STC7057-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7057-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de abril de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Enrique Zuleta Brand contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad convocada, en el marco del juicio declarativo que su progenitor adelant\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Floralba Paloma Cuellar, radicado bajo el No. 2015-00236-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende en lo cardinal, que se declare la anulaci\u00f3n de todo lo actuado \u00aba partir del momento en que ocurri\u00f3 la muerte de mi se\u00f1or padre ENRIQUE ZULETA VARGAS, de acuerdo a la documentaci\u00f3n que aparece aportada al proceso ordinario de la referencia\u00bb, y en su lugar, se disponga la \u00abreanudaci\u00f3n procesal pertinente para que se nos brinde la oportunidad a los herederos del causante y a la conyugue sup\u00e9rstite de poder actuar en nuestras calidades de sucesores procesales\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva en decisi\u00f3n del 16 de octubre de 2016, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del preanotado asunto por desistimiento t\u00e1cito, ante el supuesto abandono que sufri\u00f3 el proceso por parte del abogado de su progenitor, quien previamente a su deceso padeci\u00f3 una enfermedad grave que lo llev\u00f3 \u00abhasta el sepulcro\u00bb, y por lo tanto, no pudo ejercer su propia defensa. <\/p>\n
Explic\u00f3, que una vez tuvo conocimiento de la situaci\u00f3n, \u00aben nuestra condici\u00f3n de hijos leg\u00edtimos del citado causante\u00bb, pidi\u00f3 ante la c\u00e9lula judicial encartada el desarchivo del litigio, la \u00abaplicaci\u00f3n [del] art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, y, la consecuente anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n; empero, el 6 de febrero de los corrientes fue despachado de forma adversa su pedimento, pretextando que por el paso del tiempo no exist\u00eda \u00abninguna posibilidad de reabrir el caso\u00bb, motivo \u00e9ste por el cual acude al juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, simplemente alleg\u00f3 copia del expediente digital que origin\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
b.) Los dem\u00e1s vinculados permanecieron silentes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por incumplir con el requisito de procedibilidad de la inmediatez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, haciendo \u00e9nfasis en que, previo a declarar la culminaci\u00f3n del proceso declarativo criticado, debi\u00f3 suspenderse el mismo por la enfermedad grave del all\u00ed demandante, sin que fuera viable \u00abimputarle al accionante el retardo en el tiempo para reclamar los derechos procesales, porque se trata de una persona quien falleci\u00f3, y a quien se le vulneraron sus derechos procesales aun despu\u00e9s de haber ocurrido su muerte\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Pedro Enrique Zuleta Brand cuestiona, puntualmente, la decisi\u00f3n del 16 de octubre de 2016, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso declarativo de nulidad de promesa de compraventa que su se\u00f1or padre, Enrique Zuleta Vargas (q.e.p.d.), promovi\u00f3 frente a Floralba Paloma Cu\u00e9llar, \u00abpor haber operado la figura del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la negativa de la protecci\u00f3n solicitada habr\u00e1 de confirmarse, teniendo en cuenta que la \u00faltima determinaci\u00f3n emitida dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional data del 16 octubre de 2016, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 23 de marzo de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Y aun cuando se admitiera que el gestor del amparo solamente tuvo noticia de la finalizaci\u00f3n del asunto hasta tanto compareci\u00f3 al proceso y pidi\u00f3, entre otras, la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, lo cierto es que sus pedimentos fueron denegados el 6 de febrero anterior, siendo en todo caso un t\u00e9rmino considerable entre lo sucedi\u00f3 y la \u00e9poca que acudi\u00f3 en sede de tutela. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la primera decisi\u00f3n y aproximadamente once meses respecto de la segunda, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC5875-2021). <\/p>\n
4. Lo anterior, sin que la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pueda exculparse en el fallecimiento del demandante dentro del juicio endilgado, pues a m\u00e1s de haber estado all\u00ed debidamente representado por apoderado judicial, como se dijo en l\u00edneas precedentes, el aqu\u00ed accionante tambi\u00e9n intent\u00f3 actuar en dicho juicio, y desde el 6 de febrero de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva resolvi\u00f3 de forma adversa su pedimento, por lo que, en estricto sentido, desde entonces el se\u00f1or Pedro Enrique tuvo conocimiento de lo que acontec\u00eda al interior de la causa criticada. <\/p>\n
5. Con todo, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que, conforme dan cuenta las piezas procesales digitales arrimadas al plenario, el gestor en un acto constitutivo de incuria, no atac\u00f3 a trav\u00e9s de los recursos ordinarios la decisi\u00f3n que ahora considera lesiva de sus garant\u00edas esenciales (art. 321-6 C.G. del P.), por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito al amparo, dado que no puede pretender ahora subsanar su propio descuido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Tal y como lo ha se\u00f1alado esta Sala en reciente pronunciamiento, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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