STC7078-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7078-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01635-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Nelson Mantilla Ariza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, espec\u00edficamente, respecto a los magistrados Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta y Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer iniciado por la Compa\u00f1\u00eda Autoparts S.A.S. contra Nelson Mantilla Ariza, con radicado n\u00b0. 2017-0218. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentados por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. Del extenso e intrincado escrito inicial se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana Civil Par de Bucaramanga se adelant\u00f3 la querella en contra de Nelson Mantilla Ariza por la perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n de un inmueble de propiedad de Compa\u00f1\u00eda Autoparts S.A.S., imponi\u00e9ndosele al denunciado abstenerse de tal perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
Para lograr la materializaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, la mencionada compa\u00f1\u00eda promovi\u00f3 el compulsivo materia de censura, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, quien libr\u00f3 mandamiento ejecutivo el 14 de septiembre de 2017. <\/p>\n
El 14 de noviembre de 2018, el precitado estrado judicial profiri\u00f3 sentencia anticipada, en la cual se resolvi\u00f3 revocar la orden de apremio; determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el colegiado convocado, mediante providencia de 14 de abril de 2021. <\/p>\n
Para el tutelante, con esta \u00faltima determinaci\u00f3n el tribunal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al proferir \u201cun fallo sin sustento jur\u00eddico y (\u2026) actuando ultra y extra petita\u201d. <\/p>\n
En su criterio, el \u201cacto administrativo\u201d base de recaudo, no se puede tener como t\u00edtulo ejecutivo, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) en el presente caso se encuentran configurados los defectos facticos, sustantivos, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente, respectivamente. Por cuanto del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n se puede determinar que el titulo ejecutivo (AMPARO POLICIVO\/RESOLUCI\u00d3N 20986 del 22 de abril de 2014) no ostenta los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la mencionada providencia de 14 de abril de 2021 y, en su lugar, ordenar al ad quem, confirmar la sentencia anticipada proferida por el juzgador de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El colegiado confutado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y pidi\u00f3 denegar el amparo incoado al no existir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque la queja constitucional no involucra su gesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Compa\u00f1\u00eda Autoparts S.A.S. se opuso a la prosperidad del ruego, manifestando que el tutelante incurre en temeridad, por cuanto \u201c(\u2026) con \u00e9sta ya son tres tutelas las que ha promovido y le han fallado en contra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona la decisi\u00f3n de 14 de abril de 2021, a trav\u00e9s de la cual el colegiado convocado revoc\u00f3 el fallo anticipado de 14 de noviembre de 2018, que hab\u00eda dejado sin efectos el mandamiento librado por obligaci\u00f3n de hacer, al interior del compulsivo materia de la queja. <\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n censurada no se observa arbitrariedad que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese el tribunal revoc\u00f3 la aludida sentencia anticipada y, en su lugar, orden\u00f3 al juez cognoscente continuar el tr\u00e1mite del decurso, al considerar que deb\u00eda definir \u201caspectos cruciales de [la] controversia\u201d. <\/p>\n
Entre dichos t\u00f3picos, deb\u00eda pronunciarse respecto al m\u00e9rito ejecutivo de la resoluci\u00f3n administrativa allegada al decurso como base de recaudo, en tanto, para el colegiado accionado, aqu\u00e9lla conten\u00eda <\/p>\n
\u201c(\u2026) una obligaci\u00f3n de hacer que debe ser cumplida en el tiempo indispensable para ejecutarla como lo dice el art\u00edculo 1551, y entonces, el demandante ten\u00eda la posibilidad de constituir en mora al demandado con el objeto de que se se\u00f1alara un t\u00e9rmino o que el demandado iniciara las obras. Pero resulta que el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, recuerden, dice que un obligado est\u00e1 en mora cuando no ha cumplido dentro del t\u00e9rmino cierto o cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Y nos preguntamos, \u00bfaqu\u00ed el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor? Y la respuesta es positiva. \u00bfPor qu\u00e9? Porque el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo vale como requerimiento de modo pues que est\u00e1 constituido en mora, y si el juzgado, en el mandamiento de pago le dio un t\u00e9rmino para cumplir las obligaciones, pues \u00e9se es el t\u00e9rmino en el cual debi\u00f3 ejecutarlas; y entonces la discusi\u00f3n del proceso ejecutivo ha de centrarse en verificar si cumpli\u00f3 o no cumpli\u00f3 con ese mandamiento de pago o si lo hizo parcialmente como en un momento se alega, y qu\u00e9 falta por ejecutar y cu\u00e1nto vale ejecutar las obras que faltan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior se acompasa con lo se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n frente al fen\u00f3meno de la constituci\u00f3n en mora en obligaciones de esta naturaleza: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La mora del deudor no puede en ning\u00fan caso confundirse con el incumplimiento de las obligaciones contractuales, como quiera que aquella, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, consiste en \u00abel retraso, contrario a derecho, de la prestaci\u00f3n por una causa imputable a aqu\u00e9l\u00bb (Casaci\u00f3n 19 de julio de 1936, G.J. T. XLIV, p\u00e1g. 65), en tanto que el incumplimiento es la inejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n debida, ya sea \u00e9sta positiva (dare, facere) o negativa (non facere) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) 1.2.- Significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligaci\u00f3n son dos nociones jur\u00eddicamente diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, las que no se encuentran sometidas a plazo, condici\u00f3n o modo, ya porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora porque \u00e9stas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento, aun acudiendo para el efecto a la realizaci\u00f3n coactiva del derecho mediante la ejecuci\u00f3n judicial; la mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, [por no honrar su obligaci\u00f3n en un plazo determinado]. De tal suerte que, s\u00f3lo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, adem\u00e1s ostenta la calidad de deudor moroso, momento \u00e9ste a partir del cual puede exigirse el pago de perjuicios conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 1610 y 1615 del C\u00f3digo Civil, o reclamarse el pago de la cl\u00e1usula penal, que entonces se torna exigible de acuerdo con lo preceptuado por los art\u00edculos 1594 y 1595 del C\u00f3digo Civil (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
<\/p>\n
Con fundamento en la precitada providencia, la Sala reiter\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Debe indicarse, adicionalmente, que la Corte se ha pronunciado sobre este punto, pues, en el fallo de tutela de 13 de enero de 2007, exp. 00279-01, se expres\u00f3 lo siguiente: \u201craz\u00f3n tuvo el Tribunal cuando concluy\u00f3 que los juzgados accionados confundieron la exigibilidad con la mora, pues de una u otra forma, esos juzgadores dedujeron que la falta de una fecha en la cual se realizar\u00eda el pago de la suma que arroj\u00f3 el acta de liquidaci\u00f3n del contrato de construcci\u00f3n \u2018por el sistema de administraci\u00f3n delegada\u2019, as\u00ed como la ausencia de la diligencia de constituci\u00f3n en mora, deparaban la inexigibilidad del t\u00edtulo allegado por la firma ejecutante. Pasaron por alto que cuando las obligaciones no se someten a un plazo o una condici\u00f3n, como sucedi\u00f3 en este caso, son puras y simples, esto es, de exigibilidad inmediata (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El tribunal accionado consider\u00f3 razonable revocar la sentencia anticipada de primer grado, por la falta de motivaci\u00f3n del a quo al desatender aspectos sustanciales y probatorios que ameritaban un an\u00e1lisis m\u00e1s riguroso del asunto. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Nelson Mantilla Ariza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, espec\u00edficamente, respecto a los magistrados Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta y Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer iniciado por Compa\u00f1\u00eda Autoparts S.A.S. contra Nelson Mantilla Ariza, con radicado n\u00b0. 2017-0218. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC de 10 de julio de 1995, exp. 4540. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 11 de abril de 2013, exp. 08001221300020130026701. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7078-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7078-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01635-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la tutela impetrada por Nelson Mantilla Ariza contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}