STC7077-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7077-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2021-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 5 de mayo de 2021, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Carvajal Torres contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Sandra Patricia Andrade Fierro, en representaci\u00f3n de su hija, promovi\u00f3 demanda de alimentos contra el aqu\u00ed actor. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado accionado, el cual accedi\u00f3 a las pretensiones ordenando el pago de alimentos en favor de Mar\u00eda Paula Carvajal. <\/p>\n
2.2. El accionante indic\u00f3, que el 21 de febrero de 2014, se present\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, en la que la autoridad censurada mediante prove\u00eddo del 15 de mayo1 del mismo a\u00f1o, libr\u00f3 mandamiento de pago sin tener en cuenta que la sentencia ya no era exigible, teniendo en cuenta que las condiciones que dieron origen a la imposici\u00f3n de alimentos hab\u00edan cambiado al haber cumplido su hija la mayor\u00eda de edad el 25 de octubre de 2012. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, si lo perseguido por la ejecutante era el reconocimiento de alimentos a pesar haber superado la mayor\u00eda de edad, esta deb\u00eda adelantar otro proceso declarativo de alimentos y no solicitar la ejecuci\u00f3n de una providencia que actualmente no genera efectos vinculantes en su contra. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la duraci\u00f3n del reconocimiento de alimentos en el menor de edad, no requiere pronunciamiento judicial alguno, pues la misma ley indica de manera inequ\u00edvoca que el derecho concedido no va m\u00e1s all\u00e1 de la minoridad. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo expuesto, se deje sin validez y efecto jur\u00eddico el proceso ejecutivo, ante la falta de exigibilidad de la sentencia que impuso la obligaci\u00f3n del suministro de alimentos en favor de su primog\u00e9nita. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de Neiva2: manifest\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional es improcedente, teniendo en cuenta que el quejoso cuenta con otros mecanismos para hacer valer los derechos que considera vulnerados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abno se avizora vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, pues estos ser\u00e1n objeto de an\u00e1lisis probatorio de los hechos mencionados y decisi\u00f3n dentro del proceso respectivo, pues la tutela no se puede utilizar para sustituir los procesos judiciales que est\u00e1n legalmente reglados\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado, luego de narrar sus actuaciones, resalt\u00f3 que \u00aben varias decisiones tomadas en este asunto se le precis\u00f3 al Accionante, que este proceso ejecutivo no es el proceso indicado para efectos de discutir jur\u00eddicamente la exoneraci\u00f3n de los alimentos, ya que deb\u00eda recurrir al proceso de exoneraci\u00f3n de cuotas alimentarias; sin embargo, se mira con extra\u00f1eza que el accionante no ha recurrido a dichos tr\u00e1mite, ya que de ipso facto, en estos casos no opera la ley, pues debe adelantarse las gestiones respectivas para demostrar que la se\u00f1ora MARIA PAULA CARVAJAL ANDRADE, ya no es sujeto de derechos de los alimentos por parte de su progenitor\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n \u00abcomo quiera que, en el tr\u00e1mite del referido proceso ejecutivo de alimentos, el juzgado que represento no ha vulnerado derecho fundamental al accionante\u00bb 3. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Paula Carvajal Andrade refiri\u00f3 que, \u00abes claro y evidente la ausencia de argumentos del Accionante, no sobra recalcar que cita como derechos conculcados el derecho de contradicci\u00f3n y defensa, as\u00ed como el de igualdad, sin tener en cuenta que el aqu\u00ed accionado ha sido representado por apoderado judicial y que las etapas procesales son preclusivas. Que la acci\u00f3n de tutela no es un elemento para revivir t\u00e9rminos judiciales\u00bb 4. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda de Familia mencion\u00f3 que no observa el objeto del escrito de tutela, teniendo en cuenta que la misma no resulta clara con relaci\u00f3n a la presunta vulneraci\u00f3n ocasionada por el Juzgado encarado, como tampoco en lo referente a las pretensiones del actor, por lo que se atiene a lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, declar\u00f3 improcedente el amparo, por considerar que \u00abel presente asunto no supera el umbral de procedibilidad, toda vez que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, el cual resulta id\u00f3neo y eficaz para la salvaguarda de sus derechos\u2026 en caso de iniciarse el tr\u00e1mite ejecutivo anotado, -art\u00edculo 306 del CGP-, el demandado podr\u00e1 proponer la excepci\u00f3n de cumplimiento de la obligaci\u00f3n y las peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitaran ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que no comparte la decisi\u00f3n del Tribunal, pues estima que \u00abEn el fallo de primera instancia, en todo el escrito, el juez natural, se refiere a que no se cumple el requisito de procedibilidad por cuanto existen otros medios judiciales o no se agot\u00f3 el medio de defensa id\u00f3neo para el caso en concreto, situaci\u00f3n f\u00e1ctica totalmente errada, ya que desde el a\u00f1o 2014, se est\u00e1 poniendo en conocimiento del JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE NEIVA las irregularidades y las falsedades probatorias dentro del proceso, siendo el proceder del despacho hacer caso omiso a lo solicitado y seguir con un proceso ejecutivo que no tiene sentido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, el gestor pretende se declare la nulidad de todo el proceso ejecutivo adelantado en su contra desde el momento en que se radic\u00f3, \u00abjunto con el acervo probatorio allegado y levantar todas las medidas cautelares que se decretaron dentro de \u00e9l\u00bb5. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. Pues bien, de las probanzas obrantes en el expediente, se observa que el Juzgado cuestionado conoci\u00f3 del proceso ejecutivo de alimentos promovido por Mar\u00eda Paula Carvajal Andrade el 21 de febrero de 2014, con fundamento en el titulo ejecutivo -sentencia del 9 de octubre de 2006-6 que aument\u00f3 la cuota alimentaria fijada a cargo de su progenitor -aqu\u00ed accionante-. <\/p>\n
El despacho citado, mediante prove\u00eddo del 15 de mayo de 20147 libr\u00f3 mandamiento de pago por concepto de saldos de las cuotas alimentarias causadas durante el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y abril de 2014 y, por las que se causen durante el tiempo que dure dicho litigio. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n8, bajo el argumento que \u00abla SENTENCIA DE ALIMENTOS aducida como base de recaudo, ha cesado en sus efectos jur\u00eddicos y materiales, desde el 25 de octubre de 2013, exactamente, por haber llegado, desde entonces, a la mayoridad\u00bb. Tesis que no tuvo acogida por el Juzgador, al considerar que la obligaci\u00f3n alimentaria se extiende hasta los 25 a\u00f1os de edad, siempre y cuando el alimentado se encuentre estudiando. Por lo tanto, el 27 de junio siguiente9, mantuvo su postura. <\/p>\n
Posteriormente, se dict\u00f3 fall\u00f3 el 31 de octubre de 201410, en el cual se declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por el petente -relacionadas con la inexistencia de obligaciones peri\u00f3dicas, de t\u00edtulo y causa- y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Por escrito del 22 de noviembre de 2019, el accionante present\u00f3 solicitud de nulidad procesal, argumentando que la beneficiaria de los alimentos cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 25 de octubre de 2012. Sin embargo, la autoridad precitada la rechaz\u00f3 de plano el 25 de febrero de 2020, por cuanto no se fund\u00f3 en las causales previstas en el art\u00edculo 133 del CGP. <\/p>\n
Frente a tal veredicto, el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Finalmente, por auto del 26 de marzo de 2021, se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la diligencia de remate del bien objeto de medida cautelar. <\/p>\n
4. De lo narrado la Sala concluye la improcedencia del ruego incoado, por cuanto no se satisface el presupuesto de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia del amparo. Esto es as\u00ed, dado que lo pretendido por el promotor de cara a la nulidad del proceso ejecutivo fue resuelto por el despacho accionado mediante auto del 25 de febrero de 202011 -que rechaz\u00f3 la petici\u00f3n por no fundarse en las causales del art\u00edculo 133 del CGP- y, la presentaci\u00f3n de la tutela el \u00ab22 de abril de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 lo anhelado en esta oportunidad. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En el punto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01). <\/p>\n
4.1. Aunado a lo anterior, no se evidencia que el actor haya interpuesto recurso alguno contra la precitada decisi\u00f3n recriminada que rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta. Lo que reafirma la improcedencia del amparo, pues v\u00e9ase que, esta herramienta no puede ser usada por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
5. Sumado a lo precedente, y con relaci\u00f3n a la solicitud del actor encaminada a que se extinga el deber de pagar alimentos -pues en su sentir, las condiciones que dieron origen a la imposici\u00f3n de los mismos cambiaron, ya que su hija cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 25 de octubre de 2012-, esta Corte resalta tambi\u00e9n el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Al respecto, es preciso aclarar que el derecho alimentario no se extingue inmediatamente por el cumplimiento de la mayor\u00eda de edad, ya que existen excepciones legales que permiten la continuidad de esta obligaci\u00f3n y cuya discusi\u00f3n debe ser ventilada dentro del procedimiento de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria de que trata el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, tr\u00e1mite en el cual el recurrente puede exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar en favor de sus intereses. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
Por tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, concretamente, el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, pues el actor acudi\u00f3 directamente a esta senda excepcional, cuesti\u00f3n que se contrapone a su finalidad. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, esta Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, y mientras haya posibilidad de que al interior del proceso se discuta y resuelvan los puntos tra\u00eddos en sede excepcional, la acci\u00f3n incoada deviene improcedente ya que \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, y no se ha estatuido como una instancia alterna a la ordinaria, ni el juez del amparo puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio, conforme a las competencias se\u00f1aladas por el legislador\u00bb. (CSJ STC912-2020. Feb. 5 de 2020. Rad. 2019-00171-00. Reiterado en STC2923-2021). <\/p>\n
6. Para terminar, y de cara a la pretensi\u00f3n de que se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el compulsivo -particularmente la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate del bien objeto de cautela-, la Sala reitera la improcedencia de esta herramienta constitucional para lograr tal fin, ya que dichas diligencias obedecen \u00ab(\u2026) a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC11176-2020). <\/p>\n
7. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 24-28, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-3, Anexo 10 Respuesta Procurador Familia, pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-4, Anexo 11Respuesta Juzgado, pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-6, Anexo 12 Respuesta Vinculada, pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 13. Anexo 21 Impugnaci\u00f3n. pdf, Carpeta 01 Cuaderno Primera Instancia <\/p>\n
6\u0002 Folio 9-13, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
7\u0002 Folio 24-28, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
8\u0002 Folio 40-43, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
9\u0002 Folio 55-58, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
10\u0002 Folio 167-175, Anexo 01 Demanda- Anexos- Mandamiento., Carpeta Cuaderno Principal <\/p>\n
11\u0002 Folio 20-22, Anexo 2006-00052 EJECUTIVO DE ALIMENTOS NESTOR CARVAJAL TORRES (INCIDENTE), Carpeta 03 CUADERNO INCIDENTE <\/p>\n
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