STC7137-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7137-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00280-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Esther Archila Cely frente a la sentencia de 25 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso con radicado n\u00b0 13001-31-10-002-2013-00580-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La gestora pidi\u00f3 ordenar al accionado: i). oficiar a la Notar\u00eda Treinta y Cuatro del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 para que cancele la anotaci\u00f3n de la sentencia de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que se dict\u00f3 el 20 de noviembre de 2015 y que fue anulada en sede de revisi\u00f3n el 30 de septiembre de 2019, ii). resolver el recurso de \u00abreposici\u00f3n\u00bb y la \u00abdemanda de reconvenci\u00f3n\u00bb que interpuso en diciembre de 2019, una vez fue notificada por conducta concluyente del declarativo criticado y, iii). remitir por correo electr\u00f3nico la informaci\u00f3n relativa al estado actual del pleito y los actos procesales que en adelante se ejecuten. <\/p>\n
Como fundamento de sus pretensiones, se\u00f1al\u00f3 que el convocado dict\u00f3 fallo de cesaci\u00f3n de efectos de matrimonio religioso, que fue anulado en sede de revisi\u00f3n por haberse configurado la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso (sep. 2019). Y que, como consecuencia de la prosperidad del recurso extraordinario, se decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso referido y la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la sentencia invalidada en los registros civiles correspondientes. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, reanudada la actuaci\u00f3n jurisdiccional (dic 2019), radic\u00f3 contestaci\u00f3n de la demanda, \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb y libelo de reconvenci\u00f3n, los cuales, a la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo, no han sido resueltos a pesar de las distintas solicitudes de impulso procesal que ha elevado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 8 de marzo de los corrientes solicit\u00f3 al encartado la tramitaci\u00f3n del proceso conforme a lo ordenado en la revisi\u00f3n y lo actuado en el litigio. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que a su correo electr\u00f3nico y WhatsApp le fuera enterado el estado actual de la controversia y las providencias posteriores; no obstante, tampoco obtuvo respuesta. <\/p>\n
2. El juzgado adujo que perdi\u00f3 el expediente del proceso y program\u00f3 audiencia de reconstrucci\u00f3n para el 28 de mayo pasado. El procurador 10 judicial II de familia manifest\u00f3 que, de no configurarse un hecho superado en el presente asunto, el accionado deb\u00eda resolver las peticiones de la promotora en virtud del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso. Ra\u00fal Ruiz Pino intervino para realizar un recuento de las acciones constitucionales que se han impetrado en relaci\u00f3n con el fondo de la controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La primera instancia tutel\u00f3 \u00ablos derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas\u00bb por lo que orden\u00f3 al convocado la inmediata resoluci\u00f3n del memorial presentado el 8 de marzo hoga\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La promotora impugn\u00f3 al estar inconforme con la orden emitida, porque, aunque se satisfizo la primera aspiraci\u00f3n de su escrito inicial, se olvid\u00f3 resolver sobre los dem\u00e1s anhelos, estos son, la resoluci\u00f3n de su \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb, la demanda de reconvenci\u00f3n, el oficio dirigido a la Notar\u00eda rese\u00f1ada y la notificaci\u00f3n de actos procesales por medio de correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al no ser objeto de reproche la resolutiva dispuesta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que orden\u00f3 al juzgado decidir lo solicitado en el memorial de 8 de marzo de 2021, en el que se pidi\u00f3 impartir tr\u00e1mite al proceso, notificar las actuaciones judiciales por correo electr\u00f3nico e informar el estado actual del asunto, nada se dispondr\u00e1 al respecto, por lo que la decisi\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume. Ahora, dada la falta de pronunciamiento sobre las dem\u00e1s pretensiones, se modificar\u00e1 el fallo de primera instancia en lo pertinente. <\/p>\n
2. Reiterados son los pronunciamientos de esta Corte en los que ha destacado la importancia que tiene la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al \u00abdebido proceso\u00bb y el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que consagran los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (cfr. CSJ STC15220-2019, STC15139-2019 y STC15115-2019, entre otras). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, es sabido que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, num. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. De manera que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en las prerrogativas primordiales de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de obtener una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
De all\u00ed que sea pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada en STC2561-2021). <\/p>\n
No en vano el C\u00f3digo General del Proceso reconoce a los ciudadanos el derecho a gozar de la \u00abtutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable\u00bb (art. 2), en otras palabras, a obtener una soluci\u00f3n tempestiva de las disputas que someten a consideraci\u00f3n de los funcionarios encargados de impartir justicia, quienes -en el desempe\u00f1o de esa labor- est\u00e1n llamados a cumplir \u00abestrictamente\u00bb los plazos previstos por el legislador \u00abpara la realizaci\u00f3n de sus actos\u00bb (art. 117) o, si se quiere, a \u00abdictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales\u00bb (art. 42, n\u00fam. 8). <\/p>\n
3. Establecido el anterior panorama y escrutado el expediente, se observa que el juzgado encartado no ofreci\u00f3 ni prob\u00f3 un motivo justificante de su notoria tardanza en la resoluci\u00f3n de todos los asuntos en que apoy\u00f3 la actora su ruego, por lo que no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de ratificar la concesi\u00f3n del amparo para que la autoridad judicial remedie su omisi\u00f3n respeto de todas las actuaciones que ha dejado de surtir. <\/p>\n
Ahora, esa tardanza es reprochable porque no se ofreci\u00f3 por parte del querellado, ni se infiri\u00f3 del plenario, una circunstancia que evidencie fuerza mayor, caso fortuito o raz\u00f3n suficiente que excuse el retraso acontecido en la causa analizada, de all\u00ed que pueda concluirse que la morosidad presentada le es imputable al accionado. Es m\u00e1s, la anunciada p\u00e9rdida del expediente da cuenta que fue s\u00f3lo hasta el inicio de este procedimiento que se tuvo actividad judicial en el pleito, evento que, sin duda, confirma la lesi\u00f3n de las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Sobre la ausencia de justificaci\u00f3n como presupuesto de la mencionada figura, ha decantado esta corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021Y STC3963-2021 entre otras). <\/p>\n
4. Finalmente, sobre la petici\u00f3n dirigida a que se informe el estado actual del proceso y los actos procesales que en adelante se ejecuten a trav\u00e9s de los medios digitales se\u00f1alados por la accionante, basta decir que ello hace parte de la petici\u00f3n del 8 de marzo de 2021 cuya respuesta se orden\u00f3 al accionado por parte de la corporaci\u00f3n de la primera instancia; de ah\u00ed que no sea dable la intromisi\u00f3n directa del del juez constitucional para disponer sobre ello, por el contrario, corresponde al juzgado acusado solventar la petitoria que por esta senda persigue la precursora. <\/p>\n
5. En suma, al quedar evidenciada la morosidad judicial en el asunto sometido a consideraci\u00f3n sin que se haya demostrado justificaci\u00f3n razonable para ello, no queda opci\u00f3n diferente a ratificar el amparo otorgado con sujeci\u00f3n a las consideraciones que ac\u00e1 se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley MODIFICA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, la cual quedar\u00e1 as\u00ed : <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
1\u00ba. TUTELAR los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas de Mar\u00eda Esther Archila Cely. <\/p>\n
En consecuencia, <\/p>\n
2\u00ba. ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena que, dentro de las 48 horas posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si no lo ha hecho, resuelva el memorial presentado por la accionante el 8 de marzo de 2021 y le notifique la respuesta. <\/p>\n
4\u00ba. ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena que, dentro de los 10 d\u00edas posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si no lo ha hecho, remita a la Notar\u00eda Treinta y Cuatro del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 el oficio de cancelaci\u00f3n de la sentencia seg\u00fan lo ordenado en la sentencia de revisi\u00f3n del 30 de septiembre de 2019. <\/p>\n
5\u00ba. ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena que, dentro de los 10 d\u00edas posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si no lo ha hecho, resuelva sobre la admisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n o rechazo de la demanda de reconvenci\u00f3n interpuesta por la accionante. <\/p>\n
6\u00ba. ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena que, dentro de los 6 meses posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva la respectiva instancia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase\u00bb <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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