STC7128-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7128-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01738-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Augusto Hurtado Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma urbe. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al derecho de petici\u00f3n, al trabajo, al acceso a cargos p\u00fablicos, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vulnerados dentro del proceso de tutela de radicado 2021-00068-00. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 sus peticiones en los hechos relevantes que se compendian a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El actor sostuvo que particip\u00f3 en la Convocatoria Valle del Cauca No. 437 de 2017, para el cargo denominado \u00abL\u00edder De Programa, C\u00f3digo 206, Grado 8, identificado con el C\u00f3digo OPEC No. 55356, del Sistema General de Carrera Administrativa de la GOBERNACI\u00d3N DEL VALLE DEL CAUCA\u00bb. Adem\u00e1s, que obtuvo el tercer puesto en la Lista de Elegibles, \u00abde acuerdo a la Resoluci\u00f3n No. CNSC – 20202320004145 DEL 13-01-2020, por debajo de los elegibles (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2. Radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n el 01 de febrero del 2021, en el que solicit\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca que informara lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab1. Se informe si el se\u00f1or H\u00c9CTOR PINZ\u00d3N S\u00c1NCHEZ, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 12.241.875, se present\u00f3 para la posesi\u00f3n al cargo denominado L\u00edder De Programa, C\u00f3digo 206, Grado 8, identificado con el C\u00f3digo OPEC No. 55356, del Sistema General de Carrera Administrativa de la GOBERNACI\u00d3N DEL VALLE DEL CAUCA. <\/p>\n
2. Se informe si la GOBERNACI\u00d3N DEL VALLE DEL CAUCA ha hecho uso de la lista de elegibles establecida en la Resoluci\u00f3n No. CNSC – 20202320004145 DEL 13-01-2020, nombrando a la se\u00f1ora LILIANA PAREDES MEJIA, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 31.174.029, indicando adem\u00e1s en caso de ser afirmativa la respuesta, la identificaci\u00f3n del puesto de trabajo y requisitos de estudio y experiencia laboral exigidos, de acuerdo al manual de funciones de la entidad territorial. En caso de ser negativo, informar si la se\u00f1ora. PAREDES MEJIA se encuentra vinculada a trav\u00e9s de otra figura con la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca. <\/p>\n
3. Se informe si la GOBERNACI\u00d3N DEL VALLE DEL CAUCA tienen cargos VACANTES, en PROVISIONALIDAD o en ENCARGO, que, en sus requisitos de estudio y experiencia, as\u00ed como el contenido de sus manuales de funciones sean equivalentes o que obedezcan al mismo empleo de cara al denominado L\u00edder De Programa, C\u00f3digo 206, Grado 8 o de categor\u00eda inferior. <\/p>\n
4. Se remita relaci\u00f3n de todos y cada uno de los cargos vacantes o en provisionalidad que tiene actualmente la GOBERNACI\u00d3N DEL VALLE DEL CAUCA en donde se indique: <\/p>\n
<\/p>\n
* Requisitos de estudio y experiencia laboral exigido<\/p>\n
* Manual de funciones<\/p>\n
* Asignaci\u00f3n b\u00e1sica salarial<\/p>\n
* Dependencia o ubicaci\u00f3n del empleo <\/p>\n
5. Se tome como base para definir los mismos empleos, equivalentes o similares, el criterio unificado para uso de listas de elegibles para empleos equivalentes, expedido por la Comisi\u00f3n del Servicio Civil de fecha 22 de septiembre de 2020\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que dicha entidad contest\u00f3 su petici\u00f3n mediante oficio FO-M9-P3-16-V01, 1.110.10-18 SADE 909001 del 18 de febrero del 20212. Sin embargo, para el accionante no qued\u00f3 satisfecha la solicitud, comoquiera que no hubo pronunciamiento frente a los requerimientos cuarto y quinto. <\/p>\n
2.4. Por ende, impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y la Comisi\u00f3n Nacional de Servicio Civil con el fin de obtener la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso, trabajo y acceso a cargos p\u00fablicos. En ese orden de ideas, pidi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab1. ORDENE a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca dar respuesta al derecho de petici\u00f3n de manera completa, veraz y de fondo, para lo cual, deber\u00e1 verificar en su planta global los empleos vacantes o en provisionalidad que cumplan con las caracter\u00edsticas de MISMO EMPLEO o EQUIVALENTE, al cual concurse, ello con estricto apego a los par\u00e1metros consignados en el art\u00edculo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015 y el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1960 de 2019, los cuales deban estar reportados en el aplicativo sistema de apoyo para la igualdad, el m\u00e9rito y la oportunidad (SIMO) y en cumplimiento del Acuerdo 0013 del 22 de enero de 2021 de la CNSC. <\/p>\n
2. ORDENE a la COMISION NACIONAL DEL SERVIICO CIVIL, informe las vacantes reportadas por la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y las caracter\u00edsticas de dichos empleos p\u00fablicos. <\/p>\n
Que, en consecuencia de lo anterior se: <\/p>\n
1. ORDENE a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca acate las disposiciones normativas contenidas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1960 de 2019, tal como lo establece la Sentencia T-340 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, as\u00ed como lo ordenado por CNSC en sus Criterios Unificados, as\u00ed como al Acuerdo 0013 del 22 de enero de 2021, respecto a la provisi\u00f3n de empleos y el uso de listas de elegibles. <\/p>\n
2. Ordenar a la Gobernaci\u00f3n, con fundamento en la circular No 019 del 2020, expedido por la CNSC, que informe que vacantes ha reportado a la CNSC a trav\u00e9s del aplicativo SIMO, inclusive aquellas que est\u00e1n provistas en provisionalidad o encargo. <\/p>\n
3. Como consecuencia de lo anterior y de existir vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en los t\u00e9rminos de la Ley 1960 de 2019 y dem\u00e1s normas que la reglamenten y complementen, y en estricto orden de m\u00e9rito sin irrespetar el orden de la lista de elegibles, se ordene mi nombramiento en periodo de prueba en una de aquellas vacantes\u00bb3. <\/p>\n
2.5. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales resolvi\u00f3 negar por improcedente el amparo invocado. Ello comoquiera que \u00abel accionante no agot\u00f3 los medios defensa con que contaba para modificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica, o el acto administrativo\u00bb pues \u00abel accionante pudo discutir el contenido de esas determinaciones a trav\u00e9s del \u00abmedio de control\u00bb de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de 2011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-), o incluso a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, respecto del derecho de petici\u00f3n \u00abno se encuentra trasgredido por cuanto como bien lo reconoci\u00f3 el ente territorial procedi\u00f3 a corregir el yerro en que hab\u00eda incurrido al omitir remitir en la respuesta de la petici\u00f3n los documentos que hab\u00eda solicitado el actor, aportando prueba de ello\u00bb. <\/p>\n
2.6. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en prove\u00eddo del 13 de mayo del 2021, resolvi\u00f3 confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
Frente a la controversia, el Colegiado asever\u00f3 que \u00abla convocatoria para la cual se present\u00f3 el aqu\u00ed accionante, es inmodificable por este medio\u00bb. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que <\/p>\n
\u00abno existe material probatorio alguno donde se halle plasmada la posibilidad de utilizar las listas de elegibles para proveer cargos equivalentes al que se presentaran los interesados teniendo en cuenta que la norma en cita entr\u00f3 a regir a partir de su publicaci\u00f3n, esto es, el 27 de junio de 2019, por lo que no resulta aplicable al presente asunto, ya que, como qued\u00f3 visto, las reglas de la convocatoria se establecieron desde el 13 de noviembre de 2018; igualmente cabe hacer \u00e9nfasis que las leyes expedidas gobiernan a partir de su publicaci\u00f3n y a futuro, salvo que estas mismas estipulen cosa diferente, por lo tanto la ley 1960 de 2019, con la cual se modific\u00f3, entre otros, el numeral 4 del art\u00edculo 31 de la ley 909 de 2004, y otorg\u00f3 la posibilidad de cubrir vacantes definitivas en cargos equivalentes no convocados, no le es aplicable ni favorable al interesado en el sub examine, en tanto la lista de elegibles de su convocatoria qued\u00f3 en firme de manera anterior a la vigencia de la ley 1960, con lo cual, por dem\u00e1s, se garantizan las prerrogativas de los dem\u00e1s participantes en la convocatoria 437 de 2017\u00bb. <\/p>\n
2.7. Reproch\u00f3 el pronunciamiento que viene de rese\u00f1arse porque, a su juicio, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por desconocimiento del precedente judicial pues no tuvieron en cuenta la sentencia T-340 de 2020, proferido por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Por otra parte, estim\u00f3 que las situaciones planteadas respecto al derecho de petici\u00f3n no fueron debidamente estudiadas, habida cuenta de que \u00abla Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y la Comisi\u00f3n Nacional del servicio Civil nunca dieron contestaci\u00f3n a mi solicitud, vulnerando las accionadas al momento de proferir los respectivos fallos lo que realmente se estaba solicitando en el l\u00edbelo tutelar\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme lo rese\u00f1ado, pidi\u00f3 \u00abQUE SE ORDENE DEJAR SIN EFECTO las providencias proferidas por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS, y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, CALDAS SALA CIVIL FAMILIA, y en su lugar se conteste el derecho de petici\u00f3n de FONDO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales solicit\u00f3 reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el fallo cuestionado. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se opuso a la solicitud impetrada ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del actor. En efecto, asegur\u00f3 que \u00aba pesar que la accionante interpuso la acci\u00f3n de tutela por cuanto estim\u00f3 vulnerados sus derechos fundamentales lo cierto es que la accionante cuenta con una simple expectativa de que durante la vigencia de la lista pueda estar ser utilizada para proveer \u201cel mismo empleo\u201d, sin embargo, ese es una hecho que puede o no darse y al no ocurrir no da origen al derecho de su nombramiento\u00bb, por el que el gestor no es titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados. <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que el asunto expuesto no es del resorte de la entidad pues esta \u00abperdi\u00f3 competencia al acaecer la firmeza de la lista de elegibles, por lo que debido a que las pretensiones relacionadas en la acci\u00f3n constitucional, se encuentran encaminadas a solicitar a la entidad nominadora su nombramiento en la planta global de esa entidad, frente a lo cual se desconoce la existencia de vacante alguna dado que no se encuentra dentro de la \u00f3rbita de las competencias de esta comisi\u00f3n la coadministraci\u00f3n de plantas de persona\u00bb. <\/p>\n
A su turno, aludi\u00f3 a que no se cumple con el requisito de inmediatez \u00abatendiendo al hecho de que la parte accionante interpuso la acci\u00f3n de tutela solo hasta el mes de junio de 2021, a pesar de conocer que no logro posici\u00f3n meritoria en la lista de elegibles desde la fecha de su publicaci\u00f3n, esto es, 24 de enero del 2020. En tal sentido y en consideraci\u00f3n al hecho de que su situaci\u00f3n en la lista de elegibles no ha cambiado desde la firmeza de la misma, se concluye que la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegada por la parte accionante es no es actual\u00bb; as\u00ed como tampoco el de subsidiariedad, puesto que la tutela no es la v\u00eda id\u00f3nea para cuestionar la legalidad de actos administrativos. <\/p>\n
3.- El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca inform\u00f3 que el empleo para el cual concurs\u00f3 el accionante ten\u00eda una sola vacante. Sin embargo, el cargo fue provisto por quien ocup\u00f3 la primera posici\u00f3n en la lista de elegibles. Tal informaci\u00f3n fue remitida al accionante, a quien tambi\u00e9n se le comunic\u00f3 que no existen cargos vacantes semejantes al cual se present\u00f3. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abde la respuesta otorgada se evidencia que la misma s\u00ed abarc\u00f3 todos y cada uno de los t\u00f3picos solicitados en la petici\u00f3n, por una parte, frente al estado de provisi\u00f3n del empleo OPEC 55356, se inform\u00f3 que el elegible que ocup\u00f3 la posici\u00f3n n\u00famero 1 (\u2026) s\u00ed se nombr\u00f3 y posesion\u00f3 en el cargo, y de otra parte, se inform\u00f3 que dicho cargo es \u00fanico en la planta de cargos de la administraci\u00f3n central departamental, con \u00fanica vacante, raz\u00f3n por la cual, no existe par ni semejante y que de conformidad con la interpretaci\u00f3n realizada por la Corte Constitucional solo es posible aplicar dicha ley en efecto retrospectivo pero solo para cubrir vacantes generadas con posterioridad al concurso cuando sea mismo empleo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que existe un error de interpretaci\u00f3n del actor frente a la sentencia T-340 de 2020 pues lo que en realidad manifest\u00f3 la Corte Constitucional es que \u00absolo era posible para proveer una vacante con las caracter\u00edsticas del mismo empleo y que como ya se ha manifestado muchas veces al se\u00f1or HURTADO JIMENEZ, en la plante de cargos de personal de la Administraci\u00f3n Central Departamental del Valle del Cauca, NO hay vacantes para cargos del \u201cmismo empleo\u201d, inclusive, ni siquiera para \u201cempleo equivalente\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunado a todo lo expuesto, apuntal\u00f3 que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues si el promotor del amparo \u00abpretende que el Departamento en su actuar aplique la ley 1960 del 2019, el mecanismo judicial id\u00f3neo es la Acci\u00f3n de Cumplimiento reglamentada por la Ley 393 de 1997, cuyo procedimiento supone un escenario mayor de defensa y contradicci\u00f3n que la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales remiti\u00f3 el v\u00ednculo contentivo del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. Lo dicho, habida cuenta de que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. Por la esencia del resguardo, todos los funcionarios judiciales est\u00e1n llamados a tomar las medidas que resulten precisas para que por este remedio preferente y sumario se propugne, en todo momento, por la efectividad de las garant\u00edas esenciales, entre las que se encuentra el respeto al debido proceso. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. De 2020, Rad. 2020-00852-00) <\/p>\n
De lo anterior se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Ello puesto que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. En todo caso, en particulares situaciones se ha advertido la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso. En la referida decisi\u00f3n se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si esta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. (…)\u201d <\/p>\n
3. No obstante la jurisprudencia citada en precedencia, al descender al caso sub judice se advierte la improcedencia de la solicitud pues se observa que el promotor no prob\u00f3 la ocurrencia de alguna de las excepciones invocadas. Por el contrario, se limit\u00f3 a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 la autoridad convocada respecto al asunto puesto a su escrutinio en aquella oportunidad. <\/p>\n
En efecto, a partir de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se puede concluir que la decisi\u00f3n atacada se produjo como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, lo que el gestor propone es que se haga un nuevo estudio del asunto acorde con los argumentos expuestos en la acci\u00f3n y que no fueron acogidos por el juez constitucional. De all\u00ed que no halla lugar a conceder tal pretensi\u00f3n en este escenario extraordinario, que no est\u00e1 dise\u00f1ado para mantener indefinidamente los debates constitucionales que le son propios. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, se hace hincapi\u00e9 en que la jurisprudencia ha se\u00f1alado en reiteradas oportunidades que los mecanismos dise\u00f1ados para controlar las providencias pronunciadas en sede de amparo son la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb e incluso la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb, herramientas a las que puede acudir el extremo querellante para que sean estudiadas sus disconformidades. <\/p>\n
A prop\u00f3sito del tema, la Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, en CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00191-01, reiterada entre otras en sentencia STC9579-2015 23 jul. 2015, que: <\/p>\n
\u00ab[C]omo la decisi\u00f3n censurada fue emitida por el juzgado accionado dentro de la referida acci\u00f3n de tutela, como juez de segunda instancia[, …] lo que correspond[e es] perseguir la revisi\u00f3n de la sentencia dictada, siendo que [de no ser] seleccionada para tal efecto, en todo caso, ah\u00ed est[\u00e1] la posibilidad de insistencia que regula el art. 33 del Decreto 2591 de 1991″ [m\u00e1xime] que, conforme as\u00ed est\u00e1 determinado en la citada norma, \u00ab[c]ualquier magistrado de la Corte [Constitucional], o el Defensor del Pueblo\u00bb pueden deprecar la anotada \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, posibilidad a la que bien puede recurrir el querellante, as\u00ed como a la mentada \u00abinsistencia\u00bb\u00bb. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 PRUEBA_27_5_2021 16_43_18 <\/p>\n
2\u0002 PRUEBA_27_5_2021 16_43_27. <\/p>\n
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STC7128-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7128-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01738-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Augusto Hurtado Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54873","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54873\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}