STC7080-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00070-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 30 de abril de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Joanna Alexandra Rodr\u00edguez Tamayo contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal, ambos de Palmira, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d adelantado por Gladys Tovar Varela a Stella Villegas de Casta\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del ruego suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otras, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Afirma la quejosa que, en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, Gladys Tovar Varela impetr\u00f3 el juicio objeto de esta acci\u00f3n constitucional, litigio en el cual act\u00faa como \u201cheredera\u201d de la demandada Stella Villegas de Casta\u00f1o. <\/p>\n
Sostiene que la referida autoridad, en prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2020, declar\u00f3 la \u201cfalta de competencia\u201d para seguir conociendo del comentado pleito, por tratarse de un asunto de mayor cuant\u00eda, remiti\u00e9ndose las diligencias al estrado del circuito fustigado, quien, en auto de 11 de marzo de 2021, devolvi\u00f3 el expediente al juzgado municipal, \u201cen raz\u00f3n al principio de perpetuatio jurisdictionis\u201d. <\/p>\n
Asevera que present\u00f3 apelaci\u00f3n frente a la \u00faltima de las citadas providencias; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, \u201cno ha sido resuelta\u201d. <\/p>\n
Califica las actuaciones de los convocados como \u201cv\u00edas de hecho, que afectan gravemente\u201d sus garant\u00edas supralegales, pues \u201cpese a ser la propietaria del bien inmueble\u201d objeto de usucapi\u00f3n, \u201cse est\u00e1 amparando a la demandante\u201d, quien se encuentra explotando econ\u00f3micamente ese predio, sin cancelar canon de arrendamiento alguno. <\/p>\n
Acota que dentro del litigio subex\u00e1mine, alcanz\u00f3 a requerir la \u201cnulidad por falta de competencia\u201d, presentando igualmente \u201cexcepciones previas\u201d, y \u201cdemanda de reconvenci\u00f3n\u201d; empero, ninguna de esas \u201csolicitudes\u201d se han resuelto. <\/p>\n
Agrega que necesita la resoluci\u00f3n pronta del citado decurso, para poder usufructuar el bien \u201c(\u2026) y as\u00ed tener los ingresos para [su] digna subsistencia, mientras se soluciona el estado de emergencia mundial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Implora en concreto, \u201c(\u2026) se protejan [sus] derechos fundamentales y, en consecuencia, se corrijan todas las v\u00edas de hecho en que han incurrido (\u2026)\u201d los despachos convocados. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira manifest\u00f3 que la apelaci\u00f3n impetrada por la quejosa, dentro del caso bajo estudio, fue denegada mediante prove\u00eddo de 20 de abril pasado, por tanto, no ha podido devolver el expediente contentivo del proceso subex\u00e1mine al despacho de origen, hasta tanto, esa decisi\u00f3n quede en firme. <\/p>\n
2. El estado municipal fustigado adujo que se encuentra a la espera de recibir el asunto criticado para avocar, nuevamente, el conocimiento de ese pleito y \u201ccontinuar con las actuaciones que en derecho corresponden\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as pretensiones de la accionante, en lo que ata\u00f1e al Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira (\u2026), no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, tal y como se vislumbra a continuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c[A]unque s\u00ed existi\u00f3 una mora tanto para resolver sobre la solicitud de nulidad incoada por la [actora] en raz\u00f3n a la competencia, como en el lapso (\u2026) para remitir el expediente para ser repartido entre los juzgados civiles del circuito de esa misma localidad, al momento de impetrar la presente acci\u00f3n de tutela -16 de abril de 2021-, est\u00e1 ya hab\u00eda sido atendida por dicha autoridad judicial, puesto que la titular del Juzgado municipal recriminado ya hab\u00eda declarado la ausencia de competencia desde el 23 de noviembre de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n lo que corresponde a las excepciones planteadas, todav\u00eda no se est\u00e1 en el momento procesal oportuno para darles tr\u00e1mite, puesto que, para ello, primero deb\u00eda dilucidarse la pol\u00e9mica surgida frente a la competencia, lo cual acaba de acaecer (\u2026); adem\u00e1s, el expediente apenas arrib\u00f3 al despacho municipal el 27 de abril hoga\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[D]e la respuesta arribada por el [Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira], como del memorial allegado por la accionante, puede extraerse que el vertical aludido fue negado mediante prove\u00eddo del 20 de abril de hoga\u00f1o, siendo notificado a la interesada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico y por estados el d\u00eda 21 subsiguiente\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor e indicado que el asunto subex\u00e1mine debe ser zanjado por el juzgado del circuito censurado, por tratarse de un litigio con cuant\u00eda superior a doscientos millones de pesos, por tanto, no le asist\u00eda raz\u00f3n a ese despacho en enviar las diligencias al juzgado municipal tutelado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Joanna Alexandra Rodr\u00edguez Tamayo critica: i) la demora del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira en resolver la apelaci\u00f3n impetrada frente al auto mediante el cual \u201cdevolvi\u00f3\u201d el comentado proceso al despacho municipal confutado, \u201cen raz\u00f3n al principio de perpetuatio jurisdictionis\u201d, y ii) la tardanza en la resoluci\u00f3n de su solicitud de nulidad por falta de competencia, as\u00ed como las excepciones previas y la mutua petici\u00f3n, incoada en ese litigio. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aportadas a este ruego, se advierte que el auxilio implorado no goza de prosperidad porque la invalidez aducida por la quejosa se resolvi\u00f3 mediante prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2020 y la alzada por ella deprecada fue denegada en auto de 21 de abril pasado, por tanto, las actuaciones extra\u00f1adas por aquella fueron atendidas, antes de la presentaci\u00f3n de esta salvaguarda e, incluso, estando en curso la misma, configur\u00e1ndose un hecho superado frente a esos temas. <\/p>\n
Sobre la citada figura jur\u00eddica, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Ahora, no existe ninguna dilaci\u00f3n en la resoluci\u00f3n de las excepciones previas y la demanda de reconvenci\u00f3n incoadas por la quejosa, porque solo hasta el 3 de mayo 2021, el decurso criticado fue remitido, nuevamente, al Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, para continuar con su tr\u00e1mite, el cual se encuentra en la etapa de conformaci\u00f3n del contradictorio2; por tanto, una vez agotada dicha actuaci\u00f3n, el despacho cognoscente deber\u00e1 zanjar los medios de defensa deprecados por la tutelante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en eventos donde se discute la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales por mora judicial, la jurisprudencia de la Corte se\u00f1ala que solo puede dispensarse la protecci\u00f3n constitucional cuando aqu\u00e9lla es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario; contrario sensu, si la tardanza en la resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento encuentra justificaci\u00f3n razonable, no act\u00faa este excepcional mecanismo de defensa de las prerrogativas fundamentales3. <\/p>\n
Como corolario, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Sala, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico de la autoridad convocada, lo cual, como se indic\u00f3, no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
4. Ahora, la censura elevada en el escrito impugnatorio frente al prove\u00eddo que deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n deprecada por la quejosa contra la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, mediante la cual orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del comentado proceso de pertenencia al juez municipal, constituye un suceso nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese tema. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,7 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00 reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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