STC7064-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7064-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00959-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l incoada contra el Banco compartir, a la cual se acumul\u00f3 la igualmente iniciada por \u00e9l contra el Banco Davivienda (radicados 2016-00005 y 2016-00006). <\/p>\n
Solicit\u00f3 en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada: (I) remitir el link de acceso al expediente de la acci\u00f3n popular acumulada; (II) informar el correo electr\u00f3nico donde puede consultar el tr\u00e1mite de segunda instancia dado a su acci\u00f3n popular y; (III) entregar copia, si existiere, de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso constitucional acumulado. <\/p>\n
Fundament\u00f3 sus pretensiones en que, despu\u00e9s de dictada sentencia de primera instancia que \u00e9l apel\u00f3, solicit\u00f3 en reiteradas ocasiones al despacho encartado la remisi\u00f3n de los escritos de apelaci\u00f3n al juzgador ad-quem, as\u00ed como que le informe el correo electr\u00f3nico del magistrado que tramita la impugnaci\u00f3n porque en la p\u00e1gina web del Tribunal (Superior de Bogot\u00e1) no aparecen estados electr\u00f3nicos, pero nada se le ha informado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Banco Compartir S.A. se opuso a las pretensiones formuladas por el accionante, pues a la luz de las normas que regulan el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n como el C\u00f3digo General del Proceso y el Decreto 806 de 2020, el accionante tiene el deber de asumir las cargas propias que le corresponde en un litigio, tales como aprender a consultar sus procesos en las p\u00e1ginas web del Consejo Superior de la Judicatura, desconocimiento que no puede ser usado para imponerle al juez de conocimiento la obligaci\u00f3n de ser el remitente o mensajero de las solicitudes del accionante a otras autoridades judiciales, pues eso afecta su posici\u00f3n garante e imparcial. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que posterior a acumular las acciones populares 2016-00005 y 2016-00006, orden\u00f3 por secretar\u00eda remitir el link de acceso al expediente a las partes y apoderados, mandato que se cumpli\u00f3 con correo de 5 de octubre de 2020 (Cuaderno 1, archivo 9), y, que una vez profiri\u00f3 sentencia, concedi\u00f3 la alzada y remiti\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Bogot\u00e1; enfatiz\u00f3 que a las mismas direcciones de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del demandante y los demandados se envi\u00f3 copia de ese email, encontr\u00e1ndose all\u00ed los datos del receptor del mensaje para surtir la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Un abogado adscrito a la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 present\u00f3 contestaci\u00f3n en el referido tr\u00e1mite, no obstante, tal escrito no se tendr\u00e1 en cuenta puesto que no aport\u00f3 poder o acto administrativo que lo faculte para pronunciarse en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. El Banco Davivienda solicit\u00f3 negar el resguardo por no existir violaci\u00f3n alguna atribuible al juzgado accionado, adujo que, incluso esa entidad incluy\u00f3 a Arias Id\u00e1rraga como destinatario del memorial que ellos presentaron ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por lo cual cont\u00f3 con la posibilidad de extraer la informaci\u00f3n que echa de menos. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que s\u00f3lo despu\u00e9s de que el fallador de segunda instancia declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n en la acci\u00f3n popular, el aqu\u00ed accionante elev\u00f3 petici\u00f3n formal al juzgado de conocimiento con la finalidad de obtener las direcciones electr\u00f3nicas de su ad quem. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo promovido por considerarlo hecho superado, pues con mensajes de datos de 13 y 14 de mayo \u00faltimos fue remitida respuesta a los requerimientos del demandante v\u00eda correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en relaci\u00f3n a las notificaciones de las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de segunda instancia consta que se surtieron mediante estados electr\u00f3nicos, de conformidad con el Decreto 806 de 2020, los cuales pudo consultar en el micrositio web de la Secretar\u00eda de la Sala Civil de esa Corporaci\u00f3n, no obstante, no lo hizo, omitiendo as\u00ed su deber de presentar los recursos y alegatos correspondientes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito genitor, cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia porque \u00e9l s\u00ed sustent\u00f3 su recurso de apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y pidi\u00f3 se pruebe por el juzgado encartado que no recibi\u00f3 su escrito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, y en determinadas hip\u00f3tesis de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de un \u00abproceder ileg\u00edtimo [que] no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 2001-00183-01); y, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte se advierte la ausencia de las violaciones alegadas en tanto que, en dos ocasiones le fue remitido al accionante el link del expediente objeto de esta controversia, la primera de ellas ocurri\u00f3 el 5 de octubre de 2020 (Cuaderno principal, archivo 9), a su correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com, y, recientemente, el 13 de mayo \u00faltimo, lo cual indica que antes de la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela el accionante tuvo en su poder oportunidad de conocer el plexo documental echado de menos, luego entonces, no se advierte negligencia o arbitrariedad alguna en las actuaciones desplegadas por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se observa que el 25 de marzo de 2021 el accionante present\u00f3 al correo j50cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co manifestaci\u00f3n en la que resalta que desconoce el correo electr\u00f3nico de la autoridad judicial ante quien se surte la alzada, por lo que pide remitir un escrito al Tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, como a este correo no adjunt\u00f3 memorial alguno, al descubierto queda la inexistencia de la transgresi\u00f3n alegada, m\u00e1xime cuando para esta fecha el tribunal hab\u00eda declarado desierta la apelaci\u00f3n, con auto de 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
Sobre la carga de la prueba en las acciones de tutela esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, entre otras providencias, en CSJ STC15680-2014, 14 nov. 2014, rad. 2014-02574-00, que: <\/p>\n
[L]a acci\u00f3n constitucional que ahora ocupa la atenci\u00f3n, si bien se caracteriza por ser de naturaleza c\u00e9lere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas, seg\u00fan corresponde. <\/p>\n
Por supuesto, en materia de la carga de prueba en \u00abacciones de tutela\u00bb, se ha dicho que: \u201c[\u2026] quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u201d (Sentencia T-835 de 2000). En aplicaci\u00f3n de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisi\u00f3n distinta que la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada, pues correspond\u00eda a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo (CSJ STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 abr. 2013, rad. 00009-01; y, CSJ STC, 24 jul. 2014, rad. 00120-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, esta Colegiatura en otras ocasiones ha resaltado el deber de los abogados de conocer el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n para el ejercicio de su profesi\u00f3n, y en general, el de quienes acuden al sistema de justicia, sin que su inexperiencia justifique su falta de diligencia: <\/p>\n
Y es que, el hecho de que se desconozca el procedimiento para acceder a los portales digitales dispuestos para la administraci\u00f3n de justicia, no es \u00f3bice para la procedencia de la solicitud de amparo, pues ante la situaci\u00f3n de virtualidad, es deber de las partes enterarse de c\u00f3mo hacerlo, circunstancias que, se itera, fueron divulgadas por la rama judicial, por lo que es una carga m\u00ednima de la parte a fin de acceder satisfactoriamente a la justicia. <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n cobra relevancia para el caso concreto, en la medida en que el accionante es un profesional en derecho, quien conforme a lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 28 de la ley 1123 de 2007 tiene el deber de \u00abactualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que los abogados no s\u00f3lo tengan la obligaci\u00f3n de renovar las sapiencias jur\u00eddicas, sino todas las relativas a fin de obtener un eficaz acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre ellos, los avances tecnol\u00f3gicos dispuestos para tal fin, por lo que, se itera, el desconocimiento de los temas electr\u00f3nicos no es excusa para justificar la tardanza en activar la solicitud de amparo pues se trata de una situaci\u00f3n que debe ser superada en virtud del mencionado deber legal. CSJ. SC. STC406-2020 de septiembre 16 de 2020 (Rad. 2020-1088). <\/p>\n
4. Finalmente, en relaci\u00f3n a las cr\u00edticas del opugnante por la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso de alzada que \u00e9l formul\u00f3, por la presunta omisi\u00f3n del juzgado tutelado en el env\u00edo de su sustentaci\u00f3n del remedio vertical, se advierte la existencia de un hecho nuevo, porque tal queja hizo parte del escrito genitor con el que se promovi\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. Por lo anteriormente expuesto se confirmar\u00e1 la providencia recurrida, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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