STC7129-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7129-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01741-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Kevin Franco Balarezo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Catorce Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-40984. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el 10 de julio de 2018 el ac\u00e1 actor fue condenado (junto a Osman Alonso Angulo Castro) en primera instancia por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali a la pena de 400 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con fallo del 11 de diciembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la defensa de Franco Balarezo interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida por la Sala Especializada Penal el 18 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Critica el accionante la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los juzgadores de instancia a partir de la cual lo declararon penalmente responsable de la conducta il\u00edcita endilgada; al respecto, cuestiona que \u00ablos agentes de polic\u00eda que nos retuvieron, al observar que hab\u00eda una persona muerta, \u00bfpor qu\u00e9 no procedieron a realizar la prueba del guantelete para establecer qui\u00e9n hab\u00eda disparado, entendi\u00e9ndose que el muerto solo ten\u00eda un disparo en todo su cuerpo cuando se hizo el levantamiento del cad\u00e1ver? Nosotros manifestamos que el arma que llevaba [la v\u00edctima] se le dispar\u00f3 y fue con ella que \u00e9l realiz\u00f3 el hurto\u00bb. <\/p>\n
Aduce entonces que, se viol\u00f3 el debido proceso por cuanto \u00abel procedimiento que se debi\u00f3 realizar era [\u2026] la prueba de guantelete y as\u00ed establecer a ciencia cierta qui\u00e9n de los tres hab\u00eda disparado, porque a uno de los tres le hubieran encontrado en la piel la p\u00f3lvora que deja un disparo\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, \u00abpara condenar se necesita la plena prueba de que la persona que se va a condenar no hay lugar a duda de haber cometido el delito, por ello, mi abogada ante este error de la justicia est\u00e1 pidiendo que se debe aplicar el in dubio pro reo, que lo ten\u00edan que decretar de oficio. Ella siempre atac\u00f3 las providencias con ese planteamiento y caprichosamente no lo han considerado, y es por esta raz\u00f3n que invoco esta acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se dejen sin efecto las providencias que lo condenaron y, consecuencia de ello, se le otorgue su libertad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Catorce Penal del Circuito de Cali cont\u00f3 que, efectivamente, el 10 de julio de 2018 impuso a Franco Balarezo la pena de 33 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por el delito de homicidio agravado, sanci\u00f3n que actualmente vigila el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas de esa ciudad. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que la referida condena qued\u00f3 plenamente ejecutoriada el 24 de noviembre de 2020 al agotarse \u00ablos recursos ordinarios y extraordinarios de defensa que se encontraban al alcance (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia recriminada indic\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 \u2013 11 de diciembre de 2018 \u2013 la defensa del procesado Franco Balarezo interpuso el recurso de casaci\u00f3n, por lo que, el 5 de marzo de 2019, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, sin pronunciarse sobre el reclamo objeto del presente amparo, remiti\u00f3 copia del auto de 18 de noviembre de 2020 mediante el cual inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la apoderada de Kevin Franco Balarezo. <\/p>\n
4. El procurador 70 Judicial II Penal de Cali, manifest\u00f3 que los hechos por los que fue acusado el actor, fueron valorados y analizados \u00abpor cuenta de varios sensores judiciales sin que indicaran o vieran irregularidad contundente, pues si se hubiese generado tal hallazgo, lo habr\u00edan indicado y probablemente otro camino procesal ser\u00eda el recorrido\u00bb. <\/p>\n
5. La fiscal 32 Seccional de Cali, relacion\u00f3 las actuaciones que adelant\u00f3 en el marco de la investigaci\u00f3n sobre los hechos que se le endilgaron a Franco Balarezo, y adujo que, en los que respecta al despacho fiscal que regenta, \u00ab(\u2026) existiendo libertad probatoria, por un lado, y siendo la defensa la que debe en su rol, debe recaudar o solicitar el apoyo respectivo para practicar pruebas a los \u00f3rganos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos que considere, nos sostenemos en que al juicio se llevaron los elementos de prueba necesarios y por dicha raz\u00f3n la judicatura encontr\u00f3 responsables a los acusados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Auscultadas las discrepancias planteadas por esta v\u00eda excepcional contra las determinaciones del juez de conocimiento, el ad quem y la Hom\u00f3loga Penal, se observa que son defensas afines a las presentadas como fundamentos de la apelaci\u00f3n y de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, en las que se\u00f1al\u00f3 censuras frente al soporte f\u00e1ctico de la sentencia y la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los falladores de instancia. <\/p>\n
Tanto en la \u00abalzada\u00bb, como en la demanda de casaci\u00f3n, la defensa del procesado insisti\u00f3 en la importancia y necesidad de la \u00abprueba de guantelete\u00bb o prueba de residuos de disparo, a fin de dilucidar qui\u00e9n percuti\u00f3 el arma que seg\u00f3 la vida de la v\u00edctima. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, ese dictamen pericial aclarar\u00eda la responsabilidad en los hechos y habr\u00eda evitado la condena de \u00abun inocente\u00bb, y que, con miras a la observancia del principio procesal del in dubio pro reo correspond\u00eda que dicha experticia fuese decretada \u00abde oficio\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese, que alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Entonces, observa la Corte que en realidad lo que hace el actor es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en los escenarios rese\u00f1ados por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias, es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En este evento, la intenci\u00f3n del querellante es que se otorgue validez a su personal apreciaci\u00f3n sobre lo sucedido en el juicio penal y la forma en que debieron estimarse los hechos que derivaron en la responsabilidad penal enrostrada, a partir del eventual resultado de una prueba pericial que no se practic\u00f3; en todo caso, un examen que implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
3.2. Pese a lo que viene de considerarse para determinar el fracaso del auxilio, es pertinente agregar que, dichos reparos fueron abordados en sede de casaci\u00f3n por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n (AP3109-2020, 18 diciembre 2020, rad. 55074), concluyendo que no fueron adecuadamente formulados y tras examinar los aspectos cr\u00edticos de los cargos planteados manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el primer reparo reproduce en su literalidad el contenido de la causal primera del art. 181 del C. de P.P., bajo el entendido que la casaci\u00f3n procede cuando quiera que se afectan derechos o garant\u00edas fundamentales por falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida de una norma legal, constitucional o del bloque de constitucionalidad, hip\u00f3tesis todas relacionadas con el supuesto de violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (\u2026). <\/p>\n
Inusitadamente, la libelista abandona el postulado te\u00f3rico propio del entendimiento que se desprende de la causal citada, para sostener que la sentencia es \u201cerr\u00f3nea\u201d por el hecho de no haberse practicado la prueba de guantelete a los implicados, bajo el aparente entendido que esta era la \u00fanica forma de establecer que ellos portaban el arma homicida. <\/p>\n
Se trata, desde luego, de un aspecto relacionado con una prueba que no habr\u00eda sido practicada y por ende aducida al juicio, pero que carece de cualquier vinculaci\u00f3n con la \u00edndole del quebranto a la ley originalmente propuesto, lo cual adem\u00e1s da por sentado, sin r\u00e9plica o justificaci\u00f3n alguna, que el hecho al que impl\u00edcitamente est\u00e1 probatoriamente referido, no pod\u00eda acreditarse de otra manera\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo de los embates, en el que recab\u00f3 en la ausencia de la prueba pericial del \u00abguantelete\u00bb, precis\u00f3 la Sala que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Lo propio cabe sostener en relaci\u00f3n con el segundo ataque propuesto y para cuya enunciaci\u00f3n encontr\u00f3 la demandante pertinente citar la causal segunda del art. 181 del C. de P.P., esto es, que se cimienta en un te\u00f3rico defecto in procedendo de la actuaci\u00f3n cumplida, o lo que es igual, que se supondr\u00eda derivado de la existencia de irregularidades en detrimento del debido proceso o de las garant\u00edas de los sujetos procesales. <\/p>\n
En realidad, esta tacha retoma a trav\u00e9s de una causal distinta las razones de inconformidad expresadas frente al primer reproche en orden a insistir que habi\u00e9ndose capturado a quienes se atribu\u00eda momentos antes disparar un arma de fuego, debi\u00f3 aplic\u00e1rseles la prueba de guantelete y entonces conocer cu\u00e1l de \u00e9stos fue el que efectivamente accion\u00f3 el arma en contra de Jos\u00e9 Rodrigo Riascos Congo. <\/p>\n
No expresa en manera alguna la censora la raz\u00f3n por la cual la ausencia de la referida prueba conlleva violaci\u00f3n de las formas propias del juicio o menoscabo de las garant\u00edas de juzgamiento de los procesados y tampoco desde luego la trascendencia que en el caso concreto habr\u00eda tenido la aportaci\u00f3n de la misma, aspecto que en desarrollo del sistema de juzgamiento consagrado en la Ley 906 de 2004 implicaba una actividad de la parte defensiva en orden a contrastar aquellos elementos en que se fundaron los fallos de instancia, sin que en esa misma direcci\u00f3n la ausencia de determinaci\u00f3n de residuos de disparo de arma de fuego limitara, como no sucedi\u00f3 en el caso concreto para los juzgadores, la declaraci\u00f3n de responsabilidad penal\u00bb. <\/p>\n
De la tercera censura expuesta por la defensa del ac\u00e1 actor, dijo la Hom\u00f3loga Penal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Finalmente, como tercer cargo, la casacionista cit\u00f3 la causal tercera del art. 181 id., que como es bien sabido justamente contempla el supuesto de ataque por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial derivado del desconocimiento de las reglas de producci\u00f3n y\/o apreciaci\u00f3n de las pruebas que han servido de fundamento a la sentencia; mismo que puede tener fuente en errores de hecho por falso juicio de existencia (por omisi\u00f3n o suposici\u00f3n), falsa identidad o falso raciocinio o errores de derecho a su vez con origen en falso juicio de convicci\u00f3n o falso juicio de legalidad. <\/p>\n
(\u2026) Por la glosa destacada en relaci\u00f3n con el contenido y alcance de este reproche, es bastante claro que la recurrente al tiempo que omiti\u00f3 clarificar la clase de error, pues comenz\u00f3 por simplemente manifestar su inconformidad con el hecho de haberse condenado a los procesados con fundamento en prueba indiciaria, cuando seg\u00fan su criterio no solamente esto no es procesalmente admisible, sino que desde su perspectiva valorativa de la prueba pericial lograr\u00eda tomarse entendimiento de que los hechos sucedieron en la forma en que narraron en el juicio los procesados, esto es, que el arma portada por el hoy occiso en la pretina de su pantal\u00f3n se dispar\u00f3 infiri\u00e9ndole la herida que determin\u00f3 su muerte\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la libelista se equivoca en la premisa original de esta censura, de acuerdo con la cual no es posible sustentar la condena con base en prueba indiciaria, pues nada obsta en el r\u00e9gimen probatorio y de responsabilidad penal de la Ley 906 de 2004 que la misma sea sustentada con base en esta clase de elementos de convicci\u00f3n indirectos (Cas. 49133 de 2019), si su verdadero cometido era cuestionar las inferencias derivadas del testimonio rendido por el policial Jhon Alexander Aguirre Malambo, quien hizo presencia en el lugar de los hechos en los instantes posteriores a su acaecimiento y observ\u00f3 a los procesados cuando se descargaban de sendos elementos b\u00e9licos, de uno de los cuales seg\u00fan determin\u00f3 la prueba pericial se produjo el disparo que acab\u00f3 con la vida de Riascos Congo, ha debido necesariamente presentar argumentos orientados a desvirtuar dichas conclusiones, o si, desde luego, lo que quer\u00eda hacer objeto de inconformidad era la prueba misma testimonial que le sirvi\u00f3 de sustento, entonces le correspond\u00eda dentro de los supuestos de la v\u00eda indirecta aducir alguno de los errores de que la misma resulta consiguientemente pasible\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, se reitera, no encuentra esta Sala configurada la v\u00eda de hecho a que se refiere en la demanda, ya que las consideraciones expuestas, tanto por el Tribunal Superior de Cali al refrendar la sentencia del a quo como de la Sala denunciada al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, resultan razonadas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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