STC7054-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7054-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edlyn Mar\u00edn Araque contra el Juzgado Quince de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del cobro coercitivo a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la aludida prerrogativa, que (i) se deje \u00absin efecto el auto de fecha 29 de abril de 2021, por medio del cual el Juzgado 15 de Familia de Medell\u00edn declar\u00f3 nula la notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago realizada al demandado en el proceso ejecutivo de alimentos\u00bb; (ii) se \u00abdeclare improcedente la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n propuesta por el demandado Hugo Iv\u00e1n Mar\u00edn Taborda\u00bb, consecuencialmente, (iii) se \u00abdeclare v\u00e1lida la notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago enviada al demandado el d\u00eda 14 de enero de 2021, y teni\u00e9ndolo por notificado el 18 de enero del mismo a\u00f1o\u00bb; y, (iv) siga adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro del juicio de alimentos en comento, el 22 de enero actual el Despacho encartado \u00abtuvo por notificado al demandado el d\u00eda 18 de enero de 2021, es decir, dos (2) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s del acuse de recibo, tal y como lo dispone el art\u00edculo 8vo del Decreto 806 del 2020\u00bb; acto de notificaci\u00f3n que fue remitido al correo electr\u00f3nico margretmarin@hotmail.com, canal digital en su oportunidad informado por la EPS SURA, dijo. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el d\u00eda 25 siguiente, el all\u00ed ejecutado, adem\u00e1s de \u00abcontestar\u00bb la demanda, \u00abpromovi\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, pretextando que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica \u00abno le pertenece y por tanto la notificaci\u00f3n all\u00ed realizada no deb\u00eda validarse\u00bb, frente a lo cual, el Juzgado en audiencia del 29 de abril de la calenda que avanza concluy\u00f3, entre otros aspectos, que dada la edad del accionante, 86 a\u00f1os, no estaba \u00abfamiliarizad[o] con los medios tecnol\u00f3gicos y por consiguiente requieran de un familiar allegado para suministrar en este caso un Email para efectos de notificaci\u00f3n\u00bb, y que \u00abel correo electr\u00f3nico no le pertenec\u00eda al se\u00f1or Mar[\u00ed]n Taborda\u00bb, por lo que \u00absi se brind\u00f3 tal correo (\u2026) a Sura Eps era solo para fines exclusivos de salud entre la Eps-Afiliado y no para notificaciones judiciales desconociendo as\u00ed el par\u00e1grafo 2, art[\u00ed]culo 8 del Decreto 806 del 2021\u00bb; adicionalmente, cuestion\u00f3 la oportunidad en que se present\u00f3 el escrito de nulidad, razones \u00e9stas por las cuales acude al presente mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, porque la tutela \u00abno puede convertirse en un recurso m\u00e1s al que pueden acudir los abogados para discutir las providencias que carecen de la alzada por expreso mandato legal\u00bb. <\/p>\n
b. Hugo Iv\u00e1n Mar\u00edn Taborda, vinculado, dijo que siempre ha sido de su inter\u00e9s \u00abrecurrir al proceso\u00bb, pero en raz\u00f3n a que su enteramiento del mandamiento de pago \u00abse practic\u00f3 de manera indebida\u00bb, pidi\u00f3 la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n para que de esta manera fuera garantizado su derecho de contradicci\u00f3n y defensa, sin que con dicho pedimento hubiere sido quebrantada garant\u00eda esencial alguna de la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala de Familia, neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar que el funcionario querellado no vulner\u00f3 a la accionante su debido proceso al interior de la ejecuci\u00f3n de alimentos criticada, en la medida en que \u00ablas razones que expuso para declarar la nulidad de la notificaci\u00f3n realizada al demandado, no son arbitrarias o caprichosas, ni se evidencia que hubiere incurrido en falta o indebida motivaci\u00f3n, toda vez que la emiti\u00f3 con fundamento en las normas aplicables, el valor probatorio y el an\u00e1lisis del caso en concreto, en el que explic\u00f3 claramente los motivos por los cuales, si bien se acredit\u00f3 como se obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, lo cierto es que se demostr\u00f3 que el aludido correo no es utilizado por el ejecutado, sino que es de uso exclusivo de la hija de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, cuestionado la licitud en la aportaci\u00f3n de \u00abinformaci\u00f3n de notificaci\u00f3n a una entidad p\u00fablica o privada y limitar al mismo tiempo la naturaleza de las notificaciones que ser\u00e1n recibidas por ese medio\u00bb, e incurrir en \u00abinformaci\u00f3n de notificaci\u00f3n inexacta y\/o desactualizada a una entidad p\u00fablica o privada y luego alegar indebida notificaci\u00f3n derivada de la inexactitud de esa informaci\u00f3n reportada por la misma persona\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Edlyn Mar\u00edn Araque est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, a cuestionar la providencia del 29 de abril de la presente anualidad proferida en audiencia por el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de la cual se dispuso anular la actuaci\u00f3n relacionada con el enteramiento del mandamiento de pago al demandado, para entonces, tenerlo por notificado por conducta concluyente a partir del 10 de febrero de 2021, pues en su criterio, el juez del asunto incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico, defecto sustantivo y defecto procedimental\u00bb, al incurrir en \u00abEXCESO RITUAL MANIFIESTO\u00bb y exigirle como ejecutante que \u00abcomprobara que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica margretmarin@hotmail.com correspond\u00eda a la realmente utilizada por el demandado\u00bb; y del otro, desconocer \u00abel principio de eventualidad de los actos procesales, materializado en el art\u00edculo 136, numeral 1 del C\u00f3digo General del Proceso, que expresa que las nulidades se entender\u00e1n saneadas cuando la parte realice cualquier actuaci\u00f3n dentro del proceso sin proponerlas\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, no advierte la Corte procedente la concesi\u00f3n del amparo inquirido, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Sobre el primer cuestionamiento, la autoridad criticada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, situaci\u00f3n que le permiti\u00f3 concluir, (minuto 33:11 del audio de la diligencia), que \u00abla informaci\u00f3n obtenida por la parte demandante para ser remitido al correo electr\u00f3nico provino de un tercero que corresponde al certificado que emiti\u00f3 la EPS SURA informando cu\u00e1l era o cu\u00e1l se hab\u00eda dado como correo del demandado en oficio del 11 de diciembre del a\u00f1o 2020, se estableci\u00f3 con base en esa certificaci\u00f3n que el correo electr\u00f3nico (\u2026) del demandado (\u2026) era margretmarin@hotmail.com, por consiguiente, en ese sentido dir\u00edamos que se est\u00e1 cumpliendo con lo establecido en ese inciso segundo en la medida en que el demandado si bien no informa pues directamente c\u00f3mo obtuvo la direcci\u00f3n, es evidente que esta direcci\u00f3n corresponde por oficio expreso certificado por la EPS Sura, en ese sentido, pues se estar\u00eda cumpliendo cabalmente con este requisito ya que se tiene evidencia de c\u00f3mo se obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, sin embargo, ese otro requisito que establece el inciso tercero, se\u00f1alando, advirtiendo o exigiendo que se aporten evidencias donde se demuestre o que se pueda evidenciar, como as\u00ed lo dice literalmente la norma de que \u00e9ste corresponde al del demandado, porque bien puede informarse c\u00f3mo se obtuvo pero otra cosa diferente es que corresponda realmente al del demandado, es cierto que en esta oportunidad digamos de analizar lo que corresponde al tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n v\u00edas correos electr\u00f3nicos o a trav\u00e9s de los medios virtuales, lo cierto es que la ley no ha establecido de manera clara precisa digamos todos estos pormenores o detalles que se van desarrollando en la pr\u00e1ctica, por consiguiente le corresponde al int\u00e9rprete en este caso al Juzgado proceder con ese an\u00e1lisis a la luz de la jurisprudencia constitucional, de las leyes vigentes en una armon\u00eda sistem\u00e1tica de las disposiciones y principios y sobre todo constitucionales, si el principio fundamental es verificar, constatar que en efecto el demandado logr\u00f3 notificarse, enterarse de las providencias y de esa manera garantizar su derecho de contradicci\u00f3n, como lo dec\u00eda hace un momento, el legislador quiso ser es muy estricto en ese prop\u00f3sito de lo contrario podr\u00eda asaltarse al demandado en el tr\u00e1mite de un proceso por el cumplimiento de una mera formalidad\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente, de la declaraci\u00f3n all\u00ed rendida por la se\u00f1ora Mar\u00eda Margret Mar\u00edn Jaramillo, tambi\u00e9n hija del se\u00f1or Hugo Iv\u00e1n Mar\u00edn Taborda, la c\u00e9lula judicial encartada determin\u00f3 (minuto 36:15 y ss audio de la audiencia), que \u00abel correo electr\u00f3nico al cual se le remiti\u00f3 el auto que libra mandamiento de pago no es del titular del demandado Hugo Iv\u00e1n Mar\u00edn Taborda, sino de \u00e9sta testigo, ella claramente afirma que inform\u00f3 dicho correo por cuanto se lo solicit\u00f3 la EPS Sura, en la medida en que por la edad que tiene el se\u00f1or Hugo Iv\u00e1n de 86 a\u00f1os, y como bien lo dijo la se\u00f1ora Mar\u00eda Margret en su declaraci\u00f3n a \u00e9l se le dificulta hacer uso de los medios tecnol\u00f3gicos y entonces no cuenta con un correo electr\u00f3nico, y si el prop\u00f3sito de la EPS Sura es que la persona que puede darse a entender en ese sentido y que puede dar a conocer esa informaci\u00f3n por el correo electr\u00f3nico es la que pod\u00eda informar directamente tambi\u00e9n esa direcci\u00f3n\u00bb; luego era comprensible que la se\u00f1ora Mar\u00eda Margret \u00abque diera un correo electr\u00f3nico y no propiamente el del se\u00f1or Hugo Iv\u00e1n. <\/p>\n
3.2. Frente al segundo reparto, el cual fue objeto de recurso de reposici\u00f3n por la aqu\u00ed accionante (minuto 1.35 y ss audio actuaci\u00f3n), dijo que \u00aben efecto, el principio de eventualidad y as\u00ed lo expresa el C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente en su art\u00edculo 136, en el sentido de que se sanea la nulidad cuando se da una de las circunstancias previstas en dicha norma, esto es, cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; o, segundo, cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa (\u2026); o tambi\u00e9n, tercero, cuando se origine en la interrupci\u00f3n, suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causal, o cuando a pesar del vici\u00f3 el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa; el principio de eventualidad o de preclusi\u00f3n establece que las partes interesadas deben acudir dentro del t\u00e9rmino establecido en la ley, so pena de acarrear las sanciones establecidas en la misma ley procesal, y de esa manera entonces, garantizar los derechos de la contraparte a una igualdad de armas, para efectos de asumir su propia posici\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos que son perentorio, improrrogables y de cumplimiento forzoso. (\u2026). En esa medida el Juzgado considera que en ese caso no se viol\u00f3 o no se vulner\u00f3 el principio de eventualidad (\u2026), y por consiguiente, no se encuentra saneada la nulidad, teniendo en cuanta algo particular en el caso y es que si bien es cierto el demandado se pronuncia a trav\u00e9s de memorial del 2 de febrero donde aporta el poder y da a conocer lo que \u00e9l considera una indebida notificaci\u00f3n o al menos no en esos precisos t\u00e9rminos, pero que s\u00ed hay una irregularidad en la notificaci\u00f3n, el juzgado a trav\u00e9s de providencia del 8 de febrero lo requiere para que aclare su escrito en ese sentido, esta providencia (\u2026) ha debido entonces ser sujeto de discusi\u00f3n, de reposici\u00f3n y no de aceptaci\u00f3n por la parte demandante, para que de esta manera ya no se permita la posibilidad de alegar la en tiempo\u00bb luego esa decisi\u00f3n \u00abavala el proceder del demandado de presentar la nulidad\u00bb, por lo que no hab\u00eda posibilidad de considerar que la nulidad se present\u00f3 de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
4. De ese modo, no cabe duda de que, a diferencia de lo considerado por la accionante, la decisi\u00f3n proferida por la sede judicial criticada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto y ponderado de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 visto, para dar al traste con la solicitud de tener por notificado al ejecutado a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el juez cognoscente, despu\u00e9s de realizar una valoraci\u00f3n integral de todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas al interior del asunto, determin\u00f3 que el canal digital informado por la EPS Sura no serv\u00eda para los efectos del enteramiento del all\u00ed ejecutado respecto del mandamiento de pago, en la medida en que, \u00abno hay una norma que diga que el paciente deber\u00e1 expresar su correo electr\u00f3nico, sino un correo electr\u00f3nico\u00bb, el cual correspond\u00eda a un familiar del demandado, pero no era de su uso personal. <\/p>\n
Y, frente a la oportunidad para presentar la nulidad, dijo que el \u00ab2 de febrero\u00bb de los corrientes el demandado adem\u00e1s de aportar poder dio \u00aba conocer lo que \u00e9l considera una indebida notificaci\u00f3n\u00bb, y que, si bien el Despacho requiri\u00f3 al memorialista para que aclarara su escrito, dicha situaci\u00f3n no implicaba que la solicitud de nulidad hubiere sido presentada de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Por lo tanto, a diferencia de lo que aleg\u00f3 el recurrente, la autoridad convocada no se apart\u00f3 de los lineamientos trazados por el Decreto 806 de 2020, y tampoco de los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, en punto a los casos en que se convalida una nulidad. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, frente a las quejas elevadas por la inconforme en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionadas con la licitud de aportar direcciones electr\u00f3nicas \u00abinexactas\u00bb ante entidades p\u00fablicas o privadas, se advierte que tales alegatos se cimientan en hechos nuevos exteriorizados en esta instancia, por lo que no pueden ser analizados por la Sala, si en cuenta se tiene que los querellados no tuvieron la oportunidad de ejercer su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a los mismos, principalmente, por la autoridad que adelant\u00f3 el juicio en primera instancia. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad\u2013deber del fallador de sentenciar extra y ultrapetita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (…) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC5287-2021) <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7054-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC7054-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}