STC7139-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7139-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01638-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por \u00c9dgar Enrique Daza Mart\u00ednez frente a Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar; extensiva al Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad y a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, con ocasi\u00f3n del amparo incoado por el aqu\u00ed tutelante respecto de la \u00faltima entidad enunciada, la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar y Personer\u00eda Municipal de esa localidad. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas de petici\u00f3n, debido proceso y vida, entre otras, presuntamente conculcadas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. En sustento de su reparo expone, ambiguamente, que dentro del amparo censurado manifest\u00f3, varias veces, \u201c(\u2026) que no estaba de acuerdo con [la] orden (\u2026)\u201d de tutela dictada por el tribunal censurado; empero, un empleado de la entidad le indic\u00f3 \u201c(\u2026) que estos fallos no pueden ser apelados y que la decisi\u00f3n quedar\u00eda en firme (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade, si bien impetr\u00f3 otro \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d aduciendo que la Unidad de Protecci\u00f3n a V\u00edctimas persist\u00eda \u201c(\u2026) en el incumplimiento a (\u2026) orden judicial (\u2026)\u201d, a la fecha de interposici\u00f3n de este resguardo, no ha recibido respuesta sobre el particular. <\/p>\n
Advierte que debe tenerse en cuenta su situaci\u00f3n de \u201cextrema urgencia\u201d porque ha sido v\u00edctima de \u201cdesplazamiento y hechos victimizantes\u201d, adem\u00e1s, cuenta con 75 a\u00f1os y dicha Unidad s\u00f3lo le ha entregado $410.000, \u201c(\u2026) por concepto de ayuda humanitaria (\u2026)\u201d, cuando debe reconocerle otras \u201cindemnizaciones\u201d. <\/p>\n
3. Demanda, en concreto, se contesten sus petitorios, se sancione a la Unidad accionada y se le imponga a \u00e9sta suministrarle una \u201c(\u2026) fecha cierta y no lejana en la cual [le] va a entregar la indemnizaci\u00f3n administrativa por desplazamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculado <\/p>\n
1. El colegiado censurado manifest\u00f3 haber conocido, en segunda instancia, del auxilio incoado por el tutelante frente a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar y Personer\u00eda Municipal de esa localidad, tr\u00e1mite donde emiti\u00f3 la providencia de 13 de abril anterior, revocando la decisi\u00f3n impugnada para acceder al resguardo y ordenar <\/p>\n
\u201c(\u2026) a la UARIV que adelantara los tr\u00e1mites administrativos correspondientes para evaluar si el actor se encontraba en circunstancias de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta, que ameritaran priorizar el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa y que para tal prop\u00f3sito deb\u00eda notificar en forma previa al interesado, indicando el m\u00e9todo, el d\u00eda y la hora para dicha evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cAsimismo, se orden\u00f3 a la UARIV que en el caso de ser procedente la priorizaci\u00f3n del accionante, realizara las gestiones necesarias para pagar la indemnizaci\u00f3n administrativa que le fue reconocida, incluyendo dicha indemnizaci\u00f3n en la partida presupuestal que se disponga para el a\u00f1o 2021, y pagarla a m\u00e1s tardar en el segundo trimestre de ese a\u00f1o <\/p>\n
2. La Unidad convocada se\u00f1al\u00f3 que el querellante se \u201c(\u2026) encuentra (\u2026) [en] estado de inclusi\u00f3n por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, declarado bajo el marco normativo de la Ley 1448 de 2011 – Rad. NE000101835 – CD000403732\u201d. Expuso no haber recepcionado \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d alguno, por parte del censor y, sobre la situaci\u00f3n particular del solicitante, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el proceso de priorizaci\u00f3n en el caso en particular del accionante, no se acredit\u00f3 una situaci\u00f3n de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el art\u00edculo 4 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y primero de la Resoluci\u00f3n 582 de 2021, esto es: i) tener m\u00e1s de 68 a\u00f1os de edad, o, ii) tener enfermedad hu\u00e9rfana, de tipo ruinoso, catastr\u00f3fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social o la Superintendencia Nacional de Salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No obstante, acot\u00f3 que al reclamante le fue reconocida una \u201cindemnizaci\u00f3n\u201d, empero para el desembolso debe tenerse en cuenta el \u201c(\u2026) M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n [que,] para el caso particular [del] accionante, se aplicar\u00e1 en el primer semestre del a\u00f1o 2022, para determinar, de las personas que fueron reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2021 sin criterio de priorizaci\u00f3n, a cu\u00e1les se les realizar\u00e1 la entrega de la medida conforme a la disponibilidad de recursos destinados para este efecto (\u2026)\u201d; por tanto, asegur\u00f3, no pod\u00eda indicar una \u201cfecha exacta o probable de pago\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n constitucional de tutela certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Corporaci\u00f3n ha advertido la improcedencia de los resguardos formulados contra actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ello el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta \u00faltima, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
\u201c4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
\u201c4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Se colige el fracaso del amparo frente a la \u201corden\u201d dictada por el tribunal enjuiciado, en providencia de 13 de abril anterior, mediante la cual, en el decurso censurado, revoc\u00f3 el fallo de primer grado para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n otrora rogada por el aqu\u00ed solicitante contra la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas y otros. <\/p>\n
Lo aducido, por cuanto no es procedente, por esta v\u00eda, rebatir las actuaciones y decisiones proferidas en un asunto de igual naturaleza. En efecto, la acci\u00f3n de tutela no es instrumento que pueda utilizarse para atacar ese tipo de pronunciamientos; de aceptarse esa conducta, se perder\u00eda su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el reclamante tiene a su alcance la revisi\u00f3n de los fallos de tutela emitidos en el tr\u00e1mite criticado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los mandatos proferidos por el colegiado denunciado, teniendo en cuenta que el expediente no ha sido excluido por la Corte Constitucional, estando a\u00fan pendiente de surtirse el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Ahora, si lo cuestionado es la aducida falta de respuesta del tribunal enjuiciado a los \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d enviados por el accionante para lograr la modificaci\u00f3n del mandato tutelar emitido por el colegiado denunciado y el supuesto acatamiento de la sentencia proferida \u00e9ste, el resguardo tampoco se abre paso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as solicitudes para ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9ste en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo [hoy C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], ya que como ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relacionados con la litis tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso. Es por eso que no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Y, en segundo, porque de las pruebas adosadas a esta actuaci\u00f3n, se constata que el accionante reclam\u00f3, mediante \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d, enviados a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico el 17 y 20 de abril de 2021, conocer el estado de la impugnaci\u00f3n; y la revocatoria de la sentencia proferida por el tribunal; junto con la \u201c(\u2026) desestima[ci\u00f3n] del desacato (\u2026)\u201d, cuestiones, todas ellas, atendidas en mensaje de datos de 22 abril posterior, donde se le puso de presente al impulsor la inviabilidad de tramitar una nueva \u201cimpugnaci\u00f3n\u201d, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el posterior tr\u00e1mite de revisi\u00f3n del citado fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se encuentra una carencia de objeto en torno al alegato relativo a la ausencia de respuesta a sus demandas, pues \u00e9stas se atendieron antes, incluso, de la presentaci\u00f3n de este amparo -26 de mayo de 2021-. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Finalmente, si con la actual s\u00faplica el promotor pretende controvertir, de nuevo, la negativa de Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas a pagarle \u201c(\u2026) en fecha cercana (\u2026) las indemnizaciones (\u2026)\u201d que, aduce, le corresponden, esta salvaguarda tampoco sale avante porque, de un lado, ello ya fue dilucidado en el auxilio aqu\u00ed controvertido5 y, de otro, de estimar el incumplimiento del mandato constitucional proferido en ese tr\u00e1mite, al gestor le corresponde impulsar el procedimiento establecido en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 19916 ante el juez de tutela de primer grado, lo cual, de acuerdo con el material probatorio allegado, no ha hecho. <\/p>\n
Con todo, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, al no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo, m\u00e1xime si el impulsor cuenta con las v\u00edas rese\u00f1adas, id\u00f3neas y prevalentes para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del citado da\u00f1o, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d7 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por \u00c9dgar Enrique Daza Mart\u00ednez frente a Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar; extensiva al Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad y a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, con ocasi\u00f3n del amparo incoado por el aqu\u00ed tutelante respecto de la \u00faltima entidad enunciada y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00; reiterada el 2 de octubre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02184-00 <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00; <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 2 de agosto de 2002, rad. 00199-01, reiterada el 6 de febrero de 2008, rad. 00389-01. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
6\u0002 Dto. 2591 de 1991. Art. 27: \u201cCUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. <\/p>\n
\u201cSi no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (\u2026) Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. (\u2026) En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza (\u2026)\u201d. Art. 52: \u201cLa persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
8\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7139-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7139-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01638-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por \u00c9dgar Enrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54884","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54884","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54884"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54884\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54884"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54884"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}