte que las mismas inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas por el citado ciudadano, es decir, la ilegalidad de la puja adelantada en el marco del citado asunto declarativo, en raz\u00f3n de la supuesta falta de perfeccionamiento de las medidas cautelares, y las inconsistencias de la demanda, ya fueron objeto de debate constitucional ante esta misma Corporaci\u00f3n, quien en sede de impugnaci\u00f3n mediante sentencia STC13204-2019 del 30 de septiembre del 2019, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado que neg\u00f3 el amparo solicitado por el aqu\u00ed interesado, en punto de la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre la aprobaci\u00f3n de la tan mentada diligencia de remate, por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues advirti\u00f3 que \u00ab[f]\u00e1cilmente se constata que desde la emisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n m\u00e1s reciente, esto es, la que corrobor\u00f3 el remate (28 may. 2012) hasta la radicaci\u00f3n de este libelo, lo que sucedi\u00f3 el 25 de julio de 2019, transcurrieron 7 a\u00f1os, 3 meses y 21 d\u00edas, deduci\u00e9ndose que en ambos casos, se super\u00f3 con creces el semestre que esta Corte en armon\u00eda con la Constitucional ha considerado prudente para activar esta senda\u00bb, agregando adem\u00e1s, que \u00abque el plazo y la ejecuci\u00f3n de las herramientas procesales pertinentes para refutar determinado prove\u00eddo, contrario a los intereses del que se dice perjudicado, se miran respecto de los actos que efectiva y directamente generan la transgresi\u00f3n que causa la queja, para el caso, la \u00absentencia\u00bb de 23 de febrero de 2010 y el auto que aval\u00f3 el \u00abremate\u00bb (28 may. 2012), sin que sea de recibo admitir su reviviscencia por ulteriores pedimentos, tal y como en este evento con la solicitud de invalidez del libelista, rechazada de plano por la agencia judicial denunciada el 15 de mayo del a\u00f1o en curso, pues, semejantes interpelaciones resultar\u00edan desdibujadas totalmente en la medida que en todo instante ser\u00eda viable que el inconforme presente memoriales para reactivar etapas clausuradas\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, al ser remitido el expediente al Alto Tribunal Constitucional, \u00e9ste fue excluido de revisi\u00f3n mediante prove\u00eddo de 26 de noviembre de 20191, por lo que la aludida decisi\u00f3n hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243 numeral 1\u00ba C.P.), y por ende, es oponible a quienes intervinieron en dicho tr\u00e1mite constitucional, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de reabrir nuevamente el debate sobre aquellas actuaciones, en lo que a la tem\u00e1tica puntual refiere, criterio igualmente sostenido por esta Colegiatura, citando a la Corte Constitucional, al precisar que, \u00abuna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u201cno hay lugar para reabrir el debate\u201d y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (CC SU1219\/01, citada entre otras, en CSJ STC3824-2021). <\/p>\n
5. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n