STC7132-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01531-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Claudia Helena D\u00edaz Lozano, en su nombre y en el de Saludvida E.P.S. en liquidaci\u00f3n, a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar; con ocasi\u00f3n del incidente de desacato seguido a continuaci\u00f3n del resguardo propuesto por Blanca Ortiz de Baquero contra Saludvida E.P.S. en el \u00faltimo estrado rese\u00f1ado. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, presuntamente violentadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mediante sentencia de 3 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar ampar\u00f3 los derechos fundamentales de Blanca Ortiz de Baquero y, en consecuencia, le orden\u00f3 a Saludvida E.P.S. suministrar los servicios m\u00e9dicos deprecados por aqu\u00e9lla1. <\/p>\n
Ortiz de Baquero formul\u00f3 incidente desacato y, por tanto, el 6 de marzo de 20192, el referido estrado requiri\u00f3 a la aqu\u00ed impulsora, en su condici\u00f3n de gerente Regional Tolima de Saludvida E.P.S., dar cuenta del obedecimiento al aludido fallo. <\/p>\n
El 29 de marzo de esa anualidad, se inici\u00f3 el incidente en cuesti\u00f3n se le corri\u00f3 traslado a la promotora y, el 9 de abril postrero, \u00e9sta contest\u00f3 se\u00f1alando que no hab\u00eda desobedecido el veredicto materia de disenso. <\/p>\n
En auto de 11 de abril ulterior, se decretaron pruebas y, en determinaci\u00f3n de 29 de abril siguiente, se sancion\u00f3 a la tutelante con un (1) d\u00eda de arresto y multa de (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
El 18 de junio de 2019, el tribunal confutado ratific\u00f3 la decisi\u00f3n consultada. <\/p>\n
Dar\u00edo Laguado Monsalve deprec\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar inaplicar las rese\u00f1adas amonestaciones. <\/p>\n
En pronunciamiento 25 de junio de 2020, el enunciado estrado desestim\u00f3 tal pedimento, por cuanto Laguado Monsalve no fue el destinatario de las sanciones en comento. <\/p>\n
El 2 de julio y 6 de noviembre postrero, la reclamante deprec\u00f3 que no se hicieran efectivas las reprensiones proferidas en el ritual incidental. <\/p>\n
Para la censora, se lesionaron sus prerrogativas, pues se dio por probada, sin estarla, su conducta subjetiva en la aducida desatenci\u00f3n a la sentencia originaria del desacato porque al momento del incidente, Saludvida E.P.S. se encontraba en una dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera que amerit\u00f3 su intervenci\u00f3n y liquidaci\u00f3n por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. <\/p>\n
Adicionalmente, cuestiona la falta de pronunciamiento en relaci\u00f3n con sus solicitudes de inaplicaci\u00f3n de las sanciones a ella impuestas. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenar a los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito, as\u00ed como al Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de Control de Garant\u00edas, todos de Melgar, abstenerse de perfeccionar las sanciones se\u00f1aladas en el auto de 29 de abril de 2019. <\/p>\n
4. En auto de 14 de mayo de 2021, la Sala requiri\u00f3 a la precursora para que aclarara cu\u00e1les eran las determinaciones y los radicados del ritual atacado. <\/p>\n
Al punto, la actora indic\u00f3 que el radicado de la \u201cacci\u00f3n de tutela de origen\u201d correspond\u00eda al 2016-00138-00 y el auto refutado del colegiado demandado, era el de 18 de junio de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar explic\u00f3 que el incidente con el consecutivo 2015-00138-00, culmin\u00f3 por desistimiento de la all\u00ed demandante. <\/p>\n
En cuanto a lo rogado por la petente expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cComo se puede revisar en los documentos ya enviados, as\u00ed como en los que se anexan a esta respuesta, se puede observar que el juzgado efectivamente dio respuesta a la solicitante, sin que haya interpuesto recurso alguno\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAdicional a lo ya indicado, las providencias que resolvieron la solicitud de la actora, fueron proferidas y notificadas desde hace m\u00e1s de seis meses, con lo cual no se cumple con el requisito de inmediatez que se exige cuando se ataca por esta v\u00eda una decisi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Melgar, manifest\u00f3 que all\u00ed no se han tramitado asuntos constitucionales con el radicado 2016-00168-00. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Polic\u00eda Nacional adujo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Esta acci\u00f3n es un instrumento de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y garant\u00edas de todas las personas; empero, est\u00e1 supeditada a la legitimaci\u00f3n constitucional e inter\u00e9s concreto para obrar. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, estipula: <\/p>\n
\u201cLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el gestor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su formulaci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de procedimientos judiciales, radica en cabeza de los integrantes de alguno de los extremos del asunto o de los intervinientes en el decurso como terceros interesados. <\/p>\n
1.2. En el sublite, sin dificultad se advierte la improcedencia del amparo solicitado en nombre de Saludvida E.P.S., en liquidaci\u00f3n, dada la ausencia de legitimaci\u00f3n de ese ente, toda vez que no es el titular del derecho alegado como quebrantado por el estrado censurado. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto Claudia Helena D\u00edaz Lozano, de un lado, no es la actual representante de esa sociedad y, de otro, porque el tr\u00e1mite incidental se entabl\u00f3 respecto de la prenombrada, m\u00e1s no contra Saludvida E.P.S. <\/p>\n
Sobre lo esbozado la Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii)Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Ahora, frente al incidente de desacato objeto de debate, la salvaguarda rogada por Claudia Helena D\u00edaz Lozano no prospera, al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. El primero porque, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 13 de mayo de 2021, y el auto de 18 de junio de 2019, mediante el cual el colegiado fustigado, en sede consulta, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar impuso a D\u00edaz Lozano, han trascurrido vientres (23) meses, tiempo que supera, holgadamente, el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, si D\u00edaz Lozano se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la corporaci\u00f3n confutada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2.2. En cuanto a la segunda exigencia se\u00f1alada, se observa que, las alegadas dificultades financieras de Saludvida E.P.S. no fueron planteadas por D\u00edaz Lozano en el tr\u00e1mite incidental recriminado ni cuando se le dio pidi\u00f3 dar cuenta del cumplimiento del fallo de tutela de 3 de noviembre de 2016 y, tampoco, en el momento de d\u00e1rsele traslado del incidente. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
3. Al margen de lo discurrido, tocante a la aducida falta de respuesta, por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, a las solicitudes elevadas por D\u00edaz Lozano el 2 de julio y 6 de noviembre de 2020, encaminadas a obtener la inaplicaci\u00f3n de las sanciones impuestas, el auxilio s\u00ed tiene vocaci\u00f3n \u00e9xito. <\/p>\n
Lo anterior, porque en el caso est\u00e1 acreditado que ella envi\u00f3 dichos petitorios al correo electr\u00f3nico del estrado mencionado, sin que se hubiese emitido pronunciamiento, configur\u00e1ndose as\u00ed una tardanza injustificada para definir tales ruegos. <\/p>\n
Ahora, si bien al descorrer la demanda de amparo ese despacho se\u00f1al\u00f3 haber proferido una determinaci\u00f3n al respecto, la Sala advierte que la misma corresponde al auto de 25 de junio de 2020, dictado en virtud de un pedimento entablado por Dar\u00edo Laguado Monsalve, en un sentido similar al rogado por la querellante, y como \u00e9l no fue el destinatario de las amonestaciones discutidas, all\u00ed se deneg\u00f3 lo implorado. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no es cierto, como lo afirma la sede judicial acusada, que ya se zanjaron las peticiones incoadas por la demandante el 2 de julio y 6 de noviembre de 2020; por tanto, el cargo imputado por la mora rese\u00f1ada, prospera. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el C. G. del P. no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
Respecto de las situaciones de mora judicial que podr\u00edan activar esta especial jurisdicci\u00f3n, esta Corte ha sostenido la procedencia del auxilio si su explicaci\u00f3n no es v\u00e1lida, es decir, cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que (\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026) (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
3.3. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, defina las solicitudes elevadas por la accionante el 2 de julio y 6 de noviembre de 2020, relativas a la inaplicaci\u00f3n de las sanciones a ella impuestas con ocasi\u00f3n del incidente desacato materia de disenso. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado, pero solo en relaci\u00f3n con la mora antes descrita. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Claudia Helena D\u00edaz Lozano, en su propio nombre, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato seguido a continuaci\u00f3n del resguardo propuesto por Blanca Ortiz de Baquero contra Saludvida E.P.S. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, defina las solicitudes elevadas por la accionante el 2 de julio y 6 de noviembre de 2020, relativas a la inaplicaci\u00f3n de las sanciones a ella impuestas con ocasi\u00f3n del incidente desacato materia de disenso. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Dicho ritual se adelant\u00f3 con el radicado 2016-00138-00. <\/p>\n
2\u0002 Al incidente de desacato se le asign\u00f3 el consecutivo 2019-00026-00. <\/p>\n
3\u0002CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC7132-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01531-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Claudia Helena D\u00edaz Lozano, en su […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54877","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54877"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54877\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}