STC7114-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7114-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01810-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Manuel Guillermo Medina promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 73001310300520110004800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se declare la nulidad de la providencia emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, por medio de la cual se orden\u00f3 terminar el proceso y levantar las medidas cautelares (20 mayo 2021) y que, en su lugar, se ordene la expedici\u00f3n de una decisi\u00f3n que \u00abse ajuste a la realidad procesal y las pruebas aportadas en el expediente\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de su solicitud adujo que es cesionario del acreedor en el proceso ejecutivo en comento y que el deudor Evelio Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en la que se\u00f1al\u00f3 que el cr\u00e9dito cobrado no hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n. Cont\u00f3 que la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo mediante sentencia en la que orden\u00f3 \u00aba la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 que, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 22 de septiembre de 2020 y todas las actuaciones que de \u00e9sta dependan, en el proceso ejecutivo promovido por en contra de Evelio Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz (radicaci\u00f3n 73001-31-03-005-2011- 00048), dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo del correspondiente expediente; proceda a adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, observando las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo y los precedentes jurisprudenciales vigentes al respecto\u00bb (STC5305-2021). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que para dar cumplimiento a la orden constitucional, la Magistratura fustigada dispuso i) dejar sin valor y efecto el auto proferido el 22 de septiembre de 2020; ii) revocar el prove\u00eddo calendado el 11 de febrero de 2020 emitido por el Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito; iii) declarar la nulidad de todo el proceso ejecutivo a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago (1\u00ba de marzo de 2001), inclusive; iv) decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, as\u00ed como el levantamiento del embargo y secuestro ordenados en autos de marzo 1 de 2011 y noviembre 9 de 2017, respectivamente, impuestos sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 350-36624; y v) conden\u00f3 a la parte ejecutante al pago de los perjuicios que la demandada haya sufrido con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares practicadas (12 mayo 2021). <\/p>\n
A juicio del actor, el Tribunal convocado se apart\u00f3 de la orden constitucional emitida, pues all\u00ed no se dispuso que se terminara el proceso ejecutivo, por lo que el cuerpo colegiado accionado, \u00abteniendo en su mano en forma material el proceso hipotecario, debi\u00f3 revisar las pruebas y confirmar que s\u00ed existi\u00f3 una Reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la aplicaci\u00f3n de un alivio el cual fue reversado por falta de pago del deudor y que tambi\u00e9n existi\u00f3 una \u201cestrategia de reducci\u00f3n de cuota\u201d con el BANCO GRANAHORRAR suscrita por el se\u00f1or EVELIO HERNANDEZ MU\u00d1OZ el d\u00eda 23 de abril de 2001, en la cual le otorgan unos beneficios que se ajustaban a su realidad econ\u00f3mica, garantizando as\u00ed dicha entidad financiera una vivienda digna para el deudor consagrado en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y conforme a lo establecido por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en su Jurisprudencia frente a los cr\u00e9ditos de vivienda de inter\u00e9s social desembolsados antes del 31 de diciembre de 1999 de acuerdo a la Ley 546 de 1999\u00bb. (20 mayo 2021). <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta sentencia no se hab\u00eda recibido contestaci\u00f3n alguna de las autoridades convocadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n proferida por la Magistratura convocada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan los procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda sometidos al r\u00e9gimen de la ley 546 de 1999, de las probanzas obrantes en el plenario y de lo ordenado por esta Sala en la sentencia de tutela STC5305-2021 del 12 de mayo de 2021. <\/p>\n
La lectura del escrito de tutela permite colegir que el gestor se duele del auto por medio del cual el Tribunal accionado, con el fin de dar cumplimiento al veredicto constitucional referido, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo No. 2011-0048-00 (20 mayo 2021), pues a su juicio esa autoridad desbord\u00f3 lo ordenado por la esta Sala y no valor\u00f3 en debida forma lo acreditado en el plenario. <\/p>\n
Tal como se rese\u00f1\u00f3 en los antecedentes, en CSJ STC5305-2021 esta Corporaci\u00f3n orden\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dejar sin efecto el prove\u00eddo calendado el 22 de septiembre de 2020 y todas las actuaciones que de \u00e9ste dependieran en el proceso ejecutivo promovido en contra de Evelio Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz (radicaci\u00f3n 73001-31-03-005-2011- 00048) para que, en su lugar, procediera a adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, observando las consideraciones vertidas en la parte motiva del fallo y los precedentes jurisprudenciales vigentes al respecto; mandato que tuvo origen en que, en el tr\u00e1mite coercitivo en el que el aqu\u00ed actor act\u00faa como cesionario de acreedor, se advirti\u00f3 la usencia de reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado y aunque el afectado Evelio Hern\u00e1ndez Mu\u00f1oz promovi\u00f3 solicitud de nulidad en la que aleg\u00f3 dicha circunstancia, su pedimento fue negado en primera instancia y confirmado por el Tribunal enjuiciado. <\/p>\n
Ahora, revisada la decisi\u00f3n cuestionada se advierte que la autoridad judicial s\u00ed atendi\u00f3 los lineamientos se\u00f1alados por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia STC5305-2021 y para tal efecto rese\u00f1\u00f3 los pronunciamientos que la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha emitido respecto del tema de la reestructuraci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito: <\/p>\n
\u00abDescendiendo al tema relacionado con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda de que trata la ley 546 de 1999, la H. Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de marzo 25 de 2021, record\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn efecto, esta Corporaci6n ha sido enf\u00e1tica en precisar que, trat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso, en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de las operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n (…) En efecto, la citada reestructuraci6n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a las cesionarios si se tiene en cuenta que aquellos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito ( … ) No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados ( … ) Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable para la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (CSJ ATC2421, 25 abr. 2016, rad. 2015-02667-01\u201d (negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.1. Posteriormente, en prove\u00eddo de abril 9 de los corrientes, la Corte en cita reitera un pronunciamiento del a\u00f1o 2020, donde advierte: <\/p>\n
\u00ab(. . .) ‘[Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible [de las acreedores], de reliquidar y reestructurar las cr\u00e9ditos de vivienda (. . .) vigentes al 31 de diciembre de 1999 (. . .) cuya recuperaci\u00f3n pretendan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de las propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n ( … ) El incumplimiento de esa cargo, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda (…) para formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de las deudores (. . .) Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, aun en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre las deudores de ese sistema ( … ) Esto par cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior (…). <\/p>\n
Para esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su viviendo cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, solo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble (…)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, una vez dilucidado lo anterior, descendi\u00f3 al caso concreto y de lo acreditado en el expediente coligi\u00f3 que en el sub judice no se hab\u00eda surtido la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n ordenada por la ley, lo que condujo a que la obligaci\u00f3n cobrada no pudiera tenerse como exigible. A su tenor literal consign\u00f3: <\/p>\n
\u00ab3.- En el caso de autos, el ejecutado pidi\u00f3 mediante incidente de nulidad la culminaci\u00f3n del proceso referido, aduciendo coma uno de sus argumentos que el acreedor no aport\u00f3 la ‘reestructuraci\u00f3n’ del cr\u00e9dito al tenor de lo contemplado en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999. Ahora bien, en auto de febrero 11 de 2020, materia del recurso, el a quo pas\u00f3 por alto que la obligaci\u00f3n perseguida tuvo su origen el 11 de diciembre de 1996, adem\u00e1s, que su cobro inicial se intent\u00f3 mediante proceso ejecutivo adelantado ante su despacho el 26 de noviembre de 1998, actuaci\u00f3n que finaliz\u00f3 en el 2009 por desistimiento t\u00e1cito. Aquella obligaci\u00f3n, fue reliquidada en su momento por su inicial acreedor (Banco Central Hipotecario), gener\u00e1ndose un saldo a favor de la ejecutante, circunstancia que le permiti\u00f3 impetrar nuevamente una acci\u00f3n ejecutiva en febrero 8 de <\/p>\n
2011, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el primero (1\u00ba) de marzo del a\u00f1o en cita, todo lo anterior, sin que se acompa\u00f1ara al proceso la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Bajo aquella perspectiva se impone se\u00f1alar que la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, entendida como \u00ab(… ) un tr\u00e1mite adicional a la culminaci\u00f3n de las acciones de cobra que estuvieran en curso (. .. ) afecta la exigibilidad de ese tipo de obligaciones ( … )\u00bb, hecho que no puede entenderse saneado bajo los lineamientos del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera que, la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, corresponde a un presupuesto indispensable que debi\u00f3 exigirse al inicio de la actuaci\u00f3n, sin embargo, al no ser advertido al librarse mandamiento de pago, persist\u00eda en el fallador la obligaci\u00f3n de pronunciarse sobre el mismo, ya sea de oficio ora mediante petici\u00f3n de parte\u00bb. <\/p>\n
Y, a partir de lo expuesto, dispuso acatar lo ordenado en la sentencia de tutela referida, por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
\u00ab5.- Con todo, en obedecimiento a lo ordenado en sentencia de tutela STC5305 de mayo 12 de 2021, se dejar\u00e1 sin valor y efecto el prove\u00eddo emitido por esta Sala Unitaria en septiembre 22 de 2020. As\u00ed mismo, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n opugnada para en su lugar, declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n desde el momento en que se libr\u00f3 mandamiento de pago el 10 de marzo de 2011 (inclusive), disponi\u00e9ndose la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro, este \u00faltimo, ordenado en auto de noviembre 9 de 2017, las que recayeron sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria numero <\/p>\n
350-36624\u00bb. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, en concreto, lo que se le orden\u00f3 a la autoridad mencionada fue que dejara sin valor y efecto el auto que decidi\u00f3 la alzada y que emitiera un nuevo pronunciamiento ajustado a las reglas que la jurisprudencia ha fijado sobre reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito. Por lo tanto, en la orden constitucional, en aras de garantizar la independencia judicial, \u00fanicamente se le indic\u00f3 al Tribunal los par\u00e1metros que deb\u00eda tener el contenido de su decisi\u00f3n para decidir la alzada de la nulidad elevada por el ejecutado, enmarc\u00e1ndolos en la necesidad de verificar la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada, lo que, como se vio, fue satisfecho sin que lo actuado, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no, resulte notoriamente arbitrario. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el precursor no participe de tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa Corporaci\u00f3n, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018, STC14267-2018, STC5689-2021 entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Manuel Guillermo Medina contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso ejecutivo No. 73001310300520110004800. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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