STC7126-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7126-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01735-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Ardila Franco contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el incidente de desacato al fallo de tutela proferido en el proceso seguido bajo el radicado n\u00b0 2020-00119. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre como director de la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, locomoci\u00f3n, buen nombre y \u00abpatrimonio\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al resolver el tr\u00e1mite incidental antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal el 31 de agosto de 2020, se tutelaron las prerrogativas al debido proceso administrativo y de petici\u00f3n de Feliz Vanegas Tafur, y como consecuencia le orden\u00f3 a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, \u00abque en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n, informe [al accionante] el monto y la fecha, plazo o turno probable en el que se pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 04102019-42962 del 16 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante memorial radicado el pasado 07 de septiembre de 2020 proced[i\u00f3] a informar sobre el oficio de no favorabilidad conforme al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n aplicado al se\u00f1or Feliz Vanegas Tafur\u00bb, no obstante, el juzgado, con auto del 11 de diciembre de la misma anualidad, declar\u00f3 que no hab\u00eda dado cumplimiento a la orden y \u00abresolvi\u00f3 imponerme sanci\u00f3n consistente en arresto de un (01) d\u00eda y multa equivalente a un (01) salario m\u00ednimo legal mensual\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el tribunal en sede de consulta el 18 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Que el 18 de enero de 2021, la UARIV elev\u00f3 solicitud de inejecuci\u00f3n de las sanciones, data en la que tambi\u00e9n le inform\u00f3 al peticionario que \u00abla aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n y el resultado del mismo, el cual determin\u00f3 que NO era procedente materializar la entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n ya reconocida y la imposibilidad de asignar fecha cierta de pago, por ende, la Unidad proceder\u00e1 a aplicarle el m\u00e9todo cada a\u00f1o hasta que de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n administrativa, que para el caso del se\u00f1or FELIZ VANEGAS TAFUR ser\u00e1 aplicado el 30 de julio de 2021\u00bb. La petici\u00f3n la resolvi\u00f3 el juzgado de manera desfavorable mediante prove\u00eddo del 26 de enero de 2021. <\/p>\n
Que al ratificarse las sanciones, los querellados incurrieron en defectos \u00absustantivo, desconocimiento del precedente constitucional [en particular la sentencia SU-034\/18], f\u00e1ctico y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, porque pese a haber presentado \u00abreiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanci\u00f3n ni [su] suspensi\u00f3n, toda vez que los despachos accionados consideran que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo (\u2026), cerrando as\u00ed cualquier posibilidad jur\u00eddica para que se logre la inejecuci\u00f3n de las medida sancionatorias, convirtiendo la misma en un castigo por no acreditar el cumplimiento del fallo en las condiciones informadas por los Despachos, desatendiendo los escritos y pruebas que se han venido presentando\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene \u00abdeclarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or Feliz Vanegas Tafur [y por tanto] que deje sin efectos la providencia del 26 de enero de 2021 la cual neg\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb, y se imponga a los accionados acatar los precedentes jurisprudenciales \u00abfrente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n [de] las razones que imposibilitan su cumplimiento con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Cuarta de Familia de Neiva, remiti\u00f3 copia digitalizada del expediente y explic\u00f3 que conforme a lo dispuesto por su superior jer\u00e1rquico, procedi\u00f3 a ejecutar el fallo de tutela, observando para ello \u00abel debido proceso y el derecho de defensa y contradicci\u00f3n al demandado, dado que todo lo actuado en sede tutela e incidente de desacato se ha notificado en debida forma\u00bb y solicit\u00f3 \u00abse despachen desfavorablemente las pretensiones de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas superiores invocadas por el accionante, porque: (i) la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, confirm\u00f3 las sanciones por desacato a fallo de tutela, impuestas al tutelante como funcionario responsable de la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, y (ii) el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, deneg\u00f3 la inejecuci\u00f3n a las sanciones en comento. <\/p>\n
2. De la tutela contra actuaciones surtidas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, ya que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos (\u2026), [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC5665-2021, 21 may. 2021, rad. 01435-00). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la decisi\u00f3n que define el tr\u00e1mite incidental, puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y que \u00abla procedibilidad del amparo contra las providencias proferidas en el curso del incidente de desacato es entonces de car\u00e1cter excepcional, y para que se configure es preciso (i) que se verifique el cumplimiento de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, y (ii) que se acredite la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad\u00bb (CC T-482\/13). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al reclamo constitucional y con vista en las copias de las piezas procesales adosadas al expediente, se conceder\u00e1 el amparo de manera parcial, porque si bien el procedimiento y definici\u00f3n del incidente de desacato no configura yerro espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar lo decidido, la protecci\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1, exclusivamente, a la orden de arresto decretada, atendiendo para ello el precedente jurisprudencial de esta Sala como adelante se explicar\u00e1. <\/p>\n
3.1. En efecto, la razonabilidad de la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal -en sede de consulta- el 18 de diciembre de 2020, consistente en avalar las sanciones contra el director t\u00e9cnico de reparaciones de la UARIV y el director general de esa entidad, fue antecedida del tr\u00e1mite procedimental contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al cabo del cual el ad quem encontr\u00f3 que, conforme a lo concluido por el despacho habilitado para la ejecuci\u00f3n del auxilio, se evidenciaba la responsabilidad subjetiva exigida por la jurisprudencia constitucional y de esta Corte para soportar el desacato. <\/p>\n
Ello, porque al tenor de la citada disposici\u00f3n legal, quien desconozca lo ordenado por el juez del amparo \u00abincurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar\u00bb, y que \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Respecto de la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 01417-00). As\u00ed, la sanci\u00f3n por desatender una orden de tutela debe estar plenamente demostrada, ya que si, por el contrario, media eximente como fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra justificaci\u00f3n que revista la condici\u00f3n de razonable o insuperable, esta no proceder\u00eda. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, las razones para ratificar las sanciones las expuso el tribunal de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a) La salvaguarda constitucional fue concedida, orden\u00e1ndose a la UARIV \u00abque en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, informe al se\u00f1or FELIZ VANEGAS TAFUR el monto y la fecha, plazo o turno probable en el que pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante Resoluci\u00f3n 04102019-42962 de 16 de septiembre de 2019\u00bb, y si bien la Unidad escuda su ausencia en la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n que se ejercita de manera anual para determinar los beneficiarios de los pagos que se realizaran en cada vigencia fiscal, siendo imposible determinar los futuros, ello no es excusa para desobligarse del cumplimiento de la orden, atendiendo lo expuesto en la providencia y la jurisprudencia constitucional en auto 331 de 2019, que estim\u00f3 que en garant\u00eda del debido proceso de la indemnizaci\u00f3n administrativa, es deber indicar el plazo razonable o turno para hacer efectivo el pago, asimismo su monto; ambas situaciones que se echan de menos en el plenario, advirti\u00e9ndose sobre este \u00faltimo que no basta con que la Unidad relate los montos de reconocimiento en general, siendo necesario establecer de manera concreta cuanto se le va a pagar a la v\u00edctima. <\/p>\n
b) La sanci\u00f3n impuesta en primera instancia cumple con los presupuestos de legalidad \u2013citados-, como resultado de un tr\u00e1mite respaldado por el debido proceso y derecho de contradicci\u00f3n y defensa; individualiz\u00e1ndose el funcionario llamado a cumplir la orden y a su superior jer\u00e1rquico, seg\u00fan se extrae del organigrama visible en la p\u00e1gina web https:\/\/www.unidadvictimas.gov.co\/es\/quienes-somos\/equipo-directivo\/154. <\/p>\n
c) Se itera la renuencia en el cumplimiento de la orden, con justificaciones improcedentes que denotan la rebeld\u00eda y negligencia en el obedecimiento, corroborando la responsabilidad subjetiva por parte del sancionado Enrique Ardila Franco. <\/p>\n
Entonces, aunque seguidamente el sancionado informara que hab\u00eda dado cumplimiento al fallo de tutela, habida cuenta los resultados del \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, el fallador acusado encontr\u00f3 que lo que deb\u00eda aplicarse en este evento era cumplir una orden judicial de tutela que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Ahora, como la petici\u00f3n de inejecuci\u00f3n formulada por el funcionario encartado al juez llamado a determinar si hubo o no cumplimiento al fallo, no dista de la argumentaci\u00f3n planteada al descorrer el incidente de desacato, la decisi\u00f3n desestimatoria no merece reparo en esta excepcional sede. Esto, porque en la solicitud en comento -fechada el 18 de enero de 2021-, se aduce que seg\u00fan el precitado m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n \u00abse estableci\u00f3 que [el] accionante no cuenta con ninguno de los criterios de ser priorizad[o] de acuerdo con el art\u00edculo 4 de [la resoluci\u00f3n 1049 del 15 de marzo de 2019]\u00bb, lo cual se le hizo saber al quejoso mediante comunicaci\u00f3n del 18 de enero de 2021, empero, omiti\u00f3 indicarle al interesado la asignaci\u00f3n de un turno para la efectividad del derecho reclamado. <\/p>\n
Ciertamente, en el referido auto, el juzgado evidenci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que a pesar de haberse reconocido la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa al incidentalista, no se ha realizado en los t\u00e9rminos contemplados en la sentencia del 31 de agosto de 2020, por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, pues a pesar que la UARIV insiste haber brindado respuesta clara y de fondo al derecho de petici\u00f3n por medio de la comunicaci\u00f3n con Radicado N\u00b0 20217201077521, lo cierto es que a la fecha no indica la fecha, plazo o turno probable en el que pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante Resoluci\u00f3n 04102019-42962 de 16 de septiembre de 2019 con ello est\u00e1 contrariando lo dispuesto en la sentencia y la prueba incidental, sin que \u00e9ste sea el estadio procesal, pues el l\u00edmite de acci\u00f3n del Juez radica en verificar el acatamiento de la orden constitucional, lo cual, como se expuso, no se ha dado de forma completa en el caso particular. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es acertado concluir que no es plausible acceder a la inejecuci\u00f3n y\/o suspender la sanci\u00f3n en todas sus partes de la decisi\u00f3n contenida en la providencia proferida dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia hasta que se aplique el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n en el primer semestre del a\u00f1o 2021, en primer lugar porque con lo actuado se ha brindado todas las garant\u00edas procesales respetando el debido proceso, en segundo lugar porque con la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico no se garantiza que en la presente vigencia se pueda tener la certeza de dar la fecha probable de pago de la indemnizaci\u00f3n lo que por contera ser\u00eda alargar el vilo de la parte actora para conocer la fecha probable de cancelaci\u00f3n de la medida ya reconocida. <\/p>\n
De lo anterior se colige que se debe aplicar la sanci\u00f3n impartida en auto interlocutorio calendado el 11 de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 18 del mismo mes y a\u00f1o, en raz\u00f3n a que la entidad – UARIV no ha informado si quiera fecha aproximada para el pago de indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida al se\u00f1or FELIX VANEGAS TAFUR teniendo en cuenta el hecho v\u00edctimizante de desplazamiento forzado, m\u00e1xime cuando a la fecha ya casi han transcurrido cinco meses desde el momento de la sentencia proferida, con ello transgrediendo el derecho de igualdad y debido proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando al momento del tr\u00e1mite incidental la persona encargada de cumplir la orden impartida por el juzgado guard\u00f3 silencio demostrando la inobservancia de lo decidido por omisi\u00f3n, sin dar una fecha posible para materializar la entrega de la indemnizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme a lo que acaba de verse, tanto la actuaci\u00f3n del ad quem que ratific\u00f3 la imposici\u00f3n de sanciones por desacato adiada el 18 de diciembre de 2020, como la del a-quo que mantuvo su ejecuci\u00f3n el 26 de enero de 2021, no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada; esto, en la medida en que la actuaci\u00f3n censurada no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular se ha dicho y reiterado que si las providencias judiciales atacadas cuentan con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en las instancias pertinentes, puesto que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada entre otras en STC2156-2021, 4 mar. 2021, rad. 00436-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n sobre la medida de arresto y de la concesi\u00f3n parcial del resguardo. <\/p>\n
Pese a la razonabilidad de las resoluciones confutadas, esta Sala no pasa por alto que una de las sanciones impuestas al accionante fue la de arresto de un (1) d\u00eda, para cumplirse, inicialmente, \u00aben una de las Estaciones de Polic\u00eda de Bogot\u00e1\u00bb, y luego \u00aben cualquier lugar del territorio colombiano\u00bb, en tanto que dicha determinaci\u00f3n contraviene el criterio de esta Corte en punto a la naturaleza de las amonestaciones aplicables, habida cuenta las particulares circunstancias de salud p\u00fablica ocasionadas por la pandemia del Covid\u201319. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido que la autoridad judicial debe ponderar la finalidad de las medidas a adoptar en el tr\u00e1mite incidental \u2013cuando se advierta el desacato\u2013, con las prerrogativas esenciales a la salud y vida del sancionado, especialmente vulnerables en contextos como el actual; toda vez que, de ser soslayada dicha pauta, eventualmente podr\u00eda ocasionarse una afectaci\u00f3n injustificada y desproporcionada al obligado, como en el sub ex\u00e1mine: <\/p>\n
\u00abAl margen de las anteriores consideraciones y atendiendo a la situaci\u00f3n actual en virtud de la pandemia generada por el virus Covid-19, es de advertirse que el juzgador de primer grado atacado debe efectuar una revisi\u00f3n de la orden de arresto impuesta al accionante. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed que, pese a la legalidad de imponer la privaci\u00f3n de la libertad como instrumento coercitivo para garantizar la observancia de las decisiones de tutela, el hecho de que una situaci\u00f3n sanitaria afecte el funcionamiento de la sociedad como hasta ahora se hab\u00eda conocido, debe ser objeto de ponderaci\u00f3n para que la finalidad propia del desacato no resulte gravosa de los derechos a la salud y la vida del ahora promotor. <\/p>\n
(\u2026) Luego, como al gestor (\u2026) se le impuso una orden de arresto por dos (2) d\u00edas, en lugar de detenci\u00f3n, es menester sopesar la finalidad loable de esta sanci\u00f3n con las consecuencias que la misma puede derivar para la sociedad en su conjunto y el promotor, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al acusado fallador de primer grado que la modifique por cualquier otra medida alternativa, atendiendo lo atr\u00e1s mencionado\u00bb (CSJ, E-2020-00075-01, 6 may. 2020, en el mismo sentido E-2020-00035-01, 27 may. 2020; citada en STC4294-2020; ATC610-2020; STC6691-2020, y STC1129-2021, 11 feb. 2021, rad. 00176-00, entre otras) Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Entonces, como el caso objeto de actual estudio se ajusta a similares contornos f\u00e1cticos de aquellos que ya fueron analizados por esta Sala, al mantenerse la situaci\u00f3n excepcional que dio origen a la definici\u00f3n descrita, este habr\u00e1 de resolverse en los mismos t\u00e9rminos. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, aunque las providencias proferidas en el incidente analizado se advierten razonables, se otorgar\u00e1 parcialmente el auxilio para ordenar al juzgado que tiene a cargo la ejecuci\u00f3n del fallo de tutela, que, con observancia en el precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, proceda a conmutar la referida orden de arresto en establecimiento carcelario o penitenciario, por cualquier otra medida que se ajuste a los est\u00e1ndares rese\u00f1ados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE parcialmente la protecci\u00f3n invocada por Enrique Ardila Franco mediante la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, que en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a conmutar la sanci\u00f3n de arresto en establecimiento penitenciario o carcelario, por otra medida, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC7126-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7126-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01735-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Ardila Franco contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54871","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54871","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54871"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54871\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54871"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54871"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54871"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}