STC7079-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7079-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 3 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Notar\u00eda \u00danica y la Alcald\u00eda de esa municipalidad, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico, Regional Risaralda, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente al Notario \u00danico de la mencionada urbe, radicada bajo el n\u00ba 2021-00173. <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Notario \u00danico de La Virginia (Risaralda), tramitada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma ciudad, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2021-00173-00. <\/p>\n
Asegura el actor que el estrado encausado ha omitido aplicar el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 19981, en el decurso cuestionado. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar al despacho fustigado: i) cumplir lo consagrado en el referido precepto normativo y ii) remitir copia de la notificaci\u00f3n al accionado en la contienda objeto de censura. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La titular de la c\u00e9lula judicial encartada manifest\u00f3 que el censor \u201ca la fecha tiene activas en el Despacho 1.493 acciones populares, radicadas en los \u00faltimos tres (3) meses\u201d, dentro de las cuales eleva m\u00faltiples solicitudes, lo cual ha hecho dispendiosa su resoluci\u00f3n, as\u00ed como la organizaci\u00f3n de los expedientes digitales. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que el promotor en momento alguno ha pedido la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo referido en el escrito introductor del amparo. Adem\u00e1s, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] pertinente se\u00f1alar que [el actor] tiene saturado al Despacho con las numerosas acciones populares y de tutela que de manera continua radica, en las cuales no tiene ninguna acci\u00f3n a su cargo dentro del tr\u00e1mite, se encuentra limitada a solo su radicaci\u00f3n, quedando entonces a cargo del Juzgado la resoluci\u00f3n e impulsi\u00f3n que se ha venido realizando en lo humanamente posible, ya que es irracional el n\u00famero de acciones activas a la fecha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues afirm\u00f3 su falta de competencia para adelantar las pretensiones del querellante; precis\u00f3, igualmente, no haber vulnerado las prerrogativas invocadas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda reclamada por ausencia del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso particular, no se evidencia en las copias de las piezas procesales remitidas, que el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez haya formulado solicitud alguna al juzgado de conocimiento para obtener que, dentro de aquel tr\u00e1mite, se cumpla con lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998 y se le env\u00ede copia de la notificaci\u00f3n realizada a la entidad demandada en ese asunto, tal como lo corrobor\u00f3 la juez de conocimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cEs decir que el actor ejerci\u00f3 la tutela, sin antes surtir el tr\u00e1mite ordinario, situaci\u00f3n que configura la aludida causal de improcedencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
De otra parte, cuestion\u00f3 lo afirmado por la falladora accionada, respecto al n\u00famero de procesos radicados a su nombre, por lo cual solicit\u00f3 que aqu\u00e9lla \u201cpruebe\u201d tal aserci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito. <\/p>\n
2. El aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) aplicar lo consagrado en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 19982, y ii) remitir copia de la notificaci\u00f3n al convocado dentro de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00173. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo por inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, pues, auscultado el expediente, no se evidencia que el querellante hubiese allegado escrito alguno solicitando la aplicaci\u00f3n de la aludida norma, as\u00ed como tampoco el env\u00edo de la copia del enteramiento efectuado al Notario \u00danico de esa urbe, dentro del decurso reprochado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro, no puede atribuirse vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, por cuanto, el censor ninguna petici\u00f3n present\u00f3 ante ese despacho, reclamando lo ahora pretendido con este mecanismo. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cArt\u00edculo 5. Tr\u00e1mite. El tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. <\/p>\n
<\/p>\n
El Juez velar\u00e1 por el respeto al debido proceso, las garant\u00edas procesales y el equilibrio entre las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
2\u0002 \u201cArt\u00edculo 5. Tr\u00e1mite. El tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. <\/p>\n
<\/p>\n
El Juez velar\u00e1 por el respeto al debido proceso, las garant\u00edas procesales y el equilibrio entre las partes. <\/p>\n
Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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