STC7131-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7131-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00613-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia SL4650-2020, 26 nov., mediante la cual la Sala accionada cas\u00f3 el fallo desestimatorio de segunda instancia y, en su lugar, reconoci\u00f3 el derecho pensional que en su contra reclam\u00f3 Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, la actora aleg\u00f3 que, para adoptar dicha determinaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada desconoci\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y asumi\u00f3 que, conforme a la convenci\u00f3n laboral en que se consagr\u00f3 el derecho pensional materia del reclamo, la causaci\u00f3n de ese derecho \u00fanicamente requer\u00eda que el trabajador cumpliera con el \u00abtiempo de servicio\u00bb all\u00ed exigido, pues \u00abla edad\u00bb a que alude esa normativa, concierne a un aspecto de mera exigibilidad de la prestaci\u00f3n social. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque en el rese\u00f1ado juicio declarativo ya se hab\u00eda dictado un fallo de casaci\u00f3n en el mismo sentido del que aqu\u00ed se fustiga (SL3407-2020, 31 ago.); que esa providencia fue dejada sin efectos, en sede de tutela, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (STP9304-2020, 27 oct.) y que el nuevo fallo de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral se emiti\u00f3 justamente en cumplimiento de aquel prove\u00eddo de tutela; debe tenerse en cuenta que esta nueva solicitud de amparo \u00abno se dirige contra la misma sentencia de la acci\u00f3n anterior\u00bb, ni tampoco concierne a \u00abun asunto de desacato de la Sentencia de tutela STP 9304-2020 (\u2026), pues lo ordenado por ella se cumpli\u00f3 (\u2026). Cuesti\u00f3n diferente es que la nueva sentencia en su motivaci\u00f3n incurra en los defectos anotados en esta acci\u00f3n de tutela y, por ende, por ser una nueva decisi\u00f3n, proceda el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene a \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente\u00bb, o en subsidio, a la misma Sala de Descongesti\u00f3n, que emita la decisi\u00f3n de reemplazo \u00abconforme a la ley y el precedente judicial aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite de tutela que antecedi\u00f3 a esta nueva actuaci\u00f3n y enfatiz\u00f3 que en esta oportunidad la \u00abcensura se dirige a cuestionar la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n SL4650-2020 de 26 de noviembre de 2020, la cual se profiri\u00f3 en cumplimiento de la tutela STP9304-2020 de 27 de octubre de 2020, sin que se adviertan censuras dirigidas a esta Sala\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 comparti\u00f3 el enlace que dirige a los archivos electr\u00f3nicos del proceso declarativo n\u00b0 2016-00155. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; sostuvo que esta solicitud de amparo no satisface el presupuesto de inmediatez; y que el actor pretende revivir una discusi\u00f3n que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los hechos narrados en el escrito de tutela involucran una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que, por lo mismo, amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura accionada dio paso al reconocimiento pensional reclamado en contra del Banco de la Rep\u00fablica, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En la referida providencia la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n expuso: <\/p>\n
\u00abEl asunto que atrae la atenci\u00f3n de la Sala corresponde a una solicitud pensional de origen extralegal, concretamente la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999, suscrita entre el Banco de la Rep\u00fablica y la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados del Banco de la Rep\u00fablica ANEBRE en el cap\u00edtulo IX sobre r\u00e9gimen de pensiones, art\u00edculo 18, norma contentiva del derecho reclamado por Luc\u00eda Esperanza Romero Calder\u00f3n. En reciente jurisprudencia, esta Sala ha establecido que, trat\u00e1ndose de acuerdos de orden colectivo, estos deben ser tratados de igual forma que cualquier otra disposici\u00f3n laboral, pues son fuente de derecho, por lo que su intelecci\u00f3n debe erigirse a partir de los principios \u00ab[\u2026] de favorabilidad ante varios criterios razonables, interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, por su naturaleza de norma voluntaria, contractual y autorreguladora, el esp\u00edritu de las disposiciones y la intenci\u00f3n y expectativas de los contratantes[\u2026]\u00bb (CSJ SL351-2018, CSJ SL5052-2018 y SL4105-2020). Bajo esta l\u00ednea de pensamiento, los instrumentos de orden colectivo no deben ser entendidos como acuerdos de contenido restrictivo, pues se erigen como reivindicaci\u00f3n de los derechos de los trabajadores y son fruto del ejercicio constitucional al derecho de asociaci\u00f3n sindical. As\u00ed mismo, tal fuente no puede apartarse del ordenamiento jur\u00eddico que la contiene, en especial del car\u00e1cter tuitivo de las normas del trabajo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, agreg\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de convenciones colectivas vigentes con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, estas se seguir\u00e1n ejecutando por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, el cual de ser determinado, ser\u00e1 hasta la fecha definida en el acuerdo colectivo, inclusive si esta es posterior al 31 de julio de 2010 y de no culminar en un lapso especifico se mantendr\u00e1 en vigencia hasta dicha fecha en virtud de la aplicaci\u00f3n de pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a menos que se haya suscrito una nueva convenci\u00f3n o pacto. Ahora bien, dado que la cl\u00e1usula a interpretar fue plasmada en la Convenci\u00f3n Colectiva 1997-1999, esto es antes de la expedici\u00f3n de la reforma constitucional en comento, sus efectos se mantendr\u00edan hasta el 31 de julio de 2010 al no estar limitado el beneficio convencional en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 igualmente que \u00abla disposici\u00f3n en cuesti\u00f3n establece la siguiente regulaci\u00f3n: ARTICULO 18: Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensi\u00f3n jubilatoria con los requisitos legales de tiempo m\u00ednimo de servicios de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres tendr\u00e1n derecho a la liquidaci\u00f3n, seg\u00fan la siguiente tabla [\u2026] Sobre el particular, si bien a prima facie la norma transcrita no permite dilucidar el beneficio convencional pactado, pues podr\u00eda entenderse que refiere \u00fanicamente a la liquidaci\u00f3n de mesadas, lo cierto es que el mismo pertenece a un acuerdo convencional suscrito entre los ya mencionados Banco de la Rep\u00fablica y ANEBRE para la vigencia que corri\u00f3 entre 1997 y 1999, esto es, posterior a la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993 que modific\u00f3 los requisitos de pensi\u00f3n jubilatoria, por lo que se deduce que la intenci\u00f3n de las partes era mantener un beneficio extralegal con mejores condiciones para los trabajadores, pues de no ser as\u00ed, el mismo hubiese sido modificado en el tiempo. Esta interpretaci\u00f3n ha sido entendida de dicha manera por las partes, pues seg\u00fan lo descrito en el recurso de casaci\u00f3n, el reproche presentado por el Banco de la Republica se origina en su diferencia conceptual acerca de los requisitos de exigibilidad para el otorgamiento de la prestaci\u00f3n, mas no en la existencia de una pensi\u00f3n de orden convencional, esto es, si dichas exigencias deb\u00edan cumplirse concomitantemente antes del 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
En orden a resolver esa controversia, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abes necesario acudir a dos premisas: i) la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de convenciones colectivas y, ii) el precedente jurisprudencial en clausulas convencionales similares sobre el cumplimiento de la edad como requisito de exigibilidad para el disfrute de la prestaci\u00f3n extralegal. Con relaci\u00f3n a la primera, para la Sala, es evidente, que las convenciones colectivas son verdaderas normas jur\u00eddicas que deben interpretarse conforme a la Constituci\u00f3n y los m\u00e9todos plasmados en el ordenamiento laboral, en caso de duda ante dos hermen\u00e9uticas posibles, es menester la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad (CSJ SL450-2018), en concordancia con el de \u201cpro persona\u201d, consagrado en el art\u00edculo 53 ib., pues constituido Colombia como Estado Social de Derecho (art. 1\u00b0), las disposiciones legales deben servir de instrumento para garantizar los derechos y prerrogativas esenciales, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, erigi\u00e9ndose las autoridades p\u00fablicas, no siendo la jurisdicci\u00f3n del trabajo la excepci\u00f3n, en propiciadoras de su goce efectivo. Posici\u00f3n que halla su fundamento en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1, en el Pre\u00e1mbulo, 5\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos2, 29 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos3 y en las sentencias CC SU-241- 2015, CC SU-113-2018 y CC SU267-2019, entre otras\u00bb. <\/p>\n
Y adicion\u00f3 que, \u00abcon respecto a la segunda, al auscultar en la jurisprudencia de esta Sala, en asuntos en donde se discute la causaci\u00f3n de beneficios convencionales en torno a la edad y tiempos de servicios, es viable deducir el mismo razonamiento (\u2026). Colof\u00f3n de las premisas antes vistas, es viable inferir, que cuando se trata de beneficios de orden convencional en materia de pensiones extralegales, plenas o restringidas, en los cuales confluyen los tiempos de servicios y la edad, ha de entenderse que esta \u00faltima constituye un requisito de exigibilidad mas no de causaci\u00f3n, dado que tal requisito refiere al mero paso del tiempo mas no a la actividad del trabajador\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que, \u00aben un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico, arm\u00f3nico, jurisprudencial, anal\u00f3gico y teleol\u00f3gico de la norma, debe entenderse que el art\u00edculo 18 de la CCT suscrita con la organizaci\u00f3n sindical ANEBRE, contempla para la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n convencional se requiere: i) la prestaci\u00f3n del servicio durante 20 a\u00f1os antes del 31 de julio de 2010 y ii) que el trabajador se haya retirado de la Compa\u00f1\u00eda despu\u00e9s del 13 de diciembre de 1973; cumplidas las anteriores exigencias, se podr\u00e1 exigir la prestaci\u00f3n se\u00f1alada a la edad de 55 a\u00f1os para los hombres y 50 para las mujeres, conforme a la liquidaci\u00f3n establecida en tal instrumento. Surgen de lo dicho, las siguientes conclusiones a manera de s\u00edntesis: Al establecer el plurimencionado art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999, la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n con el retiro y para el caso de la demandante 20 a\u00f1os de servicio cuando cumpla o haya cumplido la edad de 50 a\u00f1os, esta constituye un requisito de exigibilidad, pues no est\u00e1 ligado con el momento del retiro ni con el tiempo de prestaci\u00f3n de servicios, ya que tal no fue el querer de la norma, adem\u00e1s de los claros lineamientos procesales sobre la materia. El derecho de la demandante, seg\u00fan lo visto, no est\u00e1 afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues cumpli\u00f3 el requisito del tiempo de servicio exigido antes del 31 de julio de 2010 y la edad no compromete el derecho de la demandante. Por tanto, el Tribunal no apreci\u00f3 correctamente el texto convencional cuestionado y ello es suficiente para derivar la prosperidad del cargo, con lo cual se impone casar la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
Dicho planteamiento encuentra sustento en el precedente de esta Sala, seg\u00fan el cual, no es posible asumir como concurrentes en casos como el analizado los requisitos de \u00abedad\u00bb y \u00abtiempo de servicio\u00bb, ya que ello involucra una hermen\u00e9utica \u00abcontraria a la jurisprudencia constitucional y al principio de favorabilidad para el trabajador, establecido en los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en los cuales se determina que en materia laboral se debe aplicar como presupuesto fundamental, en caso de duda, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de las fuentes formales del derecho\u00bb (STC6026-2021, 27 may.; reiterada, entre otras en STC4527-2019, 10 abr. y STC8656-2020, 21 oct.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de los juzgadores de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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