STC7099-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7099-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00265-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de febrero de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n promovida por Luis Edwin Quiroga Poveda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la libertad, debido proceso, favorabilidad penal, igualdad y legalidad, presuntamente vulneradas por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan las siguientes circunstancias f\u00e1cticas y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Por hechos ocurridos entre 2007 y 2009, la Fiscal\u00eda 5\u00aa Especializada de Santa Marta inici\u00f3 investigaci\u00f3n penal en contra de Luis Edwin Quiroga Poveda y otros, dando como resultado que, el 12 de enero de 2012, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de la referida ciudad dictara providencia en el proceso de radicado 2010-00043, absolviendo al aqu\u00ed accionante de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsi\u00f3n agravada1. <\/p>\n
2.2. Apelada la anterior determinaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, el 7 de diciembre de 2012, la Sala Penal de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta modific\u00f3 el prove\u00eddo, condenando al se\u00f1or Quiroga Poveda a ciento diez (110) meses de prisi\u00f3n por el delito de concierto para delinquir agravado y confirmando la absoluci\u00f3n frente al punible de extorsi\u00f3n agravada2. <\/p>\n
2.3. El 31 de diciembre de 2015, bajo radicado No. 2015-00565, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta avoc\u00f3 el conocimiento de la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta3. <\/p>\n
2.4. El 19 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuraci\u00f3n de la capital del Magdalena profiri\u00f3 sentencia condenatoria en el proceso CUI 2009-003199 contra el se\u00f1or Quiroga Poveda por el delito de extorsi\u00f3n agravada, conden\u00e1ndolo a dieciocho (18) meses de prisi\u00f3n4. <\/p>\n
2.5. El 3 de junio de 2020, bajo el radicado No. 2020-00118, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la citada ciudad avoc\u00f3 conocimiento de la vigilancia de la antedicha sanci\u00f3n penal5. <\/p>\n
2.6. El 14 de agosto de 2020, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta decidi\u00f3 acumular jur\u00eddicamente las penas que fueron impuestas en los radicados No. 2015-00565 y 2020-00118, declarando que Luis Edwin Quiroga Poveda deb\u00eda purgar una sanci\u00f3n de ciento veintid\u00f3s (122) meses de prisi\u00f3n6. <\/p>\n
2.7. El 19 de octubre siguiente, la autoridad judicial atacada neg\u00f3 la solicitud de subrogado de libertad condicional presentada por el promotor7. Contra esta determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n8, el cual fue resuelto negativamente por parte de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en prove\u00eddo del 18 de diciembre de 20209. <\/p>\n
2.8. El actor reproch\u00f3 que, al resolver la alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dej\u00f3 de pronunciarse frente a las censuras propuestas, referentes al tiempo cumplido de la pena, toda vez que no se le ha reconocido \u00abdesde 5 de septiembre de 2009 hasta el 25 de enero de 2012, tiempo en que estuve cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, por cuenta de esta misma causa, tal como consta en certificaci\u00f3n expedida por el Establecimiento Penitenciario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta aplic\u00f3 err\u00f3neamente la Ley 1121 de 2006, como quiera que esta fue derogada t\u00e1citamente por la Corte Constitucional, en sentencia T-019 de 2019. Destac\u00f3 que la mencionada autoridad judicial interpret\u00f3 err\u00f3neamente la conexidad entre conductas punibles, toda vez que determin\u00f3 \u00aben abstracto, sin mayor motivaci\u00f3n que existe conexidad entre el delito de concierto para delinquir agravado y el delito de extorsi\u00f3n, cuando en la misma sentencia, en que Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad decide condenarme por concierto para delinquir, me absuelve del delito de extorsi\u00f3n, es un error grave, o \u00bfa qu\u00e9 tipo de conexidad imaginativa se refiere el ejecutor, si no existe concurso de delitos?\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, rese\u00f1\u00f3 que, en la providencia del 18 de diciembre de 2020, el ad quem actu\u00f3 en contradicci\u00f3n del principio non reformatio in pejus y por fuera de lo estudiado en primera instancia, debido a que se pronunci\u00f3 sobre t\u00f3picos que no fueron objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, adujo que, al resolver el petitorio de subrogado de libertad condicional, el Tribunal realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n superficial, sin siquiera revisar los documentos que daban certeza de su buen comportamiento durante la reclusi\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abSe amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se revoque(n) las decisiones del 19 de julio 2020 y 18 de diciembre de 2020, proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas Y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta respectivamente, para que en su lugar el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas, emita un nuevo pronunciamiento con base a la Ley 1709 de 2014, I) dando aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad, o en su defecto, de determinar la Corte, la coexistencia de ambas normatividades y la vigencia de la Ley 1121 de 2006, II) haga un nuevo pronunciamiento respetuoso de la norma y la jurisprudencia que rige el instituto del delito conexo, y III) los lineamientos establecidos para la previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, IV) adem\u00e1s se reconozca como tiempo cumplido de la pena, el purgado durante la medida de aseguramiento, tal como consta en certificaci\u00f3n expedida\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta manifest\u00f3 que no se pronunci\u00f3 frente al c\u00f3mputo del tiempo que el sancionado estuvo cobijado bajo la medida de aseguramiento privativa de la libertad y el cumplido en ejecuci\u00f3n de la pena, pues <\/p>\n
\u00abtal y como se observa en los antecedentes establecidos en la precitada providencia, conforme a lo estipulado por el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, consider\u00f3 necesario hacer un estudio sobre la gravedad de la conducta punible, antes de verificar los presupuestos necesarios para la concesi\u00f3n de la libertad condicional, entre ellos, el tiempo cumplido de la pena. <\/p>\n
Una vez realizado lo anterior y encontrando el Cuerpo Colegiado que la conducta delictuosa por la cual fuera condenado QUIROGA POVEDA fue de alta gravedad, atentando plenamente contra el Estado y la sociedad colombiana, generando en ellos p\u00e1nico, temor e inseguridad en ellos, no se consider\u00f3 necesario continuar verificando el resto de los requisitos dispuestos por la Ley 599 de 2000, entre ellos, el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena, en tanto que, se reitera, el elemento correspondiente a la gravedad de la conducta punible no se cumpl\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Con posterioridad, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta alleg\u00f3 un escrito, haciendo recuento pormenorizada de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar a la presente tutela. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que, \u00absi bien la Ley 1709 de 2014 al modificar el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, insert\u00f3 su propio cat\u00e1logo de delitos prohibidos para la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados, que no se aplican a la libertad condicional, existe otra norma a la cual se dio aplicaci\u00f3n en las providencias del 18 de junio de 2020 y 19 de octubre de 2020, cual es, el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, que se encuentra vigente desde el 30 de diciembre de 2006 y no ha sufrido derogaci\u00f3n t\u00e1cita alguna por el art\u00edculo 107 de la Ley 1709 de 2004 como lo manifiesta el actor\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esgrimi\u00f3 que el expediente ya no reposa en su Despacho, por cuanto fue redistribuido y le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta. <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, toda vez que \u00ablejos est\u00e1 la demanda de tutela de cumplir con los requisitos de habilitaci\u00f3n, pues la misma gira, grosso modo, en torno a cuestionar la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n normativa que se verti\u00f3 en la resoluci\u00f3n del caso concreto, frente a lo cual, lo expuesto por el actor no alcanza a derruir la firmeza de las decisiones censuradas, pretendiendo trasladar el debate en sede constitucional como si la acci\u00f3n de tutela fuera una instancia m\u00e1s del proceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento refiri\u00f3 que el Tribunal interpret\u00f3 de forma errada el principio de favorabilidad, por considerar que le era desfavorable la aplicaci\u00f3n de la Ley 1121 de 2006, como quiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) existe una prohibici\u00f3n para conceder el beneficio de la libertad condicional al haber sido judicializado por una conducta conexa con el delito de extorsi\u00f3n, olvidando que, precisamente, por la conducta atentatoria del patrimonio econ\u00f3mico, fue absuelto, en primera y segunda instancia, ya que en la sentencia del 7 de diciembre de 2012, \u00fanicamente se revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n para condenarlo por el comportamiento de concierto para delinquir agravado, motivo por el cual resultaba il\u00f3gico asumir que por la conducta de concierto para delinquir, como comportamiento conexo del de extorsi\u00f3n, se impon\u00eda la negativa al beneficio irrogado. <\/p>\n
Luego, no era dable considerar que la Ley 1121 de 2006 resultaba menos lesiva para los intereses del accionante comoquiera que en realidad no le era aplicable (\u2026) <\/p>\n
Conforme con dicha comprensi\u00f3n, el Tribunal dej\u00f3 de considerar la absoluci\u00f3n que en favor del actor emiti\u00f3 por el delito de extorsi\u00f3n y, por ende, no debi\u00f3 partir de que el de concierto para delinquir guardaba conexi\u00f3n con aqu\u00e9l, y que por ello resultaba m\u00e1s favorable la ley posterior, puesto que, se itera, Quiroga Poveda s\u00f3lo fue condenado el accionante por el delito de concierto para delinquir agravado\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, estim\u00f3 que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en equ\u00edvoco el cuerpo colegiado censurado, al se\u00f1alar que la Ley 1121 de 2006 sufri\u00f3 modificaciones con la Ley 1709 de 2014. Ello, debido a que \u00abla prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 no ha sido derogada, motivo por el que los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de aplicarla y, en efecto, negar la concesi\u00f3n de beneficios o subrogados penales a quienes fueron condenados por delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos\u00bb. <\/p>\n
Sin perjuicio de las anteriores precisiones, el a quo constitucional indic\u00f3 que estos yerros no desestimaban lo decidido en la alzada, puesto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al no identificarse que la determinaci\u00f3n adoptada trasgreda los derechos fundamentales reclamados por el accionante al configurarse una causal espec\u00edfica de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, pues, finalmente, debido a la normativa vigente, esto es, el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, desestim\u00f3 la improcedencia del beneficio solicitado\u2026 <\/p>\n
Es decir, el acatamiento de la regla general y de excepciones debe armonizarse con el estudio de: i) los aspectos que benefician al condenado y ii) la valoraci\u00f3n del comportamiento reprochado penalmente, bajo los t\u00e9rminos en que tales aspectos fueron abordados por el juez de conocimiento al proferir la condena. Ello, ha de advertirse, sin perjuicio de que, ante la carencia de tal estimaci\u00f3n, pueda el juez ejecutor efectuarla, en observancia estricta a los fundamentos f\u00e1cticos y probatorios del expediente. <\/p>\n
Entonces, no resulta lesivo de las garant\u00edas de los derechos fundamentales remitirse a la valoraci\u00f3n de la conducta punible realizada por el Juez de conocimiento, ni mucho menos constituye una transgresi\u00f3n al principio del non bis in idem, como lo plantea el accionante. Al contrario, resulta coherente acudir a los fundamentos de la condena, sin que ello implique un doble reproche penal, pues deriva, necesariamente, de la consecuencia jur\u00eddica de la comisi\u00f3n delictual que se encuentra en sede de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, aclar\u00f3 que, \u00abSi bien el Juez colegiado accionado, no estudi\u00f3 el componente objetivo, seg\u00fan lo reclam\u00f3 el actor, ese an\u00e1lisis aparec\u00eda innecesario por cuanto la valoraci\u00f3n del comportamiento en los t\u00e9rminos explicados por la Corte Constitucional en sentencia C-757 de 2014, descartaba la concesi\u00f3n de la libertad, de manera que, constitu\u00eda superfluo seguir analizando los dem\u00e1s componentes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien sostuvo que el a quo constitucional se equivoc\u00f3 al no encontrar probada la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, como quiera que \u00abla Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, en su decisi\u00f3n de 18 de diciembre de 2020, al hallar un yerro en la decisi\u00f3n de primera instancia, dej\u00f3 de aplicar la consecuencia l\u00f3gica derivada de tal an\u00e1lisis, la cual no era otra que revocar la decisi\u00f3n proferida en Auto de 19 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta y ordenar que se emitiera una nueva decisi\u00f3n, conforme a los criterios trazados en su decisi\u00f3n de segunda instancia, posici\u00f3n que su honorable instituci\u00f3n en m\u00faltiples oportunidades ha realizado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que no se debi\u00f3 \u00abrealizar un nuevo estudio del subrogado penal deprecado, teniendo en cuenta situaciones que no fueron objeto de estudio, ni mucho menos de contradicci\u00f3n en primera instancia, entre otras cosas, porque trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n de segunda instancia, que revivi\u00f3 el estudio del cumplimiento de los requisitos para la concesi\u00f3n de la libertad condicional, me cercen\u00f3 la posibilidad de controvertir la mencionada tesis a partir de los recursos ordinarios contemplados para ello, en caso de no compartir tal postura, como ahora sucede, situaci\u00f3n que a todas luces habilita la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional de manera excepcional, contrario a lo se\u00f1alado en sentencia de primera instancia por esta corporaci\u00f3n \u201ccomo una jurisdicci\u00f3n paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como \u00faltima opci\u00f3n cuando los resultados, despu\u00e9s de surtirse el tr\u00e1mite ordinario, ha sido de su desagrado\u201d si no, porque precisamente, el requisito de la \u201cprevia valoraci\u00f3n de la conducta punible\u201d, sobre el cual se fundament\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia para estimar que no hab\u00eda lugar a la concesi\u00f3n del subrogado penal de la libertad condicional, no hab\u00eda sido tratado en Auto del 20 de octubre de 2020, y por tanto frente a \u00e9l, me hab\u00eda sido impedida la posibilidad de controvertir la reci\u00e9n planteada postura del Tribunal, frente a la concesi\u00f3n o no, del subrogado penal de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el amparo debe abrirse paso, debido a que \u00abexisti\u00f3 una inocultable violaci\u00f3n al principio \u201cnon reformatio in pejus\u201d, tal como lo se\u00f1al\u00f3 su honorable corporaci\u00f3n, al respecto en sentencia SP-10362018 (43533), de 11 de Abril de 2018 afirm\u00f3 que con la entrada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Penal actual, ese instituto sufri\u00f3 una radical modificaci\u00f3n, dado que el inciso segundo del art\u00edculo 20 de esa normativa dispone que \u201cel superior no podr\u00e1 agravar la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u201d\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, asever\u00f3 que se equivoc\u00f3 la primera instancia constitucional, al afirmar que no hab\u00eda necesidad de que el Tribunal estudiara el componente objetivo para conceder el an\u00e1lisis del subrogado penal -tiempo cumplido de la pena-, toda vez que \u00abla censura no solo estaba dirigida a dilucidar el cumplimiento de tres quintas partes de la pena, como requisito objetivo para la concesi\u00f3n del subrogado penal de la libertad condicional, si no, a que se reconociera como tiempo cumplido de la pena, el que estuve privado de la libertad, bajo medida de aseguramiento, por cuenta de este mismo proceso, y que en anteriores oportunidades el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de penas se hab\u00eda negado a conceder\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se revoquen las decisiones del 19 de julio y el 18 de diciembre de 2020, proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, respectivamente, y que se emita un nuevo pronunciamiento, con base en las normas aplicables y reconociendo todo el tiempo cumplido de la pena, incluyendo el lapso purgado durante la medida de aseguramiento. <\/p>\n
De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se propuso tambi\u00e9n contra lo dispuesto por la autoridad judicial que resolvi\u00f3 en primera instancia el asunto cuestionado, fue el superior funcional quien cerr\u00f3 el debate, en virtud de la resoluci\u00f3n de la alzada, mediante prove\u00eddo del 18 de diciembre de 2020, por ello se deber\u00e1 analizar \u00fanicamente lo actuado por el ad quem natural. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, toda vez que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al momento de resolver la apelaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 que no era procedente acceder a la solicitud del subrogado de libertad condicional, bas\u00e1ndose \u00aben la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena intramural de cara a la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta cometida por (el) hoy condenado\u00bb, previa verificaci\u00f3n de la gravedad conducta punible, de acuerdo con la normativa aplicable, lo cual no resulta lesivo de las garant\u00edas fundamentales del actor ni constituye una transgresi\u00f3n a los principios invocados. <\/p>\n
Para arribar a la anterior determinaci\u00f3n esboz\u00f3 que, al estudiarse la posibilidad de otorgar dicho beneficio, se deb\u00eda observar lo establecido en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, el cual dispone: <\/p>\n
\u00ab\u2026El juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. <\/p>\n
2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
3. Que demuestre arraigo familiar y social. <\/p>\n
Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n, la existencia o inexistencia del arraigo\u2026\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, consider\u00f3 que, previo a revisar si se cumpl\u00edan los requisitos regulados en los numerales del art\u00edculo transcrito, deb\u00eda realizarse, prima facie, una valoraci\u00f3n de la conducta punible, conforme a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en las sentencias C-757 de 2014 y C-194 de 2005, teniendo en cuenta \u00abtodas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean \u00e9stas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que dicho \u00f3rgano colegiado se hab\u00eda pronunciado con anterioridad frente al delito por el cual fue condenado el actor, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab\u2026En el caso sub examine, los procesados como se ha venido manifestando, son personas plenamente capaces que llevaron a cabo actuaciones contrarias a la expectativa de la norma puesto que produjo p\u00e1nico, temor e inseguridad en la sociedad ya que se asociaron con una organizaci\u00f3n armada al margen de la Ley con el fin de seguir delinquiendo inclusive con posterioridad a una desmovilizaci\u00f3n y un proceso de justicia, paz y reparaci\u00f3n para con la sociedad colombiana, por lo que concluye la Colegiatura que hubo alevos\u00eda para con el Estado y la Sociedad Colombiana porque nunca hubo \u00e1nimo de abandonar las actividades delincuenciales de manera que se conoc\u00eda y se quer\u00eda cometer varios delitos, por lo que su comportamiento y voluntad configuraron el tipo de injusto con alt\u00edsimo grado de reproche debido a que la realizaci\u00f3n de su conducta se hizo en gran parte traicionando el proceso de paz, justicia y reparaci\u00f3n llevado a cabo por el gobierno, en el cual mucho de los procesados se comprometieron a no seguir delinquiendo, y sin embargo, siguieron dedicados a actividades ilegales\u2026.\u00bb. <\/p>\n
De esa narraci\u00f3n concluy\u00f3 que \u00abel Juez de Conocimiento de Segunda Instancia, a la hora de valorar la conducta punible, estableci\u00f3 que la misma fue de alta gravedad, en atenci\u00f3n a que atent\u00f3 plenamente contra el Estado y la sociedad colombiana, generando p\u00e1nico, temor e inseguridad\u00bb; de manera que, \u00absi bien el comportamiento del sentenciado en el establecimiento carcelario ha sido adecuado para el fin resocializador, esa no es la \u00fanica exigencia que debe atenderse al momento de estudiar la petici\u00f3n de libertad condicional, ya que obliga a la judicatura, hacer lo propio respecto a la conducta ejecutada, como se hizo precedentemente, siendo este el soporte para denegar la pretensi\u00f3n, no obstante, el adecuado desempe\u00f1o y el concepto favorable emitido por el INPEC\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, vislumbra que el Colegiado accionado analiz\u00f3 la gravedad de la conducta, de conformidad con la normativa y jurisprudencia aplicable, motivando razonadamente por qu\u00e9 no era posible acceder a la libertad solicitada. <\/p>\n
4. Por otro lado, en trat\u00e1ndose de la falta de pronunciamiento por parte de ad quem natural en lo relativo al cumplimiento o no del requisito objetivo, de que trata el numeral primero del art\u00edculo 64 ibidem, esta Sala comparte lo argumentado por el a quo constitucional, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal razonamiento no se ofrece de modo alguno caprichoso o aislado, sino que es consecuencia l\u00f3gica de la deducci\u00f3n inicial que, conforme a la referida norma, le impon\u00eda estudiar la gravedad de la conducta para inferir la viabilidad del beneficio\u2026 <\/p>\n
Esto quiere decir, que si bien el Juez colegiado accionado, no estudi\u00f3 el componente objetivo, seg\u00fan lo reclam\u00f3 el actor, ese an\u00e1lisis aparec\u00eda innecesario por cuanto la valoraci\u00f3n del comportamiento en los t\u00e9rminos explicados por la Corte Constitucional en sentencia C-757 de 2014, descartaba la concesi\u00f3n de la libertad, de manera que, constitu\u00eda superfluo seguir analizando los dem\u00e1s componentes\u00bb (Se subraya) <\/p>\n
Por lo tanto, a pesar de que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta omiti\u00f3 manifestarse frente al tiempo cumplido de la pena, tal falta resulta justificada, ya que al haber sido valorada la conducta punible, con base en lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en las sentencias C-757 de 2014 y C-194 de 2005 y haberse concluido que no era posible acceder a la petici\u00f3n de libertad condicional, carec\u00eda de sentido proceder con el an\u00e1lisis de los requisitos objetivos, por ello no se vislumbra vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno en el actuar de la autoridad judicial censurada. <\/p>\n
5. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una evaluaci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Corporaci\u00f3n accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que las decisiones adoptadas no muestran vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 15-38, archivo \u201c1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, archivo \u201cOFICIO 0418 DE 2 DE MARZO DE 2021\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 39-43, archivo \u201c1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem, 44-49. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem, 50-66. <\/p>\n
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STC7099-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7099-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00265-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54859","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54859"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54859\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}